La privatización como axioma de más eficiencia y como asignador óptimo de recursos frente a lo público, se encuentra de vuelta en Venezuela. Y resulta curioso pues este impasse estaba saldado. Constitucionalmente, tenemos un modelo mixto que no niega ninguna forma de propiedad -incluida la privada- mientras el Estado se reserva el derecho último sobre los recursos naturales.
La condición de propietario soberano de la renta petrolera está siendo desensamblada por agentes globalistas internos y externos, utilizando premisas liberales contra el malogrado Estado Social, supuesto mal administrador de activos. Tales premisas son: superioridad tecnocrática de la libre empresa y la ética y la epistémica de los capitalistas. Ellos atacan nuestra condición jurídica y geopolítica singular, amarrada a la soberanía sobre nuestros recursos. Somos sus dueños y los amos del mundo eso no lo perdonan.
Para los liberales, que responden a las fuerzas del mercado, la privatización se da en un ambiente económico propicio: propiedad privada en desmedro de cualquier otra, un sistema fiscal benévolo y una legalidad que garantice y proteja el valor de los pretensos nuevos dueños de la economía.
Los anglosionistas posicionan el ingreso petrolero amarrado al gasto público petrolero (rentismo), la crisis de la abundancia y la enfermedad holandesa (sobre el tipo de cambio) como supuestos males. Contribuyen además a la merma de la producción petrolera, con dos objetivos: quitarle potencia al Estado Social y de Justicia y justificar el cambio del modelo de desarrollo alternativo, opuesto a la globalización neoliberal.
Globalistas internos satanizan la renta y nuestra condición de Estado terrateniente petrolero. Dicen que los ingresos provenientes de la producción y exportación del petróleo no son el resultado del trabajo productivo (A. Baptista), tratando de convencernos de renunciar a éstos en favor del capital internacional, convirtiéndonos en simples recaudadores de impuestos.
Insisten en el dilema entre impuesto o renta. Exigen la apertura a las inversiones, privatización y cobro de impuestos cumpliendo con lo mínimo social, mientras colocan la renta como obstrucción al desarrollo y diversificación de la economía, obviando la falta de control en la entrega de divisas y un sistema de justicia probo. No se puede ser terrateniente petrolero según la Ley Bolivariana de minas de 1829 y anti-rentistas a la vez. Es una contradicción en sí misma.
Negar nuestra condición de propietario soberano de la tierra y la renta, secando los recursos que la sustentan para cumplir con sus fines, pone en peligro la Constitución garantista y, en consecuencia, deben activarse los dispositivos de autoprotección constitucional para evitar la captura total del planeta y de lo humano. Resistirnos a los planes privatizadores infértiles y negadores de nuestra soberanía, es defender al Pueblo, la Constitución y a Chávez.
