Desde el 19 de noviembre, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, «advirtió» que las elecciones parlamentarias, convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 6 de diciembre, van a estar «amañadas» como los demás procesos electorales desde el año 2015, cuando el chavismo perdió la Asamblea Nacional.

Curiosamente, el funcionario no rechazó el resultado electoral que favoreció al antichavismo, aun cuando se utilizó el mismo sistema electoral y, como en esta ocasión, se cumple con lo previsto en la Constitución venezolana.

Tampoco rechazó el ataque terrorista que en marzo pasado destruyó la mayoría de las máquinas de votación que allí se guardaban, los casi 50 mil equipos de votación y 582 computadoras utilizadas en las elecciones del país.

A pocos días de que el 95% del electorado chileno se abstuviera en unas elecciones primarias organizadas por el Estado, y a pocas semanas de la derrota del presidente chileno en el referéndum constitucional, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Allamand, aseguró que no reconocerían los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre en Venezuela. Para ellos, la autoridad legítima es el autoproclamado «presidente encargado» Juan Guaidó.

Desde el Poder Legislativo chileno se ordenó la suspensión temporal del ministro de Interior, Víctor Pérez, luego de ser aprobada una acusación constitucional por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención. Esto ocasionó la renuncia del funcionario el pasado 3 de noviembre; sin embargo, es parte de un procedimiento en el que el Senado deberá dar el fallo definitivo que podría privarle de ocupar cargos públicos por cinco años.

Pérez es señalado de ser el responsable político de la violencia policial contra manifestantes durante las protestas que llevan más de un año en Chile. Un joven resultó gravemente herido al ser empujado desde un puente al río Mapocho por un carabinero, lo que detonó la crisis institucional.

Otro tanto ocurrió con Lenín Moreno, presidente de Ecuador, cuya cancillería comunicó que tampoco reconocería las elecciones legislativas venezolanas, pero también debió sustituir a su ministra del Interior. En noviembre pasado el Congreso destituyó a María Paula Romo al considerar que incumplió sus funciones durante las protestas de 2019, consideradas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado.

Romo, censurada y destituida por 104 de 134 diputados, fue señalada por el uso de bombas lacrimógenas caducadas para dispersar manifestantes que se oponían al alza del precio de los combustibles decretado por Moreno, en medio de una escalada de medidas neoliberales. Las protestas de octubre de 2019 dejaron 14 fallecidos y más de mil heridos.

«Ecuador ha sido constante en expresar su firme rechazo y preocupación por el continuo deterioro de la crisis venezolana en sus múltiples dimensiones y la inobservancia de los derechos fundamentales en ese país, imputables a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro», señaló el gobierno de Moreno en el comunicado contra Venezuela.

Aun cuando Moreno declara en el comunicado que considera viable para Venezuela una «transición política, pacífica y democrática» y rechaza el evento electoral por considerar que su organización no cumple con principios de transparencia ni verificación, en su país no se garantiza el derecho a la participación en el proceso electoral para designar a un nuevo gobernante previsto para el próximo 7 de febrero.

Para dicha contienda se han presentado 16 candidaturas presidenciales, de ellas, 15 figuran con calificación «en firme», mientras que la del binomio integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), solo como «calificada».

La alianza, apoyada por el expresidente Rafael Correa, ha solicitado medidas provisionales para que el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU solicite al Estado ecuatoriano su habilitación.

Denuncian que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador «ha irrespetado todos los plazos establecidos en la normativa, para emitir sus fallos» y ha violado derechos garantizados por el Pacto Internacional, entre ellos los derechos a la independencia judicial, libertad de expresión, libertad de manifestación pacífica, participación en la vida política como candidato y como ciudadano, y ha ejercido discriminación sistemática por opinión política.