La proximidad de la II Guerra Mundial sirvió de contexto a EE.UU. para adelantar su estrategia integradora en el continente; que si bien no contenía la férula de seguridad impuesta a Centroamérica y el Caribe desde comienzos del siglo XX: con ocupaciones militares, controles arancelarios, disolución de ejércitos nacionales y montaje por otro bajo control USA; es decir, la conversión progresiva de protectorados norteamericanos. Ese esquema de dominación imperial no era posible en Sudamérica, se requería de una nueva cobertura ajustada al panamericanismo. La pretensión era clausurar los compromisos militares con Europa y, adelantar las misiones militares, con indefinición temporal y amplias inmunidades diplomáticas para facilitar las tareas imperiales. El señuelo era proponer la “defensa de la paz”, con carácter multilateral y abrir espacios para los países del hemisferio, bajo mando militar estadounidense.
La política de F.D Roosevelt al estallar la guerra le dio campo abierto en América Latina, en 1938 para sus acciones de adscripción militar a sus designios. El Jefe del Pentágono George Marshall describía los compromisos así: acceso amplio y seguro a materias primas estratégicas, liquidar las asesorías extranjeras y ocupar lugares geopolíticos clave. Ya en la reunión interamericana en la Habana (1940) los gobiernos latinoamericanos fueron entubados como capitis diminutio al control ideológico- político de EE.UU., y servian a sus intereses estratégico militares. No se acuerda el combate directo al nazismo alemán lo cual deja el campo abierto, como arma de doble filo, para desplegar su anticomunismo en la Guerra fría, como “enemigo estratégico”.
La creación de la Junta Interamericana de Defensa (1942) es un paso de siete leguas con el fin de coordinar las políticas de defensa del hemisferio, su sede es Washington y bajo dirección estadounidense, quedaba expedito el rumbo para establecer acuerdos en misiones y bases militares. Se aprobó sin mayor dificultad, solo reclamos por sesión de soberanía por parte de Argentina, Brasil, Chile y Panamá, con la anuencia de los dictadores pro-USA, y otros como Venezuela se doblegaron dócilmente, sin estridencias y rubor alguno. Todo iba viento en popa favorable al deseo de domesticación militar en la región de la “era rusveltiana”: se modelaban los gobiernos latinoamericanos al mejor estilo de los “son of a bitch” preferidos por el Presidente y su Secretario Cordell Hull. Ese es el piso político donde se da el Tratado de Rio de Janeiro (TIAR) -2 de septiembre de 1947- cerrando así el circuito de la subordinación militar latinoamericana; y con ella, la coordinación de la política militar y los ejercicios y entrenamientos militares de la Escuela de las Américas para disciplinar los ejércitos de la región y reproducir los planes estratégicos –de Seguridad y defensa- de EE.UU. en la dominación de América Latina y el Caribe. Una suerte de protectorados militares en la línea “made in USA”.
En Venezuela gobernaba entonces Rómulo Betancourt (1945-1948), comprometió al país en una alianza con EE.UU. que implicaba cesión de soberanía y nos alineaba a la tesis del “enemigo estratégico” y, en tiempos de la Guerra Fría, en el creciente enfrentamiento a la URSS y China. Aparejado a ello nos trajo la misión militar estadounidense. Además, promovía la tesis de la intervención multilateral – que tanto le complacía en su servicio pro-imperial- con la que se excusaba en el apoyo a cualquier injerencia norteamericana en los países de la región. Por ello, en 1963 en su segundo gobierno, encubría sigilosamente la Operación América, invasión militar estadounidense proyectada sobre Venezuela ante una eventual interrupción de los comicios en diciembre de 1963.
La Derecha Lacayuna y la Resurrección del TIAR
En el intento de entregar el país a cualquier costo a los intereses de EE.UU, el diputado en desacato Guaidó –como toda la Asamblea nacional- anunció el 7 de mayo –no en su acostumbrado gagueo parlante, sino a través de un twitter- que se aprobaría el retorno de Venezuela al TIAR, en la búsqueda de “fortalecer la cooperación con los 17 países miembros del continente y aumentar las presiones “contra el gobierno de Nicolás Maduro”. Y subraya “tenemos el legítimo derecho de construir las capacidades y alianzas internacionales. . . para proteger y defender al pueblo y nuestra soberanía” y remata “para conquistar el cambio”. Esa es la opción que tomaron, pues, el intento de manipular aviesamente la Constitución Bolivariana (art.187, numeral 11) para una intervención militar, por esa vía no procede. Falsa interpretación jurídica para su bastardo propósito.
En primer lugar, se trata de cumplir con las directrices dadas por el Jefe del Comando Sur de EE.UU, Criag Fallen, quien ya había anunciado esa posibilidad para que él pudiera actuar sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, en connivencia con los gobiernos latinoamericanos y caribeños que prohíjan esa iniciativa intervencionista, poder abatir el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Y, también, el agente de EE.UU. comisionado para Venezuela en la gestión para “el cambio”, Elliot Abrams, muy conocido por sus planes genocidas en Centroamérica, por haber planificado y dirigido las operaciones en la “masacre de Mozote” en el Salvador. Ha expresado que “el TIAR es mucho más amplio “que un tratado militar”, e implica “. . . acciones en común, pero pueden ser (medidas) económicas, sanciones.” Lo que indica que esas acciones imperiales ya EE.UU y la oposición han venido aplicándolas en el país.
Así las cosas, vemos el origen e interés en resucitar ese muerto de donde viene, pues, el servilismo de la derecha sigue paso a paso lo trazado por el imperialismo. Sin embargo, en su descomunal ignorancia el presidente de la espuria Asamblea Nacional y sus seguidores, parece que no saben la línea histórica de desaciertos del TIAR y la actuación desmedida de su uso y abuso por parte de EE.UU. Desde la intervención a Guatemala, en el derrocamiento del gobierno democrático y constitucional de Jacobo Arbenz, en Guatemala (1954), hasta el desplome de TIAR en 1982, en el caso de las Islas Malvinas. Cuando Alexander Haig, Secretario de Estado EE.UU, dejó en la estacada a la organización, vacilando en alinearse con América Latina que acompañaba a Argentina en su reclamo y recuperación territorial sobre el archipiélago y, el diplomático estadounidense dio su apoyo al Reino Unido. Significaba una dejación de su membresía. Es decir, la reciprocidad que esperaba Argentina ante la agresión militar de un Estado contra un aliado americano, dejaba en entredicho la posición y fiabilidad del tratado ante la posición estadounidense, en beneficio de Inglaterra y la OTAN. Ello significó el derrumbe del TIAR. Venezuela en rescate de su soberanía militar denunció y se retiró en 2012 del tratado, junto con Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Así que la pretensión de la derecha cipaya de reinsertarse en ese mecanismo de integración militar, es inconstitucional e impone una cesión de soberanía con las implicaciones que ello comporta para el estamento militar Bolivariano, hoy en plena unidad estratégica en Unión Pueblo-Fuerza Armada.
