A pocos días de las elecciones municipales del 27 de julio, la agenda nacional sigue enfocada en lograr que ellas se realicen en paz. Sin embargo, no faltan los intentos desestabilizadores por parte de factores internacionales y sectores extremistas de la oposición venezolana que, lejos de incorporarse a la actividad política, recurren a la violencia criminal y al sabotaje como parte de la metodología para acceder al poder.

El gobierno nacional ha denunciado repetidamente la existencia de una agenda conspirativa orquestada desde Washington, con el apoyo explícito de figuras extremistas de la oposición como María Corina Machado, quien no solo busca socavar la institucionalidad democrática venezolana sino también legitimar una intervención externa bajo falsos pretextos humanitarios o electorales.

Esta estrategia incluye, según la inteligencia venezolana, el financiamiento y coordinación de grupos paramilitares —como factor externo— y bandas criminales —como factor interno—, muchas veces coordinadas desde países vecinos donde operan redes transnacionales de narcotráfico y contrabando. Estos cuerpos han sido encomendados como fuerzas de choque para ejecutar atentados, sabotajes y campañas de terrorismo urbano, especialmente en zonas estratégicas donde se espera alta participación electoral.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ha develado que las acciones criminales en el territorio nacional no son aisladas ni espontáneas. Forman parte de una estrategia integral diseñada desde el Comando Sur de Estados Unidos, en alianza con operadores en la región como el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien públicamente ha defendido una intervención militar contra Venezuela.

Asimismo, María Corina Machado no solo mantiene nexos con estas agendassino que ha ofrecido el territorio nacional a intereses extranjeros a cambio de un billón de dólares. Desde su perspectiva, no puede haber algún tipo de ganancia para el país, por mínimo que fuere.

Factor externo: Mercenarios desde Trinidad y Colombia

A lo largo de los últimos 12 meses el Estado venezolano ha acelerado el desmantelamiento de varios planes terroristas y de sabotaje debido a la acción coordinada entre organismos de inteligencia, seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Uno de los casos más recientes fue la incautación de un lote de armas y la detención de un grupo de mercenarios provenientes de Trinidad y Tobago, cuyo objetivo confeso era infiltrarse en el territorio nacional para generar disturbios durante los comicios. Se trató de la segunda vez, en menos de un mes, que se detectaba un intento de incursión desde el país vecino. La operación permitió la captura de 19 individuos, entre ellos extranjeros entrenados en tácticas de guerra asimétrica y vinculados con redes de tráfico de armas y explosivos.

Previamente a estas detenciones fueron detenidos 38 mercenarios involucrados en un plan para sabotear los comicios legislativos y regionales del 25 de mayo. Se trataba de «explosivistas, coyotes y mercenarios» —17 extranjeros y 21 venezolanos— cuyos objetivos eran embajadas, comandos policiales, hospitales, centros asistenciales, lugares de servicio público, transporte, estaciones de servicio y subestaciones eléctricas. Cabello enfatizó que los cuerpos de inteligencia tienen en su poder documentos, conversaciones y pruebas en teléfonos usados para abordar sus planes.

La red implicaba a militantes de Primero Justicia, como Juan Pablo Guanipa, y de Voluntad Popular, así como a mercenarios contratados por empresas privadas vinculadas con Erik Prince, fundador de Blackwater. En acciones anteriores, los involucrados en planes de sabotaje a servicios públicos han estado conectados con estructuras del narcotráfico colombiano y han contado con financiamiento de grupos radicados en Miami y Madrid.

Factor interno: Bandas criminales e intentos de infiltración

Cabello, quien ha advertido en múltiples ocasiones sobre los planes del gobierno estadounidense y sus aliados locales para desestabilizar la vida política nacional, anunció en mayo pasado que «este año vamos contra los restos de las bandas criminales y grupos de conspiradores. Venezuela debe estar alerta y preparada para defender su soberanía».

Es por ello que, durante los últimos meses, el gobierno venezolano ha llevado a cabo una serie de operativos de alto impacto en diferentes estados del país, enfocados en desarticular redes criminales y grupos terroristas vinculados con la oposición extremista.

El 12 de junio, en Aragua, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del CICPC capturaron a cuatro integrantes de la banda conocida como «Los Chevrolets», dedicada al sicariato y al robo de vehículos blindados. Según informó el propio Cabello, este grupo tenía instrucciones de atacar centros de votación en la región central del país durante las elecciones del 27 de julio.

El pasado jueves 10 de julio, en el Distrito Capital, fue abatido el líder de una banda criminal responsable de ataques con artefactos explosivos improvisados durante la escalada violenta posterior a las elecciones presidenciales del año pasado. El sujeto, identificado como «Cachete», dirigía las bandas delictivas en el sector El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas, y dirigió las grupos que iban a ser utilizados para asaltar el Palacio de Miraflores.

Además, se develó la participación de un académico venezolano en un proceso de divulgación de informaciones falsas a contactos del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés). Armando García Miragaya es acusado de «vender información sobre la supuesta fabricación de armas iraníes en Venezuela, lo que tendría como objetivo final alimentar el discurso de la ultraderechista María Corina Machado para impulsar una invasión extranjera», declaró Cabello en junio pasado.

Cabello también denunció que operadores de inteligencia estadounidense buscaban coaccionar a la esposa del almirante Gregorio Antonio Briceño Paniagua, de la Zona de Defensa Integral (ZODI) de La Guaira.

La inteligencia venezolana ha señalado que estos grupos están recibiendo instrucciones para realizar ataques coordinados en múltiples frentes simultáneos, con el objetivo de generar un clima de turbulencia que justifique una intervención internacional. Sin embargo, hasta ahora todas las maniobras han sido neutralizadas por los cuerpos de seguridad antes de materializarse.

La violencia criminal como opción desesperada

Un sector de las oposiciones busca reavivar la violencia mediante la guerra asimétrica y aumentar la agresión económica contra Venezuela desde el extranjero. El método ha sido descrito de manera clara: «Nosotros desde el principio hemos dicho que esto es una trama que tiene conspiración, que encierra narcotráfico, que encierra terrorismo y el uso de bandas armadas; al final, las armas que compran con el dinero del narcotráfico las van a utilizar bandas armadas para generar el disturbio, prender la mecha», declaró Cabello refiriéndose al plan orquestado para impedir la normalidad de la próxima cita electoral.

El hecho de recurrir a acciones delictivas para alcanzar el poder constituye un camino sin retorno para la oposición venezolana. Ante la pérdida de su influencia real en la población venezolana —reflejada en los bajos índices de aceptación de figuras como María Corina Machado—, la oposición extremista ha optado por retomar viejas prácticas de confrontación violenta, adaptadas a nuevas formas de guerra híbrida.

La figura de Machado ha jugado un papel protagónico en esta estrategia al utilizar plataformas internacionales con vistas a promover una narrativa de crisis humanitaria y deslegitimación electoral. Recientemente, en una entrevista concedida a medios radicados en España, aseguró que «el régimen va a caer, la historia juzgará y habrá justicia», sin mencionar cómo pretende alcanzar ese objetivo sin irrespetar las instituciones democráticas del país, lo que deja clara su opción desesperada.

Paralelamente, se ha incrementado la agresión económica contra Venezuela, con nuevas rondas de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense, dirigidas específicamente sobre entidades financieras y empresas petroleras. Esta campaña busca generar escasez de divisas y afectar la estabilidad del bolívar, con el propósito de deteriorar aun más la percepción de gobernabilidad y confianza ciudadana.

Entretanto, grupos de presión asociados con la oposición venezolana radicada en Estados Unidos y Europa, alentados por el secretario de Estado, Marco Rubio, han intensificado sus esfuerzos por bloquear cualquier cooperación tecnológica o comercial con empresas internacionales, lo cual pretende aislar económicamente el país en un momento clave y previo a las elecciones.

A esto se suma la construcción de una falsa narrativa que vincula al gobierno con la crisis migratoria, y así justificar injerencias y daños a las familias venezolanas para desmoralizar la población.

Bandas criminales generaron violencia bajo la coordinación de la oposición extremista tras las elecciones del 28 de julio de 2024 (Foto: Archivo)
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que «Venezuela está lista para elegir y defender su soberanía», mientras refuerza los mecanismos de seguridad e inteligencia social de cara a garantizar un proceso libre de violencia.

Ante un modelo de guerra no convencional que busca debilitarlo desde dentro y desde fuera, el Estado venezolano avanza hacia la legitimación de sus autoridades y hacia la profundización de la participación política. Aunque la oposición extremista y sus socios extranjeros continúan recurriendo a la violencia y al sabotaje, los poderes públicos han demostrado capacidad de respuesta desarticulando redes criminales y protegiendo la voluntad de la mayoría, que quiere vivir cambios profundos en un marco democrático y justo.

La estabilidad política como valor es fundamental para que Venezuela siga en su camino de recuperación política, social y, por ende, económica. Los hechos demuestran que detrás de cada llamado o incentivo a la violencia se esconde una agenda ajena a los intereses nacionales, a la que ya Machado ha puesto un precio.