El 11 de abril de 2021, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, derrotó a Andrés Arauz, el candidato apoyado por Rafael Correa y parte de la izquierda. Lasso fue elegido gracias a la división de la izquierda, ya que una gran parte de ésta, que había perdido toda la confianza en Rafael Correa, pidió el voto nulo. Los votos del campo popular, que tuvo una clara mayoría en la primera vuelta de las elecciones de febrero de 2021, se dividieron y esto permitió que un exbanquero fuera elegido presidente. La situación es grave porque se ha perdido una oportunidad de romper con la política de Lenín Moreno. Lasso, aunque crítico con las posiciones de Lenín Moreno, va a continuar con la política neoliberal, la sumisión a los intereses privados, especialmente a la poderosa banca ecuatoriana, y a la superpotencia norteamericana. ¿Cómo es posible que una parte importante de los votos del campo popular no haya ido a Andrés Arauz para evitar la elección de Guillermo Lasso? Esto se explica por el rechazo a las políticas de Rafael Correa, sobre todo a partir de 2011, por una parte de la izquierda, especialmente en la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el FUT, Frente Unitario de Trabajadores.
La elección de Lasso como presidente abre una nueva etapa en la aplicación de una política aún más favorable al gran capital ecuatoriano, a las multinacionales extranjeras, a la alianza entre los presidentes de derecha en América Latina y a la continuación e incluso el fortalecimiento del dominio estadounidense en el continente. El resultado electoral del 11 de abril de 2021 es un día oscuro para el campo popular. Para entender cómo una parte importante del campo popular se negó a pedir el voto a favor de Arauz para derrotar a Lasso, es necesario analizar las políticas seguidas por Rafael Correa tras ser reelecto presidente en 2010.
Recordatorio de la política de Rafael Correa de 2007 a 2010
Empecemos por recordar la presidencia de Rafael Correa de 2007 a 2010. Ecuador ofreció un ejemplo de un gobierno que tomó la decisión soberana de investigar el proceso de la deuda para identificar las deudas ilegítimas y luego suspender el pago. La suspensión del pago de una gran parte de la deuda comercial, seguida de su recompra a menor coste, demuestra que el gobierno no se limitó a los discursos de denuncia. En 2009, el gobierno reestructuró unilateralmente parte de su deuda externa y obtuvo una victoria contra sus acreedores privados, principalmente los bancos de EEUU. En 2007, el gobierno de Ecuador al inicio de la presidencia de Rafael Correa entró en conflicto con el Banco Mundial. Entre 2007 y 2010, se pusieron en práctica o se iniciaron una serie de importantes políticas positivas: se aprobó una nueva constitución de forma democrática que anunciaba importantes cambios que luego no se concretaron de forma genuina o profunda; se puso fin a la base militar estadounidense de Manta en la costa del Pacífico; se intentó crear un Banco del Sur con Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay; se abandonó el tribunal del Banco Mundial.
El cambio de Rafael Correa en 2011
El año 2011 marca, ciertamente, un cambio en la política del gobierno ecuatoriano en varios frentes, tanto en el social como en el ecológico, del comercio y de la deuda. Los conflictos entre el gobierno y una serie de movimientos sociales importantes como la CONAIE por una parte, el Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de la enseñanza, movimiento de mujeres, y el movimiento estudiantil, por otra, se fueron enconando. Por otro lado, Correa avanzó en las negociaciones comerciales con la UE en las que el presidente multiplicó las concesiones. En cuanto a la deuda, a partir de 2014, Ecuador recomenzó a aumentar progresivamente el recurso a los mercados financieros internacionales, sin olvidar, las deudas ya contraídas con China. En el ámbito ecológico, el gobierno de Correa abandonó, en 2013, el proyecto de la no explotación del petróleo en una parte muy sensible de la Amazonia.
El abandono de la Iniciativa Yasuní-ITT en 2013
La iniciativa Yasuní-ITT fue presentada por Rafael Correa en junio de 2007. Consistía en dejar bajo tierra el 20 % de las reservas de petróleo del país (cerca de 850 millones de barriles de petróleo), situadas en una región de megadiversidad, el parque nacional Yasuní, en el noreste de la Amazonia. Como lo explica Mathieu Le Quang:
Para compensar las pérdidas financieras por no explotar el yacimiento, el Estado ecuatoriano demandaba a los países del Norte una contribución financiera internacional equivalente a la mitad de lo que podría haber ganado con la explotación (3.600 millones de dólares a partir del precio del petróleo de 2007). Esa política ambiciosa, especialmente en sus objetivos de cambiar la matriz energética del país que, a pesar de que explota y exporta su petróleo, es también un importador de sus derivados y sigue siendo dependiente para la generación de electricidad.
Y prosigue:
Una decisión fuerte del gobierno ecuatoriano fue haber inscrito la Iniciativa Yasuní-ITT en la Convención marco de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos, es decir, haber hecho hincapié en la “no emisión de gases de efecto invernadero” que generaría la “no explotación del petróleo”.
En agosto de 2013, Rafael Correa, quien había sido reelegido en febrero por tercera vez presidente de Ecuador, con más del 57 % de los votos en primera vuelta, anunció el fin del proyecto. Justificó su decisión por la falta de firmeza, completamente real, de los compromisos tomados por los diferentes países para financiar la no-explotación del petróleo del Yasuní-ITT.
Fundamentalmente, durante la presidencia de Rafael Correa no hubo un inicio de abandono del modelo extractivista-exportador. Éste consiste en un conjunto de políticas que tiene por objeto extraer del subsuelo, o de la superficie del suelo, el máximo posible de bienes primarios (combustibles fósiles, minerales, maderas…) o de producir el máximo de productos agrícolas con el objetivo de exportarlos hacia el mercado mundial (en el caso de Ecuador, se trata de bananas, azúcar, palma africana, flores, brócoli). En lo correspondiente a la producción de brócoli en Ecuador, François Houtart escribió:
Vale la pena citar el estudio hecho en 2013 sobre la producción de brócolis en la región de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. El 97 % de la producción de brócolis se exporta hacia países, en su mayor parte capaces de producir brócolis (EEUU, UE, Japón), en función de ventajas comparativos bajos salarios, leyes ambientales menos exigentes. La empresa productiva acapara el agua, que (ya) no basta más para las comunidades vecinas; bombardea las nubes para evitar que los chaparrones caigan sobre los brócolis, sino en los alrededores. Se utilizan productos químicos, aún a menos de 200 metros de las habitaciones como lo exige la ley. Las aguas contaminadas corren en los ríos. La salud de los trabajadores está afectada (piel, pulmones, canceres). Los contratos se hacen por semana, con un capataz que recibe el 10 % de los salarios, lo que permite evitar el seguro social. Horas extras a menudo no son pagadas. La empresa de procesamiento de los brócolis para la exportación trabaja 24 horas en tres turnos. No era excepcional que trabajadores sean obligados a hacer dos turnos seguidos. El sindicato está prohibido. Además las dos empresas, hoy en día fusionadas, tenían sus capitales, una en Panamá y la otra en las Antillas holandeses.
A eso, hay que agregar la exportación de camarones de piscifactoría y de atún (pescado de forma industrial).
Este modelo origina numerosos efectos nefastos: destrucción del medio ambiente (minas a cielo abierto, deforestación, contaminación de los cursos de agua, salinización/envenenamiento/erosión de los suelos, reducción de la biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero…), destrucción de los medios naturales de vida de poblaciones completas (pueblos originarios y otros); agotamiento de los recursos naturales no renovables; dependencia con respecto a los mercados mundiales (bolsas de materias primas o de productos agrícolas) donde se determinan los precios de los productos de exportación; mantenimiento de salarios muy bajos para mantener competitividad; dependencia con respecto de las tecnologías desarrolladas por los países más industrializados; dependencia de los insumos (pesticidas, herbicidas, semillas transgénicas o no, abonos químicos…) producidos por algunas grandes compañías transnacionales (la mayor parte proveniente de los países más desarrollados); dependencia con respecto a la coyuntura económica y financiera internacional.
François Houtart que siguió de cerca el proceso ecuatoriano y que apoyaba la política de Rafael Correa, no dejó de expresar sus críticas, que había comunicado al gobierno. Un poco antes de su fallecimiento en Quito, escribió a propósito de la política agrícola:
Estas políticas son también a corto plazo. No tienen en cuenta los cambios naturales y sus efectos a largo plazo, la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores, el origen de la pobreza rural. Se acentúa un modelo agro-exportador presentado como una meta, sin indicar las consecuencias.
Y precisaba:
Como autores, nos hemos preguntado en nuestro informe, si era posible construir el socialismo del siglo XXI con el capitalismo del siglo XIX (…) Una vez más en la historia, es el campo y sus trabajadores los que pagan el precio de la modernización. Fue el caso del capitalismo europeo en el siglo XIX, de la Unión Soviética en los años 20 del siglo XX, de China, después de la Revolución comunista.
Rafael Correa y los movimientos sociales: una relación conflictiva
El gobierno de Rafael Correa tuvo grandes dificultades a la hora de tener en cuenta los aportes de un cierto número de organizaciones sociales de primer plano. La línea política de Correa y de la dirección de Alianza País, su movimiento político, consistió en confrontar lo más frecuentemente posible a la mayor organización indígena, la CONAIE, al mayor sindicato de la enseñanza -la Unión Nacional de Educadores, UNE-, al sindicato de la empresa Petroecuador (empresa petrolera nacional), y a un número considerable de organizaciones sociales, especialmente las organizaciones sindicales agrupadas en el FUT y el movimiento de mujeres. Hay que recordar que el FUT se mantuvo como el eje de la resistencia durante el gobierno de Correa. Todas esas organizaciones se vieron regularmente atacadas por el poder ejecutivo, que las acusaba de movilizarse sobre bases corporativistas con el fin de defender sus privilegios. Además, Rafael Correa no tuvo en cuenta la reivindicación histórica, levantada principalmente por la CONAIE, de la integración delcomponente indígena en el proceso de la toma de decisiones sobre todas las grandes cuestiones que afectan a las líneas del gobierno. Por su parte, la CONAIE, que luchaba para que los principios generales de la Constitución fueran transcriptos en forma de ley, no dudó en enfrentarse a Correa. Varias veces, el gobierno trató de hacer aprobar medidas, pero sin organizar previamente un diálogo con las organizaciones de los sectores sociales afectados. Esa línea nos recuerda la política del gobierno de Lula en Brasil, cuando emprendió una reforma del sistema de jubilaciones de orientación neoliberal, en 2003. Lula llevó a cabo una campaña para esa reforma atacando las conquistas de los trabajadores de la función pública, presentados como privilegiados.
Entre los contenciosos más graves, que opusieron el poder ejecutivo a las organizaciones sociales ecuatorianas, está en primer lugar el proyecto de Ley sobre el agua, por una parte, y la política de apertura de Rafael Correa a las inversiones privadas extranjeras en la industria minera y del petróleo, por la otra. La economía ecuatoriana se basa, principalmente, en la renta del petróleo. No hay que olvidar que el petróleo representaba en el año 2008, el 22,2 % del PIB, el 63,1 % de las exportaciones y el 46 % del presupuesto general del Estado. Durante una asamblea extraordinaria celebrada los días 8 y 9 de septiembre de 2009, en Quito, la CONAIE criticó fuertemente la política de Correa, a la que denunció como neoliberal y capitalista. La declaración de la CONAIE decía: «(se) exige al Estado y al gobierno que se nacionalicen los recursos naturales y que se ponga en marcha la auditoría de las concesiones petroleras, mineras, acuíferas, hidráulicas, telefónicas, radiofónicas, televisivas y de los servicios para el medio ambiente, la deuda exterior, la recaudación de impuestos y los recursos de la seguridad social», así como «la suspensión de todas las concesiones (extractivas, petroleras, forestales, acuíferas, hidroeléctricas y aquellas ligadas a la biodiversidad)».
Después del 30 de septiembre de 2009, la CONAIE pasó a la acción, organizando concentraciones y bloqueos de carreteras contra el proyecto de Ley sobre el agua. El presidente Correa reaccionó oponiéndose a las movilizaciones contra el gobierno y, en principio, a cualquier negociación, para luego levantar la sospecha sobre el movimiento indígena, afirmando que en su interior se había activado la derecha, y en particular el expresidente Lucio Gutiérrez. Finalmente, la CONAIE obtuvo una negociación pública al más alto nivel: de ese modo, 130 delegados indígenas fueron recibidos en la sede del gobierno por el presidente Correa y varios ministros y obtuvieron que el gobierno retrocediera en varios puntos, especialmente con la instauración de un diálogo permanente entre la CONAIE y el Ejecutivo, y con enmiendas en los proyectos de Ley sobre el agua y sobre las industrias extractivas.
Otro conflicto social también estalló cuando se produjo la movilización de los maestros contra el gobierno, bajo la égida de la UNE, el principal sindicato de la profesión (en el que el partido MPD – Movimiento popular democrático, brazo electoral del Partido comunista marxista-leninista de Ecuador – ejerce una influencia importante). En esa cuestión también, el conflicto finalmente terminó en un diálogo. En noviembre y diciembre de 2009 se desarrolló un tercer frente social con el movimiento de protesta en las universidades, contra un proyecto de reforma que tenía por fin, principalmente, reducir la autonomía universitaria, que es considerada en América Latina como un avance social irreversible y una garantía de independencia con respecto a los poderes políticos.
Globalmente el gobierno de Rafael Correa rápidamente mostró sus serios límites cuando se trataba de definir una política que tuviera en cuenta el punto de vista de los movimientos sociales, sin enfrentamientos.
En 2010 y 2014, hubo importantes movilizaciones sociales contra la política del gobierno de Correa. Las reivindicaciones levantadas por las organizaciones que, en torno a la CONAIE, llamaron a la lucha en junio de 2014, explican mucho sobre la orientación del gobierno: resistencia a la extracción minera y petrolera, a la criminalización de la protesta social, un nuevo código de trabajo, otra política de energía y de agua, rechazo a la reforma de la Constitución que permitiría una reelección indefinida, rechazo de la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, derechos de las comunidades indígenas y, en particular, el rechazo al cierre de las escuelas comunitarias. A propósito de la voluntad del gobierno de Correa de cerrar las escuelas comunitarias, François Houtart escribió en 2017:
El plan de cerrar 18.000 escuelas comunitarias (nombradas “de la pobreza”) en favor de las «escuelas del milenio» (al principio de 2017: 71 construidas, 52 en construcción: y para el fin de 2017, 200 en funcionamiento) acentúa los problemas. Sin duda estos establecimientos del milenio están bien equipados, con maestros competentes, pero dentro de una filosofía en ruptura con la vida tradicional y con una apertura a una modernidad hoy en día puesta en duda por sus consecuencias sociales y ambientales. No responden tampoco fácilmente al principio constitucional de la educación bilingüe. Además, el sistema de transporte en varios casos no ha podido corresponder a las necesidades y obliga a alumnos a caminar horas por senderos en mal estado, provocando también una tasa elevada de absentismo
En diciembre de 2014, Rafael Correa quiso expulsar a la CONAIE de sus locales, lo que llevó a numerosas organizaciones ecuatorianas y extranjeras a exigir al gobierno la renuncia a esa decisión. También aquí, el gobierno se echó atrás. A fines de 2017, el gobierno de Correa quiso retirar la personería jurídica a una organización ecologista de izquierda llamada Acción Ecológica. Igualmente fue necesaria una ola de protestas nacionales e internacionales para que finalmente las autoridades renunciaran a ese atentado a la libertad.
Conclusión sobre la presidencia de Rafael Correa
Desde el comienzo de su primer mandato, Rafael Correa compuso su gobierno teniendo cuidado de que coexistieran ministros de izquierda y ministros más o menos directamente ligados a diferentes sectores de la clase capitalista tradicional ecuatoriana, y eso lo llevó a arbitrajes perpetuos. Con el tiempo, Correa hizo cada vez más concesiones al gran capital ya sea nacional o internacional.
A pesar de una retórica favorable al cambio del modelo productivo y al «socialismo del siglo XXI», en diez años de presidencia Correa no inició ninguna modificación profunda de la estructura económica del país, de las relaciones de propiedad y de las relaciones entre las clases sociales. Alberto Acosta, exministro de Energía en 2007, expresidente de la Asamblea Constituyente en 2008 y oponente de Rafael Correa desde 2010, escribió con su colega John Cajas Guijarro que:
La falta de una transformación estructural provoca que el Ecuador se mantenga como una economía capitalista atada a la exportación de materias primas y, por lo tanto, amarrada a un comportamiento cíclico de larga duración vinculado a las demandas de acumulación del capital transnacional. Tal comportamiento cíclico de larga historia es originado por las contradicciones propias del capitalismo pero, a su vez, es altamente influenciado por la dependencia en la exportación masiva de productos primarios casi sin procesar (extractivismo). Es decir, la explotación capitalista –tanto de la fuerza de trabajo como de la Naturaleza– en función de las demandas internacionales, mantiene al Ecuador “encadenado” a un vaivén de animaciones y crisis económicas que se originan tanto interna como externamente.
Lenín Moreno o el retorno de la política neoliberal y la sumisión a los intereses de Washington
En 2017, al final del mandato presidencial de Rafael Correa, y en el momento en que le sucedió como presidente Lenín Moreno (candidato apoyado por Correa), la deuda superaba el nivel alcanzado diez años antes. Rápidamente Moreno llamó nuevamente al FMI. Eso provocó fuertes protestas populares en septiembre-octubre de 2919, que obligaron al gobierno a capitular frente a las organizaciones populares y abandonar el decreto que provocó la revuelta.
También hay que recordar que el gobierno de Rafael Correa había ofrecido a Julian Assange asilo en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012. Correa se resistió a las presiones de Gran Bretaña y Washington para que lo entregara. Lenín Moreno, que sucedió a Rafael Correa en 2017, cayó en la ignominia al entregar a Assange a la Justicia británica en abril de 2019 y despojarlo de la nacionalidad ecuatoriana que el gobierno de Correa le había concedido en 2017.
En 2019, Lenín Moreno reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela al tiempo que Guaidó pedía una intervención armada de Estados Unidos para derrocar al gobierno del presidente electo Nicolas Maduro.
En 2020 Lenín Moreno hizo un nuevo acuerdo humillante para Ecuador con el FMI y en 2021 pretende aprobar una ley para que el Banco Central sea completamente independiente del gobierno y por lo tanto aún más servil a los intereses de la banca privada.
Su popularidad se redujo a la nada: en las últimas encuestas, Lenín Moreno tenía una aprobación de apenas el 4,8%. Los resultados de los candidatos apoyados por Moreno en las elecciones parlamentarias y en la primera vuelta de las presidenciales de febrero de 2021 no superaron el 3%.
El programa de Guillermo Lasso y la nueva etapa
La llegada de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador en 2007 fue gracias a unas movilizaciones sociales que se sucedieron desde 1990 hasta 2005. Sin esas movilizaciones, las propuestas de Correa no hubieran tenido el apoyo que recibieron y no habría sido electo presidente. Desgraciadamente después de un buen comienzo, Correa entró en conflicto con una parte importante de los movimientos sociales y optó por una modernización del capitalismo extractivista-exportador. Después, su sucesor Lenín Moreno rompió con Rafael Correa, y retornó a la política brutal del neoliberalismo. Esta política neoliberal de línea dura será desarrollada por Guillermo Lasso. Ha anunciado claramente que quiere bajar los impuestos a las empresas, que quiere atraer la inversión extranjera, que quiere dar aún más libertad a los banqueros, que quiere consolidar la política de apertura comercial entrando en la Alianza del Pacífico. Es probable que Guillermo Lasso intente integrar a dirigentes vinculados a Pachakutik y a la CONAIE de una u otra manera en su gobierno o administración. Si esto tiene éxito, la CONAIE y Pachakutik saldrán aún más divididos que en la víspera de la segunda vuelta electoral. Es fundamental para el futuro del campo popular oponerse radical y activamente al gobierno que formará Lasso.
Una vez más, serán las movilizaciones sociales las que podrán acabar con esas políticas y poner nuevamente en el orden del día las medidas de cambio estructural anticapitalista indispensables para la emancipación. La CONAIE y una serie de organizaciones sindicales, de asociaciones feministas, organizaciones políticas de izquierda, y de colectivos ecologistas elaboraron en octubre de 2019 una excelente propuesta alternativa a las políticas capitalistas, patriarcales y neoliberales, y debería constituir la base de un amplio programa de gobierno, llamado Programa del Parlamento de los Pueblos. La cuestión del rechazo de las políticas del FMI, del Banco Mundial y de las deudas ilegítimas volverá al centro de las batallas sociales y políticas. En un documento hecho público en julio de 2020 por más de 180 organizaciones populares ecuatorianas, encontramos la siguiente reivindicación: «-suspensión del pago de la deuda externa y realización de una auditoría de la deuda externa acumulada desde 2014 hasta este día, así como un control ciudadano sobre la utilización de las deudas contraídas.»
Reflexiones finales sobre el voto del 11 de Abril 2021
Analicemos los datos que ofrece la jornada electoral de ayer.
Con el 98.84 % escrutado:
Arauz: 47.59%, que corresponde a: 4.100.283 votos.
Lasso: 52.4% que corresponde a 4.533.275 votos.
Votos nulos: 16.33% que corresponde a 1.715.279 votos.
Total de sufragantes: 10.501.517 votantes.
Ausentismo: 2.193.896 personas.
El voto nulo alcanzó en la primera vuelta el 9.5%, creció en un 6.83%.
En términos de votos:
Voto nulo febrero 2021: 1.013.395 votos
Voto nulo abril 2021: 1.715.279 votos.
Diferencia: +701.884 votos.
En términos generales, se puede atribuir una gran parte de esta diferencia del voto nulo a la campaña de Pachakutik, CONAIE, los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda. Esto quiere decir que menos de la mitad de sus votantes optaron por el voto nulo. Hay que recordar que Yaku Pérez obtuvo en la primera vuelta el 19.39%, que equivale a 1.798.057 votos. Si suponemos que la mayoría de este voto corresponde a la votación de Pachakutik significa que el 39% de su votación optó por el voto nulo. En el caso de que, como es lo más probable, que haya otros sectores que votaron nulo, no sería aventurado señalar que el voto nulo que le corresponde a Pachakutik debe estar alrededor del 30% de su votación. Esto es, uno de cada tres votantes de Pachakutik optó por el voto nulo, que puede considerar su voto duro.
Desgraciadamente el 70% restante mayoritariamente fue a parar a Lasso, probablemente en rechazo al correísmo, por la larga historia de agresiones al movimiento popular, pero no deja de significar un voto a la derecha. También muestra la fragilidad de la votación por una nueva alternativa que escape de la polarización entre el correismo y la derecha tradicional.
Esto también demuestra que si la CONAIE, Pachakutik y las demás organizaciones de izquierda que llamaron al voto nulo hubieran llamado a votar en contra de Lasso o hubieran llamado a votar a favor de Arauz, era muy posible derrotar a Lasso y presionar a Arauz para que tome en cuenta las demandas expresadas tanto en el texto de la CONAIE de octubre de 2019 así como en la propuesta del parlamento de los pueblos de julio 2020. Documentos excelentes que se ubican a la izquierda del contenido de la campaña electoral de Yaku Pérez en el primer turno, así como del programa de Andrés Arauz.
