Un marco general

La aplicación de Medidas Coercitivas Uniletarales (MCU) contra la República Bolivariana de Venezuela desde finales del año 2014 han derivado en un bloqueo económico, financiero y comercial que ha permeado y afectado todas las áreas sensibles y estratégicas de la economía venezolana, pero principalmente a su población.

El Gobierno de los Estados Unidos, primero durante la administración Obama y más recientemente con la de Donald Trump, ha sido el principal artífice y responsable de la aplicación de estas medidas de presión, implementadas con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y propiciar las condiciones para colocar a un gobierno títere favorable a los intereses de los Estados Unidos.

El uso del bloqueo como un instrumento para el golpe de estado en Venezuela ha representado un brutal ataque contra la población civil, deteriorando su acceso a bienes y servicios básicos como alimentos, medicinas, electricidad, agua, gas, entre otros, provocando un declive forzado en la calidad de vida del pueblo venezolano.

En tal sentido, el impacto del bloqueo desplegado por el Gobierno de los Estados Unidos es equivalente a un bombardeo o a una campaña de agresión militar convencional, en tanto su objetivo consiste en deteriorar e inmovilizar la infraestructura básica del Estado venezolano.

El bloqueo es un arma de guerra no convencional. Sustituye las bombas, los misiles, tanques y tropas, usados tradicionalmente como factores materiales de una campaña bélica, por Órdenes Ejecutivas, embargos petroleros y comerciales, designaciones oficiales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otros instrumentos «jurídicos» que encubren los continuos actos de guerra contra la población venezolana.

En un conflicto armado tradicional, existen un conjunto de regulaciones internacionales que, en teoría, protegen a la población civil y los servicios estratégicos nacionales de los ataques armados. Estas regulaciones, por ejemplo, buscan proteger los hospitales, los servicios estratégicos y los asentamientos de la población civil.

Sin embargo, el bloqueo opera con una lógica diferente. Como no representa una operación militar convencional, existen pocas regulaciones internacionales que protejan a la población y los servicios básicos del país agredido.

En este sentido, el uso del bloqueo contra la industria petrolera, la importación de alimentos, medicinas, insumos y repuestos básicos, erosionan el sistema hospitalario, el valor de la moneda y el salario, y el abastecimiento de combustible, alimentos y medicinas de forma indirecta y sin apelar a un bombardeo. Los responsables de la agresión evitan exponerse a la legislación internacional que condena los crímenes de guerra.

El estatuto de Roma

Este es el caso de Venezuela. Un país bombardeado intensamente por el bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos, donde la población civil ha resultado el principal blanco de ataque. La escalada del bloqueo contra las fuentes de ingresos nacionales, principalmente PDVSA, y contra los fondos y activos de la República en el extranjero, han provocado una severa caída de las reservas y rentas nacionales, impediendo la inyección de recursos necesarios para sostener los servicios básicos y distribuir alimentos y medicinas a precios no especulativos.

En síntesis, el bloqueo estadounidense implica un crimen en tanto erosiona la capacidad de la población de acceder a insumos vitales para su existencia material. Pero no es cualquier crimen, sino uno de lesa humanidad, según lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma (base jurídica de la Corte Penal Internacional), donde se plantea que puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad toda acción conciente y generalizada que persiga el exterminio, el asesinato o los tratos crueles contra una población por su orientación política, étnica o religiosa.

El bloqueo estadounidense encaja a la perfección en esta definición, puesto que, al mismo tiempo que representan un ataque generalizado contra la población civil venezolana, está movilizado por intereses políticos conscientes y planificados para perseguir el extermino de una población por tomar determinadas decisiones políticas, como por ejemplo, la elección de Nicolás Maduro como Presidente de la República el pasado 20 de mayo de 2018.

Informes y radiografía de los impactos del bloqueo

Los impactos criminales ocasionados por el bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos han sido ampliamente documentados por instituciones y figuras independientes con un amplio respaldo internacional.

Por ejemplo, en mayo de 2019 el centro de investigación estadounidense Center for Economic and Policy Research (CEPR) publicó un informe, a cargo de los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en mayo de 2019. En la investigación, el CEPR determinó que el bloqueo ha provocado unas 40 mil muertes en Venezuela entre 2017 y 2018, debido a los obstáculos generados a la importación de medicinas y otros insumos vitales para la vida de la población.

El informe también destaca que a raíz de las sanciones la escasez de medicamentos aumentó, entre 2017 y 2018, a un 85%. En ese mismo marco temporal, las importaciones se redujeron en un 80% comparándolas con las de 2012. Este colapso ha permeado la operatividad de la industria petrolera, pero también el funcionamiento de los servicios públicos más elementales.

En agosto de 2018, el experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, publicó un informe que registra el impacto del bloqueo sobre la población venezolana, indicando que tales acciones podían representar crímenes de lesa humanidad.

De Zayas afirma que las MCU aplicadas contra Venezuela han retrasado la adquisición de medicinas para personas con enfermedades riesgosas y difíciles de tratar, ocasionando muchas muertes debido al retardo en la llegada de los tratamientos.

El experto también documentó cómo el cierre de cuentas internacionales del Estado venezolano ha bloqueado la importación de alimentos y medicinas, lo que se suma a las restricciones de crédito internacional que han vaciado las reservas de divisas de las instituciones venezolanas para hacer frente a la crisis.

Las conclusiones más destacadas por De Zayas en su informe fueron:

• “Los efectos de las sanciones impuestas por los Presidentes Obama y Trump y las medidas unilaterales de Canadá y la Unión Europea han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos”.
• “Las sanciones económicas han causado demoras en la distribución (de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad) y han contribuido a muchas muertes (…) Las sanciones económicas matan”.
• “Han agravado enormemente la escasez de alimentos y medicinas, han causado serias demoras en la distribución y han desencadenado el fenómeno de la emigración masiva a los países vecinos”.
• “Las sanciones económicas que afectan a poblaciones inocentes contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas”.

Tanto el informe del experto independiente De Zayas como el del instituto CEPR, constituyen dos contundundentes investigaciones que reafirman cómo las MCU han propiciado muertes, obstáculos crecientes al derecho a la vida de la población y el sufrimiento colectivo y generalizado de la nación venezolana, impactos notables que constituyen un crimen de lesa humanidad.

Precisiones

El bloqueo ha erosionado la calidad de vida del pueblo venezolano desde su primera aplicación en diciembre de 2014, cuando fue emitida la “Ley de derechos humanos” del Congreso estadounidense. Este hito temporal desmonta la narrativa antichavista sobre el inicio del bloqueo en el año 2019, desplegada para responsabilizar al Gobierno venezolano de la crisis económica de los años anteriores, cuando ya operaban las MCU.

El impacto del bloqueo recae sobre la población en general. No discrimina en función de identidades políticas o afiliaciones ideológicas. Afecta a chavistas, como a opositores e independientes. Afecta a todos los venezolanos por ser su gentilicio. El bloqueo, en tanto arma de guerra, mata.

Instituciones internacionales y expertos de la ONU han confirmado que el bloqueo estadounidense ha ocasionado la muerte de venezolanos inocentes al obstaculizar las importaciones de alimentos y medicinas. Estos argumentos que condenan el bloqueo no provienen de vocerías chavistas, sino de expertos e institutos de investigación de alto prestigio.

El bloqueo implica una violación masiva a los derechos humanos elementales de la población venezolana y la ruptura de los pactos internacionales vigentes.