La reforma tributaria ha caído gracias a un movimiento que se fortalece, pero que no debe bajar la guardia ante las maniobras del Gobierno para revivirla.
Sin duda, el anuncio de retiro del polémico proyecto de ley con el que el Gobierno pretendía aumentar los impuestos a quienes menos ingresos tienen en el país y la caída de Alberto Carrasquilla, el ministro más poderoso del actual gabinete, son los más grandes triunfos de la protesta social durante los más de dos años y medio que lleva Iván Duque fungiendo y fingiendo como presidente.
No se trata de una victoria menor. La gente que se ha manifestado ha logrado tumbar la iniciativa en pleno tercer pico de la pandemia, saliendo a las calles a pesar del riesgo de contagio de COVID-19, y ha vencido a un gobierno que no oculta su talante fascista, que ha combinado todas las formas de violencia contra su propia ciudadanía con campañas de propaganda y manipulación de la ciudadanía, que ha dejado claro que busca un acuerdo entre los de arriba para fortalecerse y que en medio de la protesta ha entregado el poder de facto a militares y policías en varios ciudades, suplantando a las autoridades civiles y dejando rienda suelta a los asesinatos, torturas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias que han marcado estas jornadas en diferentes ciudades de Colombia. Según la ONG Temblores, desde el 28 de abril hasta hoy se han dado al menos 1181 abusos policiales, 26 homicidios, 17 lesiones oculares, 761 detenciones arbitrarias, 56 desapariciones forzadas y 9 casos de violencia sexual cuyos responsables serían uniformados. No obstante, la propia Policía hablaba de 10 muertos solo en Cali.
Hemos llegado a este punto luego de tres episodios de fuerte confrontación entre los sectores populares y el grupo que controla el rumbo del país: la movilización por la paz que recibió a Duque luego de su cuestionado triunfo electoral en 2018, el histórico paro nacional de noviembre de 2019 y el estallido contra la brutalidad policial que sucedió al asesinato de Javier Ordóñez en septiembre de 2020. Estos no solo son precedentes de la actual situación sino que, con cada levantamiento, han ido elevando la comprensión de diversos sectores sociales sobre lo que ocurre en el país y el talante de sus luchas. Sin embargo, también han crecido los retos, especialmente el de superar la artificiosa división que algunos insisten en agudizar entre los sectores tradicionalmente organizados, como el sindical y las organizaciones participantes en el Comité Nacional de Paro, y actores como los jóvenes de los barrios y las mujeres, todos igualmente protagonistas de estas jornadas. Asimismo, sigue siendo una tarea titánica conectar los variados reclamos de quienes manifiestan su inconformidad para formular un proyecto de país que junte a las mayorías necesarias para dejar atrás el legado casi bicentenario de quienes han gobernado en contra de los intereses de las mayorías y de casi dos décadas de protagonismo de la extrema derecha desde la llegada al poder de Álvaro Uribe, mentor de Duque y verdadero estratega de su gobierno.
No obstante, la lucha contra las autoritarias medidas de Duque no ha terminado. En Cali –hoy por hoy el epicentro de la lucha por cambiarle el rumbo al país–, Bucaramanga, Bogotá y otras ciudades siguen las protestas, mientras el Comité Nacional de Paro asegura que continuarán las movilizaciones, el Consejo Regional Indígena del Cauca sigue con su minga hacia la capital del país, los taxistas protestan ante la competencia desleal de monopolios internacionales del transporte como Uber y los camioneros mantienen diversas convocatorias de cierres viales. Para la gente es claro que el hundido proyecto de ley no es sino la medida más visible dentro de un ‘paquetazo’ con el que el gobierno Duque busca profundizar la exagerada brecha social entre unas mayorías pauperizadas y un pequeño grupo de empresarios, ganaderos, barones políticos y actores del crimen organizado que se beneficia de la pobreza que, entre otras cosas, se ha multiplicado con la pandemia mientras ese mismo gobierno regala billones de pesos a la banca y los especuladores financieros y malgasta impresionantes recursos en burocracia, armas y represión contra el pueblo.
A Duque y sus aliados les quedan todavía dientes. El gobierno no solo ha continuado con la militarización de varias ciudades, a pesar de la oposición de los alcaldes de las mismas y del asesinato anoche de otros dos jóvenes durante acciones del Ejército en Cali, sino que ha anunciado que buscará un ‘acuerdo nacional’ por arriba con los jefes de los partidos políticos tradicionales y los gremios de los más ricos entre los ricos del país para salvar su iniciativa tributaria quitando algunos elementos polémicos de la misma. Mientras tanto, adelanta sin mucho ruido una reforma a la salud que, en medio de la pandemia, le entrega todavía más poder y recursos a los monopolios privados que han causado una histórica crisis en los servicios sanitarios que niega de facto el acceso de las mayorías a tratamientos y debilita aun más la red hospitalaria pública; prepara el regreso de la fumigación masiva con glifosato a las selvas y bosques del país para dar continuidad a una demostradamente fallida política antidrogas; y ha presentado al Congreso una nueva reforma laboral para pauperizar aún más las condiciones de contratación y salarios que soportan los colombianos.
El Ejecutivo repite como un mantra su preocupación por la falta de recursos para sus supuestos ‘programas sociales’, mientras sigue apalancando un nuevo pacto entre las clases dominantes a punta de ‘mermelada’, clientelismo y promesas de privatizaciones. Quien parece más satisfecho con esto parece ser Germán Vargas Lleras, pues hoy tiene ‘las llaves en la mano’ para darle un poco de aire a Duque, pero ha pedido la renuncia del ministro de Salud, quien pertenece a su partido, y estaría esperando la caída del jefe de la cartera de Interior para iniciar negociaciones con el uribismo de cara a las elecciones de 2022, de forma que el candidato oficial de una coalición de extrema derecha sea Alejandro Char, hoy presidente del Congreso, con la bendición de Álvaro Uribe. Por ningún lado, eso sí, se polemiza frente a la represión del descontento social por todos los medios a mano de quienes controlan el Estado, lo que incluye tanto la acción criminal del ESMAD como el genocidio selectivo de líderes sociales por parte del paramilitarismo y el crimen organizado que nos pone como uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de los derechos humanos y el medio ambiente.
Por ahora, es momento de celebrar. No obstante, el panorama sigue siendo incierto, pero quienes han usado las calles, las cacerolas y las redes digitales para hacer sentir su descontento ha dejado un claro mensaje a Uribe, Duque y sus aliados: esto no es 2002 y la gente no está dispuesta a seguir dejando que la gobiernen como antes. La lucha sigue.
