El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su enérgico rechazo a la calumniosa inclusión de la República de Cuba en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos referida a países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, hecha pública el 13 de mayo de 2020, que fue contundentemente rechazada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Se trata de un listado unilateral y arbitrario, sin fundamento, autoridad o respaldo internacional alguno y que, como se sabe, solo sirve a propósitos de difamación y coerción contra países que se niegan a acatar la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en sus decisiones soberanas.
El principal argumento utilizado por el gobierno de los Estados Unidos fue la presencia en el territorio nacional cubano de miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
Como es ampliamente conocido, la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia está en nuestro territorio porque, en virtud del abandono repentino de Ecuador de su condición de sede y a solicitud del gobierno colombiano y del ELN, el proceso de paz se trasladó a La Habana en mayo del 2018.
Este diálogo de paz había comenzado el 7 de febrero del 2017 en Quito. Cuba, junto a Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Noruega, ha fungido como Garante del proceso de paz, por petición de las partes.
A partir de la llegada del Sr. Iván Duque Márquez a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto del 2018, representantes de ese gobierno sostuvieron, desde el 8 de agosto de ese año, hasta enero del 2019, varios intercambios con Cuba y con la delegación de paz del ELN con el propósito de continuar los diálogos que habían comenzado durante el mandato del Presidente Santos, proceso en el cual nuestro país actuó con la debida discreción y riguroso acatamiento de su papel de garante.
Tras el atentado en la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá, del 17 de enero de 2019, el Presidente de la República de Cuba y el Ministro de Relaciones Exteriores expresaron de inmediato sus condolencias al gobierno y pueblo colombianos, en particular a los familiares de las víctimas del atentado, y reiteraron la firme posición de nuestro país de rechazo y condena a todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones.
El gobierno colombiano tomó entonces acciones políticas y legales contra la delegación de paz del ELN que se encontraba en territorio cubano y rompió el diálogo de paz. Adicionalmente, decidió desconocer el Protocolo de Ruptura, en franco abandono y quiebre de los compromisos adquiridos por ese Estado con otras seis naciones firmantes del mismo.
El Protocolo de Ruptura se firmó en el marco de las negociaciones de paz por el Gobierno de Colombia, el ELN y los países Garantes, el 5 de abril de 2016. En él se establece el regreso seguro de la delegación guerrillera a Colombia en caso de romperse el diálogo.
El gobierno cubano sostuvo y sostiene hoy que lo que corresponde, según los documentos acordados, es la aplicación del Protocolo. Esta postura, respaldada ampliamente por la comunidad internacional y sectores comprometidos con la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado colombiano, es una práctica universal reconocida y ratificada reiteradamente por apegarse al Derecho Internacional y a los compromisos del País Garante y Sede de los diálogos. Debido a la no aplicación de este Protocolo, es que aún permanecen en el país los miembros de la delegación de paz del ELN.
El gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones hostiles contra Cuba, que incluyen declaraciones públicas, amenazas y emplazamientos, mediante la manipulación, ingrata y políticamente motivada, de nuestra inobjetable contribución a la paz en Colombia. Entre estas acciones, se registró la modificación de la postura histórica de Colombia de apoyo a la Resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas en demanda del fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos que provoca daños y sufrimiento al pueblo cubano. Esta acción cambió ostensiblemente la posición consistente e invariable de todos los gobiernos colombianos desde 1992.
El mismo día que EE.UU. anunció la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, el Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, Sr. Miguel Ceballos Arévalo declaró públicamente que la decisión del Departamento de Estado de incluir a la isla era un “espaldarazo” al Gobierno de Colombia y a su “insistente solicitud” para que Cuba le entregara a los miembros de la delegación de paz del ELN.
Estas declaraciones del Sr. Ceballos han sido criticadas en Colombia por amplios sectores comprometidos con la paz y varios políticos colombianos han demandado del gobierno una explicación sobre las mismas y acerca del desconocimiento del Protocolo de Ruptura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza, en términos enérgicos, las declaraciones del alto funcionario colombiano.
Lo que se desprende de los comentarios del Alto Comisionado para la Paz es que la conducta del gobierno de Colombia ha servido y facilitado los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra nuestra Nación y que ha brindado su “espaldarazo” a las infamias estadounidenses contra una nación de América Latina y el Caribe.
La presencia de representantes del ELN en nuestro territorio, en la que descansa la acusación estadounidense, no es más que un pretexto endeble y deshonesto, carente de sentido y facilitado por la actitud ingrata del gobierno de Colombia, si es que algún crédito merecen las declaraciones del Sr. Ceballos.
En cualquier caso y aún con esa supuesta ayuda del gobierno de Colombia, la acusación de los Estados Unidos es totalmente infundada. Existen evidencias concretas, algunas de ellas muy recientes, de nuestra colaboración bilateral con los Estados Unidos en el combate contra el terrorismo y en esfuerzos conjuntos de aplicación y cumplimiento de la ley, en acciones de particular interés para este, lo que convierte la calificación anunciada por el Departamento de Estado en un acto deliberado de distorsión de la verdad.
Debe recordarse que Cuba es un país que ha sido víctima de numerosos actos terroristas organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos, por parte de grupos e individuos que han disfrutado allí de tolerancia y protección gubernamental, realidad que es de dominio público. Fue víctima también, en el pasado, del terrorismo de Estado perpetrado directamente por el gobierno de los Estados Unidos, que actuó en ocasiones en contubernio con el crimen organizado de ese país. Por acciones de este tipo han muerto 3478 cubanos y 2099 sufren o han sufrido algún tipo de discapacidad.
El pasado 30 de abril, nuestra Embajada en los Estados Unidos fue objeto de una agresión terrorista. El gobierno estadounidense mantiene desde entonces un silencio cómplice, sin condenar o siquiera rechazar el hecho, y se abstiene de tomar acciones contra personas y grupos terroristas radicados en territorio estadounidense que incitan a la violencia contra Cuba y sus instituciones.
Como consecuencia, tras el atentado terrorista contra nuestra Misión Diplomática en Washington, se han producido amenazas contra la integridad de diplomáticos y Embajadas cubanas en los propios Estados Unidos, así como en México, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Canadá, Chipre, Austria y Angola, todo lo cual se ha informado a los respectivos gobiernos.
La actitud de manifiesta complicidad del gobierno de los Estados Unidos conlleva el peligro de ser asumida como un endoso al terrorismo. Es consecuente con la intensificación de la política de agresión e instigación a la violencia contra Cuba, llevada incluso a los países donde labora personal cubano de la salud en programas bilaterales de cooperación.
El compromiso de nuestra Nación con la actuación enérgica y la condena del terrorismo está recogido en la Constitución. Es absoluto y categórico contra cualquiera de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado, y está respaldado por la debida legislación. Existen sobradas razones para dudar de que el gobierno de los Estados Unidos pueda emitir una afirmación tan categórica sobre su posición frente al terrorismo.
Cuba ha mantenido de manera invariable su apoyo a la paz de Colombia y ha trabajado desde su condición de Garante en la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), a pesar de que el Gobierno colombiano no ha garantizado la protección de dicho Acuerdo y no ha asegurado su estricto cumplimiento.
Como se ha planteado por vías diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita al gobierno de Colombia conocer cuál es su postura sobre la condición de los Garantes en el proceso de Paz de Colombia, en particular el de Cuba.
Igualmente, requiere conocer cuál es la posición del gobierno sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la FARC-EP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores insta al Gobierno de Colombia a que declare su posición oficial acerca de las razones que le atañen para la inclusión de Cuba en la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y aclare cuál fue el papel y la postura de sus funcionarios en los intercambios previos realizados con los Estados Unidos al respecto.
Como país que ha sido víctima del terrorismo, Cuba deplora toda manifestación de manipulación y oportunismo político al tratar un asunto tan sensible.
