La economía criminal viene haciendo estragos en Venezuela desde hace tiempo, consumándose fenómenos que afectan directamente a la población y a expensas de los ingresos públicos. El caso de las mafias de la gasolina es paradigmático pues las colas en todo el país han sido protagonistas en las calles y en las pantallas de teléfonos, televisores y demás medios de comunicación y propaganda, quizá con demasiado ahínco.

Pero la realidad sobrepasa toda expectativa, sobre todo si tomamos en cuenta que dichas mafias ya venían operando en las fronteras del país con el objetivo de contrabandear el combustible hacia Colombia (en parte, para el circuito de producción de cocaína) o hacia las Antillas caribeñas.

Recordemos que Venezuela tiene su propia capacidad de refinación tanto en propio territorio como en otras latitudes; por el bloqueo económico, financiero y comercial las instalaciones locales han sufrido de desfinanciamiento y la importación de aditivos ha sido una quimera debido a la dependencia infraestructural y tecnológica respecto a las compañías estadounidenses; además, el secuestro de Citgo solo ha dado dividendos a la camarilla pro-estadounidense representada por Juan Guaidó, dejando a su suerte al pueblo venezolano.

Por ello no debe sorprendernos el gesto de cierto regocijo y hasta alivio de la población al ver los resultados en torno al combate contra las mafias del combustible, ya que es un asunto que no solo repercute en quienes usan transporte particular sino también privado y público, y que además involucra al ecosistema de los sectores productivos del agro.

Esta agenda fue impulsada directamente por el presidente Nicolás Maduro, quien pidió de manera explícita al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, acelerar un plan de combate antimafioso en el rubro. Hasta ahora, se ha logrado desmantelar algunas redes de tráfico ilegal en distintos puntos del país en el marco de la llamada Operación «Mano de Hierro»:

• El 18 de enero fue anunciada la detención de tres venezolanos, uno de ellos trabajador de la Empresa Nacional de Transporte (Gerson Contreras Acuña), por el delito de contrabando de gasolina en el estado Táchira. Contreras, cuenta el ministro El Aissami, «conductor de las cisternas que transportan gasolina, desviaba este combustible a galeones ubicados en localidades fronterizas con Colombia para luego, en complicidad con autoridades del Gobierno de Colombia, pasar el combustible robado hacia ese país».

• El 19 de enero el ministro del Petróleo informó que la estación de servicio Blandín, en Chacao (Caracas), fue intervenida un día antes por el Estado por denuncias de que no estaban aceptando bolívares en efectivo para el surtido de combustible.
• El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó el 19 de enero a través de su cuenta Twitter que el Ministerio Público recibió 147 denuncias sobre irregularidades en estaciones de gasolina, a través de la línea 0800-FISCA-00 para recibir y procesar los casos respectivos. Saab indicó que “los estados con mayor número de llamadas al 0800 para denunciar irregularidades en las estaciones de servicio de gasolina son Zulia, Área Metropolitana de Caracas, Lara, Miranda y Bolívar”. Pero no solo allí, también en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, La Guaira, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. El Fiscal General asimismo informó que fueron «notificados a los fiscales superiores para que hicieran la revisión de cada uno de los casos».

• El 20 de enero, el mismo Fiscal General dio una rueda de prensa en la que informó la detención de otros dos conductores de la Empresa Nacional de Transporte por desviar 37 mil litros de combustible en el estado Apure. A Rey Sánchez y Rodolfo Paredes le fueron imputados los delitos de peculado doloso propio, contrabando agravado de combustible y asociación para delinquir, a partir de una investigación iniciada por el Ministerio Público el 27 de diciembre, tras recibir una denuncia de la Gerencia de Asuntos Legales del Distrito Apure de PDVSA, tras la pérdida de la carga de una gandola de gasolina premium, despachada desde la planta Mamporal para luego ser extraída del territorio nacional.
• Durante la misma alocución indicó la detención de Gerzo Contreras (secretario de reclamo del sindicato de la Empresa Nacional de Transporte PDVSA), Benito Herrera (conductor de la Empresa Nacional de Transporte La Fría), Eduardo Contreras y Kewin Villalobos por el desvío de una gandola de combustible en La Fría, estado Táchira, a quienes se les imputaron los delitos de contrabando agravado de combustible, asociación para delinquir, peculado de uso y obtención ilegal de lucro. Fue incautada una gandola que contenía 37 mil 500 litros de combustible, para un total de combustible incautado de 137 mil 500 litros aproximadamente. Saab precisó que el daño a la nación de estos desvíos alcanzó los 80 mil dólares.
• «En 48 horas, se recibieron 205 denuncias, de las cuales al menos 15 han servido para iniciar investigaciones penales, algunas de las cuales ya tienen detenidos», dijo el Fiscal ese día.
• Las autoridades también identificaron y detuvieron a una ciudadana, Anyelit Salas, y buscan a Félix Rincón, por la venta de cupos VIP a través de redes sociales para surtir gasolina «sin ningún tipo de cola por montos de 50 mil a 100 mil pesos colombianos o su equivalente en dólares [nota de MV: de 12 a 25 dólares]», explicó Saab.
• Durante la misma jornada el ministro El Aissami anunció que la Policía Nacional Bolivariana detuvo a ocho personas acusadas de robar combustible en la refinería El Palito, una de las mayores del país. El grupo delicuencial perforó un tubo matriz de un poliducto entre la refinería El Palito y el llenadero del estado Lara. Las autoridades incautaron dos vehículos, una bomba y una manguera. Posteriormente se informó que a los capturados les fueron decomisados 1 mil 500 litros de gasolina.

• En otro parte antimafia, el 26 de enero, el Fiscal General informó que las autoridades venezolanas habían recibido hasta la fecha 710 denuncias, se habían realizado 145 procedimientos y habían detenido a 32 personas.
• Detalló algunos de los casos, aunque esta vez no dio nombres: una ciudadana del estado Miranda, acusada de corrupción propia, y de un supervisor jefe de la policía del estado Bolívar, imputado de los cargos corrupción agravada, contrabando agravado y agavillamiento (asociación ilegal), quienes exigían pagos en dólares para surtir combustible en estaciones de servicio.
• Ya el 28 de enero se dio a conocer, por medio de un comunicado de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, la aprehensión de Carlos Rafael Vidal Bolívar, alcalde del municipio Independencia del estado Anzoátegui, imputado posteriormente por contrabando agravado de combustible y financiamiento al terrorismo, peculado doloso propio y asociación para delinquir. Además, también capturaron al fiscal superior del estado Bolívar, Manuel Junior Gil Da Silva; el comandante de la Tercera Compañía de la Guardia Nacional en Soledad (zona dentro de la población de Independencia), Antonio José Barrios González; la encargada de una estación de servicio en dicha localidad, Virginia María Azocar Guilarte; y los ciudadanos Luis Javier Corona Bolívar y Junior Enrique Nicolás Pérez.
• Douglas Rico, director del CICPC, publicó en su cuenta de Instagram el 29 de enero sobre la recuperación de 644 litros de combustible en la urbanización Santa Rosa, parroquia Cúa, municipio Rafael Urdaneta del estado Miranda. Tras vigilancia en la zona se conoció el modus operandi que utilizaban los ya detenidos Lucas Eduardo Santos Dos Ramos (46 años) y Cristian Adrián Pereira Tinoco (19 años) para obtener el combustible, quienes se dirigían a estaciones de servicio de la entidad donde se encontraba María Carolina Cipriani Artaya (detenida anteriormente) para abastecer dos vehículos varias veces. Dicha ciudadana, por cierto, sería pareja de Santos Dos Ramos.
• El 31 de enero, las autoridades venezolanas informaron las detenciones del fiscal superior del estado Delta Amacuro (este), Jorge Peña, y el trabajador de PDVSA Juan García Barragán, por tráfico ilícito de gasolina. Además, anunciaron que se detuvieron a seis fiscales en los estados Mérida, Bolívar y Delta Amacuro relacionados con actos de corrupción en torno a casos referidos.
• El 3 de febrero, en una nueva comparecencia para ofrecer el balance del Plan Antimafia, el fiscal general Saab dijo que se habían realizado más de 180 procedimientos judiciales con un saldo de 58 detenidos, imputados por estar involucrados en el desvío, cobro ilegal y contrabando de combustible. Incluyendo la captura del exalcalde del municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui, Daniel Haro Méndez, quien pertenecía a una banda delictiva que exigía a los usuarios «un pago único de 10 dólares, a cambio de surtir 30 litros de gasolina. No obstante, se utilizaba la huella del usuario, a través del sistema biométrico Patria, para registrar un consumo de 120 litros. La cantidad restante era desviada y almacenada en centros de acopio ilegales», explicó el funcionario.
• Importante acotar que Saab el Fiscal destacó que durante los últimos procedimientos policiales se desarticuló un grupo de delincuencia organizada dedicada al desvío y comercialización ilegal de gasolina, con intenciones de abastecer a grupos irregulares que se dedican a la minería ilegal, que estaba articulada con el referido exalcalde del municipio Independencia y los exfiscales superiores de Bolívar y Delta Amacuro.
• De manera extraoficial se conoció al cierre de esta nota, a través de la cuenta de Twitter del periodista de VTV Carlos Arellán, la detención del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 51 del estado Anzoátegui, G/D Marco Tulio Álvarez Reyes, detenido por contrabandear combustible.

Todos estos datos puestos en perspectiva dan señales inequívocas de que existe una operación dispuesta a investigar, desmantelar y proveer justicia contra las mafias de la gasolina que imperan en todos los puntos del país, «caiga quien caiga» de acuerdo a la consigna de los altos dirigentes del PSUV y del alto gobierno.

En efecto, los funcionarios públicos aprehendidos que accedieron a cargos de alcaldes en la pasadas megaelecciones de diciembre 2021 y que formaban parte del partido chavista fueron expulsados de la tolda y están siendo procesados, así como importantes oficiales militares a cargo de regiones extensas como el último de los casos mencionados.

La concordancia del Plan Antimafia con el discurso presidencial de las actualizadas 3R tiene un sentido aquí no solo de refrescamiento en las acciones de gobierno, sino que involucra una depuración, en el seno del PSUV y de instancias institucionales, de ripios, corruptelas y hierbas vinculadas de manera ilegal con otros sectores de economías criminales en Venezuela y en otras latitudes transfronterizas.

Para este combate se ha convocado a los diferentes sectores de la sociedad venezolana, sea chavista o no, para canalizar las denuncias y, así, tengan consecuencias reales ante una problemática que afecta a toda la nación.

Por último, se hace notar que, de acuerdo a las investigaciones oficiales, los casos brevemente reseñados no son hechos aislados, sino que, en su mayoría, forman (o formaban) parte de una red que involucra(ba) a funcionarios de baja, media y alta jerarquía, con extensiones en distintas entidades locales y regionales a lo largo y ancho del país.

Con estos golpes a las mafias del combustible la población venezolana está conociendo los nombres y rostros que han estado minando las capacidades del Estado para abastecer de manera satisfactoria a trabajadores y productores agrícolas de algo tan esencial en el mundo moderno como lo es la gasolina, tomando en cuenta de que somos un país petrolero. Es ahora el mismo Estado el que propone una solución al desangre: la conjunción pueblo-autoridades, fórmula que ha dado resultados favorables a la República en diferentes momentos de nuestra historia política.