Un grupo de juristas internacionales realizará un juicio al Lawfare, la práctica de persecución y destrucción de adversarios políticos a través de procesos judiciales sin sustento probatorio que se desarrolló en Latinoamérica en el último tiempo. El proceso estará a cargo de un Tribunal Ético, con sede sen Madrid, España, que analizará y dictará sentencia sobre distintos casos como el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el de los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff; el de Ecuador, Rafael Correa; y de Bolivia, Evo Morales, por citar solo algunos ejemplos. La iniciativa la promueve el Common Action Forum (CAF), una organización transnacional sin fines de lucro que integran desde el jurista español, Baltasar Garzón, al excanciller de Brasil, Celso Amorim, y el abogado argentino Eduardo Barcesat. Está presidido por Wadah Khanfar, ex director general de Al Jazeera Network.
“El juicio tiene fecha prevista de finalización el 24 de noviembre de este año”, cuenta a El Destape, Eduardo Barcesat, el abogado constitucionalista que presidirá el Tribunal de Acción Común (TAC), que es un tribunal ético. “Hasta esa fecha recolectaremos informes, pruebas, le tomaremos declaración a las víctimas y daremos la oportunidad a los jueces como (Claudio) Bonadio y (Sergio) Moro para que brinden sus posturas”, explicó. Concretamente, en los casos del juez federal argentino y del actual ministro de Justicia brasileño se les va a cursar “una invitación”. También se abordará el rol de los medios de comunicación, pata central para el desarrollo de la guerra judicial.
El tribunal ético a cargo del proceso es presidido por Barcesat, quien está acompañado por Baltazar Garzón; Herta Daubler-Gmlin (exministra de Justicia de Alemania); Ayo Obe (Co-Vicepresidenta del International Crisis Group); William Bourdon (reconocido abogado francés); Gabriel Chamorro (Director del Centro de Estudios Políticos sobre el Estado y la Sociedad); y Valeska Teixeira (integra el Comité Directivo del Lawfare Institute). A ellos se suma Renata Ávila, abogada de Julian Assange, quien será la secretaria del tribunal.
La lista de víctimas del Lawfare que se analizará no está cerrada aún. Por ejemplo, se cuenta el caso de Paola Pabón, la prefecta de Pichincha, Ecuador, integrante del partido de Correa, quien estuvo más de 70 días detenida por supuesta rebelión durante las protestas que sacudieron al país a inicios de octubre pasado. Se espera que se trate la situación de distintos funcionarios, no únicamente expresidentes. “Podrían sumarse empresarios que se han visto amenazados o extorsionados, como sucedió en el caso de Cuadernos”, señaló Barcesat a este medio.
El resultado del “juicio ético” se dará a conocer en una conferencia de prensa “con la lectura y entrega de la sentencia que dicte el tribunal”, indicó el constitucionalista argentino. El objetivo del TAC es emitir una sentencia con peso jurídico que si bien será simbólica (lógicamente, no es vinculante) tiene la intención de brindar argumentos sólidos para que puedan ser invocados o replicados por el juez que lo desee. “Es una manera de difundir el tema del Lawfare y formar conciencia”, explicó Barcesat. Además, resalta, «es difícil pretender un enjuiciamiento de esta mecánica ante los mismos jueces que son sus ejecutores y soporte ideológico».
El Tribunal de Acción Común
¿Qué es el Tribunal de Acción Común (TAC) que llevará adelante este juicio ético al Lawfare? Según definen desde el Common Action Forum (CAF), que se presenta como una red alternativa para la justicia global, el TAC es un tribunal ético compuesto por “magistrados y juristas de consagrado prestigio que emitirá veredictos sobre casos y procesos judiciales de relevancia mundial, relativos a genocidios, instrumentalización de la justicia o lawfare, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes medioambientales o whistleblowing”. Se creó el 24 de noviembre pasado y su objetivo apunta a “combatir la impunidad y salvaguardar los derechos humanos, emitiendo veredictos simbólicos que favorezcan la incidencia y la presión internacional en torno a los casos estudiados, como en su día hizo el Tribunal Bertrand Russell u otro tipo de tribunales de conciencia que se han constituido en la historia”.
De acuerdo al cofundador y director ejecutivo del CAF, Rafael Heiber, “a partir del tema de nuestra asamblea de cuarenta expertos” se abre “un campo de trabajo al TAC”. En 2020 abordará casos de Lawfare, es decir, las guerras jurídicas contra opositores políticos en Latinoamérica, y de whistleblowers, esto último implicará el examen de la persecución de aquellos que han dado a conocer a la opinión pública información considerada reservada por los Estados, como son los casos paradigmáticos de Julian Assannge y Edward Snowden.
