Dos días de manifestaciones en el centro de Tiflis, capital de Georgia, que incluyeron cocteles molotov, banderas georgianas de 40 metros y cortes de calles organizados por grupos violentos coordinados que presionaban para revertir la aprobación de una ley «Sobre la Transparencia de la Financiación Extranjera», han sido noticia en estos últimos días.

La presión de una revolución de color de manual en ciernes fue suficiente para que el parlamento georgiano retirara la ley.  Sin embargo, los indicios de que este escenario apenas comienza están a la vista, con implicaciones geopolíticas importantes.

Desde Estados Unidos y la Unión Europea se asomaron amenazas de que si se avanzaba en aprobar la mencionada ley, que pretende regular los canales de logística y financiamiento de actores extranjeros y ONG en el país, se estancaría el ingreso proyectado de Georgia en la Unión Europea (UE) y, eventualmente, en la OTAN. El gobierno de la presidenta Salomé Zurabishvili solicitó el ingreso formal de la nación euroasiática a ambas organizaciones en años recientes.

Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, declaró desde Estocolmo:

«La ley en su forma actual corre el riesgo de tener un efecto escalofriante en la sociedad civil y las organizaciones de medios de comunicación, con consecuencias negativas para los muchos georgianos que se benefician de su trabajo. Esta ley es incompatible con los valores y estándares de la UE.

«Va en contra del objetivo declarado por parte de Georgia de unirse a la Unión Europea, apoyado por una gran mayoría de ciudadanos georgianos. Su adopción final puede tener serias repercusiones en nuestras relaciones».

Berlín y París también se unieron a la presión, argumentando que si tales «ataques» a los «valores europeos» han comenzado, calificándolos de «antidemocráticos», entonces las relaciones entre la UE y Tiflis estarán en peligro.

9 Mar 2023,

Los legisladores del partido Sueño Georgiano, bancada promotora de la ley, afirmaron que la UE está financiando la polarización en Georgia y que este proyecto de ley resolvería ese problema.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, respondió las preguntas de un periodista sobre el tema. Sus declaraciones estaban en consonancia con los dirigentes europeos:

«Estamos, como hemos dicho constantemente en los últimos días, profundamente preocupados por el proyecto de ley sobre agentes extranjeros recientemente presentado, que —si se convierte en ley— estigmatizaría y silenciaría las voces independientes y a los ciudadanos de Georgia que se dedican a construir un futuro mejor dentro de sus propias comunidades.

«El avance del parlamento en estos proyectos de ley inspirados en el Kremlin es incompatible con el claro deseo del pueblo de Georgia de integración europea y su desarrollo democrático. La tramitación de estas leyes, creemos, dañará las relaciones de Georgia con sus socios estratégicos y pone en peligro el futuro euroatlántico de Georgia (…) Estados Unidos ha sido un socio estratégico de Georgia; Georgia aspira a una mayor integración con Europa y la UE. Todo ello está en juego en el contexto del debate que se está produciendo en Tiflis».

En la misma rueda de prensa, Prince dijo que Estados Unidos estaría dispuesto a «sancionar» a las autoridades georgianas si son «responsables de la supresión de lo que de otro modo sería un derecho humano universal».

Un día antes de que estallaran los disturbios, el Subsecretario de Estado de Estados Unidos para temas de narcóticos y aplicación de la ley, Todd Robinson, visitó la capital georgiana para supuestamente dirigirse a un evento de «Mujeres en la vigilancia», pero asimismo se refirió a la legislación discutida en el parlamento:

«Esta es una ley basada en los intereses de Rusia, no en los intereses de Georgia. (…) Creemos que es de interés para Georgia trabajar más estrechamente hacia su integración euroatlántica. Esta ley no hace eso».

Robinson fue el encargado de negocios estadounidense en Venezuela durante un intento de golpe militar respaldado por Estados Unidos en 2018, de acuerdo con un reporte del The New York Times que cita a presuntos funcionarios estadounidenses y a un exmilitar venezolano sin identificar. Encargados de la administración de Donald Trump sostuvieron «reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro».