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Paradoja de América Latina y el Caribe es la coexistencia en veinte millones de kilómetros cuadrados de 667 millones de habitantes que mayoritariamente comparten una misma religión, dos lenguas romances parecidas y una cultura esencialmente comunicable, pero que no han constituido un bloque geopolítico que coordine sus iniciativas y defienda sus derechos. Esta contradicción cristalizó en dos proyectos antagónicos.
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El proyecto del presidente James Monroe pretextaba reservar América para los americanos, para en la práctica someter el hemisferio a la hegemonía de Estados Unidos mediante la fuerza bruta y las organizaciones diplomáticas. Sus resultados han sido más de medio centenar de intervenciones armadas e infinidad de iniciativas para forzar el consenso de los dominados, desde la Unión Panamericana hasta la OEA, pasando por episodios como la Alianza para el Progreso y la fallida ALCA.
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El segundo proyecto, el de la soberana unión latinoamericana y caribeña, arranca con el Incanato de Miranda y el Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Bolívar, y revive en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Su vigencia crece mientras el prontuario criminal de la OEA se abulta con su flagrante complicidad con el Grupo de Lima y el golpe de Estado contra Bolivia. El ecuánime y ponderado presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propone disolverla y sustituirla por un organismo diferente, pero con la fatal participación de Estados Unidos, certificado de defunción de todo proyecto latinoamericanista. La CELAC, promovida por Chávez, cuya VI Cumbre culminó el 18 de septiembre en Ciudad de México con participación de 33 países, es el más inclusivo representante actual de Nuestra América Latinoamericana y Caribeña.
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La “Declaración de Ciudad de México” incluye 44 puntos. Muchos ratifican acuerdos anteriores, pero algunas reiteraciones son más que significativas. Los puntos 2 y 5 confirman la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, más pertinente que nunca hoy, cuando Estados Unidos y la OTAN operan en nuestros países más de seis decenas de bases militares que actúan como enclaves injerencistas, entre ellas la entregada en la reserva natural de Las Galápagos por Lenin Moreno. El punto 3 confirma el “respeto al Derecho Internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto de los derechos humanos”. Cuasi acusación contra Estados Unidos y otros países por sus reiteradas agresiones contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Nicaragua. El punto 29 insta a la devolución a Argentina de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
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El punto 14 “renueva el compromiso de impulsar políticas públicas y programas regionales que garanticen el acceso a la educación para todas las personas en nuestros países”, reconocimiento implícito a las ejemplares iniciativas en tal sentido desarrolladas entre otros países, por Venezuela.
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Nada une como el peligro. Los puntos del 7 al 13 pautan las políticas de cooperación necesarias para enfrentar la pandemia del Covid 19, requieren la accesibilidad universal y costeable a vacunas, equipos médicos y tratamientos, encomian los informes de la CEPAL y la FAO sobre los impactos del morbo en la economía y en la producción y consumo de alimentos. Son elogios indirectos para los países progresistas que a pesar de bloqueos económicos y sabotajes han controlado contagios y desarrollado vacunas propias, y críticas veladas a países donde la medicina es negocio especulativo para minorías y el mal reviste proporciones de hecatombe.
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El punto 20 “Reitera su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al derecho internacional, y reafirma su compromiso con la plena vigencia del Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”. Son 33 países, más de la mayoría de los del hemisferio, los que se pronuncian contra este brutal instrumento de agresión de Estados Unidos. Reiteramos la necesidad de que sea creada una organización de países víctimas de él.
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El punto 40 “Reafirma que el Problema Mundial de las Drogas es una responsabilidad común y compartida , que ha de abordarse de conformidad con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988”(…)”. Es clara alusión a Colombia, que según el informe de la UNODC produce 70% de la cocaína del mundo, y a Estados Unidos, que la ocupa militarmente y no por casualidad es el mayor consumidor de droga del planeta.
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En el debate recurren acuerdos contra la discriminación hacia minorías que por momentos y según el caso son verdaderas mayorías: mujeres, juventud, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes. Pero también los pobres, los excluidos, el Tercer Mundo, América Latina y el Caribe son expresiones de esas mayorías golpeadas que encuentran instrumentos como la CELAC para defenderse, descartando la tutela de instituciones como la OEA, impuestas y dirigidas por los opresores. Somos mayores de edad hace más de dos siglos: podemos decidir por nosotros mismos.
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Cierro estas líneas con la despedida al gran amigo Fermín Toro Jiménez, a quien Laila Tajeldine ya dedicó memorable artículo. Escribí en colaboración con Fermín el libro Las cadenas jurídicas de la Globalización, y a título personal emprendimos varias campañas en defensa de la soberanía, entre ellas una demanda ante el TSJ contra los Infames Tratados contra la Doble Tributación. El 17 de octubre de 2008 nos contestó la Sala Constitucional que para Venezuela “resulta imposible sostener una teoría de la inmunidad absoluta” contra sentencias de árbitros o tribunales extranjeros en materias de orden público interno. Pero la inmunidad de jurisdicción no es relativa, es principio fundamental, absoluto e irrenunciable reconocido en el artículo 1 de la Constitución, sin el cual no existen ni soberanía ni República. Así los funcionarios tachan con tinta lo que en la Independencia se ganó con sangre.
