Por Claudio Katz

Tres importantes reveses afrontaron últimamente los derechistas de la Región. El fracasado golpe en Brasil fue antecedido por una fallida asonada en Bolivia y por el naufragio de las conspiraciones en Venezuela.

Estas derrotas no anulan la continuada embestida de las formaciones reaccionarias. Han logrado instalarse en Argentina, replantean su acción en Colombia, retoman el legado pinochetista en Chile, despuntan en México y participan de la feroz represión desatada en Perú. En análisis de cada caso ilustra el perfil de esta corriente en América Latina.

Una aventura fallida

Bolsonaro lideró la principal experiencia de la oleada reaccionaria. No logró su reelección, pero consiguió un enorme sostén en los comicios. Se disponía a jugar un papel político protagónico, antes de quedar afectado por la tentativa golpista que perpetraron sus seguidores.

Ya existen documentos probatorios del plan concebido inicialmente por el excapitán para desconocer su derrota electoral. Esa confabulación fue abandonada, pero los preparativos de la asonada continuaron con la instalación de un campamento en Brasilia para exigir la obstrucción militar de la asunción de Lula. Se acantonaron durante dos meses en las puertas del cuartel general, difundieron sus planes en las redes sociales, intentaron un mega atentado y el bloquearon varias rutas.

El asalto al Congreso, al Planalto y a la Corte Suprema pretendió forzar la intervención del Ejército. Los atacantes supusieron que bastaba con una chispa para inducir a los generales a sacar los tanques a la calle. Imaginaron que el caos generado por su acción precipitaría esa intervención (Arcary, 2023). El Plan B era forzar un escenario de ingobernabilidad, para debilitar al gobierno de Lula en el comienzo de su gestión (Stedile; Pagotto, 2023).

Ese delirante cálculo se asentó en la descarada complicidad de los militares que visitaron el campamento para facilitar una incursión, que también convalidó el gobernador del Distrito Federal. Los asaltantes ocuparon con total impunidad los principales edificios estatales y en tres horas de vandalismo destruyeron muebles, decorados y obras de arte. Numerosos policías custodiaron a los atacantes, participaron de la tropelía y se fotografiaron en los saqueos.

La embestida llevó la típica marca de Bolsonaro, que en los años 80 logró cierto renombre con acciones de ese tipo. Para presionar por un incremento de salarios, organizó en esa época un plan de colocación de bombas que le costó su carrera. Desde la Presidencia perfeccionó esa trayectoria apuntalando las milicias, que continuaron ensayando atentados luego del desorbitado ataque en Brasilia.

Los militares consintieron la aventura para perpetuar los privilegios que consiguieron en los últimos cuatro años. Buscaron garantizar su impunidad para las fechorías cometidas durante ese lapso. Junto a los cabecillas de las pandillas bolsonaristas facilitaron una acción disparatada y concebida para cohesionar a los sectores ultraderechistas.

Los ocupantes de los tres principales edificios estatales exhibieron abiertamente su racismo al destruir un invalorable retrato de muchachas afrodescendientes. También ratificaron su propósito cristo-fascista de coronar una “guerra santa” contra el Partido de los Trabajadores (PT).

Bolsonaro trató de eludir responsabilidades con su silencio y permanencia en el exterior. Pero toda la alianza que lo rodea flaquea como consecuencia del fracasado golpe. Los diputados, senadores y gobernadores de su partido que consiguieron cargos repudiaron la asonada, aprobaron la intervención federal a Brasilia y marcharon junto a Lula en el acto de revalidación de las instituciones asaltadas.

Los bolsonaristas con puestos en las gobernaciones y las legislaturas ya reconsideran su retorno a la derecha clásica y a la tradicional negociación de votos a cambio de partidas presupuestarias. Con esas tratativas funciona el presidencialismo de coalición, que ahora podría asimilar a los ultraderechistas, si su líder queda derruido por los efectos de la fallida asonada.

Cambio de escenario

La incursión de Brasilia fue una copia del asalto al Capitolio que hace dos años perpetraron los trumpistas. En ambos casos los ultraderechistas pretendieron demostrar que un grupo pequeño y decidido puede apoderarse de las principales sedes del Estado (Boron, 2023). Al igual que Trump, Bolsonaro tiró la piedra y ante la adversidad escondió la mano.

 

El calco del operativo confirmó los estrechos lazos entre ambas formaciones, bajo el evidente comando del magnate norteamericano. Pero la copia brasileña extendió la arremetida a los tres poderes y contó con un visto bueno del Ejército (y de gobernantes distritales), que no tuvo el copamiento yanqui (Miola, 2023). En Brasil se verificó además una contundente reacción de Lula, que determinó el fracaso del motín.

Esa intervención fue categórica en términos retóricos y prácticos. Por ahora no se sabe si también fue premeditada, con un conocimiento previo del plan golpista. Lula denunció a los “vándalos nazis”, calificó a Bolsonaro de “genocida” y acusó a los asaltantes de “terroristas”. Actuó con rapidez. En lugar de solicitar a los militares el patrullaje de las calles, les impuso la evacuación del campamento. Intervino además el gobierno de Brasilia y tomó el control de la Policía.

Esa actitud inclinó a los jueces a concretar las medidas de represalia. Dispusieron la detención de mil 200 implicados en el ataque y el arresto del principal sospechoso de organizar el asalto, a su retorno de Florida. Esta decisión podría incidir en la presión ejercida por el sector progresista del Partido Demócrata, para que Bolsonaro sea expulsado de los Estados Unidos. El excapitán ya no es intocable. Próximamente le congelarían sus cuentas y sería imputado como instigador del golpe.

Estas decisiones han sido promovidas dentro del nuevo gabinete por el ministro de Justicia (Flavio Dino) en conflicto con su colega de Defensa (José Mucio), que contemporiza con los militares y sugiere una amnistía para los vándalos.

Se ha creado una gran oportunidad para derrotar a la ultraderecha, que fue neutralizada pero no aplastada. Si no quedan demolidos volverán a la carga y en gran medida esa partida se jugará en el predominio de las calles. El bolsonarismo ha quedado desconcertado frente al oficialismo que retomó los actos masivos en la campaña electoral, en el día de la victoria, en la jornada de asunción y en las marchas de repudio al golpe.

Este nuevo escenario puede modificar las adversas relaciones de fuerza, que no fueron revertidas por la derrota electoral de Bolsonaro. Las conexiones entre ambas variables no son unívocas. En 1989 Lula perdió los comicios frente a Collor, pero obtuvo una victoria política. En 2014 Dilma triunfó en las urnas, pero sufrió una derrota que permitió la coronación del exmilitar (Arcary, 2022). Ahora la victoria electoral puede

ser sucedida con un corolario directo en el balance de fuerzas. La derecha está desorientada y el movimiento popular puede capturar la iniciativa.

Implantación y flaquezas del bolsonarismo

Lo ocurrido en Brasilia retrata las contradicciones de la ultraderecha. Bolsonaro llegó en forma sorpresiva a la primera magistratura, canalizando un descontento con el gobierno del PT que debutó con marchas callejeras (2013), se afianzó con el golpe judicial-parlamentario (2016) y derivó en la preminencia de un ambiente conservador (2016-18).

La proscripción de Lula le permitió a Bolsonaro encabezar la reacción contra el ciclo precedente que promovieron el establishment y los medios de comunicación, con el sostén de las clases medias defraudadas con el progresismo.

Pero los desastres acumulados durante su gestión frustraron la reelección del furioso militar, que fue penalizado por su criminal manejo de la pandemia. Esa infección tuvo un número de muertos muy superior a los causados exclusivamente por el virus. Nadie olvidó que se negó a comprar vacunas y a realizar testeos, argumentando que podrían convertir a los individuos en yacarés (Boulos, 2022).

Bolsonaro tampoco logró revertir el estancamiento estructural de la economía y agravó la regresión social, recreando la tragedia del hambre que afecta a 33 millones de personas. Ese flagelo es particularmente chocante, en un país que ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de productores de alimentos.

Los vaivenes y exabruptos del desorbitado militar erosionaron el aval del establishement y la liberación de Lula precipitó su declive. No pudo mantener a su gran adversario detrás de las rejas y ese desenlace impulsó al PT disputar con éxito la presidencia.

Bolsonaro dio sobradas pruebas de sus pretensiones fascistas, pero no logró introducir ningún pilar de ese sistema. Multiplicó la violencia cotidiana, la intimidación laboral y el miedo, con 40 asesinatos en las semanas previas a los comicios. Pero no logró crear el marco de terror que exige el fascismo.

Tampoco pudo sustituir el régimen político vigente por alguna versión de totalitarismo. Mantuvo su liderazgo con tutelaje militar y cierto equilibro con el resto de los poderes. Las clases dominantes toleraron su falta de serenidad para ejercer una función ejecutiva y el perfil carnavalesco de sus apariciones, pero no convalidaron su continuidad.

El balotaje demostró igualmente la gran envergadura de su base electoral. Logró introducir una inédita polarización política, que cortó geográficamente al país en segmentos diferenciados. Lula ganó en 13 estados y Bolsonaro en 14. Su partido conquistó el estado de São Paulo, 15 de los 27 escaños disputados en el Senado y numerosos diputados (Agullo, 2022). Pero ahora existe un serio interrogante sobre el impacto de la fallida aventura sobre los cuatro pilares de su fuerza política: el Ejército, las bandas, el agronegocio y el evangelismo.

Durante su gobierno se duplicaron los militares en cargos oficiales y los uniformados colocaron dos senadores y 17 diputados, que se presentaron como referentes de la identidad nacional o herederos de la industrialización de los años 60. Los nueve generales más próximos al excapitán reforzaron, además, sus propios negocios con el equipamiento bélico.

Pero ahora se ha creado un escenario que permitiría desarticular esa casta, si Lula traduce en hechos su denuncia de la complicidad militar con el golpe. Está planteado el reemplazo del Ministro de Defensa, la depuración de la comandancia, la anulación de los privilegios y la investigación de los desfalcos de esa cúpula.

La supervivencia de las pandillas que apadrinó Bolsonaro está igualmente amenazada luego del asalto perpetrado en Brasilia. La preparación de esa acción criminal fue oficialmente apuntalada en los últimos años con la autorización al uso de armas bajo la cobertura de los clubs de cazadores, tiradores y coleccionistas. Los grupos vandálicos concentran ahora el grueso de las acusaciones por el golpe, con un significativo número de sus integrantes en prisión.

El sostén bolsonarista en el agronegocio quedó graficado en el nuevo mapa postelectoral. Las regiones que alimentan esa actividad apuntalaron las listas del excapitán, demostrando la incidencia de un sector que representa la tercera parte del PIB. Lucran con el extractivismo y se expandieron al compás de la perdurable crisis industrial. Pero los cabecillas de ese entramado son investigados por su financiación de la asonada y podrían quedar alcanzados por serias acusaciones.

El nuevo contexto también influye sobre la cúpula evangelista que sostuvo a Bolsonaro, a cambio de los 82 diputados que consiguió la Iglesia Pentecostal. El alto clero de los pastores continúo su enriquecimiento, mientras sus predicadores inducían a votar por la derecha para evitar puniciones divinas.

Los comunicadores del bolsonarismo combinaron ese tipo de alocados mensajes con la justificación de las mentiras cotidianas del exmandatario. Un día el excapitán describió a las inmigrantes venezolanas como prostitutas y al otro acusó a Lula de mantener pactos con diablo. Ningún delirio quedó excluido de la retórica que orquestaron para afianzar un liderazgo salvacionista entre votantes decepcionados con el sistema político.

Ese sustento ideológico puede quedar corroído si Bolsonaro se convierte en un asiduo visitante de los tribunales. En esa comparecencia el gran crítico de la “corrupción lulista” debería explicar cómo adquirió 107 inmuebles en los últimos 30 años, con su moderado sueldo de diputado. Toda la derecha latinoamericana ha quedado pendiente del devenir de Bolsonaro.

“El bolsonarismo bordea el abismo luego de su fallido golpe. Tambalean sus cimientos en el Ejército, las bandas, el agronegocio y los evangelistas. No pudo forjar un régimen totalitario y perdió el aval del poder dominante. También en Bolivia naufragó una asonada de gran violencia racista y chantaje de secesión territorial. Estos reveses complementan los fracasados complots en Venezuela”

Golpismo frustrado en Bolivia

El fracaso de una asonada en Bolivia anticipó a comienzo de año el desenlace de Brasil. También allí se consumó un fallido intento golpista, para repetir con Arce el alzamiento que derrocó a Evo Morales en 2019.

En esa oportunidad la ultraderecha aportó bandas armadas para secuestrar dirigentes sociales, asaltar instituciones públicas y humillar opositores. Reiteró su vieja conducta de soporte de las intervenciones militares contra gobiernos enfrentados al establishment o crucificados por la embajada estadounidense.

Ese golpe fue la intervención militar más desenfadada de las últimas décadas en Sudamérica. No tuvo disfraz institucional, ni mascarada blanda. Evo fue forzado a renunciar a punta de pistola, cuando los generales se negaron a obedecerlo. No dimitió por simple agobio. Fue expulsado de la Presidencia por la cúpula del Ejército.

Pero la principal peculiaridad de esa operación fue el tinte proto-fascista que aportaron los socios derechistas. Instauraron el reino del terror en las zonas liberadas por los uniformados y bajo la conducción de Camacho pusieron en práctica las proclamas de Bolsonaro. Con biblias y rezos evangélicos quemaron casas, raparon mujeres y encadenaron periodistas.

Los agresores emitieron, además, gritos racistas contra el cholo, mientras se burlaban de los collas, quemaban la bandera whipala y golpeaban a los transeúntes de la raza denigrada. Implantaron en La Paz el vandalismo que habían ensayado en su reducto de Santa Cruz. La ridícula osadía de esas hordas estuvo garantizada por la protección policial.

Ese odio contra los indios recuerda la provocación inicial de Hitler contra los judíos. Camacho no disimula la irracionalidad de sus diatribas contra los pueblos originarios. Considera que las mujeres de esas nacionalidades son brujas satánicas y que los hombres arrastran una impronta servil. Ha creado legiones de resentidos para humillar a los indígenas (Katz, 2019).

La clase dominante del Altiplano celebró la venganza contra los pueblos originarios. Como no digiere que un indio haya ejercido la Presidencia, convalidó las descontroladas tropelías de Camacho. Pero sus expectativas reaccionarias quedaron demolidas por la extraordinaria victoria del alzamiento popular (2019). Ese logro desembocó en elecciones, un renovado triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) (2020) y una sucesión de juicios que puso entre rejas a la exusurpadora Áñez (2022).

Este resultado descolocó a los ultraderechistas, que debieron aceptar un repliegue a los refugios de Oriente. Desde allí reorganizaron fuerzas y retomaron la ofensiva, con las milicias de “cívicos” que apadrina el poder económico local. Enviaron esos grupos a los barrios populares para sembrar el terror y propiciaron cortes de ruta para crear el recrear un clima desestabilizador. Demandaron la libertad de los golpistas y convirtieron la fecha del Censo, que debía reevaluar el peso de cada distrito, en el nuevo pretexto de una gran beligerancia. Con esa excusa propiciaron la asonada de 2023.

Ese plan contempló incluso la eventual secesión del territorio sublevado, si no lograban reconquistar el manejo del país. Con la mascarada de un status federal para Santa Cruz conspiraron para perpetrar la fractura territorial. Los “cívicos” apuntalaron ese complot con una leyenda anticolla que impugna el Estado Plurinacional y retoma las viejas creencias de superioridad de las élites blancas. Con ese separatismo reaccionario completaron un guion inspirado en las acciones oligárquicas del pasado (Acosta Reyes, 2022).

Pero el nuevo intento golpista fracasó. Empezó con una secuela de paros en Oriente e incluyó la reactivación de los grupos de choque contra las organizaciones sociales. También resucitó la enfurecida prédica de los pentecostales para cohesionar el motín. En la disputa entre fracciones para exhibir mayor radicalidad organizaron cabildos manipulados bajo el comando de los mismos líderes de las asonadas previas (Camacho y Calvo) y lograron generar un caos regional mayúsculo.

Finalmente, al cabo de 36 días de traumáticas acciones tuvieron que suspender su asonda. El esperado respaldo de otras regiones no llegó y tanto la falta de abastecimiento como la parálisis del comercio socavaron el movimiento. Los “cívicos” no pudieron forzar la prolongación del paro con simple exhibición de fuerza (Paz Rada, 2022). Tampoco lograron el acompañamiento nacional de la derecha tradicional o de los sectores indigenistas disgustados con el Gobierno. Solo algunas figuras en declive del espectro burgués aprobaron la nueva aventura de Camacho (Montaño; Vollenweider, 2023).

Pero la principal novedad fue la respuesta del Gobierno. Al inicio de la provocación el oficialismo solo convocó manifestaciones callejeras, para repudiar la denigración perpetrada contra la bandera plurinacional. Concretó marchas que reunieron multitudes, pero no modificó el patrón habitual de simple denuncia de los golpistas.

El gran giro se produjo en las últimas dos semanas, con el audaz operativo de detención y traslado de Camacho a La Paz. El principal cabecilla de las bandas reaccionarias quedó encarcelado, a la espera de un juicio por su participación en el golpe militar de 2019. Si esa acción queda ratificada, el Gobierno habrá consumado una contraofensiva que podría pavimentar una gran victoria. En esta confrontación se juega el repunte o fracaso de la ultraderecha boliviana.

La frustración del referente venezolano

La derrota de Bolsonaro en Brasil y Camacho en Bolivia se enmarca en el fulminante naufragio de Guaidó en Venezuela. Sus “escuálidos” encabezaron durante mucho tiempo el ranking regional del vedetismo reaccionario. Reemplazaron en ese podio a los gusanos de Cuba y lograron situar sus acciones en la primera plana de los noticieros. En incontables oportunidades supusieron que tenían asegurado el retorno a Miraflores, pero comparten actualmente las mismas frustraciones que sus allegados de Miami.

El perfil extremo de esa derecha no estaba predeterminado en el debut de la confrontación con el chavismo. Ese choque inicial estuvo liderado por los conservadores tradicionales, que perdieron preeminencia con la intensificación del conflicto. Los grupos más virulentos capturaron la dirección, propiciando golpes desde los cuarteles y guarimbas en las calles.

En su obsesivo proyecto antichavista, la ultraderecha intentó seguir las huellas de Pinochet. Diabolizó al proceso bolivariano y propuso extirparlo con un baño de sangre. Ese odio alcanzó la misma intensidad que la denostación fascista del comunismo. Con esa tónica fue motorizada la movilización de los sectores medios antibolivarianos.

Las clases dominantes buscaron sepultar por esa vía el desafío que personificó Chávez e intentaron disolver el empoderamiento popular que acompañó a su gestión. En esa campaña repitieron todos los ítems del libreto reaccionario.

Esa reiteración de guiones corroboró su total sumisión a los dictados de Washington. La ultraderecha venezolana fue organizada, financiada y dirigida por el Departamento de Estado, con el mismo molde de sus antecesores cubanos. También las reyertas suscitadas por el manejo del dinero y las conexiones con la mafia asemejan a los dos servidores caribeños del mandante yanqui.

El trumpismo jugó todas sus cartas a los “escuálidos” y la vertiente Obama-Biden contempló también otras variantes. Pero ambos sectores del establishment imperial debieron lidiar con la imposibilidad de enviar marines a Caracas, como se estilaba en la época de Nixon o Kennedy.

Sin contar con el recurso salvador de la invasión estadounidense, el antichavismo ensayó todo tipo de operaciones sustitutas. Incentivó complots militares, adiestró mercenarios en la frontera, desembarcó milicias en las playas y secuestró helicópteros. También tanteó magnicidios, montó la farsa internacional de la ayuda humanitaria e incentivó incansables sublevaciones callejeras. Pero falló en todas las conspiraciones, desmoralizó a su propia tropa, perdió credibilidad y actualmente afronta una crisis terminal.

La autoproclamación del fantasma Guaidó ya es un episodio del pasado. Sus huestes intentaron boicotear las últimas elecciones con una intrascendente farsa de comicios paralelos. El chavismo recuperó la Asamblea Nacional y el grueso de la oposición se sumó a los comicios, cerrando el largo conflicto institucional inaugurado con el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018.

No es la primera vez que los derechistas regresan a las urnas, pero este retorno se procesa con la cabeza muy baja. Guaidó está manchado por incontables escándalos de corrupción y su proyecto agoniza.

El Gobierno logró sofocar primero el ciclo insurreccional de 2014-2017. Posteriormente obtuvo réditos de la crisis migratoria, que desperdigó a la oposición y finalmente neutralizó a todo el espectro de sus adversarios (Bonilla, 2021). Las guarimbas han desaparecido y el golpe de Estado ya no figura en ninguna agenda relevante.

Este fracaso de la ultraderecha ha reabierto espacios de intervención para los sectores más convencionales del sistema político. Pero el nuevo escenario tiene gran impacto regional, porque los “escuálidos” eran ensalzados como la gran referencia latinoamericana del proyecto regresivo. Su declive junto a la derrota de sus émulos en Bolivia y Brasil crea un escenario más problemático para la gestación o reconstitución de las corrientes reaccionarias en otros países.

Fuente: Correo del Alba