A la hora de cerrar esta nota, los resultados finales aún no se conocen. Formalmente no se sabrán probablemente hasta finales de esta semana. Incluso asumiendo que North Carolina y Georgia se mantendrán republicanas, los datos apuntan a una victoria apurada de un Biden ganador en Maine, Arizona, Michigan, Wisconsin y Nevada. Si en Pennsylvania, North Carolina o Georgia el efecto del voto urbano, suburbano y por correo termina por revertir la ventaja de Trump, el triunfo demócrata será más holgado. Los resultados apuntan a que en las elecciones con la mayor participación registrada en tiempos recientes Biden acabará ganando tanto el voto popular como el colegio electoral. Independientemente de cómo se vayan concretando los hechos, tres cosas parecen claras.
Primero, los factores estructurales que propiciaron el ascenso de Trump y su triunfo siguen ahí. Las encuestas sugerían escenarios mucho más favorables a los demócratas, basados en la percepción de que había un alejamiento del trumpismo observable en la gran mayoría de grupos sociales: minorías, mujeres en zonas suburbanas, jóvenes, trabajadores blancos con poca educación en zonas desindustrializadas ignoradas, a pesar de las promesas, por la administración. Si esto era cierto, y se tenía en cuenta el cambio demográfico en muchos estados del sur, con jóvenes cualificados adquiriendo mayor presencia en distritos clave, la posibilidad de un rechazo geográficamente transversal, contundente, y temprano de Trump y sus acólitos en el Senado parecía plausible. Este escenario se basaba también en la premisa de que las principales agencias encuestadoras habían corregido los errores de 2016 y actualizado sus estimaciones.
El sueño pronto derivó en una noche pastosa. Las mismas conversaciones sobre el tipo de sesgos y el fracaso de las encuestas en 2016 (que si sesgo de respuesta, infra representación de determinados colectivos, desirability bias, o incluso un troleo intencional anti élite por parte de los seguidores de Trump) emergen otra vez, dando paso a una realidad difícil de digerir. A pesar de la catastrófica gestión de la pandemia, de la situación económica, del paro extremo, de la incompetencia en la gestión de las ayudas por covid, de la permanente falta de decencia con todo y todas, Trump ha sido capaz de mantener y aumentar su base en un contexto de gran movilización. Extremar y degradar el discurso hasta el límite ha generado grandes réditos para el GOP (Grand Old Party), especialmente en zonas rurales que concentran votantes de menor nivel educativo.
Segundo, hay un creciente solapamiento entre la polarización ideológica y la polarización espacial. La distribución de preferencias deja muy poco margen para la construcción de coaliciones que incluyan a ambos grupos. La tensión entre las zonas urbanas y suburbanas, donde se concentran muchos votantes demócratas, y las zonas rurales donde se dispersa el pilar fundamental del voto republicano es un fenómeno transversal y hace depender los resultados de marginales muy pequeños. De ahí la permanente tensión en las últimas convocatorias que ni siquiera las extraordinarias circunstancias de 2020 han podido eliminar. El motivo, a falta de análisis más precisos, parece residir en el vínculo entre la polarización y el aumento de la participación.
El crecimiento de la participación parece haber beneficiado más a los demócratas en términos relativos, pero es evidente que no se ha concentrado sólo en ellos. Los republicanos han vuelto a movilizar a los suyos de forma efectiva, combinando dimensiones de manera distinta según los lugares. Hay mucho por analizar, pero las interacciones entre renta y minorías, renta y educación, y renta y religión funcionan de manera flexible en distintos contextos, y han permitido a los republicanos reactivar y, en algunos lugares, incluso ampliar su base. Blancos de renta baja, ultra-católicos evangélicos de renta y nivel educativo medio, y personas de renta alta pero escasa educación forman parte de la coalición republicana. Es muy prematuro atribuir un efecto causal al comportamiento de grupos específicos (los latinos de Miami y los de Nevada o Arizona son bastante diferentes), pero el GOP tiene margen de expansión combinando una retórica anti-Estado (después de pagarle los subsidios a los granjeros, claro), un conservadurismo extremo, y un nacionalismo supremacista según convenga. Como consecuencia, el trumpismo como forma de hacer política se normaliza y consolida unas diferencias estructurales entre demócratas y republicanos que se manifiestan tanto entre estados como dentro de cada estado. Estas diferencias hacen muy difícil avanzar en el desarrollo de políticas que hagan frente a problemas cada vez más urgentes.
El enquistamiento de la polarización, y su efecto negativo tanto en la capacidad de control político como en la capacidad de producir soluciones, tiene importantes consecuencias institucionales. Los poderes del Estado ya no son un elemento de cohesión sino una pieza de caza a beneficio de parte. Y una parte del espectro político está dispuesta a torcer las normas, formales e informales, hasta el límite. Lo acabamos de ver con la nominación exprés de Amy C. Barrett para el Tribunal Supremo y lo hemos padecido durante el proceso electoral.
En este contexto, y en contraste extremo con el espejismo de la marea azul, el período pre-electoral también ha generado reflexiones acerca de una crisis sistémica de la democracia en los Estados Unidos. Esta interpretación apunta a una muerte lenta, desde dentro, por acción de un deterioro institucional acumulado, apuntillada por un Trump capaz de todo para conservar el poder. En línea con su amenaza de no aceptar cualquier resultado que no le dé como ganador, Trump pide a la vez que se pare el escrutinio en los estados en los que lleva ventaja (Pennsylvania) y que siga en los que va por detrás (Arizona o Nevada). Denuncia un fraude que sólo existe en su mente, y su campaña pide un recuento en Wisconsin (a sabiendas de que en recuentos anteriores, la cantidad de votos que se re-adjudicaron fue mínima). El ruido seguirá con amenazas de batallas legales y declaraciones altisonantes que sonrojarían en cualquier sociedad civilizada. Pero dada la transparencia y el garantismo del proceso de recuento en los estados clave, tratar de subvertir el resultado judicial o extrajudicialmente (vía milicias, por ej.) parece difícil. No creo que estas elecciones supongan la culminación de la muerte lenta de la democracia en los Estados Unidos, entre otras cosas porque no está muy claro cuándo ha estado plenamente viva. Pero sería un error concluir que una eventual victoria de Biden supondría una reafirmación de las glorias de los ‘founding fathers’ o un fortalecimiento de su capacidad para gestionar conflictos. El país seguirá dividido entre dos campos irreconciliables y sin capacidad real para crear puentes entre ellos, en parte por las limitaciones que imponen diseños políticos que benefician a una minoría cada vez más extrema. El electoral college es una institución de marcado sesgo esclavista, establecida para proteger la influencia de las élites políticas del estado de Virginia (James Madison o Thomas Jefferson, entre otros) y ahí sigue, condicionando la elección de uno de los poderes del Estado en 2020. Gracias a este y otros muchos legados institucionales, una historia de vote suppression militante por parte de las élites de gran parte del país, las mismas que en 2013 consiguieron que el Supremo anulase importantes preceptos de la Voting Rights Act!, y una cambiante geografía económica y política, la democracia en América ha sido siempre un enfermo crónico. Y aquí seguirá, ni muerta ni sencilla.
