Aunque el rostro visible de la operación de cambio de régimen sobre Venezuela es del ex diputado Juan Guaidó, se trata de una cadena de intereses y tensiones que, a esta fecha, atraviesa una crisis en la que las contradicciones colapsan y han acelerado una oleada de saqueo y remate de activos pertenecientes al Estado venezolano.

Tales operaciones de saqueo y despojo a la nación han sido instrumentadas por operadores del antichavismo como las directivas ad hoc nombradas por Guaidó, sin embargo, pareciera que los intereses corporativos y transnacionales que los manejan han extremado medidas al ver la debacle de este sector político.

A continuación tres actos que lo evidencian.

Primer acto: El zarpazo uribista a Monómeros

El pasado 27 de septiembre se supo que Monómeros, la empresa venezolana, radicada en Colombia y secuestrada por Guaidó desde 2019, firmó una alianza con el grupo Daabon, conglomerado agroempresarial que pertenece a la familia Dávila Abonado, poderosa aliada del uribismo.

El portal La República de Colombia informó además que el acuerdo pretende explorar modalidades conjuntas para la venta de productos en el mercado de fertilizantes para «consolidarse como la mejor opción de abastecimiento de productos y servicios para el sector agrícola del país».

Daabon, dedicado al cultivo, procesamiento y exportación de palma africana, es oriundo de Santa Marta (Magdalena), con oficinas en Miami, Melbourne, Pulheim y Tokio, tiene más de 2 mil 200 empleados y está entre las 100 empresas más importantes de Colombia. El fallecido periodista Alfredo Molano reportó en 2009 que dos de sus empresas, Inversiones Tequendama e Inversiones La Samaria, aportaron varios millones de pesos para promover la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, lo que fue compensado por el ahora ex presidente con 2 mil millones de pesos en subsidios y créditos blandos.

Entre 2009 y 2011 Daabon protagonizó un megaescándalo de corrupción con los subsidios de Agro Ingreso Seguro al fraccionar grandes extensiones de tierra para obtener, de manera fraudulenta, una inyección adicional de recursos públicos. Como es común en muchos de los casos que giran en torno a Uribe en Colombia, el grupo no enfrentó consecuencias penales ni administrativas a pesar de las pruebas.

Datos más recientes señalan cómo el mencionado bloque corporativo ha combinado su actividad empresarial con el activismo político de extrema derecha. En 2018 el portal de investigación La Silla Vacía afirmó que, por medio de una empresa de la cual son socios, el Grupo Daabon financió con cerca de 30 millones de pesos colombianos la campaña del partido Centro Democrático en el departamento del Magdalena y apoyó al uribista Honorio Henríquez al Senado (que salió elegido con 33 mil 432 votos, 15 mil 134 de ellos en ese departamento).

El vicepresidente del grupo, y lobbysta político, es Juan Carlos Dávila, quien coordinó en la sombra la campaña presidencial de Iván Duque en esa misma entidad.

El antichavismo, en su esencia corrupta, ha venido experimentando otra fase de su implosión ante el asalto del segundo activo exterior más importante del país después de Citgo. Ello se ha agravado por la intervención de las autoridades colombianas y sus socios. Recientemente la Superintendencia de Sociedades de Colombia, un organismo de control y vigilancia adscrito al Ministerio colombiano de Comercio, decidió someter a un proceso de control y fiscalización a la compañía venezolana en vista de situaciones críticas en el orden contable, jurídico y económico.

El eventual allanamiento de la empresa enfila hacia una expropiación ilegal y fraudulenta, pero desde entonces complicó más la situación financiera de la empresa debido a que había provocado la suspensión de las relaciones comerciales con proveedores. Es por ello que en el marco de un supuesto plan de recuperación de la compañía, la directiva ha optado por asociarse a un pez gordo como Daabon que terminaría devorándola.

Tras la medida de la Superintendencia renunció Carmen Hernández, quien fuera presidenta de la junta directiva ilegal, quien luego declararía que Monómeros había tenido problemas de validación con la banca colombiana (ya que su principal accionista es Pequiven) y alertaba sobre una preocupante dependencia de los prestamistas. Ello desbarató el andamiaje propagandístico que en 2020 intentó blanquear el asalto afirmando que habían logrado recuperar la empresa, reportando un aumento del 30% en las ventas y de las utilidades en un 224%.

Las tensiones intestinas del antichavismo son elocuentes: Guillermo Rodríguez Laprea, el gerente general impuesto por Guaidó, ha sido señalado de actuar en representación de los intereses de Acción Democrática (AD) y de cometer «actos lesivos» contra el patrimonio de Monómeros mientras se ha señalado que la directiva firmó un contrato de mantenimiento con sobreprecio (por unos 7 mil 500 millones de pesos) con Norpack/Génesis.

El acto fraudulento habría supuesto una demanda millonaria a la empresa, lo que se suma a la denuncia de la firma de un convenio con la empresa panameña LionStreet, mediante el cual Monómeros cedió procesos operativos y el 60% de sus ganancias por 15 años.

En días recientes un grupo de dirigentes opositores firmó una carta dirigida al presidente colombiano Iván Duque en la que cuestionan las medidas tomadas por la Superintendencia. Aparecen Juan Pablo Guanipa, Nora Bracho, Piero Maroun y Alfonso Marquina, pero no Guaidó, quien recibió con beneplácito las acciones del gobierno colombiano y se jactó de la expropiación por parte de un gobierno que ha acusado al Estado venezolano de tales procedimientos, lo mismo que el antichavismo.

Segundo acto: Tiro de gracia a Petrocaribe

La administración Trump diseñó una operación combinada de cambio de régimen por asfixia económica, entrega de soberanía a transnacionales y desconfiguración de alianzas regionales como Petrocaribe, un Acuerdo de Cooperación Energética propuesto por Venezuela para mejorar el acceso a los recursos energéticos por la vía de un esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña.

Ante la vacilación de los políticos, una transnacional tomó acciones: ConocoPhillips, compañía con sede en Houston que en mayo pasado asumió el control de los activos petroleros de Venezuela en la isla caribeña de Bonaire y presentó órdenes judiciales para hacer lo mismo en Aruba y Curazao.

Con el mencionado asalto ha logrado sofocar la capacidad de PDVSA para exportar petróleo debido a que las terminales del Caribe son logísticamente clave en la capacidad de Venezuela para exportar alrededor del 16% de su crudo, almacenado allí antes de enviarlo a países compradores.

ConocoPhillips se apoya en un fallo arbitral de 2 mil 40 millones de dólares contra PDVSA que no han podido ser cancelados debido a que lo impiden las mismas medidas de bloqueo a cuentas bancarias aplicadas por el gobierno de Trump y sostenidas por Biden. El laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional data desde 2007 y tiene que ver con la nacionalización de activos que la transnacional reclama como suyos, ha cobrado 754 millones de dólares y ha arremetido en la cobranza de deudas por préstamos otorgados en el marco de Petrocaribe como la que el gobierno de Jamaica aún no ha reembolsado a Venezuela.

En medio de la disputa el gobierno de Curazao se manifestó «preocupado» por los puestos de trabajo de sus ciudadanos en la empresa estatal Refinería de Korsou (RdK) y apeló a una cláusula del contrato de arrendamiento con PDVSA que ofrece la posibilidad de permitir a cualquier parte, que no sea la petrolera estatal venezolana, operar la refinería en una situación de emergencia y optó por cooperar con el asalto a las instalaciones.

El pasado 28 de septiembre RdK informó que un tribunal holandés le concedió el derecho a vender acciones de Propernyn, filial de PDVSA en los Países Bajos y propietaria de la terminal BOPEC de Bonaire, para cobrar las deudas de la petrolera venezolana.

RdK alega que la estatal venezolana, que operó la refinería Isla (Curazao) con capacidad de 335 mil barriles por día, hasta finales de 2019, no realizó los pagos mensuales de casi dos años estipulados en su contrato, y en 2020 obtuvo una sentencia en un tribunal de Curazao que ordenaba a PDVSA pagar casi 52 millones de dólares. Fue así cómo embargó las acciones de la petrolera venezolana en Propernyn y solicitó permiso a los tribunales holandeses para venderlas.

Aunque ello fue impugnado por PDVSA, el Tribunal de Apelación de La Haya dictaminó el 14 de septiembre que RdK podía proceder a la venta, según los registros judiciales. La empresa curazoleña informó a Reuters que estimaría el valor de las acciones de Propernyn y buscaría la autorización del tribunal para celebrar una subasta o realizar una venta pública para «honrar» a otros cobradores de deudas (que no identificó) que también han reclamado las acciones.

De esta manera Estados Unidos, a través de ConocoPhillips, ha buscado aislar a Venezuela que había logrado establecer nexos estratégicos para la integración regional de 18 países y aumentar su influencia en la zona mediante Petrocaribe. El organismo multilateral, fundado en 2005, logró avanzar en la coordinación y articulación de las políticas de energía, incluyendo el petróleo y sus derivados, gas, electricidad, uso eficiente de la misma, cooperación tecnológica, capacitación y desarrollo de infraestructura energética; así como el aprovechamiento de fuentes alternas, como la energía eólica y solar, entre otras.

Fue concebido por el presidente Hugo Chávez como una propuesta integral que promoviera la eliminación de las desigualdades sociales, fomentara la calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos en la conformación de su propio destino: así lo dicen sus documentos fundacionales.

Tercer acto: Apuntando al desvalijamiento de Citgo

Otra junta administradora ad hoc nombrada por Guaidó informó el pasado 28 de septiembre que en abril pasado (!) suscribió un contrato de asesoría con la megalavadora global JP Morgan para PDV Holding, filial en Estados Unidos. El acuerdo pretende «buscar una solución a los procesos abiertos con los acreedores de la empresa Citgo Petroleum Corp» que posee tres refinerías, seis oleoductos y 42 terminales en 21 estados de los Estados Unidos, es propiedad 100% del gobierno venezolano desde 1980 pero ha sido secuestrada por Estados Unidos a través del esquema delictivo Guaidó.

En mayo de 2020 Venezuela denunció un plan por parte del gobierno de Donald Trump para confiscar los activos de PDVSA en Estados Unidos afirmando que «para tales fines, han delegado en el diputado Juan Guaidó y sus cómplices, el establecimiento de una fraudulenta representación de la República y de PDVSA, que no solo es ilegal, sino que actúa en detrimento del interés nacional».

Se trataba de una «nueva directiva» aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN) venezolana, de mayoría opositora y en condición de «desacato», cuyos actos eran jurídicamente nulos en la República Bolivariana.

En este sentido la toma de Citgo ha sido perjudicial para la misma empresa que a finales de 2020 reportaba un acumulado de pérdidas de más de 400 millones de dólares, además ha tenido consecuencias graves en la salud de pacientes venezolanos. Fingiendo que defienden el activo más importante fuera de las fronteras venezolanas, el esquema Guaidó lo ha expuesto a la depredación de acreedores que reclaman deudas del Estado venezolano y buscan desmembrarla.

La junta administrativa ad hoc ha explicado que las opciones estudiadas por JP Morgan «han sido presentadas -como corresponde-» a una comisión de ex diputados de la anterior AN, cuyo mandato terminó el 5 de enero pasado. Se trata de una «comisión delegada» que agrupa a menos del 10% de los ex diputados y cuya validez venció hace siete meses, cuando fue electa, juramentada e instalada la nueva AN con representación minoritaria de un sector del antichavismo.

El comunicado reza que «han venido trabajando en un proceso exploratorio, con el objetivo de buscar una solución global en pro de una resolución respecto a los procesos que involucran a los tres acreedores principales (Crystallex, ConocoPhillips y tenedores de bonos de PDVSA, que están parcialmente garantizados por acciones de Citgo Holding) que afectan actualmente a Citgo Petroleum Corporation (CPC) por ser el activo con el que se pretenden cobrar las diferentes acreencias».

Sin embargo, pocos días antes del anuncio, fue revelado un documento de la Corte Distrital de Delaware, Estados Unidos, donde se sugería el alcance de un acuerdo del «gobierno» de Juan Guaidó a beneficio de la petrolera ConocoPhillips, por el orden de 1 mil 287 millones 664 de dólares en el marco de reclamos de la petrolera estadounidense contra la República.

El eventual acuerdo fue confusamente negado por la Procuraduría fake mediante un comunicado que fue criticado agudamente por el economista antichavista Francisco Rodríguez, responsable de la consultora Torino Capital, quien puso en duda las aclaratorias y señaló que la «defensa» ante Delaware genera dudas sobre su «capacidad y competencia».

Luego de sabotear la economía venezolana mediante medidas unilaterales que debilitaron la actividad petrolera, primera fuente de ingresos del país, el estamento político estadounidense, movilizado por el corporativo, se ha apropiado de Citgo y vocifera estar protegiéndola de cualquier intento de vender sus acciones. Es sabido que los demandantes de Citgo esperan tomar los activos de la compañía como parte de pago por reclamaciones a Venezuela que no están siendo debidamente maniobradas por el gobierno fake.

Por su parte, sectores del antichavismo han expresado abiertamente la voluntad de utilizar los recursos que «protegen» para derrocar al gobierno venezolano electo legítimamente y, entretanto el destino de Citgo quede estrictamente en manos de la Corte de Delaware, podría ser desmembrada. Esto sería a partir del momento en que la OFAC (oficina dedicada a los regímenes sancionatorios del Departamento del Tesoro gringo) decida no sostener congelamiento que hoy mantiene a raya a los tribunales.

No deja de ser sospechosa la participación de JP Morgan, banco al cual han estado vinculados algunos operadores del esquema delictivo Guaidó. Según La Tabla, la ex presidenta impuesta por Guaidó, Luisa Mercedes Palacios Alzurú, está casada con el economista Michael Hood, alto ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. Hood trabajó antes junto a Palacios en Barclays Capital.

Acusaciones cruzadas: todos aciertan

Y como el fracaso casi siempre es huérfano, el partido Primero Justicia (PJ) abandonó el esquema Guaidó debido «a la falta de voluntad política e indisposición para explorar y discutir soluciones que protejan los activos de Venezuela» de los acreedores y, según declararon en carta pública, de la corrupción.

No solo la atomización con la que postularán sus partidos a las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre es muestra de las tensiones e intereses que chocan en el antichavismo, sino las acusaciones y justificaciones cruzadas que ponen en duda la integridad y coherencia de sus dirigentes.

Julio Borges, escudado en PJ, responsabilizó al partido de Leopoldo López de la quiebra de Monómeros y se lavó las manos. Por su parte el ex diputado dijo que «todas las decisiones vinculadas con los activos fueron tomadas con la participación y acuerdo de todas las fracciones parlamentarias» por lo que «la responsabilidad y las decisiones sobre la protección de los activos no ha sido ni será una discusión partidista, mucho menos de una persona».

Otro ex operador del esquema delictivo, Humberto Calderón Berti, declaró desde Madrid que Leopoldo López es el responsable de la quiebra de Monómeros: «No hay que darle muchas vueltas. El gran responsable de todo lo que ha ocurrido en Monómeros es Leopoldo López, que politiza exageradamente, con un sectarismo impresionante. Politiza todo lo que le ponen en la mano y es el gran responsable de lo que está ocurriendo».

El ex presidente de PDVSA durante la Cuarta República afirmó que por Monómeros desfilaron decenas de dirigentes antichavistas pidiendo favores y pretendiendo hacer negocios con esa empresa, actualmente sometida al máximo grado de supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades. Agregó que gente que estaba vinculada al «Cucutazo«, cuyas denuncias iniciales realizó, también estaba operando en el saqueo a Monómeros: «Lo consideraron una piñata», declaró.

Todos se acusan de ladrones y, según lo visto, todos aciertan.

Por otra parte, la administración Duque, como en el «Cucutazo» y la fracasada Operación Gedeón, ha reaccionado convenientemente tarde y a favor de los intereses de élites que han llevado a Colombia a ser territorio de desplazamientos y masacres.

La deuda, producto de litigios en los que Venezuela ha ejercido su soberanía, ha sido utilizada como excusa para que transnacionales como ConocoPhillips y Crystallex fuercen cambios en la geopolítica regional y para debilitar la capacidad financiera del Estado venezolano de avanzar en sus objetivos.

Queda en evidencia que estos poderes fácticos saben que un ciclo se cierra y no quieren perder la oportunidad de arrodillar a la identidad de un país que ha sido una piedra en sus zapatos.