Por Lara Machado

Un estudio realizado por la UFMG concluyó que, entre 2021 y 2022, casi el 30% del oro extraído en Brasil y registrado en la Agencia Nacional de Minería procedía de explotaciones irregulares.

En junio, el gobierno brasileño envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer los controles sobre el comercio de oro. Entre los cambios propuestos está la creación de una guía para rastrear los movimientos de carga, con el fin de evitar que el oro ilegal se «disfrace» de legal. Un estudio realizado por la UFMG concluyó que, entre 2021 y 2022, casi el 30% del oro extraído en Brasil y registrado en la Agencia Nacional de Minería (ANM) procedía de explotaciones irregulares, es decir, que no tenían permiso para extraer o que excedían el área autorizada. La expansión de la minería ilegal es especialmente perjudicial para la Amazonia, donde, en los ocho primeros meses de este año, las actividades mineras talaron 76 kilómetros cuadrados de selva, más que en todo 2022. Igualdad explica la magnitud del problema en cifras.

Un estudio realizado por el Centro de Teledetección de la UFMG, que cruzó datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) con imágenes de satélite del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), concluyó que de las 158 toneladas de oro extraídas en Brasil entre enero de 2021 y junio de 2022, 10,5 toneladas procedían de explotaciones que no tenían autorización legal para extraer. Otras 35,7 toneladas procedían de explotaciones que tenían autorización, pero que excedían el área permitida, incurriendo así en un delito.

El estudio de la UFMG también señala que la cantidad de oro extraído ilegalmente saltó de 2,5 toneladas en 2019 a 5,2 toneladas en 2020 y 7,4 toneladas en 2021. En otras palabras, se triplicó en dos años, mientras que la producción total de oro (legal e ilegal) creció solo un 37% en ese periodo.

Una encuesta realizada por el Instituto Escolhas, basada en datos de la ANM y Mapbiomas, muestra que el 98% del oro vendido alrededor de tierras indígenas entre 2018 y 2020 tenía signos de ilegalidad, es decir, se vendió con «títulos fantasma» (registros falsos que atestiguan la legalidad) o se había extraído de áreas donde no había autorización para extraer. En torno a las unidades de conservación de la Amazonia, la proporción era del 56%.

La superficie ocupada por la minería de oro en la Amazonia se duplicó entre 2016 y 2022. Según datos de MapBiomas, pasó de 108.000 hectáreas a 220.000, lo que equivale aproximadamente al doble de la superficie de la ciudad de Río de Janeiro.

Entre 2021 y 2022, la ANM registró 16.900 explotaciones mineras de oro en Brasil. Esto significa, en la práctica, que 16.900 operaciones pagaron la llamada CFEM – Compensación Financiera por Exploración Mineral, un impuesto cobrado a los agentes mineros debido al hecho de que se benefician de los recursos minerales pertenecientes al Estado brasileño. De los 16.900 registros, según la encuesta de la UFMG, 1.800 correspondían a áreas donde no había autorización para la exploración, y 5.900 eran operaciones que excedían el área de exploración permitida en la concesión.

De los 1.798 registros de extracción de oro considerados ilegales entre 2021 y 2021, 1.691 -equivalentes al 94%- estaban en Pará. En conjunto, tres ciudades de Pará – Itaituba, Cumaru do Norte y Novo Progresso – concentraron el 98% de las 10,5 toneladas de oro extraídas ilegalmente entre 2021 y 2022.

En 2021, según el Inpe, se talaron 121 kilómetros cuadrados de selva amazónica para dar paso a actividades mineras. Fue el máximo histórico, seguido de un descenso al año siguiente. Ahora, en 2023, ha habido un repunte: de enero a agosto, la minería fue responsable de la tala de 76 km² de selva, más daño que en todo 2022 (64 km²). La mayor área talada este año se concentra en Pará (49 km²), seguido de Amazonas (16 km²).

Fuente: PIA