De Alex Saab a Maradona
En el año 2014, en un libro que recoge los documentos desclasificados disponibles provenientes de diversas áreas del gobierno de EEUU, se dio a conocer públicamente cómo operó el Departamento de Estado en Chile entre 1969 y 1973, reconociendo así su participación en el golpe de Estado perpetrado contra Salvador Allende. Pero, además, se conoció el relato de Jack Devine, un agente encubierto de la CIA, contando, cuarenta años más tarde, sus funciones con la cuenta de medios, entre ellos principalmente la relación con El Mercurio.
Periódico al cual la CIA le dio «alrededor de dos millones de dólares, a lo largo de dos años, lo que les permitió seguir publicando» las historias sobre las estatizaciones, las acciones violentas y la crisis económica de entonces que promovían la desestabilización política en el país.
No solo eso, Devine también estaba involucrado en la agitación política, reconociendo la participación de la CIA en este campo. Es así cómo captaba entre sus fuentes a mujeres de clase media. A una de ellas le entregó cientos de dólares para que organizaran manifestaciones con cacerolas vacías como protesta por la falta de alimentos. Considerada al principio «una buena idea que al menos justificaba una pequeña inversión», convirtiéndose finalmente en la primera «Marcha de las Cacerolas» contra la Unidad Popular.
En el caso de Venezuela, no será necesario que Estados Unidos desclasifique documentos 40 años más tarde para poder reconocer su participación en la política de asedio contra el país, con el fin de impulsar el «cambio de régimen» contra el presidente Nicolás Maduro, así como la evidente participación de actores internos y externos involucrados en ello.
Acá se pueden identificar operadores, tal cual El Mercurio o las mujeres de clase media en Chile, particularmente sobre el sistema agroalimentario y, por ende, sobre la población, ambos constituyentes del poder nacional, para vulnerarlo, o lo que es igual disminuirlo o reducirlo, con el fin de hacer colapsar al gobierno, generar la parálisis y con ello alcanzar el objetivo de Estados Unidos.
De la «Marcha de las ollas vacías» a «La última cola»
Y si hay un componente por el cual estos operadores han atacado constantemente a Venezuela, es con relación al tema de los alimentos, cuya agenda comenzó a instalarse desde el año 2014, cuando se quiso replicar en el país, en medio de las «guarimbas» violentas, «la marcha de las ollas vacías» sin ninguna justificación, pues en ese año la población venezolana aún gozaba de indicadores alimentarios en el más alto nivel.
Indicadores que se mantenían en el año 2015, aún en medio de la guerra económica, el desabastecimiento inducido, las largas colas para adquirir alimentos básicos e incluso, el fenómeno del “bachaqueo” de éstos, principalmente hacia Colombia. Realidad que quedó registrada por la BBC ese año: «El que mira desde fuera puede pensar que, por haber escasez de productos de primera necesidad, el venezolano está pasando hambre (…) Pero se sorprenderá cuando vea que, en la mayoría de las casas, ricas o pobres, muchos de esos productos están en las neveras, alacenas y platos de comida».
En ese año, «la última cola» fue el eslogan que utilizó la oposición al gobierno venezolano para conquistar la Asamblea Nacional, desde donde se avalaron posteriormente la aplicación de las «sanciones» de Estados Unidos contra el país entre los años 2016 y 2020.
Esta Asamblea Nacional se convirtió inmediatamente y hasta sus últimos días en brazo ejecutor de las políticas de Estados Unidos contra Venezuela, dentro y fuera del territorio nacional. Y desde ese espacio se estructuró el ataque al programa de alimentos subsidiados a puerta de casa, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado en 2016.
Y es que las colas para adquirir los alimentos básicos, sobre los que se cabalgó mediáticamente para mantener a Venezuela en la agenda internacional, y se posicionó la Asamblea Nacional opositora (2016 – 2020), comenzaron a desaparecer a medida que los CLAP fueron extendiéndose a lo largo y ancho del país y llegando los productos alimenticios literalmente a la puerta de las casas de las familias venezolanas. El caos comenzó a desvanecerse y era imperativo para Estados Unidos, aún lo es, evitar que el Gobierno Nacional obtenga mayor libertad de acción en este tema.
Para ello se ha operado en una combinación de terrorismo económico y mediático en conjunto con las «sanciones económicas».
Terrorismo económico, porque se ha perseguido de una u otra forma a empresarios nacionales y extranjeros, incluyendo a sus empresas involucradas, en el suministro de los CLAP a Venezuela. Abastecer de un bien esencial al país se ha convertido en un delito no abiertamente declarado en un principio, para generar un castigo disperso, disfrazado, cuya cacería se cierne realmente sobre el programa de alimentos, buscando su desprestigio, para sembrar el rechazo en la población a quien va dirigido, y más allá, sobre cualquiera que se atreva a suministrar bienes alimenticios al país.
Para ello, desde la Asamblea Nacional se tejió un entramado de actores, políticos, mediáticos y estratégicos que merodean constantemente sobre los CLAP, tal cual como se hace hasta la actualidad con cualquier movimiento que se ejecute o huela a compras de alimentos por parte del gobierno venezolano. La excusa, siempre soportada en «negocios oscuros» que siguen colgando de suposiciones y presunciones, o como los más recientes, «debió» o «probablemente», que se imputan sobre Maradona, El Diez.
Asamblea Nacional (2016 – 2020), brazo ejecutor de EEUU en Venezuela
En el año 2020, en medio de la pandemia mundial, se conoció que las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, así como sus dueños, fueron «sancionados» por Estados Unidos, acusados de intercambiar petróleo por alimentos con Venezuela.
Sin embargo, no era el primer caso. Desde el año 2017 se arreció mediática y políticamente la cacería sobre los CLAP, a través de la figura del empresario Samark López. De hecho, constituyó para la Asamblea Nacional, brazo ejecutor de Estados Unidos en Venezuela, su primera denuncia, después de haber rechazado su lanzamiento en 2016.
Al empresario se le acusaba de haber vendido alimentos a Venezuela desde México para el programa alimentario con sobreprecios; al mismo tiempo que se le inculpó de testaferro del entonces vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami; este último, también señalado de estarse lucrando con los alimentos, antes que Estados Unidos lo acusara de tener «supuestos lazos con el narcotráfico» y de evadir las «sanciones» del Departamento del Tesoro, y sobre quien la Casa Blanca terminó imponiendo una recompensa de 10 millones de dólares por su «ubicación». Ambos fueron «sancionados» a principios de 2017.
En 2020, Estados Unidos le puso precio a la cabeza de López por 5 millones de dólares. Un mes después de conocerse que el informante por el que se había imputado a ambos había mentido y robado a los federales estadounidenses 140 mil dólares que les transportaba, poniendo en riesgo el caso, y dejando evidencia que, desde el país norteamericano, se estaba incurriendo en cargos falsos para perseguir su objetivo de «cambio de régimen» en Venezuela.
Lo cierto es que en 2017 comenzaron a señalarlos por adquirir alimentos de los CLAP para el país durante el año 2016, y terminaron sencillamente acusándolos de eludir las «sanciones» impuestas por Estados Unidos, y por lo cual habría que perseguirlos «para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos del régimen ilegítimo de Maduro»: leyó bien, «para proteger a los ciudadanos estadounidenses de Nicolás Maduro», según el exsecretario de Estado Mike Pompeo.
La detención ilegal de Alex Saab: entre la Asamblea Nacional y la «prensa independiente»
Otro caso que quizás ha sido más conocido se puede leer en Alex Saab y el bloqueo de alimentos a Venezuela. Entre los actores involucrados que han explotado este caso se encuentra, por supuesto, la Asamblea Nacional (2016 – 2020), la misma «prensa independiente» financiada por NED, USAID y Foreign & Commonwealth Office, entre otros, y algún otro personaje, como la participación desaforada de Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República, recién destituida en ese entonces, que en medio de periodistas en Brasil leía torpemente un pedazo de papel que le hacían llegar con el nombre de una empresa para señalar, esta vez, al propio presidente Nicolás Maduro de lucrarse directamente de los CLAP. Y que, en la actualidad, es acusada en Estados Unidos por soborno de un millón de dólares a un empresario venezolano.
Todos estos en una puja por obtener el reconocimiento de Estados Unidos, quien presiona por la extradición de Alex Saab a Cabo Verde. Una vez detenido durante el año 2020 de forma ilegal en ese país, mediante la justificación de una alerta roja inexistente de Interpol, y más aún, con una designación diplomática de Enviado Especial desde el año 2018, violando su inmunidad, así documentado por la Cancillería venezolana. Mientras realizaba una parada técnica, en medio de un viaje a la República Islámica de Irán en representación de Venezuela, a donde viajaba a cumplir «gestiones orientadas a garantizar la procura humanitaria de insumos de gran necesidad para el país, en el contexto de la pandemia por la Covid-19 (…) adicional a las habituales, para la procura de alimentos y medicinas», como se puede leer en una notificación hecha pública del 1° de abril de 2020, emanada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A Saab, la «prensa independiente» le ha dedicado desde 2017 largos reportajes, tanto que ésta se ha convertido en la protagonista de la historia, y cómo no, si Estados Unidos les ha dedicado especial atención a sus publicaciones.
La acusación y sentencia periodística contra Saab también se inició por abastecer alimentos para los CLAP; sin embargo, es año y medio después, en octubre de 2018, que la administración Trump anuncia el inicio de una investigación contra este empresario, que desde el mes de abril de ese mismo año, y no por casualidad, había sido acreditado como Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela, para que «con amplias atribuciones realiza(ra) gestiones (…) en la búsqueda de soluciones prácticas a las complejas situaciones que afectan a la República (…) como consecuencia de bloqueo comercial y financiero a que ha sido sometida desde el año 2015».
En julio de 2019, es «sancionado» por el Departamento del Tesoro, el mismo día que fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos por supuestos hechos de lavado de dinero ocurridos entre 2011 y 2015, pero resulta que las acusaciones, las «sanciones» y los comunicados estadounidenses solo hacen referencia a su relación con el presidente Nicolás Maduro y los CLAP, incluso en septiembre de ese mismo año Estados Unidos anunciaba el aumento de la presión sobre éste por las mismas razones.
En febrero de 2021, aún ilegalmente detenido, desde la administración Biden se hacía el reconocimiento a las personas involucradas en las investigaciones y los portavoces que ayudaron a develar lo que el país norteamericano califica de «uso corrupto del régimen de Maduro del programa de alimentos subsidiados en Venezuela», y por supuesto, reconoce el trabajo realizado por la Asamblea Nacional opositora un mes antes de que la fiscalía suiza anunciara el cierre de la investigación abierta desde 2018 contra Alex Saab por el presunto lavado de dinero, sustentada en la falta de pruebas para proseguir con la causa desde diciembre de 2020.
Eso sí, algo que es inocultable en los medios y declaraciones de los portavoces de Estados Unidos es que Alex Saab ayudó, y al parecer sigue ayudando, a evadir las «sanciones» que la Casa Blanca impone sobre Venezuela, o sea, a evadir el bloqueo.
Si bien estos son tres casos, no son únicos, existen varios acusados sobre todo mediáticamente por la «prensa independiente» de abastecer de alimentos a Venezuela. Entre estos, otras empresas mexicanas a las que se le ha expuesto al escarnio público como forma de presión para que pusieran fin al suministro de alimentos a Venezuela desde el año 2018.
Grupo de Lima y ACNUR contra los CLAP
En octubre de 2018 se llevó a cabo una operación desde México durante los últimos días del gobierno de Peña Nieto, más mediática y política que de otra índole.
Desde el país azteca se anunciaba el «desmantelamiento de una red que lucraba con despensas venezolanas», que no era otra cosa que con los CLAP. De cuyo acto no se supo ninguna otra información después de ese día, hasta que apareció de nuevo el autodenominado «periodismo independiente».
Lo resaltante del asunto es que Lira Salas, exsubprocurador general de la República mexicana, quien realizó el anuncio, afirmaba que los productos CLAP eran revendidos finalmente a la población venezolana con un 112% superior al costo real de lo que eran adquiridos en México, omitiendo que estos formaban parte de un programa subsidiado que incluso en la actualidad las familias lo reciben a un precio irrisorio, comparado con los alimentos en anaqueles de supermercados en Venezuela y la inflación que aún vive el país.
Por otra parte, ocultó el nombre de las empresas mexicanas involucradas en la supuesta red, atribuyendo el compromiso de un «acuerdo reparatorio» para que estas no fueran sancionadas. La primera de las exigencias fue entregar 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Filipo Grandi, que en esos días había realizado una gira por Perú, Colombia y Ecuador para atender la situación de los migrantes venezolanos en estos países.
El segundo elemento fue más categórico. A las empresas mexicanas no mencionadas se les exigió el compromiso de no realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno venezolano o terceros a través del programa CLAP. Incluso, para la adquisición de medicinas.
Y, por último, tanto el exsubprocurador como el exsubsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería mexicana, Luis Alfonso De Alva, dejaban claro que este ejemplo contra el «delito» formaba parte de una acción combinada de cruce de información, principalmente con Colombia, siguiendo el entonces compromiso de México ante el Grupo de Lima.
Al año siguiente, a principios de 2019, periodistas de México que se adjudican haber documentado el supuesto fraude en el programa CLAP, reconocían que no existían más informes del caso por parte de las autoridades mexicanas.
Hasta que el año 2020 los mismos periodistas, en otro reportaje, según información suministrada por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, admitían que la Procuraduría del gobierno de Peña Nieto había realizado un «pacto ilegal con los proveedores de los CLAP» en 2018, cuya multa impuesta debió ser depositada en la Tesorería y no entregada directamente a ACNUR.
De hecho, dejaron sentado que los empresarios de El Sardinero les aseguraron, en este caso al portal Excelsior, que junto a Armando.info se adjudican todos los reportajes sobre el CLAP, que ellos cumplieron con el «acuerdo reparatorio», «pagaron su parte», en ese entonces 750 mil dólares, «detuvieron su negocio con Venezuela» y entregaron los alimentos que les fueron decomisados a la cancillería de la administración de Peña Nieto.
Pero no solo fue El Sardinero; con ella, otras tres empresas. Y posteriormente se fueron agregando más. Todas con multas pagaderas a ACNUR.
En este caso, no solo fue México que accionó contra los CLAP y los alimentos subsidiados para la población venezolana, fue una operación en conjunto del Grupo de Lima, la Asamblea Nacional (2016 -2020) y el «periodismo independiente» en una acción combinada de presión sobre aquellos que suministraban alimentos a Venezuela en 2018.
El objetivo final: limitar los envíos y comercios con Venezuela, aunque ya a nadie le interese conocer si ACNUR recibió o no la multa que de forma ilegal pagaron las empresas.
El «periodismo independiente» sobre los CLAP
El «periodismo independiente», desde 2017, ha hecho constantemente su trabajo contra los CLAP, del que no han escapado una lista de empresarios y sus empresas, funcionarios y hasta el propio Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro.
El hilo conductor siempre parte de una «investigación independiente», periodística, que después los medios masivos diseminan a nivel internacional mediante reportajes y artículos de opinión escritos por los mismos periodistas, sin distinción alguna en New York Times, El País, Excelsior, Semana, Infobae o cualquier otro, con el fin de instaurar la postverdad y hasta dictar sentencia de la presunta culpabilidad de los involucrados.
Posteriormente, la extinta Asamblea Nacional entra en juego, denuncia, y Estados Unidos aplica el terrorismo y las «sanciones» económicas, dando así comienzo a la cacería de los señalados.
Datos articulan este accionar. Por ejemplo, tres días antes de la acción que México ejecutó, realmente contra sus propias empresas productoras de alimentos en 2018, en el New York Times podía leerse un artículo de opinión sobre el hambre en Venezuela y «la trama de corrupción» en los CLAP, cuyo punto más álgido se concretó mediáticamente en agenda internacional, cuando el gobierno de Peña Nieto acciona por el Grupo de Lima explotando el escenario montado solo para que la Asamblea Nacional asumiera su papel.
Otro ejemplo, donde el «periodismo independiente» volvió al ruedo, fue en 2019, nuevamente contra las mismas empresas mexicanas que habían sido objeto del «acuerdo reparatorio» en México, en el año 2018.
En esta oportunidad, desde El País, estos mismos «periodistas independientes» publicaron los nombres de El Sardinero, Rice&Beans y La Cosmopolitana, acusándolas de «sacar provecho de la venta de las despensas a Venezuela» tres meses después que Estados Unidos anunciara que aplicaría «sanciones» (22 de mayo de 2019) contra todo los involucrados en el programa de alimentos CLAP.
En línea, particularmente a la empresa El Sardinero, desde el Nuevo Herald se le acusó de «estar ayudando al régimen de Maduro», e incluso se publicó mediáticamente que la empresa estaba «bajo la observación de las autoridades estadounidenses por su presunta participación en el esquema de corrupción ligado al programa venezolano de importación de alimentos conocido como CLAP».
Agregando que el gobierno estadounidense había activado «sanciones» prohibiendo a sus empresas, pero también a las extranjeras realizar negocios con Venezuela, y aunque se excluía supuestamente la compra de comida, esta prohibición ponía en riesgo a los proveedores si participaban en torno a los CLAP, en la cual estaba El Sardinero «entre un puñado de proveedores mexicanos».
Y, por supuesto, en esta publicación hecha por Nuevo Herald, citando la investigación publicada por El País de España unos días antes, no solo se le acusaba a la empresa El Sardinero de comerciar alimentos con Venezuela, del cual en líneas generales era el único pecado, también se señalaba a las empresas que esta había usado para surtir los alimentos de los CLAP: La Costeña, Aurrerá, Maseca, Minsa, La Merced, Abeto, La Ribereña, Clemente Jacques y Arroz Morelos.
Como respuestas a este ataque, el 26 de septiembre de 2019, El Sardinero envió una carta al Nuevo Herald aclarando que su participación «en la fabricación de despensas para una empresa que, a su vez tenía como cliente al gobierno de Venezuela, se realizó en estricto apego a las leyes mexicanas y cumpliendo en todo momento con los más altos estándares de calidad». Sin embargo, ya la postverdad estaba en marcha.
Además, agregaba que «El Sardinero no fue fabricante de los productos y no estuvo a cargo de la transportación de las despensas, únicamente actuó como el encargado de comprar y armar las denominadas cajas CLAP, las cuales incluían productos de los fabricantes más prestigiados del país».
Por esta publicación en El País, de agosto del año 2019, los periodistas de Armando.info y Excelsior, los portales que, además, se atribuyen haber desmontado la supuesta trama de corrupción «Detrás de los CLAP» desde 2017, fueron objetos de premiación por parte del Tecnológico de Monterrey y FEMSA. Como muestra de que este programa de alimentos de Venezuela tiene alto interés para varios actores en el mundo.
En esta oportunidad, al reportaje contra las tres empresas mexicanas, se le otorgó el premio «Voces de América Latina» para el periodismo digital, que por primera vez se entregaba, resultando «Los CLAP» la «investigación ganadora», incluyendo sus periodistas, y cuyo galardón fue concedido por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quienes habían firmado un Memorandum de Entendimiento en el año 2018 «con el objetivo de generar oportunidades académicas para profesionalizar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas».
En todo caso, con el premio otorgado, además obtuvieron una beca para el diplomado en «Libertad de expresión y la Defensa de los Derechos Humanos», como parte del programa en línea que ofrece el Tecnológico de Monterrey en colaboración con la USAID.
Más allá del premio, lo que es necesario destacar en este caso es el papel que la USAID ha jugado y juega en el mundo cuando Estados Unidos considera a otro país «políticamente inestable»; imagínense si lo declara «una amenaza inusual y extraordinaria» para su seguridad nacional como a Venezuela.
Un ejemplo son los años de la Guerra Fría, cuando la USAID se alistó en ella, particularmente en Vietnam, buscando la «estabilización y desarrollo» mediante las operaciones conjuntas entre los militares estadounidenses y los agricultores de la Agencia, que desde el año 1967 realizaron a través del programa de contrainsurgencia militar civil conocido como CORDS. Adonde destacó la mayor parte de sus empleados hasta esa fecha.
Una vez en los caseríos y pueblos rurales, estos trabajadores (agricultores) de la USAID ofrecían técnicas de formación y asesoramiento a las familias agrícolas en sus comunidades, cuyo fin era intentar neutralizar el atractivo del VietCong; incluso la promoción de la Reforma Agraria en Vietnam del Sur, como una iniciativa gubernamental basada en investigaciones de campo y asistencia técnica, eran financiadas por USAID, buscando minar el reclutamiento del VietCong.
Sobre estos hechos, reconocidos públicamente por la agencia, ha afirmado: «Llegó demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra». Sin embargo, este modelo de «promoción» aplicado en Vietnam sigue siendo una estrategia utilizada por USAID para «ayudar» a otros países considerados «políticamente inestables» en el mundo.
Sobre Maradona y «las cosas secretas» para suministrar alimentos a Venezuela
Volviendo a 2020. Después de la detención ilegal de Alex Saab en Cabo Verde, la «prensa independiente» dejaba claro que había hecho su trabajo, y era hora de la justicia, según un artículo publicado en New York Times. Parecía de lejos el fin de la cacería, porque con este hecho suponían «un duro golpe al Presidente Nicolás Maduro», y finalmente «la posibilidad» del cambio de régimen que tanto promueve Estados Unidos.
Sin embargo, para sorpresa del mundo, a finales de año se conocía del fallecimiento de Diego Armando Maradona, El Diez, El Diego, el mismo que desde el año 2018, con relación a aquellos que le criticaban por su apoyo rotundo a la Revolución Bolivariana, afirmaba: «Ellos hablan desde su casa y tienen el plato de comida lleno todos los días. Y nosotros estamos peleando en Venezuela para que ese plato se llene». Y agregaba: «Yo tengo la espalda bien grande para aguantarme todo lo que quieran decir».
El Presidente Nicolás Maduro, en medio de un pequeño homenaje que le hacía al Diego luego de su fallecimiento, comentó: «Nos ayudó en algunas cosas secretas para traer alimentos para el pueblo de Venezuela», e incluso que solo eso podía decir por ahora.
Bastó ese comentario para que la «prensa independiente» recargara sus baterías contra Maradona, al que ya le habían dedicado un reportaje en junio de 2019, aunque el premio lo hayan obtenido dos meses después por atacar a las tres empresas mexicanas desde El País de España. Porque es válido recordar que desde el mes de mayo y hasta septiembre de ese año, Estados Unidos estuvo anunciando «sanciones» a todo lo que oliera a CLAP, mientras los reportajes sobre el programa de alimentos emanaban.
En esta primera oportunidad, a Maradona no fueron capaces de acusarlo directamente, tampoco a los empresarios involucrados, cuyo pecado era «aprovecharse» de la amistad con el astro del futbol para vender alimentos a Venezuela y que «prácticamente habían monopolizado los suministros de maíz» al país, y «se corría la voz» del pago de las ventas con oro venezolano.
Desde enero de 2021, al Maradona que ya no está para aguantarse con su espalda bien grande todo lo que quieran decir, nuevamente la «prensa independiente», articulada entre Bogotá y Buenos Aires, aparece para acusarlo de «comisionista» y «lobista».
Esta vez no fue que empresarios se aprovechaban de la amistad con El Diego, no; ahora el Diego formaba parte de «un nuevo negocio oscuro» de la Revolución Bolivariana para la compra de alimentos y, por ende, hay que develar «lo que Maradona se llevó de Venezuela» bajo estimaciones y cálculos hechos en los reportajes que, según ellos, «revelan las millonarias comisiones que el jugador recibía».
Detrás de todo, siempre lejos de credibilidad, Maradona «debió» terminar recibiendo su comisión. Ni siquiera pueden asegurar «si fue en oro o en dinero», pero «debió» recibirla por la venta de los alimentos y, por supuesto, no pueden dejar de acusar al Gobierno Nacional de suscribir contratos de alimentos por alguien recomendado por Maradona «sin saber si los contratos le convenían al país y si los precios a los que se compraron los alimentos a esa empresa eran los adecuados» y, cómo no, hay que estar pendiente porque «probablemente sus herederos se terminen beneficiando de estos negocios con Venezuela».
Y aunque finalmente se hable de audios que confirman los negocios «turbios» de Maradona con los alimentos para Venezuela, de lo que realmente hay evidencias es que Maradona ayudó a suministrar alimentos al país en medio del asedio, porque «la modalidad de pago entró en crisis a partir del bloqueo de las cuentas bancarias por parte de Estados Unidos y varios países europeos», con lo cual «todas las cuentas (fueron) bloqueadas» e hizo que «el tema del bloqueo estuviera muy complicado».
Planteamientos finales
En definitiva, para la «prensa independiente», la Asamblea Nacional 2016 – 2020 y Estados Unidos, cualquiera que le venda alimentos a Venezuela, en medio del bloqueo, económico, financiero y comercial al que está sometida, solo tiene un supuesto negocio turbio, y más allá, está lucrándose siempre del hambre de la población, a la que es mejor, ante todo, no proveerle de alimentos a permitir que Nicolás Maduro siga en el poder.
Y es que existe una relación invariable alrededor de los CLAP desde 2017, 2018, 2019 y 2020, en la cual siempre, detrás de la acción mediática, se desata la acción política, que finalmente Estados Unidos la traduce en «sanciones», por supuesto, amparadas en su «justicia», y no son solo estos ejemplos expuestos.
Por los momentos, solo falta que Estados Unidos imponga «sanciones» a Maradona, pero como no está será sobre sus herederos, los que según la «prensa independiente» «probablemente» se seguirán beneficiando de sus «negocios» en Venezuela, porque, en definitiva, los alimentos no son un asunto humanitario, son un asunto de guerra.
Lo que confirmará Estados Unidos en unos cuantos años es si la operación detrás de los CLAP fue considerada, como en Chile, «una buena idea que al menos justificaba una pequeña inversión» por parte de la USAID y otros (según los planteamientos de Yrcia Romero, habitante de la comunidad del Consejo Comunal Nuevo Mundo, ubicado en el Sector El Guarataro, Parroquia San Juan, Caracas), con la cual se podía entorpecer esta nueva forma de distribución de alimentos en Venezuela, en medio de la guerra económica, donde matar a la población venezolana de hambre, y que comieran nuevamente si y solo si Estados Unidos lograba su cambio de régimen, era un pequeño daño colateral.
A lo interno, el objetivo de impactar negativamente sobre los CLAP para generar su rechazo y causar mayor sufrimiento en la población venezolana terminó, al contrario, generando «mayor organización social y política en las comunidades» que lo reciben, conscientes de que «en esta coyuntura de guerra económica, es una esperanza para todas las familias» y que incluso «esperan producir de acuerdo a sus espacios, para solventar cualquier eventualidad que se presente» (Yrcia Romero dixit), porque si hay algo que desató el bloqueo de Estados Unidos fue la necesidad de apostar a la producción interna. Eso incluye a los alimentos del programa, y no es poca cosa, porque significa recomponer el poder nacional.
