Este 1 de mayo, se instaló en El Salvador la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el oficialista Nuevas Ideas después de la abrumadora victoria electoral del 28 de febrero.
Tras asumir el nuevo cargo, 64 diputados (56 Nuevas Ideas, 5 Gana, 2 Pcn y 1 Pdc) dieron un zarpazo a la institucionalidad salvadoreña, destituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sus suplentes y al fiscal general, reemplazándolos con personas de total confianza del presidente Nayib Bukele.
La decisión fue argumentada bajo el pretexto que los magistrados habrían violentado la Constitución al oponerse a medidas tomadas por Bukele en el marco de la pandemia. La destitución del fiscal Raúl Melara responde, por el contrario, al hecho de tener supuestos vínculos con un partido político (Arena).
Horas después, la misma Sala declaró la inconstitucionalidad de la medida, señalando que viola la “forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista”. Hasta el momento, dos de los magistrados y el fiscal general decidieron renunciar al cargo aduciendo “razones personales y familiares”.
En efecto, el artículo 186 de la Constitución salvadoreña afirma que a los magistrados sólo se les puede destituir “por causas específicas previamente establecidas por la ley”. Además fija el procedimiento para el proceso de elección y nombramiento de magistrados de la Corte suprema de justicia.
Duras las reacciones a nivel nacional e internacional. El ex gobernante Fmln habló de “abierta y descarada intromisión en otros órganos del Estado” y de una “intención manifiesta de control absoluto de los poderes del Estado”. Asimismo, consideró la medida “un golpe de estado a la incipiente democracia”.
El senador estadounidense Albio Siles calificó la destitución como “un abuso de poder, un acto ilegal de venganza, un gran paso hacia el autoritarismo”.
Diego García Sayan, relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, condenó la medida tomada por la bancada oficialista y sus aliados y dijo que actuará contra ”toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales”.
De la misma manera, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Antony Blinken, expresaron preocupación por el estado de la democracia salvadoreña. Blinken dijo haber conversado con el presidente salvadoreño, y haberle expresado que la gobernabilidad democrática “requiere el respeto de la separación de poderes”.
Tanto la Organización de estados americanos (Oea) como la Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh) rechazaron las destituciones realizadas ‘sin legítima causa’, considerándolas “una afrenta a la independencia judicial y a la República”.
Yo mando
Pese a las críticas y las presiones, el presidente Bukele rechazó nuevamente cualquier intromisión en asuntos internos, haciendo hincapié en el amplio respaldo que la ciudadanía le otorgó en las últimas elecciones, y que le permite ahora controlar los dos tercios del hemiciclo parlamentario.
“Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa…y eso no es de su incumbencia», tuiteó en la madrugada del domingo.
Mientras tanto, los nuevos magistrados aprovecharon la noche y el despliegue policial para ingresar en la Corte Suprema de Justicia y tomar posesión de sus cargos, escoltados por el propio Mauricio Arriaza, director general de la Policía.
Este lunes 3 de mayo se reanudan los trabajos parlamentarios. Todo apunta a que la ofensiva del bukelismo recién empieza.
Para Carlos Molina Velásquez, filósofo y docente de la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’ (Uca), lo que ocurrió en la noche del 1 de mayo no fue una sorpresa.
“No me sorprendió, incluso que lo hayan hecho el mismo día de la toma de posesión (de los nuevos diputados). Es una estrategia muy consistente de Bukele de presentarse ante la población como un presidente fuerte y muy eficiente.
Es la forma con la que ha estado procediendo desde que asumió el cargo en 2019. Ha construido un enemigo y ha iniciado una guerra. Ese es el término exacto: guerra. Y lo va a seguir haciendo”, manifestó Molina.
Para el analista, con esta nueva exhibición de control y poder, el presidente salvadoreño pretende mandar un mensaje muy claro.
“Bukele quiere reafirmar un concepto muy sencillo, y al tiempo, muy peligroso: la autoridad es el poder y el poder es la fuerza bruta. Ya lo vimos en febrero del año pasado cuando militarizó el parlamento, y lo volvimos a ver el sábado cuando el director de la Policía escoltó a los nuevos magistrados.
Lo que están haciendo -continuó Molina- es lo que siempre dijeron que iban a ser, y sólo es el comienzo. Lo más probable es que, en los próximos días, hagan lo mismo con otros magistrados y con el procurador de derechos humanos ”.
La “esencia misma del fascismo”
Una actitud que se enmarca en una estrategia del presidente para presentarse como algo diferente, positivo, moderno, que le permita al país dejar atrás el pasado.
“Por eso quiso restarle importancia, minimizar y hasta negar la relevancia de hitos en la historia reciente de El Salvador, pienso a los acuerdos de paz, que puedan opacarlo. Es muy peligroso y encarna la esencia misma del fascismo.
El verdadero objetivo -aseguró el catedrático- no es sólo apoderarse de la instituciones, sino disputarles el poder económico a las élites tradicionales, y disputarles el capital simbólico a los constructores de sentido en el país, como son las universidades. Bukele y su gente van por el todo”.
Para Molina Velásquez, difícilmente las medidas tomadas en estos días podrán ser revertidas. Eso depende de cuatro factores que se identifican con cuatro sectores.
“Habrá que ver de qué manera reacciona el sistema judicial. Si tuviéramos un sistema institucional muy sólido, con una policía y un ejército no totalmente sumisos al presidente, tal vez sería suficiente, pero me temo que no es así”.
El segundo factor es la movilización ciudadana.
“Hasta el momento ha sido prácticamente nula. Lamentablemente hay que reconocer que la mayor parte de la población está apoyando eso y piensa que está bien. Es preocupante ver como muchísimas personas han sido inducidas a no considerar temas como la institucionalidad y la separación de poderes, fundamentales para la vida y el desarrollo de un país.
En este sentido -añadió el analista- es importante preguntarse cómo se ha llegado a esta situación, que ha sido aprovechada por Bukele para profundizar el abuso de poder y echar a andar sus campañas de desprestigio y odio”.
Una estrategia que también le ha servido para ocultar la realidad del país: pobreza, crisis económica, endeudamiento, corrupción en el manejo de la pandemia y el combate a la criminalidad.
“Bukele tendrá que enfrentarse al problema de cómo mantener altos grados de popularidad y hegemonía, a medida que la situación para la gente se vaya volviendo cada vez más insostenible”, aseguró.
Finalmente, Molina señaló un tercer y cuarto elemento que influirán en la posibilidad o menos de revertir el ‘golpe institucional’, que son las gremiales empresariales que tienen el poder real de la economía salvadoreña y Estados Unidos.
“Ya hubo pronunciamientos de ambos, aunque es muy triste para la izquierda pensar que las mayores esperanzas residan en la oligarquía y el imperialismo”, concluyó.
