En un Mundo sin dobleces, sin la supremacía estadounidense y sus presiones por creerse dueños del Planeta, este sería el informe que hubiésemos escuchado de la Alta Comisionada en la 40ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 13 de marzo de 2019[1].

 

Señor presidente, Miembros del Consejo de Derechos Humanos, Excelencias,

La resolución 39/1 solicitó una actualización oral sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy profundamente preocupada por lo que en ese país ocurre y el impacto que pudiese tener sobre los derechos humanos.

Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país. El Presidente legítimo y democráticamente electo con el 67% de los votos, Nicolás Maduro, en su condición de Jefe de Estado, me extendió una invitación a visitar Venezuela. Veo esto como un primer paso positivo, que confío conducirá a un acceso continuo para la Oficina en el futuro. Estoy segura que mi equipo recibirá todas las atenciones e información que nos permita tener una visión objetiva y precisa de la realidad venezolana.

El disfrute de los derechos económicos y sociales sigue estando amenazado desde junio de 2018, momento en que esta Oficina presentó el último informe.  En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación y rechazamos contundentemente la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de EEUU, las cuales iniciaron en 2015 con el Decreto de Barack Obama mediante el cual se establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Dichas sanciones continuaron y se incrementaron con el gobierno de Donald Trump.

Esta Oficina exhorta a los miembros de este Consejo a exigir el cese inmediato de las sanciones contra el pueblo venezolano que afectan de manera sistemática a toda la población civil y atenta contra sus derechos humanos. Las poblaciones vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas han sido particularmente afectadas.

A la fecha, estas medidas han ocasionado al pueblo venezolano pérdidas por más de 20 mil millones de dólares, equivalentes a 5 años de abastecimiento de medicinas y alimentos para toda la población. Incluyen estas medidas la apropiación de 7 mil millones de dólares en activos de la empresa de propiedad venezolana CITGO, sí como las pérdidas relacionadas con sus transacciones por 11 mil millones de dólares. Se suman los 1200 millones de dólares retenidos en oro en el Banco de Inglaterra y los 1600 millones de dólares bloqueados en EUROCLEAR, entre otros.[2]

Es necesario que este Consejo se pronuncie en contra de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU al pueblo de Venezuela por cuanto violan el principio relacionado con el deber de no intervenir en asuntos dentro de la jurisdicción interna de cualquier Estado, establecido en la “Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.[3]

De acuerdo con esta Declaración “Ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y para obtener ventajas de cualquier tipo.”[4]

El desabastecimiento de algunos alimentos y medicamentos, así como la hiperinflación sigue afectando al pueblo venezolano. Hemos tomado nota del informe presentado por el relator independiente Alfred de Zayas[5], quien por invitación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y autorizado por esta Oficina, visitó el país a finales de 2017 e identificó, luego de reunirse con todos los sectores de la sociedad civil, las causas de la situación que atraviesan los venezolanos.

Se trata de una guerra económica, caracterizada por medidas coercitivas unilaterales,  sanciones, bloqueos financieros y ataques a la moneda nocional. Nos preocupan estas acciones que atentan contra los derechos humanos, la paz y la estabilidad. Además de los más de 20 mil millones de dólares en pérdidas ocasionados por las medidas coercitivas unilaterales se contabilizan alrededor de 90 mil millones de dólares ocasionados por el ataque a la moneda nacional que ha derivado en una contracción de los niveles de producción nacional[6].

Estos más de 110 mil millones de dólares en pérdidas económicas equivalen a la producción de todo un año, también corresponden a la importación de alimentos y medicamentos para abastecer durante 26 años a toda la población venezolana[7].

Señores miembros de este Consejo, en esta Oficina nos hacemos eco de las declaraciones ofrecidas en agosto de 2017 por nuestro relator especial sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazary, quien manifestó que “las sanciones contra Venezuela agravarían el sufrimiento de su pueblo y los esfuerzos orientados a dañar la economía sólo generarían violaciones de los derechos de los ciudadanos corrientes. Las sanciones causan trastornos a cualquier Estado y cuando perjudican a la economía pueden tener una repercusión devastadora sobre los ciudadanos de los países en desarrollo”[8].

Desde este espacio, en el que tenemos como mandato contribuir a la garantía de los derechos humanos no podemos dejar de denunciar este tipo de acciones unilaterales violatorias de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Otra actitud nos haría cómplices.

Hacemos un llamado a los miembros de este Consejo para que se considere la propuesta del relator De Zayas de “reconocer los crímenes geopolíticos, entre éstos las medidas coercitivas unilaterales y las manipulaciones monetarias que inducen hiperinflación, como crímenes de lesa humanidad. La guerra económica, los embargos, los bloqueos financieros y los regímenes de sanciones equivalen a crímenes geopolíticos y de lesa humanidad en virtud del artículo 7 el Estatuto de la Corte Penal Internacional”[9]

Proponemos a los miembros de este Consejo, tal como lo plantea el Relator De Zayas, solicitar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas que se invoque el artículo 96 de la Carta Constitutiva para que a través de la Corte Internacional de Justicia se reconozca de una vez por todas, y así quede expresamente establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que las medidas coercitivas unilaterales y las manipulaciones monetarias son crímenes de lesa humanidad. [10]

Nos preocupa y rechazamos el atentado terrorista que generó un apagón eléctrico a nivel nacional en Venezuela reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, el agua y los medicamentos, y afectando gravemente a los hospitales. Aún no se conoce la magnitud del daño y el número de víctimas directas, pero el apagón fue consecuencia de un ataque electromagnético de acuerdo con información oficial.

Desde esta Oficina consideramos que no se puede atribuir como causa del apagón al colapso del sistema eléctrico, por cuanto en ese caso, no hubiesen podido restablecer la electricidad en 3 días. Este tipo de acciones también violan la “Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”[11], por lo que pedimos a los miembros de este Consejo se pronuncien en contra de los actos terroristas. Asimismo, pedimos al gobierno de Venezuela haga todos los esfuerzos necesarios para establecer la normalidad en el servicio eléctrico y con este el de agua, comunicación, transporte, salud, alimentación y educación.

Excelencias, estamos además sumamente preocupados y consternados por las amenazas de intervención militar a Venezuela por parte del gobierno de EEUU. Esta Organización, me refiero a las Naciones Unidas fue creada con el principal propósito de “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.”[12]

Hacemos un llamado para que este Consejo se pronuncie en contra de tales amenazas de parte de EEUU que violan el numeral 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas que les recuerdo establece lo siguiente: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.” [13]

Señor Presidente, esta Oficina reconoce el esfuerzo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para combatir la propagación de enfermedades infecciosas. Según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, organismo de Naciones Unidas: “El cumplimiento de la campaña de vacunación en Venezuela para la interrupción de los brotes de sarampión y difteria se encuentra en 99 % y 100 %, respectivamente, sobre la población objetivo. Para el mes de marzo de 2019, 8,5 millones de niños habían sido vacunados contra el sarampión, entre los 6 meses y 15 años de edad; y más de 5 millones de niños entre 7 y 15 años contra la difteria. Desde que Venezuela lanzó la campaña de vacunación, en abril de 2018, hasta el presente, se han movilizado cerca de 13 millones de dosis de vacunas contra el sarampión y la rubeola (SR), 5,4 millones de dosis de vacunas contra el tétanos y la difteria (Td), y otros insumos necesarios para la vacunación. También, se han adquirido más de 5,5 mil viales de antitoxina diftérica para el manejo de complicaciones por difteria, antibióticos para el tratamiento y reactivos para el diagnóstico por laboratorio.”[14]

Nuestra organización de la Salud también reportó que: “El conjunto de acciones implementadas a partir de julio de 2018 ha logrado disminuir en 95 % el número de casos de sarampión en Venezuela.”[15]

La cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha acompañado en forma permanente los esfuerzos del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela (MPPS), los cuales se han enfocado en interrumpir la circulación del sarampión y controlar la difteria. Igualmente ha cooperado en otros ámbitos como por ejemplo la adquisición y distribución de tratamientos antirretrovirales a nivel nacional. A través de esta cooperación, Venezuela recibió entre enero y febrero de este año, 9 millones de tabletas para tratamiento de VIH y se encuentra a la espera de 6 millones de tabletas más durante las próximas semanas.[16]

Igualmente, desde finales de 2017, con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno bolivariano de Venezuela viene afinando estrategias para reducir la morbilidad grave, mortalidad materna y perinatal.[17]

En tal sentido, desde esta Oficina reconocemos y agradecemos la cooperación y el esfuerzo conjunto entre el gobierno bolivariano de Venezuela y nuestra agencia para la Salud en las Américas, lo cual estamos convencidos es la vía para fortalecer la garantía del derecho a la salud en ese país a pesar de las medidas coercitivas impuestas por EEUU.

Según cifras oficiales, la matrícula estudiantil en Venezuela aumentó 16,37% para el período escolar 2018-2019[18]. Nos complace como Oficina para los derechos humanos que los esfuerzos realizados para garantizar el derecho humano a la educación hicieron que Venezuela fuese designada por el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) ante la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como uno de sus representantes frente al Comité de Dirección del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4-Educación 2030. La designación tuvo lugar en el marco de la sesión plenaria del Grulac efectuada en la sede de la Unesco en París el pasado 26 de septiembre. Venezuela ejercerá esta representación a partir del 2019 y por un período de dos años”. [19]

Nos preocupa que ante la intensificación de sanciones por parte de EEUU el Programa de Alimentación Escolar que el gobierno bolivariano de Venezuela imparte en las escuelas para garantizar el derecho a la alimentación a los niños, niñas y adolescentes se vea afectado. En tal sentido, hacemos un llamado al gobierno a fortalecer estos programas de alimentación escolar.

Al respecto, debemos informar a este Consejo que nos complace que nuestras organizaciones, específicamente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acaban de firmar con el gobierno venezolano,  un proyecto que permitirá fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a través de la Agricultura Familiar.[20]

Señor Presidente, debemos reconocer que los organismos que conforman las Naciones Unidas, conscientes de la situación que atraviesa el pueblo venezolano por las acciones coercitivas que desde 2015 le ha impuesto el gobierno de EEUU, han cooperado a través de distintos mecanismos enmarcados en la Carta Constitutiva. Por ejemplo y en cuanto a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, UNICEF, ha acompañado los esfuerzos del gobierno bolivariano de Venezuela con múltiples actividades desde el 2016, entre ellas: más de 160.000 recién nacidos fueron atendidos en centros de salud por profesionales y trabajadores capacitados,  apoyó a 2.200 niños en riesgo de desnutrición para que recibieran una atención adecuada para su recuperación nutricional, apoyó la formación de docentes de más de 3.000 centros educativos, y más de 9.600 estudiantes indígenas se beneficiaron del fortalecimiento de sus docentes en Educación Intercultural Bilingüe, contribuyendo a su permanencia en la escuela y a un aprendizaje más pertinente desde su cultura e idioma[21].

En otro ámbito, estoy profundamente preocupada por las acciones antidemocráticas por parte de los factores políticos de oposición. Me preocupa que a la fecha, los poderes públicos en Venezuela no hayan tomado decisiones con respecto a la violación a la Constitución por parte de quien, en un acto pretendido de usurpación se haya autoproclamado Presidente de la República en una plaza. Me preocupa aún más el reconocimiento de estos actos antidemocráticos por algunos, aunque pocos, gobiernos del mundo encabezados por EEUU. No podemos permitir el consentimiento de acciones que a todas luces constituyen intenciones de golpe de Estado y derrocamiento de gobiernos democráticamente electos.

Celebramos que en Venezuela se ejerza libremente el derecho a manifestar pacíficamente. Durante los últimos años y en especial las últimas semanas hemos visto como cientos de personas que hacen oposición al gobierno han tomado las calles. Igual como lo han hecho quienes apoyan al Presidente Nicolás Maduro.

No obstante, debemos llamar la atención por el hecho de que grupos antigubernamentales que se denominan de “resistencia”, en el marco de las protestas pacíficas han generado violencia y actos fascistas. Según cifras oficiales y también suministradas por el Comité de Víctimas, el año 2017 se registraron 121 víctimas, de las cuales 2 fueron quemadas vivas por el hecho de ser simpatizantes del gobierno o simplemente por ser de tez morena y vestir una franela roja[22]. Instamos a los organismos públicos a que se desarrollen las investigaciones pertinentes que permitan hacer justicia. Asimismo hacemos un llamado a la población venezolana para que diriman sus diferencias de manera pacífica.

A esta Oficina han llegado testimonios relacionados con presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones, lo cual ha sido motivo de preocupación. Dicen que las FAES mataron al menos a 205 personas en 2017 y 37 fueron asesinados en enero de 2019 en Caracas. Parece que algunos de estos asesinatos han seguido un patrón similar.

Sin embargo, se trata de información no confirmada. Por lo tanto, nos comprometemos, con toda responsabilidad a que haremos las investigaciones pertinentes para identificar tales casos, cuáles y cuántos son y dónde reposan las denuncias formales para de esa manera, con propiedad, presentar un informe  a los miembros de este Consejo. Como comprenderán esta Oficina no puede ni debe emitir opinión sin la certeza ante delicadas situaciones, sería irresponsable de nuestra parte mostrar cifras que publican los medios de comunicación sin la debida comprobación de la información. Requerimos las pruebas para emitir un informe preciso, serio y responsable. El equipo técnico enviado a Venezuela por esta Oficina está encargado de solicitar la información.

La información que hasta el momento maneja esta Oficina es la suministrada por el relator De Zayas quien en su informe observó que: “de conformidad con el texto constitucional, los tratados de derechos humanos eran de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público”.[23]

También es motivo de preocupación de esta Oficina  que en el marco de la garantía del derecho de la libertad de expresión en Venezuela, no sean penalizados los llamados abiertos al magnicidio, a la solicitud de más sanciones contra el pueblo venezolano por parte de algunos dirigentes políticos, incluso la petición de intervención militar por propios venezolanos. Esta situación atenta contra la estabilidad y por lo tanto la garantía de los derechos humanos en ese país.

Como resultado directo de la situación económica que actualmente se vive en Venezuela, causada por las medidas coercitivas impuestas por EEUU, así como por el ataque a la moneda, más de 3 millones de personas han emigrado[24].

De acuerdo con el relator De Zayas, “puede demostrarse que las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos financieros han agravado la crisis económica y generado desempleo y emigración a Colombia, el Brasil y el Ecuador, entre otros países.”[25]

En este ámbito, nos preocupan sobremanera las declaraciones de algunos presidentes de la Región quienes han promovido actos de xenofobia contra los venezolanos. Solicitamos a los miembros de este Consejo, aplaudir los esfuerzos realizados por los países de la región al recibir a los migrantes venezolanos, pero también requerimos rechazar contundentemente las declaraciones que promueven la xenofobia que ha derivado en violencia contra los venezolanos.

Excelencias,

Las medidas coercitivas unilaterales por parte de EEUU contra el pueblo venezolano incluyendo el ataque a su moneda; la actitud antidemocrática de los dirigentes políticos de oposición en Venezuela; los llamados a la violencia por parte de estos grupos y los actos terroristas contra la población vulneran la garantía de los derechos humanos en ese país.

Pido a los miembros de este Consejo a que exhorte al gobierno de EEUU para que cesen las agresiones contra Venezuela, incluyendo las amenazas de intervención militar por cuanto atentan contra la estabilidad y la paz no solo de ese país, ni de la región, sino del mundo entero.

Existe la necesidad de un acuerdo común sobre una solución política por parte de todas las partes interesadas, con acciones para mejorar una amplia gama de temas urgentes de derechos humanos. Reconocemos y celebramos el compromiso de las autoridades venezolanas para abordar la compleja situación por la que atraviesa el pueblo venezolano, así como sus constantes llamados al diálogo. Y quiero enfatizar el compromiso continuo de esta Oficina para trabajar con todas las partes interesadas relevantes en sus esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Gracias señor Presidente.

[1] Con base en el informe presentado por la Alta comisionada, hemos escrito el que aquí se presenta- El informe original puede leerlo en http://onu.org.ve/informe-oral-de-actualizacion-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela/

[2] Curcio Pasqualina. Impacto de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Red Angostura. 10 de marzo de 2019. https://redangostura.org.ve/?p=1153

[3] Organización de Naciones Unidas. Asamblea General. 2625 (XXV). Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 24 de octubre de 1970. http://www.un-documents.net/a25r2625.htm

[4] Organización de Naciones Unidas. Asamblea General. 2625 (XXV). Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 24 de octubre de 1970. http://www.un-documents.net/a25r2625.htm

[5] Organización de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. De Zayas Alfred. Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su misión a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador. 30 de agosto de 2018. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/34/PDF/G1823934.pdf?OpenElement

[6] Curcio Pasqualina. Impacto de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Red Angostura. 10 de marzo de 2019. https://redangostura.org.ve/?p=1153

[7] Curcio Pasqualina. Impacto de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Red Angostura. 10 de marzo de 2019. https://redangostura.org.ve/?p=1153

[8] Idriss Jazary. Las sanciones contra Venezuela agravarían el sufrimiento de su pueblo, advierte un experto de Naciones Unidas. 11 de agosto de 2017. https://ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21964&LangID=S

[9]Organización de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. De Zayas Alfred. Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su misión a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador. 30 de agosto de 2018. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/34/PDF/G1823934.pdf?OpenElement

[10] Organización de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. De Zayas Alfred. Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su misión a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador. 30 de agosto de 2018. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/34/PDF/G1823934.pdf?OpenElement

[11] Organización de Naciones Unidas. Asamblea General. 2625 (XXV). Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 24 de octubre de 1970. http://www.un-documents.net/a25r2625.htm

[12] Organización de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html

[13] Organización de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html

[14] Organización Panamericana de la Salud. “Venezuela intensifica su campaña de vacunación contra el sarampión y la difteria”. 10 de marzo de 2019. https://www.paho.org/ven/index.php?option=com_content&view=article&id=499:venezuela-alcanza-coberturas-de-vacunacion-sobre-95-para-sarampion-y-difteria&Itemid=0

[15] Organización Panamericana de la Salud. “Venezuela intensifica su campaña de vacunación contra el sarampión y la difteria”. 10 de marzo de 2019. https://www.paho.org/ven/index.php?option=com_content&view=article&id=499:venezuela-alcanza-coberturas-de-vacunacion-sobre-95-para-sarampion-y-difteria&Itemid=0

[16] Organización Panamericana de la Salud. Medicamentos antirretrovirales fueron distribuidos en los 24 estados de Venezuela con el apoyo de OPS. 28 de febrero de 2019. https://www.paho.org/ven/index.php?option=com_content&view=article&id=503:medicamentos-antirretrovirales-fueron-distribuidos-en-los-24-estados-de-venezuela-con-el-apoyo-de-ops&Itemid=0

[17] Organización Panamericana de la Salud. Venezuela afina estrategias para reducir morbilidad grave, mortalidad materna y perinatal desde un enfoque de curso de vida. 23 de noviembre de 2017. https://www.paho.org/ven/index.php?option=com_content&view=article&id=384:venezuela-afina-estrategias-para-reducir-morbilidad-grave-mortalidad-materna-y-perinatal-desde-un-enfoque-de-curso-de-vida&Itemid=215

[18][18] http://www.minci.gob.ve/educacion-publica-venezolana-crecio-1637-este-ano/

[19] Ministerio del poder popular para las Relaciones Exteriores. Grulac designa a Venezuela como representante del Objetivo Educación 2030 ante la Unesco. 06 de octubre de 2018. http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/10/06/grulac-designa-a-venezuela-como-representante-del-objetivo-educacion-2030-ante-la-unesco/

[20] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Agricultura Familiar apoyará Programa de Alimentación Escolar en Venezuela”. 15 de enero de 2019. http://www.fao.org/venezuela/noticias/detail-events/es/c/1177028/

[21] UNICEF. UNICEF invita a unir esfuerzos para alcanzar las soluciones que la infancia requiere en Venezuela. 10 de mayo de 2018. http://onu.org.ve/unicef-invita-a-unir-esfuerzos-para-alcanzar-las-soluciones-que-la-infancia-requiere-en-venezuela/

[22] Ministerio Público. Informe julio 2017.

[23] Organización de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. De Zayas Alfred. Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su misión a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador. 30 de agosto de 2018. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/34/PDF/G1823934.pdf?OpenElement

[24] ACNUR. La cifra de personas refugiadas y migrantes venezolanas alcanza los 3 millones. 08 de noviembre de 2018.  https://www.acnur.org/noticias/press/2018/11/5be443b54/la-cifra-de-personas-refugiadas-e-inmigrantes-venezolanas-alcanza-los-3.html

[25] Organización de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. De Zayas Alfred. Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su misión a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador. 30 de agosto de 2018. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/34/PDF/G1823934.pdf?OpenElement