Por Irina Hauser
Pocas veces se vio con tanta nitidez cómo funciona el dispositivo mediático-judicial-político como ocurrió con la exhibición durante nueve jornadas de una estrategia de fuegos artificiales de la fiscalía del juicio sobre la obra pública en la provincia de Santa Cruz destinada a tapar que en estos más de tres años de audiencias no se había probado nada que comprometiera a Cristina Fernández de Kirchner. Así, tal como anunciaron en su propia cadena los medios opositores que el fiscal Diego Luciani pediría una pena elevadísima para la vicepresidenta, finalmente este lunes requirió 12 años de prisión para ella e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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CFK solicitó, a través de su abogado, Carlos Beraldi, ampliar su indagatoria ya que, escribió en Twitter, “los fiscales en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Como se veía venir, el tribunal le dijo que no. Ella anunció que este martes a las 11 hablará por sus redes sociales. Por la noche una movilización espontánea en su apoyo, en la puerta de su casa, fue reprimida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días”… anunció que este martes a las 11 a través de sus redes va “a demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”. Será una transmisión en vivo, a la que podrán acceder los medios.
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El mensaje que buscan dejar los fiscales Luciani y Sergio Mola es que el kirchnerismo no fue o es un proyecto político (al que a la vez un sector judicial descalifica por ‘populista’) sino una organización delictiva para apropiarse del dinero público. Para eso exprimieron el último día del alegato con la misma fórmula discursiva que usaron desde que le dieron inicio, con frases repetidas. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”; “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”; “arrasaron todos los principios de contratación pública”; “los organismos de control están parasitados”, fueron algunas de las expresiones que apostaron a instalar. También afirmaron que para ellos el perjuicio al Estado fue de 5231 millones de pesos, que pidieron decomisar.
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La vicepresidenta recibió respaldo de todos los sectores del Frente de Todos, de la CGT y la CTA al igual que referentes de izquierda. El Gobierno nacional difundió un comunicado donde condenó “la persecución judicial y mediática”, el abuso de la figura de la asociación ilícita, la aplicación de la prisión preventiva como pena anticipada y señaló la falta de pruebas. El presidente se solidarizó personalmente con la vicepresidenta por Twitter y luego se comunicó con ella. La Asociación de Fiscales saltó enseguida a cuestionarlo por la supuesta interferencia.
Pruebas falsas
En la edición del último domingo de Página/12, se resaltó que en los tres años que lleva este juicio pocos medios de comunicación le dieron cobertura. Los alineados con la oposición lo ignoraron porque audiencia tras audiencia se desmoronaba la acusación y la vicepresidenta no era ni mencionada. Incluso a la hora de alegar los fiscales no pudieron exhibir decreto ni orden administrativa, correos o mensajes que vinculen a la expresidenta con la obra pública en Santa Cruz, sólo una serie de especulaciones.
FUENTE: Página 12/Artículo editado por Red Angostura
23/08/2022
