Por Horacio Verbitsky
Un peritaje caligráfico oficial sobre los cuadernos Fénix del sargento 1° del Ejército Oscar Bernardo Centeno constató la operación de inteligencia de la que en enero se cumplirán cinco años, con la doble finalidad de deslegitimar a los gobiernos kirchneristas, involucrando a CFK en actos de corrupción, y apoderarse de empresas y negocios para amigos y socios de Maurizio Macrì. Entre ellos, Nicolás Caputo, cuyos primos aparecen ahora financiando a organizaciones que “sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”, según el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita. Al mismo tiempo, reapareció el ex director operativo de la inteligencia federal, Horacio Antonio Stiuso, en un intento de reflotar el caso del ex fiscal general Natalio A. Nisman, cuya denuncia contra Cristina por la firma del memorándum de entendimiento con Irán fue el ariete desestabilizador de la última presidencia kirchnerista, con elementos que Stiuso recibió de organismos de inteligencia de Estados Unidos e Israel y el financiamiento de los fondos buitre, que presionaban para el cambio de gobierno y el cobro a valor nominal de sus títulos de deuda adquiridos a precio basura luego del default. Tuvieron éxito. Desde la presidencia Macrì pagó hasta los honorarios de los abogados y sumió al país en un nuevo ciclo de endeudamiento, que hasta hoy lo encadena.
El marco regional y global
Es imprescindible encuadrar los hechos en un marco regional y global. Una operación similar y casi simultánea a la que padeció CFK, desplazó en 2016 de la presidencia del Brasil a Dilma Rousseff, derivó en el encarcelamiento del ex Presidente Lula Da Silva durante 580 días y permitió en enero de 2019 el acceso a la presidencia del capitán del Ejército Jair Bolsonaro. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Brasil anuló los procesos contra el tornero nordestino, quien hoy se medirá con Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Luego de dos mandatos en los que sacó a veinte millones de brasileños de la pobreza, redujo casi a la mitad la desnutrición infantil y colocó a su país en un lugar relevante en el mundo, asociado en los BRICS con Rusia, la India, China y Sudáfrica, Lula señaló como sucesora a su ministra Rousseff y apoyó su reelección en 2014. Pero desde su segundo mandato, la Presidenta se distanció de él y fue condescendiente con los planteos neoliberales que había denunciado durante su campaña. Llegó un punto en que dejó de atender los llamados de Lula, lo cual desalentó al Partido de los Trabajadores, que no pudo impedir su destitución en un juicio político amañado, en el que no se le reprocharon delitos sino prácticas administrativas comunes en todo el mundo, como la reasignación de partidas presupuestarias.
También Ecuador asistió a partir de 2017 a la ruptura del Presidente Lenín Moreno con su predecesor, Rafael Correa, de quien había sido Vice hasta 2013 y con cuyo apoyo llegó al gobierno. Moreno abandonó los postulados de la denominada revolución ciudadana de Correa, envió a la cárcel a su propio Vice, Jorge Glass, e hizo girar su gobierno sobre la denuncia de actos de corrupción, presentándose como campeón del honestismo.
Dado que la destitución de Dilma Rousseff no tuvo como accesoria la pérdida de sus derechos políticos, en 2018 se presentó como candidata a Senadora por su estado de Minas Gerais. Pero salió cuarta, con apenas el 15% de los votos, lo cual muestra la futilidad de las maniobras de diferenciación respecto de Lula.
Para desafiar a Bolsonaro, Lula celebró un acuerdo con Fernando Henrique Cardoso y escogió como candidato a Vice al médico paulista Geraldo Alckmin. Ambos políticos socialdemócratas fueron sus adversarios en elecciones pasadas: Cardoso lo venció en 1994 y así accedió a la presidencia, y Alckmin fue vencido por él en 2006. La adhesión popular que Lula conserva pese a la consolidación de una derecha dura en torno de Bolsonaro, le permitió ampliar el espacio del PT hacia el centro y la derecha moderados, que temen la destrucción de las reglas del juego democrático por un jefe prepotente cuyo gesto emblemático es el de empuñar un arma de fuego.
Su modelo es el ex Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien le dio su explícito apoyo.
Trump está bajo investigación por su aliento a la ocupación del Congreso por una turba, el 6 de enero de 2021. Los supremacistas blancos y neonazis que asaltaron armados el Capitolio luego de escuchar una arenga de Trump, querían matar al Vicepresidente Mike Pence y a la jefa demócrata de la cámara baja, Nancy Pelosi, porque se negaron a interrumpir el escrutinio de las elecciones que Trump perdió. Este viernes, a once días de las elecciones de medio término en las que se juega el control de ambas cámaras del Congreso, David Depape atacó a martillazos al esposo de Pelosi. De Pape es un conspiranoico al estilo de los revolufederales argentinos, que afirma en las redes antisociales que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, que lo que mata no es la Covid-19 sino las vacunas y que las élites globales usan la pandemia para controlar el mundo.
Este es en un dramático recordatorio de que trata de una historia abierta, que se desenvuelve en un tablero global. La importancia de la Argentina en ese cuadro está dada por sus abundantes recursos mineros, hidrocarburíferos y agroalimentarios. Según cómo se manejen pueden aportar a la salvación o a la condena de la economía en terapia intensiva.
Uno de los spots de campaña de Lula, cantado con un samba de carnaval por personas comunes e ídolos populares, consistió en girar la mano derecha horizontal 90 grados, de modo que el perfil de una pistola se convirtiera en la inicial de Lula
Es imposible exagerar la importancia para la Argentina de las elecciones de hoy en Brasil.
A cuatro manos
Realizado por la División Scopometría de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal, el peritaje demostró que los cuadernos sobre los cuales el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío montaron un estridente show mediático fueron adulterados por cuatro manos aparte de la del militar, y que mientras las primeras anotaciones pueden corresponder al registro de los lugares de cada viaje que hizo como chofer, las posteriores están hechas a mayor velocidad, con distinta inclinación y en forma continua, lo cual es compatible con el dictado. Ese es el tramo en el que se habla de bolsos y dinero.
Así lo dicen los peritos:
Los empresarios Armando Losón, presidente de Albanesi SA, y Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería, contrataron al estudio de calígrafos Latour para que analizara las imágenes digitalizadas de los tres cuadernos en que se los menciona. Así detectaron 1.600 adulteraciones y solicitaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi la realización de un peritaje oficial. El fiscal Gerardo Pollicita estuvo de acuerdo y la tarea se encomendó a la policía científica.
Pero el Tribunal Oral Federal 7 se negó a entregar los cuadernos, que guarda bajo siete llaves. El argumento de los camaristas Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli fue que al haber decenas de imputados no es razonable que “se manipulen los cuadernos, teniendo en cuenta que las partes van a pedir que los mismos sean peritados” (sic). No se peritan los originales porque se pedirá que se periten. Clarísimo.
El informe oficial hace constar que con las imágenes suministradas por el TOF 7 no es posible realizar “los estudios químico documentológicos, y químico analíticos” solicitados por el juez. Aun así, las conclusiones son devastadoras. Ocho veces los peritos comprueban la existencia de “diferentes manos autoras”.
Según dos anotaciones del sargento Centeno, de agosto y septiembre de 2013, Roberto Baratta y su secretario recibieron dinero de “Armando” en Alem 855. Pero las fojas 20 y 21 del informe demuestran que debajo de ese nombre decía “Marcelo”, que fue tachado con tinta blanca y sobre escrito. En el mismo edificio donde tenía sus oficinas Albanesi estaban las de Odebrecht, donde recibía su presidente, el ahora detenido y condenado Marcelo Odebrecht, socio de Macrì en la sociedad Blackwood, como informé en agosto de 2017 , dos meses antes de que Macrì presionara para que no pudiera seguir escribiendo en el diario del que fui columnista durante 30 años y me forzara así a embarcarme en El Cohete a la Luna.
Y en la foja 34 se informa que la dirección Alem 855 fue agregada por una mano que no es la de Centeno. Debajo se leía Grierson, que es el nombre de una calle de Puerto Madero. Esa palabra sí coincide con la caligrafía indudable del suboficial grafómano.
Política y negocios, Nicky y los Luises
Al dar a conocer el peritaje, la defensa de Losón sostuvo que “se empieza a dilucidar nuestra hipótesis de que todas esas irregularidades encontradas en los cuadernos, sólo buscaron involucrar a mi cliente para debilitarlo y poder quedarse con una de las empresas de energía privada más importantes de Latinoamérica”, que jamás fue constructora, ni proveedora del Estado ni tuvo obra pública. El mismo objetivo tuvo la detención del vicepresidente de Electroingeniería, que junto con la empresa estatal china Gezhouba ganó la licitación para construir dos represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz. Con un presupuesto que se acerca a los 5.000 millones de dólares, es la principal inversión china en el exterior y la obra pública más importante en la Argentina. Al asumir Macrì, su gobierno paralizó las obras para realizar una auditoría, tal como hizo con las rutas de Santa Cruz. Tampoco en este caso la auditoría encontró irregularidades técnicas ni económicas. Pero el objetivo era correr al socio argentino.
Quien en 2018 informó que los chinos se separarían de Electroingeniería fue el periodista de La Nación Diego Cabot, quien viajaba por el país con pasajes de la jefatura de gabinete a cargo de Marcos Peña Braun para ofrecer conferencias en las fundaciones cambiemitas Pensar y Nuevas Generaciones. Lo que Cabot no dijo es que desde el gobierno le plantearon a Gezhouba reemplazar a Electroingeniería por la constructora del hermano de la vida, Nicky Caputo. Los chinos, que tienen una sólida y antigua relación con Ferreyra, no lo aceptaron, ni siquiera después de que fuera encuadernado, para forzar a negociar a su socio principal, Osvaldo Acosta. Ante su negativa, Acosta también fue detenido.
No por casualidad,
Cabot es el mismo periodista que participó en la operación de inteligencia, a partir del 8 de enero de 2018, día en el que dijo haber recibido los cuadernos de otro suboficial, éste de la Policía Federal, Jorge José Bacigalupo, y
Nicolás Caputo es primo de Rossana Pía Caputo, quien contrató al carpintero Jonathan Morel, creador de la organización Revolución Federal, para proveer desde su taller en Boulogne, provincia de Buenos Aires, muebles para un emprendimiento en Neuquén, a 1.100 kilómetros de distancia. Los otros socios son Flavio Nicolás Luis y Hugo Luis Pascual Caputo, todos ellos hermanos el ex ministro de Macrì, Luis Toto Caputo. Rossana Pía Caputo es la única hermana que no se llama Luis.
Audios grabados por Morel hablan de matar a la Vicepresidenta y a su hijo, Máximo Kirchner. Morel dice haber realizado los muebles y hasta aparece embalándolos en una foto, pero su abogado, el activista neonazi Abdala Nilo Amir Medina Chale, sostiene que los tercerizó. El juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria verificar en Añelo, Neuquén, si existen los muebles y cruzar la información fiscal y bancaria de Caputo Hermanos y de las nueve empresas que según Caputo los habrían elaborado, de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Entre transferencias legales y pagos no registrados, en nombre de dos fideicomisos que nunca fueron legalmente inscriptos, Caputo Hermanos entregó a los revolufederalistas cerca de 15 millones de pesos.
La Triple A y el Ejército
Cabot decidió entregar la digitalización de los cuadernos al fiscal Carlos Stornelli y lo hizo público en La Nación el 1° de agosto de 2018, a un año de las elecciones primarias para la renovación presidencial.
La motivación declarada por Bacigalupo, quien reclamaba que se devolviera a la Escuela de Suboficiales de la policía el nombre del fundador de la Triple A, comisario Alberto Villar, fue el temor al regreso del kirchnerismo, al que acusa de retener como presos políticos a sus camaradas en lo que llama la lucha contra la subversión.
Centeno es un suboficial del arma de ingenieros del Ejército, igual que Jorge Omar Pacífico, quien fue el denunciante de Amado Boudou en la causa Ciccone, alegando un inverosímil diálogo escuchado de espaldas en un café. Hay constancia de que ambos suboficiales se conocen desde 1980, cuando compartieron un curso en Campo de Mayo de mantenimiento de camiones Mercedes Benz. También pertenece al arma de ingenieros del Ejército el coronel (R) Atilio Stornelli, padre del fiscal y comisario ideológico de la dictadura en la radio Belgrano, pero no han aparecido constancias de que hubiera coincidido en destinos castrenses con los suboficiales Centeno y Pacífico.
El propósito electoral de la operación de inteligencia es indisimulable. En su primera declaración, Centeno el memorioso dijo que no recordaba dónde estaban los cuadernos y sacó a pasear a Stornelli en la búsqueda. En la segunda, dijo que los quemó. Pero cuatro días antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2019, seis de los cuadernos reaparecieron en manos del propio Cabot, con una historia aún más inverosímil que la primera: se los entregó un desconocido en una bolsa. El periodista se negó a aportar más datos para identificarlo y el juez Julián Ercolini dijo que lo amparaba el derecho de reserva de la fuente, algo que con toda claridad no estaba en juego en este episodio. Losón ya pidió la nulidad de las actuaciones en su contra y es difícil imaginar un resultado distinto. Sobre las consecuencias previsibles de estos hallazgos se explayó en una entrevista radial un colega de Cabot en La Nación, Hugo Alconada Mon, a quien nadie ha acusado de complaciente con el kirchnerismo.
Derechos y garantías
La jueza María Eugenia Capuchetti, quien investiga el magnicidio, es tan respetuosa como Ercolini de los derechos y garantías de las personas mencionadas en la causa. Por ejemplo, de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, cuyos teléfonos se negó a secuestrar, ante el pedido de la querella vicepresidencial. Los apoderados de Cristina presentaron un pedido de reposición, alegando que la negativa pone en jaque la investigación. En otro escrito habían cuestionado la actitud de la Corte Suprema de Justicia, que nunca respondió al pedido de Capuchetti de un refuerzo de personal para atender las tareas extraordinarias de esta causa, y de la Cámara de Apelaciones, que no la relevó de seguir atendiendo al mismo tiempo los demás expedientes de su turno. Esto contrasta con el diluvio de recursos que la Corte prodigó, cuando la investigada era Cristina, en la causa por el memorándum con Irán. La querella también pidió que se convocara a asistir en la investigación a la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación (DINICRI), porque los funcionarios judiciales, además de escasos, carecen de la formación necesaria para investigar casos complejos.
Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz son colaboradoras del diputado del PRO Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich y asistente regular a las movilizaciones que desde mayo plantearon forzar la salida anticipada del gobierno de las autoridades electas en 2019, con horcas, guillotinas, antorchas y bombas de estruendo, según la minuciosa cronología del dictamen del fiscal Pollicita que publicamos la semana pasada, y abundantes fotografías de cada episodio. Gómez Mónaco es hija y nieta de oficiales de la Policía Federal y con Bullrich y Milman fue directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito, precisamente de la DINICRI. Su hermana, Daniela Gómez Mónaco, estuvo a cargo de la administración de la DINICRI. El pedido de la querella desoído por el tribunal se originó en un llamativo episodio protagonizado por Milman y sus dos asistentes.
Gómez Monaco, la reina policial, en la revista del Círculo de Suboficiales.
El 18 de septiembre, en la nota La conjura de los necios señalamos una serie vínculos que deberían investigarse entre el grupo visible de ejecutores del atentado fallido, sus propagandistas y sectores del poder económico y político. Además de la relación entre Caputo Hermanos y Jonathan Morel, identificamos un proyecto de resolución presentado el 18 de agosto por Milman, en el que se lee: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de Octubre que la reivindique ante sus seguidores”. Otro de los firmantes, el diputado cambiante Francisco Sánchez, pidió que se reimplantara la pena de muerte ¡y se le aplicara a Cristina!
La tentativa de homicidio se produjo dos semanas después, el 1° de septiembre. El 17, La Nación lo desdeñó en una nota editorial que repitió las palabras previas de Milman: “Un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la Justicia ha puesto contra las cuerdas”. La teoría del falso ataque.
Los abogados de Cristina, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, ofrecieron un testimonio bajo reserva de identidad. Pero el juzgado filtró que el testigo X era el ex diputado provincial santafesino Jorge Abello, asesor del diputado nacional de La Cámpora, Marcos Cleri. Abello declaró haber coincidido con Milman y dos chicas que lo acompañaban, en el restaurante Casablanca, frente al edificio del Congreso, a las tres de la tarde del 30 de agosto. El diputado habría dicho entonces: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. Al enterarse del atentado, cerca de la medianoche del 1° de septiembre, recordó el episodio y se lo comunicó a Cleri. Abello declaró el 23 de septiembre, pero Capuchetti recién citó a Gómez Mónaco y Bohdziewicz el 26 de octubre.
Ambas negaron haber estado en Casablanca con Milman. Pero las cámaras de seguridad demostraron lo contrario. El registro comprende tanto la llegada de los tres a Casablanca como su salida posterior y entrada al anexo del Congreso. También está filmada la proximidad de Abello a la mesa de Milman en el restaurante. Recién ante estas evidencias, las dos mujeres admitieron el encuentro, aunque negaron el diálogo. Bohdziewicz dijo que hablaron de un viaje de Milman a Pinamar, pero Gómez Mónaco lo negó. Al presentar el recurso de reposición, la querella sostuvo que se confirmaron las circunstancias descriptas por el testigo y se contradijeron las asistentes de Milman. Dijo que era “horrible» dejar ir a estas dos personas con esos celulares, lo cual «hirió gravemente la posibilidad de dilucidar esa hipótesis”. Considera obvio que Bohdziewicz y Gómez Mónaco “le comunicaron a su jefe lo sucedido y que, si había alguna prueba, se estarán encargando de que deje de existir”. El viernes, Milman presentó un escrito ante la jueza en el que negó haber pronunciado esa frase y denunció a Abello por falso testimonio. Milman es vicepresidente del bloque del PRO, que lo respaldó sin preguntarle por qué dos semanas antes habló de un autoatentado.
Si te he visto no me acuerdo
La semana pasada expusimos los contactos del guardia de seguridad Hernán Carrol con los políticos Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich, Javier Milei y Gerardo Milman.
Carrol, entre Bullrich y Milei.
Ayer, en una entrevista que concedió a Jorge Fontevecchia con la inocultable intención de diluir su perfil de halcón y tender puentes hacia el centro tanto peronista como uceerreista y del propio PRO, la precandidata presidencial negó lisa y llanamente toda relación con Carrol.
—Hay una persona que se llama Hernán Carrol, que intervino en el encuentro tuyo con Milei, ¿lo conocés— le preguntó Fontevecchia.
—No, no lo conozco, porque esa persona tenía una camiseta de seguridad y nunca en mi vida ando con equipos con camiseta de seguridad, estaba ahí, no sé quién es. Y nunca he intercambiado palabra con él. No sé quién es. Estaba ahí, en una manifestación donde había cientos de miles de personas— respondió Bullrich.
Es cierto que en los actos callejeros y en la era del telefonito nadie puede garantizar que un desconocido se le acerque y registre el momento. Pero hay demasiados documentos gráficos que muestran una proximidad política pero incluso física entre ellos, en circunstancias distintas a las que no puede asistir cualquiera. Y no sólo con Carrol. También con el instructor de artes marciales Hernán Seivane, que es el abogado de la Nueva Centro Derecha.
Con el abogado de la Nueva Centro Derecha e instructor de artes marciales Seivane.
Esto no convierte a Bullrich en cómplice de ningún delito, pero hace trizas su pretensión de que ni sabe quién es y reclama una manifestación sincera respecto del vínculo.
Brenda en el país de Carrol
Por otro lado, Carrol comparte actividades con los revolufederales de Morel y finalmente con los detenidos por el magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Y en la página de su Nueva Centro Derecha también publica insultos a los que llama zurdos e imágenes de los jefes de la última dictadura:
Sabag Montiel envió un manuscrito a Capuchetti en el que dijo que renunciaba a sus defensores oficiales y que Carrol designaría y costearía uno privado. El forzudo, creador de la agrupación Nueva Centro Derecha, dijo que no tenía relación con él. Que sólo había tomado contacto con Uliarte cuando la vio en Crónica TV despotricar contra los planes sociales y que hizo un vivo de Instagram con ella. A regañadientes agregó que la invitó a la fiesta de cumpleaños de Martín El Negro Almeida, un humorista que actúa como locutor en los actos del Ministerio del Odio. Uliarte asistió con el magnicida. Pero Carrol negó haber tenido cualquier otro contacto con ellos. Esta foto parece desmentirlo:
Una persona muy parecida a Uliarte aparece frente a la Casa de Gobierno junto con Carrol, Almeida y otros de los conspiranoicos: el agente de la AFI macrista Emmanuel Danann o Manuel Jorge Gorostiaga, a) Marco Galiani, y Seivane, a quien ya vimos abrazado con Bullrich.
Los abogados de la querella afirman que existe una estrecha vinculación de Carrol con Milman, al punto que “habría compartido viajes al exterior del país con quien fuera Jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación”, Fernando Angel Villares, durante la gestión de Milman en Seguridad.
Luego de declarar ante la jueza Capuchetti, Almeida grabó un vivo de Instagram, del que también participó Carrol. En un tono ligero que no cuadra con la gravedad de los hechos, se refiere a aquel encuentro con Uliarte y Sabag.
Carrol incluso confirma la relación previa que tenían con Sabrina Basile. Almeida también revela que el vivo de la noche del atentado lo realizó con el editor de videos Lucas Maximiliano Di Dodo, quien es el responsable de la estrategia en redes de la Fundación Libertad y Progreso, un think tank neoliberal comandado por Alberto Benegas Lynch (h).
A Capuchetti le han negado los recursos para seguir estas pistas. ¿Pero tiene la voluntad de hacerlo?
