Rubén Martínez Moreno / Isidro López

El capitalismo global ya no tiene para todos. La crisis actual ha acelerado las posiciones de China y Estados Unidos por el control del capitalismo, perfiladas antes de la pandemia. El principal conflicto abierto a escala planetaria es, en primera instancia, entre fuerzas capitalistas. ¿Cuánto puede durar esta situación de desorganización por arriba? ¿Qué nuevo Pacto Social o New Deal puede surgir realmente? ¿Por qué brechas se puede colar el conflicto abajo-arriba? En una primera entrega situamos la pugna entre China y EE.UU. por tomar posición, pero ¿y la europea? ¿Qué papel juega la Unión Europea?

Si ha de medirse con China o EE.UU. como primera potencia industrial o como polo financiero dominante, la UE no tiene hoy ninguna posibilidad. China es el mayor productor industrial y manufacturero del planeta, así como principal proveedor en sectores tecnológicos punteros. En lo que llevamos de crisis global del covid, este liderazgo de China en la producción no ha dejado de consolidarse. Un tercio de sus exportaciones son de ensamblaje, tomando una posición clave en las cadenas globales de valor. Sus mayores mercados de exportación son EE.UU. y Europa. En el mercado de valores, China sigue detrás de Estados Unidos. El dólar es la mayor fuente de liquidez global y la principal referencia para contratos financieros y comerciales. También persevera como primera potencia en los flujos de divisas y en designación de préstamos bancarios y emisiones de deudas. Un 65% de los activos de reserva de los bancos centrales del mundo están denominados en dólares.

Frente al control chino de la producción y el dominio de las finanzas por el dólar, a Europa no le queda más posibilidad para encontrar posiciones de ventaja comparativa que recurrir a su antigua función como “faro civilizatorio” global. Función solo sostenible desde una perspectiva eurocéntrica, por otro lado. La UE interpreta la coyuntura mundial como una oportunidad para modernizar su economía y reorientarse “hacia un futuro justo y sostenible”. Su apuesta es convertirse en el primer continente neutral para el clima en 2050 y, por el camino, en la potencia verde terráquea que sirve de luz moral al mundo. Este relato cuenta con algunos adeptos. En su libro El Green New Deal Global, Jeremy Rifkin hace un análisis elogioso de la trayectoria europea por ser puntera en “la Tercera Revolución Industrial de carbono cero”. Sin embargo, los datos muestran un escenario diferente. La propia Comisión Europea reconoce que desde 2015 padece un estancamiento en la reducción de gases de efecto invernadero. No es el principal escollo para su agenda. China es líder mundial en áreas como la creación e instalación de tecnología solar y eólica y entre 2015-2018 fue responsable del 30% de toda la inversión global en renovables. Solo en 2017, China dedicó 133.000 millones de dólares a energías renovables.

Así las cosas, la UE ha lanzado un plan a largo plazo para ganar posiciones en sectores estratégicos del capitalismo verde. Pero para entender el European Green Deal, antes es preciso recordar qué es la UE. Su trayectoria y la última crisis, que solidificó las desigualdades territoriales y el papel del Banco Central Europeo (BCE), explican parte de la ecuación.

La UE: el proyecto más acabado del neoliberalismo

La UE no es una unidad económica simétrica e integrada regionalmente. La formación de la unión monetaria provocó una mayor especialización económica de sus territorios y numerosas regiones pasaron a ser un desierto industrial. La división continental del trabajo concentró la industria en el “bloque alemán” (Alemania, Austria, Finlandia y algunos países de Europa central) y desindustrializó grandes áreas de Europa del sur. Las economías del norte se han especializado en la producción de bienes de alta calidad y alto valor añadido, incluyendo bienes de capital en Alemania. Las economías mediterráneas han tendido a especializarse en productos agrícolas o en servicios como el turismo y en producir bienes de consumo de calidad media a bajo coste. En el caso español, la especialización se ha centrado en la vía financiero-inmobiliaria. Las burbujas inmobiliarias han llegado a recomponer el sustrato de las clases medias antes por los precios de sus activos que por sus posiciones salariales.

Desde los 2000, China, Rusia, Brasil e India han proporcionado nuevos mercados para el “bloque alemán”, despuntando como competidoras del sur europeo. A su vez, tras los procesos de transición democrática en Europa del este, con modelos de crecimiento basados en mano de obra barata y tasas impositivas reducidas, el sur europeo se ha enfrentado a nuevos competidores en sectores donde tenía ventajas en la producción a bajo coste. Estas dinámicas internas y externas a la geografía europea han ido asentando la división centro-periferia, delimitando dos velocidades en la eurozona. El proceso de división continental del trabajo ha facilitado ventajas comparativas en los sectores más rentables para Alemania, que ha abaratado costes con la reducción de salarios y el trabajo migrante.

La anterior crisis incrementó estas desigualdades, reforzando la asimetría de poder entre países acreedores y deudores. Grecia, Irlanda, Portugal y España recibieron los mayores impactos. España mantiene una posición subalterna en la jerarquía continental como país deficitario y deudor. Las políticas monetaristas, el arbitraje del BCE o la imposición de una agenda anti-inflacionaria, son muestra y mecanismo de esa subalternidad. El euro, para los Estados del sur, funciona como un patrón oro. La moneda única ha reforzado al capital alemán en el mercado interno europeo, evitando que los capitales de la periferia puedan competir. Las instituciones para proveer fondos a las periferias, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones, no han contrarrestado al gigante alemán.

Dicho en corto, la UE es el proyecto más acabado del neoliberalismo. No solo mantiene sumiso al sur y reproduce asimetrías entre territorios mediadas por el BCE –un gobierno económico que imprime su presupuesto según le convenga– sino que desplaza las funciones de bienestar hacia abajo. Los gobiernos locales del sur ya se vieron forzados a responder a la precariedad y al recorte en servicios de bienestar gestionados por otras esferas de gobierno. El nuevo ciclo de crisis volverá a sobreexponer a los ya ahogados sistemas de bienestar local.

La UE es una arquitectura institucional cimentada en torno al monetarismo. La gran paradoja es que su signo de distinción frente al resto de grandes economías mundiales es presentarse como el proyecto más progresista. El European Green New Deal se integra en esa trayectoria europea, presentándose como la vanguardia mundial en la respuesta al cambio climático.

El European Green Deal

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó en octubre de 2018 su informe especial sobre las repercusiones de un calentamiento global. El IPCC advertía que, si continúa aumentando al ritmo actual, es probable que el calentamiento global sume 1.5 °C o más entre 2030 y 2052. Cruzar ese umbral de aumento desencadenará bucles de retroalimentación descontrolados, con cambios duraderos o irreversibles como la pérdida de algunos ecosistemas.

Tras las advertencias del IPCC y no pocas movilizaciones sociales en todo el mundo, han ido tomando fuerza propuestas a manos de líderes políticos, intelectuales y activistas para conducir una transición. A principios de 2019, Ocasio-Cortez presentaba una resolución para un Green New Deal americano, un plan federal de inversión que promete la creación de millones de empleos con salarios altos y “enormes inversiones en el desarrollo, fabricación, despliegue y distribución de energía, pero esta vez energía verde”.

El 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática. Los eurodiputados pidieron que todas las propuestas legislativas y presupuestarias de la UE se alinearan con el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 1,5 °C. En la actualidad, Frans Timmermans (vicepresidente ejecutivo del European Green Deal) y Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión) insisten en que las medidas de recuperación económica durante y después de la pandemia han de estar vinculadas a la reconversión verde.

En el Diálogo Climático Petersberg del pasado mes de abril, Timmermans exponía que frente al cambio climático y la crisis del covid, Europa necesita resultados rápidos, invirtiendo en sectores económicos que puedan “transitar rápidamente a una situación sostenible y al mismo tiempo crear empleos y crecimiento”. Su propuesta son la construcción, el transporte y el sector energético. Apenas hace unos días, en su intervención en el Parlamento Europeo, Timmermans se mostraba más claro y rotundo: invertir en la rehabilitación de viviendas, coches eléctricos e infraestructuras verdes posibilitará un “green recovery” que articule crecimiento del empleo con transición verde.

Para sintetizar algunos de los que consideramos temas clave del debate político, desglosamos algunos límites y contradicciones del European Green Deal. De entrada, el primer Green New Deal se parece poco al que se ha ido consolidando en la UE.

1) Lejos del Green New Deal originario. En 2008 se ponía en marcha el Green New Deal Group del Reino Unido, que tomaba el término acuñado un año antes por el periodista americano Thomas Friedman. Las propuestas de este grupo respondían a una “triple crisis”: crisis económica derivada de un régimen de crecimiento dominado por la valorización financiera, elevados precios de la energía respaldados por un pico en la producción de petróleo y la aceleración del cambio climático. Es revelador contrastar su enfoque con el plan europeo (también con el Green Deal de EE.UU.). En esencia, como señala Richard Seymour, la propuesta original exigía controles económicos, sobre todo control de capitales, así como restricciones de los mecanismos financieros, la división de los grandes bancos y la reducción del papel de los centros financieros. Puede parecer de otra época, pero este programa tiene poco más de una década. En realidad, el problema es incluso más profundo. Las grandes inversiones previstas para reverdecer antiguas industrias o para abrir nuevos mercados mantienen el dominio de la propiedad privada, garantizando así los beneficios capitalistas frente a las rentas de trabajo. Tampoco hay menciones a la nacionalización de las industrias beneficiadas o a la necesidad de regular los oligopolios en los sectores energéticos o tecnológicos, que podrían ser los grandes beneficiados de esas inversiones. Esto nos lleva directamente al segundo tema clave.

2) Relanzar la solución público-privada y la deuda. Un estribillo de las crisis que ya conocemos es que los Estados intervienen para socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. En ciclos anteriores, lo público-privado ya se presentaba como solución eficaz y sostenible. Lo cierto es que ha funcionado como privatización encubierta, produciendo sobrecostes, impactos medioambientales, dinámicas de desplazamiento de poblaciones originarias y ocultando el endeudamiento público. La Comisión Europea estima que alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 requiere al menos 1 billón de euros de inversión pública y privada durante la próxima década. Pero según avanza el marco de aplicación concreta, la previsiones apuntan a un 75% de financiación pública y un 25% privada. Si bien se presenta como una nueva bolsa de inversión, gran parte de la financiación pública es una reorganización de los fondos existentes de la UE. Pero más importante: la financiación privada no es más que un traslado del riesgo a fondos públicos, garantizando a los inversores las ganancias. Siguiendo el método del Plan Juncker en 2015, la estrategia es reunir la mayor parte de la financiación a través del BEI. Dicho fácil: la UE asumirá deuda encubierta con fondos dirigidos a fines públicos, privados y público-privados. Una deuda que no pagarán los oligopolios energéticos, sino el total de los contribuyentes.

3) ¿Liderazgo europeo en la economía verde global? En sus centrales fotovoltaicas, China concentra más de la mitad de la capacidad mundial. La estrategia de China no es sustitutiva, sino que suma consumo de energía renovable a la de origen fósil o nuclear. También ocurre en Alemania, el país europeo más adelantado en el desarrollo de energía renovable, pero que mantiene un gran consumo y dependencia de combustibles fósiles, especialmente de carbón. En cualquier caso, entre 2010 y 2012 Alemania y el conjunto de Europa perdieron su liderazgo en energías renovables. En parte, el European Green Deal es una respuesta a ese declive. Pero el problema de la UE frente al gigante asiático no son solo sus esquilmadas ventajas comparativas, sino la falta de soberanía industrial. La UE es dependiente de la producción china, que domina las cadenas de suministro. También en ámbitos donde la UE quiere invertir, como en el desarrollo de baterías para coches eléctricos. China domina los mercados de baterías de iones de litio y de almacenamiento de energía. Europa depende totalmente del suministro asiático en componentes básicos para su “reconversión verde”. La paradoja es que la UE solo se acerca a China en un tipo de inversiones: los programas dedicados al petróleo y al gas.

4) Las finanzas americanas en las entrañas de la UE. Una agencia es capitalista cuando su dinero está dotado del poder de reproducirse de modo sistemático, con independencia de la naturaleza de las mercancías y actividades particulares que sean, incidentalmente, el medio para ello. Entidades como Blackrock tienen grabado a fuego ese mandato del beneficio capitalista. Esta compañía norteamericana de gestión de inversiones controla acciones en compañías de combustibles fósiles por valor de 87.300 millones de dólares. También está en las primeras posiciones como inversor en las ocho compañías petroleras más grandes del mundo y entre los principales financieros de la industria de armas. Pues bien, BlackRock va a asesorar a la UE sobre cómo integrar la sostenibilidad en la regulación bancaria, logrando una victoria en sus esfuerzos por pulir sus credenciales de protección climática. La Comisión Europea ha declarado que BlackRock estudiará cómo la UE podría usar factores ambientales, sociales y relacionados con la gobernanza en la supervisión prudencial y en el análisis de riesgos regulatorios de los bancos de la región. BlackRock también analizará cómo la UE podría impulsar el crecimiento de las finanzas verdes y el mercado de productos financieros sostenibles. Una reconversión verde comisariada por el gran dueño del IBEX. ¿Qué podría fallar?

5) La división internacional del trabajo en la transición verde. El cambio climático es un problema global que, al ser desplazado como asunto regional, puede incluso intensificarse. Durante el periodo 2000-2014, según un estudio del World Resources Institute, en EE.UU., Alemania y Gran Bretaña el crecimiento del PIB quedó desacoplado de las emisiones de CO2. Robert Pollin, acérrimo defensor del crecimiento verde, toma esos datos a modo de Nuevo Testamento. La cuestión clave es qué parte del crecimiento del PIB atribuido a estas economías es el resultado de procesos de trabajo realizados en países pobres. El PIB de los países ricos queda inflado mediante esta neocolonial captura del valor, pero las emisiones se contabilizan en las economías emergentes donde se produjeron las mercancías (así lo explican Somerville y Burton en “Decrecimiento: una defensa”). La “transición verde y justa” en Europa solo se sostiene usando índices que ocultan las interdependencias de la división internacional del trabajo. Para problemas sistémicos hacen falta soluciones sistémicas, el problema es que, al pasar por encima de esta complejidad, planes como el European Green Deal normalizan la subordinación del sur frente al norte global. En su crítica al Green New Deal americano, Jasper Barnes expone conclusiones parecidas: medir las emisiones dentro de las divisiones nacionales es igual que medir nuestro consumo de calorías contando solo el desayuno y el almuerzo.

Acelerar la respuestas emancipadoras

Visto lo visto, no resulta extraño que Ana Botín o Iberdrola se sientan comprometidas con la Green Recovery o que el BCE esté pensando en comprar bonos emitidos por instituciones con aprobación climática de la Comisión. Un programa público que responda a los verdaderos problemas sistémicos y genere bienestar no debería tener como principales beneficiarios a los oligopolios y a los adalides de las finanzas, ni mucho menos estar diseñado por esos mismos agentes financieros y empresariales.

No parece fácil que la UE tome un camino anticapitalista, pero nada impide ampliar el frente y el debate ecosocialista. Un debate que supere las dominantes formulaciones sindicales, más ajustadas a los contextos de negociación colectiva del capitalismo industrial que a una economía global financiarizada y a un capitalismo anémico de beneficio.

Más que el New Deal de los años 30, que se integra en la lista histórica de programas públicos que han otorgado poder capitalista a las mayores fortunas de la lista Forbes, o las referencias al Plan Marshall, como si la propia UE no fuera el resultado setenta años después del European Recovery Program, existen otros referentes que parecen enterrados en la historia europea. Entre otros, los fondos accionariales de asalariados, un mecanismo para que los sindicatos y otras asociaciones de la sociedad civil obtengan un control sustancial sobre el funcionamiento de las grandes empresas. Dotaban de derecho a los dividendos, derecho a voto para la elección del consejo de administración y derecho para decidir sobre las políticas de las compañías. Estas instituciones de democracia económica, diseñadas por Rudolf Meidner en los 70, no solo buscaban contrarrestar el poder concentrado del capital, sino que podían ser la base material para una organización social de la producción y el consumo. No hay posibilidad alguna de transformación, ni siquiera en un programa de transición a partir del European Green Deal, si no se discuten sus formas de control político y de financiación.

La UE tiene previsto intensificar la inversión en infraestructuras verdes, rehabilitación de edificios y viviendas y en industrias relacionadas con la movilidad baja en carbono. Tanto dinero público como se invierta, tanta socialización de los derechos de uso y usufructo debe aplicarse en las infraestructuras y bienes ligados a esos sectores, sea el energético, el inmobiliario o el transporte. Estas formas de propiedad colectiva no son la solución a todo el desaguisado sistémico, en absoluto, pero sí una táctica de ruptura contra el keynesianismo privatizador. Instituciones como los fondos accionariales de ciudadanía sobre los bienes y las infraestructuras podrían erosionar el poder concentrado por los oligopolios y el capital financiero, al tiempo que redistribuyen recursos y dotan de poder de organización para empujar una transformación deseable.

En su versión actual, el European Green New Deal promueve un capitalismo verde, refuerza el poder de agentes financieros, bancos y grandes multinacionales y reproduce las desigualdades territoriales internas y globales. El Viejo Bulo europeo es una continua promesa de más democracia política, mientras la democracia económica y territorial son un anatema. La apertura de conflictos para acumular poder social es un paso ineludible para afrontar este nuevo ciclo histórico.