Por Simón Rubiños Cea y Sergio Pascual

El pasado viernes 15 de marzo, Gustavo Petro, en una alocución pública a sus seguidores en Cali con motivo de la movilización por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, abrió la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente: “El Gobierno no puede aplicar la Constitución porque lo rodean y le impiden aplicarla. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente (…) La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones”. Petro dejó claro que había sido elegido “para cambiar a Colombia”, y presentó el discurso como un parteaguas de su Legislatura. Asumió que fue “un error” introducir a los sectores centristas en el Gobierno, de quienes «ingenuamente» pensó que colaborarían, pero que en la práctica actuaron contra las propuestas transformadoras del Ejecutivo.

La propuesta se realiza en un contexto de sistemático bloqueo de las instituciones colombianas controladas por la oposición, principalmente el Parlamento y la Justicia. Así, desde la Corte Suprema de Justicia se ha bloqueado durante meses la elección del fiscal general de la República; desde el   Consejo de Estado se destituyó a senadores clave del Pacto Histórico, como César Pachón, Roy Barreras y Alexander López; la misma entidad falló en contra de la elección de María José Pizarro como vicepresidenta del Senado; y en el Congreso destaca el rol obstruccionista de los Partidos Conservador, Partido de la U y parte del Partido Liberal. Amparados bajo su estatuto de “independientes” han utilizado sus senadores para estirar los debates y obstaculizar los ejes centrales de las principales reformas propuestas por Petro. Destacamos las tres principales:

La reforma pensional, que busca volver complementarios el régimen de reparto y de capitalización individual. Esta reforma se encuentra en el segundo debate (de los cuatro que deben darse), estando en disputa el umbral que marca el límite entre ambos sistemas. El Gobierno señala que deben ser 3 salarios mínimos, mientras que la oposición apuesta por 1,5. Este umbral haría ineficaz la reforma, ya que sería un porcentaje exiguo de la población el que entraría en el régimen de reparto y, así, las AFP -gestores privados de pensiones- mantendrían la mayor parte de los recursos del sistema.

La reforma de Salud está en el tercer debate (de cuatro) en el Senado, donde es probable que se archive a pesar de haber sido discutida en la Cámara de Representantes y con los principales actores del sector. Esta reforma plantea un cambio profundo, pues elimina la intermediación de recursos -hoy en manos de prestadoras privadas- y apuesta por nacionalizar el sistema, arraigarlo en el territorio y darle a la salud un modelo preventivo en lugar de reactivo.

Finalmente, la reforma laboral, que busca restituir garantías laborales perdidas en los últimos años. Esta reforma aún se encuentra en el primer debate (de cuatro).

La propuesta de Constituyente de Gustavo Petro inmediatamente abrió un debate nacional sobre esta posibilidad. La derecha política y mediática se lanzó a acusar a Petro de querer reformar la Constitución para perpetuarse y de querer pervertir la Constitución del 91, una constitución apreciada por la mayoría de los colombianos y colombianas.

El 18 de marzo Gustavo Petro intervino de nuevo en el debate, esta vez desde X (ex Twitter), señalando a los poderes constituidos y haciendo constar, entre otras cosas, que:

«El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la Constitución del 91 ni para perpetuarme en el poder».

«Proponemos que se discuta en este proceso constituyente:

El cumplimiento del Acuerdo de Paz, que supone: a) una reforma agraria, b) la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y c) la verdad como eje de la justicia.

•  Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: agua potable, salud, y renta para la población más vieja.
•  Recuperar los objetivos de la Constitución del 91, contrarreformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
•  Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía
•  Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
•  Cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial (…). El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante

Separar la política de la financiación privada.

Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia.»

Como parte del proceso constituyente, Petro ha propuesto un itinerario de construcción de redes de apoyo popular a la iniciativa y ha propuesto “la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía”.

El procedimiento constituyente en la Constitución colombiana

El artículo 376 de la Constitución establece que se podrá convocar una consulta constituyente “mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara”. Dicha consulta deberá aprobarse por “al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral”.

Eventualmente, el presidente Petro podría invocar el artículo 104 de la Constitución para proponer una consulta no vinculante. Para lograrlo se requiere “la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República”.

En ambos casos la principal dificultad para Petro es lograr las mayorías en el Congreso -particularmente en el Senado-. Esta dificultad es la que explica que su itinerario constituyente esté íntimamente ligado a la movilización popular y ciudadana como mecanismo de presión a los senadores electos por el territorio, ya que para lograr sacar adelante esta propuesta constituyente Petro tendría que sumar al menos 20 senadores a su grupo de 35, y al menos a 26 representantes (Cámara Baja). El partido clave para acercar estas mayorías es el Partido Liberal Colombiano, un partido que actualmente se encuentra dividido entre los seguidores del expresidente César Gaviria y los de Gustavo Petro.

FUENTE. REBELION

22 marzo, 2024