Por Emilio Godoy

América Latina ha enfrentado este año sequías, olas de calor, tormentas intensas e inundaciones, mientras su avance en la lucha climática balbucea, en medio de la crisis energética desatada por la invasión rusa a Ucrania y los impactos aún presentes de la pandemia de covid.

Con ese contexto, llega la región a la 27 Conferencia de las Partes (COP27) sobre cambio climático que acogerá entre el 6 y el 18 de noviembre la ciudad balnearia de Sharm el Sheij, en el sur de Egipto, en una cumbre concentrada en las políticas climáticas, cumplidas, incumplidas y por cumplir.

En un baile de un paso adelante y dos para atrás, Argentina, Brasil, Colombia y México siguen encerrados en la dinámica fósil, a pesar de las urgencias climáticas por la descarbonización, mientras Chile presenta avances netos.

La insuficiencia ante el desafío caracteriza a las políticas de las primeras de esas naciones, según la plataforma independiente de análisis Monitor de la Acción Climática (CAT, en inglés).

En México, Arabel Ali, directora general de la no gubernamental Colima Sostenible, mostró a IPS su preocupación por el rumbo del país latinoamericano, entre los 15 mayores contaminadores planetarios y el segundo de la región, detrás de Brasil.

“Es el único país del G20 (el Grupo de los 20 países industriales y emergentes con mayores economías) que muestra metas regresivas. No ha habido aumento de la meta de mitigación”, argumentó.

Y añadió: “Cuando México no aumenta su ambición, va en contra del principio de progresividad del Acuerdo de París. Son siete u ocho acciones puntuales a favor de los combustibles fósiles y no vemos un plan de largo plazo de descarbonización”.

La política climática de México, reflejada en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, en inglés), es “altamente insuficiente”, según CAT.

 

México cuenta con un Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, pero carece de una meta de reducción de emisiones en 2050 y no tiene una estrategia nacional a mediano plazo.

Entre 1990 y 2019, las emisiones de México subieron 51 % y escalaron a 685 millones en ese último año, según la plataforma independiente Transparencia Climática.

Sus medidas ampliarían las emanaciones en 65% en comparación con 1990, hasta unos 757 millones de toneladas. El nivel acorde con el Acuerdo de París debería ser de 399 millones.

Las políticas profósiles del presidente Andrés Manuel López Obrador colisionan con la lucha climática, acusan organizaciones ambientalistas. Un tribunal anuló la NDC de 2020, por su inconsistencia con el Acuerdo de París, aprobado en la COP21 de 2015 y en vigor desde noviembre de 2016.

El gobierno mexicano anunció el pasado 29 de octubre una reducción de 30 % para  2030 en las emanaciones de díóxido de carbono (CO2), gas generado por la actividad humana que es el mayor responsable del recalentamiento planetario.

Las NDC son compromisos voluntarios, pero suponen una parte medular del Acuerdo de París, sobre las que pivota la meta de limitar el incremento de la temperatura a 1,5 grados Celsius, considerada la mínima e indispensable contención  para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, en consecuencia, humanas.

En ellas, las naciones deben establecer sus metas para 2030 y 2050 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tomando como línea base un año especifico, la forma de conseguir esas metas, el año pico de sus emanaciones y cuándo lograrían las cero emisiones netas, vale decir absorber tantos gases como los que lancen a la atmósfera.

La cumbre, organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se enfocará en las políticas desarrolladas y por desarrollar para lograr esos objetivos.

En la COP27 se abordarán asuntos como el financiamiento climático, políticas de adaptación, el esquema de pérdidas y daños por los efectos de la crisis climática y los avances en la transición energética.

“Muestren el dinero”, reza un cartel crítico sobre el insuficiente financiamiento climático por parte de los países de Norte, en una de las protestas durante la anterior cumbre climática, en la ciudad escocesa de Glasgow. La sociedad civil tendrá dificultades para expresarse en la COP27, en Sharm el Sheij, porque Egipto, el país anfitrión, anunció controles estrictos del activismo climático.

Hasta la fecha, 192 signatarios del Acuerdo de París han presentado sus NDC a la CMNUCC.

Hasta septiembre, 139 naciones habían enviado a la CMNUCC, con sede en Bonn, sus políticas climáticas nuevas o actualizadas. Pero sus metas representan solo 7 % de recorte contaminante, en comparación con los niveles de 2019.

Se trata de un nivel muy alejado del objetivo de 43 % necesario, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un colectivo independiente de científicos bajo el paraguas de la ONU, destinado a impulsar el control de la subida de la temperatura.

Extraviados

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay han presentado sus planes actualizados de adaptación.

Desde enero de 2019, cuando el ya presidente saliente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, asumió la Presidencia, Brasil ha registrado un retroceso, especialmente en la protección de la Amazonia.

Ahora, la expectativa radica en el futuro gobierno, a partir del 1 de enero, del izquierdista presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, que se ha comprometido a dar prioridad a la política climática y la defensa de la Amazonía.

Desde 2019 “lo que pasa en Brasil es el impact de un gobierno antiambiental y negacionista climático. Esto se puede ver en la deforestación de la Amazonía, la principal fuente de gases de efecto invernadero”, señaló desde Río de Janeiro, Marilia Closs, coordinadora de proyectos de la plataforma no gubernamental Cipo.

Para esta especialista, lo que se ha vivido durante el cuatrienio de Bolsonaro, “es un desmontaje de las instituciones ambientales”.

La NDC brasileña expandiría las emisiones en 58 %, frente a 1990, a unos 962 millones de toneladas, cuando el nivel requerido sería de 668 millones.

Sin incluir el cambio de uso de suelo (deforestación), la contaminación creció 82 % entre 1990 y 2019, año en el cual totalizó 1 110 toneladas, la mayoría proveniente del sector energético y la agricultura.

El país más extenso y con la mayor economía de la región ejecuta el plan AdaptaBrasil y tiene una meta de carbono neutro para 2050, cuando las emisiones retiradas de la atmósfera igualan al volumen emitido.

Pero, en contradicción, impulsa una mayor explotación de petróleo y gas, por razones económicas y para compensar la sequía que afecta a las plantas hidroeléctricas, en lugar de priorizar su potencial de energías solar y eólica.

Argentina también tiene desviada la brújula climática, con una política “altamente insuficiente”, según CAT.

Explotación petrolera en la Amazonía.

Las emisiones argentinas subieron 52 % entre 1990 y 2018, hasta 326 millones de toneladas, originadas principalmente por la generación y uso de energía; la ganadería y la siembra de soja.

La meta climática equivaldría al aumento de 34 % de emisiones en comparación con 1990, unas 349 toneladas. Para contribuir a controlar el recalentamiento global en 1,5 grados, esa disminución debería totalizar 213 toneladas.

El país centra su estrategia energética en los combustibles fósiles, como el relanzamiento de la construcción de un gasoducto entre el campo gasífero Vaca Muerta, en el occidente del país, y la red nacional de gas y el inicio de la exploración petrolera marina frente a la costa de la capital, Buenos Aires.

Con la aspiración oficial del carbono neutralidad en 2050, Argentina presentó el martes 1 de noviembre su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que contiene seis estrategias y 250 acciones.

Mientras, Chile parece caminar en una ruta ambiciosa, aunque su NDC sea aún “insuficiente” para CAT.

Las proyecciones chilenas tienden a la baja, las emanaciones coronarían en 2025 y la nación andina rebasaría su meta de reducción de 2030. Planea la clausura de 11 plantas termoeléctricas de carbón en 2024 y al año siguiente un total de 25 cerrarían o serían modernizadas para quemar gas o biomasa.

Apuntalado en la Ley de Eficiencia Energética, de 2021, y la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, Chile busca construir una capacidad instalada de cinco gigavatios en 2025, producir el gas más económico en 2030 y figurar entre los tres principales exportadores en 2040.

A contrarreloj

A la mexicana Ali le aterra el futuro parido por la inacción y, por ello, busca movilizar a la juventud del país.

“Vamos a analizar a dónde nos lleva (la NDC) y vemos muchas áreas de oportunidad. Ante la COP 27, hacen alardeo climático y que suene bonito. Faltan herramientas legales y fortalecer las existentes. Queremos despertar el ardor juvenil”, sostuvo.

En Brasil, la esperanza se llama Lula y cuyos primeros pasos serían el combate a la deforestación legal e ilegal, la reconversión de la estatal Petrobras en una empresa de energía, alejada de los fósiles, y una transición energética justa.

Deforestación en la Amazonía.

En Egipto, Brasil ya no sería el villano climático de las cumbres de Madrid en 2019 y Glasgow en 2021.

“El mensaje sería que Brasil va a cambiar su posición en el mundo y reconstruiría su política exterior, para recuperar el liderazgo de América Latina. Esto es importante para revitalizar las negociaciones, debe tener el clima en su política exterior”, previó Closs, antes de enfilar hacia la COP27.

Desde Bogotá, Jessica Arias, investigadora de Transición Energética de la no gubernamental Transforma, consideró que para su país y para la región la clave está en lo que denomina como una transición justa.

Ella “debe fomentar la descabonización, apoyar la regulación efectiva, reparar daños ambientales y garantizar procesos de planificación inclusiva y transparente”, planteó la activista, cuya organización diseña una hoja de ruta de la transición.

FUENTE CRONICON

5 noviembre, 2022