El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido noticia recientemente por un llamado que hizo para sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya sede se encuentra en Washington (EEUU), por un organismo independiente, proponiendo la creación de un nuevo modelo que impulse la integración de los países de América Latina y el Caribe.
«La propuesta es, ni más ni menos, que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades», señaló el mandatario mexicano durante una ceremonia para conmemorar los 238 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar.
«En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia», agregó dirigiéndose a cancilleres y representantes de los países de la región reunidos en el Castillo de Chapultepec.
Las declaraciones del presidente mexicano concurren en el ejercicio de su gobierno sobre la presidencia temporal de su país sobre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y han sido oportunas para propiciar otros pronunciamientos.
Luis Arce, presidente de Bolivia, expresó este lunes 26 de julio que está de acuerdo con el planteo de su par mexicano a través de su cuenta Twitter.
Entretanto Nicaragua, país sobre el cual se han asomado recientemente posibilidades de su suspensión de la OEA y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en su contra, ya ha declarado dar al traste con esa organización.
Argentina, mediante su presidente Alberto Fernández, señaló este miércoles que la OEA «ha dejado de ser un organismo que funcione y sirva a América Latina», por lo que es necesario «recrear un nuevo ámbito que exprese mejor» los intereses de la región.
Finalmente, 10 años después
La reciente posición de México y Argentina para prescindir del organismo interamericano es «novedosa» como postura de estos países, pero en realidad, solo para hablar de tiempos recientes, llega más de 10 años después de que fuera señalada abiertamente por el presidente venezolano Hugo Chávez, quien fue el principal organizador y anfitrión en la fundación de la CELAC en 2011, con la intención de que dicho ente en el mediano plazo hiciera posible esa aspiración.
Para el momento, Chávez junto a Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia y Raúl Castro de Cuba, el bloque duro de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA-TCP), asumieron una postura conjunta para promover, en el nuevo mecanismo, las bases elementales de un nuevo sistema regional, sin EEUU ni Canadá.
La fundación de la CELAC tuvo tonalidades y roles diferenciados. En una postura más moderada, Argentina mediante Cristina Fernández y Brasil, con Dilma Rousseff y Lula Da Silva, contribuyeron a los consensos para la creación del organismo que contó con la participación de 33 países.
En la misma línea se invitó a los países de la Mancomunidad del Caribe, históricamente desalineados de la política de la América Hispana continental, para formar parte. Su ostracismo ya había sido en gran medida superado al estar articulados desde antes al ALBA-TCP mediante el mecanismo Petrocaribe.
La nota disonante en la fundación de la CELAC vino de Colombia, a cargo de Álvaro Uribe, en eventos preparatorios durante la transición del Grupo de Río a la CELAC. Uribe se ufanó en ralentizar los acuerdos e incluso intentó sabotearlos. Sin embargo, Colombia, a cargo de Juan Manuel Santos, también se sumó a la naciente comunidad.
Los procesos políticos a escala regional han sido modelados en buena medida por la denominación de «Sistema Interamericano» que EEUU impuso, justo para hacer regir su ordenamiento de las relaciones internacionales en su «área de influencia» o, más bien, su «patrio trasero».
Pero los giros de la política regional que en gran medida fueron propiciados por Chávez, tuvieron a la fundación del ALBA-TCP junto a Fidel Castro, en La Habana en 2004, y seguidamente la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en 2008. Fueron mecanismos que se impulsaron a escala subregional, surgieron como articulaciones contrahegemónicas, claramente adversas a la OEA.
En 2009 Chávez planteó, como ya lo había hecho antes, la posibilidad de retirar a Venezuela de la OEA y de crear un organismo paralelo.
«Si esto sigue así, en verdad, hay que preguntarse: ¿Para qué la OEA? ¿Para que continúe el cinismo? (…) Venezuela podría salirse de la OEA y crear o convocar a los pueblos de este continente a que nos liberemos de esos viejos instrumentos y a que formemos una organización de pueblos de América Latina, de pueblos libres», dijo el presidente venezolano.
Al consumarse la cita en Caracas en 2011 para la fundación de la CELAC, los críticos en la política y los medios en las derechas regionales apuntaron a Venezuela señalando temores, dado que Chávez pretendía desplazar a la OEA. Tenían razón, aunque en el momento solo Chávez y varios presidentes de la ALBA-TCP lo veían así.
Dicha prédica ha sido constante, especialmente desde Venezuela con la presidencia de Nicolás Maduro, pues desde 2017, ante un ambiente de clara hostilidad, el país decidió retirarse del organismo haciéndolo efectivo en 2019, al vencerse los dos años de plazo correspondientes para ello.
Al día de hoy, la OEA mantiene la posición aberrante de acoger a un representante en categoría de «embajador» del gobierno inexistente de Guaidó como representante del país. La OEA mantiene posición activa en todos los temas para promover la intervención e injerencia a Venezuela. En 2019 invocaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), incluso discutiéndose la posibilidad de una intervención militar y emitiendo medidas coercitivas económicas, financieras y comerciales, sobre un país que no es Estado parte.
Afortunadamente y finalmente, 10 años después, otros países han asumido una postura abierta sobre el punto de agotamiento de la organización con sede en Washington.
Reformarla y quedarnos no es igual a salirnos y crear lo nuevo
Justo luego de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó la Ley de Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero. La Cámara también sancionó una ley que incluye un llamado al gobierno del presidente Joe Biden, para investigar si las denuncias sin fundamento de la OEA sobre «irregularidades electorales» contribuyeron al golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019.
El caso Bolivia se vuelve un nudo crítico, reapareciendo como un búmeran, por ser ese un evento claro de injerencismo y desestabilización cometido contra un país desde la OEA en era reciente. La Ley de Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero pide al Departamento de Estado que busque respuestas de la OEA respecto de su comportamiento en Bolivia para «garantizar que no ocurran otra vez ataques similares contra la democracia», señala un comunicado de la Cámara, dando por sentado de que en Bolivia los hubo, sin especificar quién los cometió.
Puede interpretarse este movimiento como una contraloría de daños, por su congruencia con los eventos que hoy se desarrollan. Ya en noviembre de 2019 un grupo de congresistas estadounidenses habían pedido explicaciones a la OEA por el informe de la Observación Electoral en Bolivia, e indagaron que, en efecto, la organización sí había tenido un papel importante en el desarrollo del golpe contra Evo Morales en 2019, creando las condiciones para ello. Aquello había sido desestimado, y ahora casi dos años después, el parlamento estadounidense decide actuar.
Entiéndase que estas medidas de «llamados de atención» sobre la OEA concurren desde el parlamento estadounidense y su mecanismo de financiamiento para operaciones en el extranjero. Es decir, el gobierno estadounidense, de facto, trata a la OEA como una instancia más de su gabinete y no en vano Fidel Castro la llamó el «ministerio de las colonias» de EEUU.
Léase con esto que el Consejo Permanente de la OEA, el que estaría facultado para cuestionar a la Misión Electoral en Bolivia en 2019 y al Secretario General Luis Almagro, no ha debatido este punto. Son los mismos estadounidenses quienes se encargan del asunto directamente.
Son todavía indecibles las posibilidades de que puedan generarse desde el pronunciamiento de los presidentes de México y Argentina, que se unen a los ya reiterados señalamientos que han venido desde Venezuela y otros países del ALBA-TCP en los últimos 10 años. Consolidar tal aspiración sería una proeza y quizá el cuadro actual de parcial desintegración regional pueda influir mucho en contra de ello.
Sin embargo, debemos dar por sentadas las aspiraciones que claramente tiene el gobierno estadounidense en relanzar su posición de «liderazgo», que están promoviendo en todo el mundo, y por supuesto también en la región latinoamericana y caribeña. Cabildeo, presión contra países, destrucción de toda iniciativa fuera de su agenda, estarán a la orden del día, y es probable que para eso tengan que cuestionar a la OEA y a Luis Almagro. Lo veremos.
Lo relevante en el punto actual no es qué tanto se pueda «reacomodar» la OEA. Lo importante sería que los discursos desde México y Argentina tengan una aspiración real y puedan concretarse para realizar esa aspiración de «otro organismo» desde la CELAC. Luego de ello, no tendría sentido que nuestros países permaneciesen en la OEA, fuera la esfera de influencia estadounidense.
