Por Alejandro Marcó del Pont
El dinero no te da la felicidad. Yo tengo 50 millones de dólares pero sigo igual de feliz que cuando tenía 48 millones (J.K.Galbraith)
Cuando, en diciembre de 1896, Alfred Nobel murió dejó una de las más grandes fortunas privadas del mundo, y su testamento exhibía el fruto de sus ingresos, más de trecientas cincuenta patentes internacionales que lo habían hecho famoso y millonario: el desarrollar nuevos tipos de explosivos, la pólvora sin humo (llamada balistita) y obviamente, la dinamita, entre otros. Su nombre estaba estrechamente vinculado con el arte de la guerra, es decir, con la destrucción, la muerte y el horror. Pero ese sombrío pasado fue prolijamente escondido, al igual que la inexistencia de un Premio Nobel de Economía.
Para el desagrado de sus familiares, quienes intentaron que se declarara inválido el testamento, este reveló planes que Nobel había mantenido en secreto. «La totalidad de mi patrimonio realizable restante se dispondrá de la siguiente manera: el capital, invertido en valores seguros por mis ejecutores, constituirá un fondo, cuyos intereses se otorgarán anualmente como premios a quienes, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”.
El interés se dividirá en cinco partes iguales, que se distribuirán de la siguiente manera: a las personas que hayan hecho descubrimiento o invención importante en el campo de la física, química, medicina, literatura y paz. La Economía, como se ve, brilla por su ausencia. Tampoco es el eje central del artículo, aunque si los horrores que se pueden difundir avalados por su tramposo prestigio.
El falso Premio Nobel de Economía fue creado en 1968 por el Banco de Suecia, que estableció el Premio de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel con motivo del 300 aniversario de su creación, ocurrida en 1668. Dos tercios de esos premios del Banco Central Sueco fueron entregados a economistas de Estados Unidos, gente que especula en mercados de valores y la inmensa mayoría de ellos seguidores del neoliberalismo que tan bien encarna la Universidad de Chicago.
La conveniencia de la existencia o ausencia de tal premio dentro del currículo vitae se ve reflejado en las disputas internas de la economía americana. Algunos pueden ser falsamente distinguidos con este premio, como Milton Friedman quien, según Wikipedia, es el ganador del Premio Nobel de Economía de 1976 como referente del liberalismo económico, mientras que el mismo portal a Joseph Stiglitz lo describe como laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel (2001), no como Premio Nobel de Economía. La evidente diferencia se debe a que no puede haber semejanza de prestigio entre un neoconservador, por un lado, y alguien que tiene una visión algo critica de la economía de libre mercado.
Un poco más controvertido es justificar un beneficio para la humanidad y otorgarle el “Nobel de 1997” a Robert C. Merton y Myron S. Scholes por desarrollar un nuevo método –algorítmico– para calcular el valor de los derivados. Este fue puesto en práctica en el hedge fund Long Term Capital Management (LTCM), cofundado por los dos premiados, que apenas un año después quebró y desató tal cataclismo financiero que la Reserva Federal tuvo que salir al rescate.
Pero nosotros vamos a examinar a los ganadores del Premio del Banco Central Sueco para las Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel de 2018, entregado a William Nordhaus y Paul Romer por haber desarrollado modelos que muestran el impacto del cambio climático en la economía, pero por sobre todo a Paul Romer por el impulso a los cambios tecnológicos y la innovación en el crecimiento económico, bajo el concepto de ciudades modelo.
Resulta realmente alarmante la nueva apuesta teórica para atraer inversión mediante los fabulosos relatos de eruditos con títulos falsamente suntuosos, como el premio Nobel de Economía. Como veremos, ya no alcanza con las concesiones necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el resguardo de la propiedad privada para atraer capitales externos. En este mítico juego de seducir capitales, los países pobres aceptan frívolamente los requisitos de dotar de garantías a los fondos ingresados, incentivos que, en la mayoría de los casos, ronda la incoherencia para los beneficios generados. Ahora hay una nueva superposición de requerimientos corporativos, relacionados con el resguardo de la integridad de los capitales entrantes por encima de las reivindicaciones democráticas.
Si bien Honduras se ha convertido en el abanderado de este despojo o privatización de espacio territorial, es relevante revisar la diferencia teóricas entre el modelo de Zonas Económicas Especiales y las “ciudades modelo” para poder entender la apuesta. Las zonas económicas brindan ciertos grados de cesión en materia fiscal y productiva, no incursionan en términos de autonomía ni políticas administrativo-territoriales; ejemplos de esto son las zonas francas industriales, maquilas, zona de libre comercio, etc.
Es decir, el país decide establecer ciertas condiciones preferenciales para determinada circunscripción territorial con el objetivo o el propósito de atraer inversiones extranjeras. En resumen, las Zonas Económicas Especiales comprenden un amplio rango de áreas espacialmente definidas que combinan distintos esquemas de política pública e infraestructura, orientadas a la promoción de la inversión y la exportación. Por ende, y esto es central, en ellas se mantiene en plena vigencia la competencia de los poderes estatales.
De forma diferente a las Zonas Económicas, en las “ciudades modelo” el componente central radica en el nivel de autonomía que posean. Es decir, tiene necesariamente que ser una entidad autogobernada cuyos niveles de independencia deben trascender el plano estrictamente tributario o económico, para abarcar la esfera de la determinación administrativa, la aplicación de la justicia, el ejercicio legítimo de la fuerza, entre otros. La diferencia central radica en que la mayor cuota de autonomía les permite establecer de forma discrecional su propia política tributaria, a diferencia de las zonas donde los incentivos tributarios emanan del poder estatal.
La locura de privatizar un sector de la Nación es tan llamativo como suponer que, solo con autonomía y una legislación externa se pueden desarrollar innovaciones tecnológicas tales que impulsen el crecimiento en el resto del país. La mirada más racional señalaría que el concepto de Ciudad Modelo está más orientado a asegurar la subordinación del trabajo humano al capital y garantizar la preeminencia de la maximización de utilidades por encima de un crecimiento con una justa generación y distribución de la riqueza.
Lo que está en juego es la idea que el Estado es, en ausencia de una burguesía nacional, el principal agente de desarrollo y de integración nacional, como bien dice Sergio Villenas. En la actualidad el Estado se deslinda en muchos países de la responsabilidad de ser un instrumento de desarrollo e integración y se convierte en una que utilizan grupos locales dominantes así como transnacionales para mantener y profundizar el llamado colonialismo interno.
No es extraño que los sectores productivos asociados al golpe de Estado del 2009 en Honduras vivan un auge sin precedente: finanzas, comunicaciones, transporte, electricidad, distribución de agua, entre otros, obtuvieran crecimiento del orden del 100% hasta 2019, concentrando los mayores flujos de inversión extranjera, y son estos mismo, justamente, los sectores que promocionan este tipo descabellado de propuesta de Ciudades Modelo con el nombre Zonas de Empleo y Desarrollo Económicos (ZEDE).
En palabras de Paul Romer, algunos países están en mejores condiciones de establecer el tipo de reglas que ayudan a que las buenas ideas se difundan, mientras que otros están atrapados por malas reglas que mantienen las ideas fuera. Es obvio que las diferencias se encuentran entre países desarrollados y pobres. Entonces, para que los países en vías de desarrollo puedan ingresar al grupo de los países responsables, lo mejor es darles un marco jurídico para enajenar sectores del territorio a agentes extremos con el aval del congreso y el ejecutivo.
Conceptualmente, la teoría de Paul Romer se basa en lo que llama el crecimiento endógeno, que descansa sobre tres premisas fundamentales: la primera indica que el núcleo del crecimiento económico se encuentra en el “cambio tecnológico”. La segunda postula el carácter endógeno (interno) de ese proceso. El esquema se cierra con la tercera premisa, la cual señala que una vez inventados estos conjuntos de nuevas ideas o técnicas, pueden ser utilizadas una y otra vez sin costos adicionales.
Bajo esta absurda base, las Ciudades Modelo en Honduras se aprobaron en agosto de 2011, cuando el Congreso promulgó el Decreto Legislativo Nº 123, cuyo contenido establecía la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED). Este decreto fue derogado por la Sala de lo Constitucional el 2 de octubre de 2012 aduciendo que “las inversiones extranjeras que se espera captar implican para el Estado de Honduras enajenar el territorio nacional, lo que expresamente prohíbe nuestra Constitución”. Su construcción significaría que “se habrá privatizado el Estado de Honduras y, por tanto, habrá desaparecido como tal para dar paso a una gran corporación mercantil”.
La reacción del establishment no se hizo esperar, y a pesar que el artículo Nº 205 de la constitución hondureña le da al Congreso facultades para revisar las actuaciones judiciales pero sin emitir sanciones, en diciembre de 2012 el Congreso dinamitó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de la aprobación de un dictamen que contenía la destitución de cuatro de sus magistrados. Casualmente, los cuatro magistrados separados de sus cargos habían votado a favor de la inconstitucionalidad de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), y únicamente fue mantenido en su cargo quien se opuso, y además fue nombrado Magistrado Presidente de la nueva Sala de lo Constitucional.
El decreto 120/2013 sancionó la Ley orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económicos (ZEDE) dándoles personalidad jurídica propia, autorizarlas para establecer su propia política y normativa, gozando de autonomía funcional y administrativa, incluyendo las mismas funciones, facultades y obligaciones que tanto la Constitución de la República. Quien rige los destinos es un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) como un órgano con un alto grado de poder, elegido discrecionalmente por la Presidencia de la República, y que en la práctica tendrá el mando sobre los demás órganos administrativos y políticos de las ZEDE, compuesto por 4 hondureños, 9 americanos, 4 europeos, 3 latinoamericanos y un ex presidente hondureño con doble nacionalidad.
La “ciudades modelo” se consideran una “burbuja” en comparación el resto de la Nación que está inmersa en un Estado fallido, donde la inequidad, la pobreza extrema, la exclusión, violencia, corrupción, impunidad, ineficiencia e ineficacia no existirán en la Honduras de acá, pero si en la Honduras de allá. Y cómo no serlo, si contarían con “tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en las mismas, los que pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo”. Todo lo que está en el ámbito del país y manejado por lo corruptos hondureños no es confiable.
Lo que se postula desde el premio Nobel es que los Estados, dentro de ellos el hondureño, deberían estar dispuestos a ver reducido su papel como nicho de acumulación y convertirse en un medio tangencial de acumulación, que progresivamente traslada sus dispositivos de recursos y riqueza hacia el dominio privado legítimo. La idea desde el consenso de Washington no ha cambiado demasiado.
Paul Romer da una línea de acción adicional para los habitantes de Honduras que no quisieran estar en la obligación de vivir dentro de una ciudad modelo en la que las reglas son diferentes. La principal línea defensiva ha sido la noción de votar con los propios pies. Este es un concepto que expresa la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar sus preferencias sobre ingresos y gastos públicos, desplazándose a aquel territorio en el que las políticas públicas se aproximan más a sus preferencias, que claramente no serían las deleznables utilizadas en su territorio. O sea, vivirían quienes estén de acuerdo con los ideales de leyes establecidas que nada tiene que ver con su país, aunque estén en él.
La respuesta a esta disparatada idea por parte de la mayoría de la sociedad hondureña, ante la inminente implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en diferentes lugares del país, ha sido “Honduras no se Zede” Estas zonas ya definidas como áreas del territorio nacional que están sujetas a un “régimen especial” y donde los inversionistas estarán a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, no han pasado desapercibidas por las sociedad civil hondureña. Advierten que se trata de la venta del territorio, la soberanía y los derechos de todas las personas hondureñas y, que su instalación desencadenará graves afectaciones sociales, económicas y medioambientales.
Nada diferente, entonces, aunque llame la atención este tipo de iniciativa para el desarrollo, a los requerimientos de las Inversión Extranjera, las privatizaciones o a los condicionamientos de los organismos internacionales. Todo sea por salir de la pobreza, con la idea que entregar el patrimonio, la administración y las leyes a quienes nos sumieron en ella… lo que es una buena forma de forjar un futuro para salir de la situación que ellos mismos fomentaron. ¿O no?
Fuente
