Por Germán Ayala Osorio

En recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, duras por demás, quedó claro que él tiene un concepto del manejo del Estado colombiano que se aleja radicalmente de las ideas con las que asumieron la Presidencia César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o Iván Duque Márquez.

Los anteriores mandatarios jamás cuestionaron la operación criminal y mafiosa del Estado colombiano. Por el contrario, se acomodaron y gobernaron con las mafias o simplemente guardaron silencio ante la imposibilidad o el desinterés de tocar las estructuras corruptas que lograron capturar el aparato estatal.

“Nos han gobernado criminales de lesa humanidad”, dijo el presidente Petro. Esta verdad de a puño va en consonancia con las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al respecto, Petro señaló que “son crímenes que quizás por su gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria, claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional (CPI), que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere”. Y a renglón seguido, expresó que “si sigue la burla a la verdad, usaré mecanismos de la Corte Penal Internacional”.

Lo expresado por Gustavo Petro debe entenderse en el marco de la lucha política que libra desde el 7 de agosto de 2002 contra específicos agentes económicos y políticos de la sociedad civil. Los mismos que según Mancuso, patrocinaron y validaron la conformación de grupos paramilitares, usados para cometer crímenes de lesa humanidad, en favor de los intereses de varios de esos mismos patrocinadores.

La concentración de la tierra por despojo fue el principal objetivo del proyecto paramilitar, sumado, por supuesto, a la eliminación de ciudadanos incómodos (rurales y urbanos): campesinos, lideresas y líderes políticos y sociales, periodistas, académicos, profesores universitarios, alcaldes e investigadores sociales, entre otros más.

Cuando el presidente Petro dice que “nos han gobernado criminales” alude a esos mismos poderosos representantes de la sociedad civil que una vez instalados en los más altos cargos del Estado, se aliaron con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para arrebatarles la tierra a campesinos, desplazándolos y masacrándolos. A esas criminales acciones se sumaron la cremación ilegal de sus víctimas, el reclutamiento y desplazamiento forzosos, los actos sexuales abusivos, incluido el empalamiento a mujeres y niñas y, por supuesto, las masacres. Todas estas constituyen crímenes de lesa humanidad que ameritan ser investigados por la Corte Penal Internacional, ante la inacción de la justicia colombiana, en particular, lo poco o nada que desde la Fiscalía General se viene haciendo, desde los tiempos de la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, para esclarecer los hechos narrados por Mancuso

A raíz de su agrio rifirrafe con el inefable fiscal general, Francisco Barbosa, el presidente Petro se recuesta en la JEP y por conducto de este alto tribunal, en la CPI, con el claro objetivo de procesar a quienes desde la sociedad civil aportaron a la violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.. De esa manera, Petro reitera su espaldarazo a la JEP, al tiempo que pone de presente la escasa acción investigadora y acusadora del ente investigador en manos de fiscales que optaron por no procesar a los finos y perfumados patrocinadores de los grupos paramilitares.

Eso sí, existe una talanquera: gracias al triunfo del No en el Plebiscito sobre la Paz de octubre de 2016, del texto del Acuerdo de La Habana se borró la obligatoria comparecencia de terceros civiles y de los expresidentes que hubiesen patrocinado a grupos paramilitares o cohonestado con sus actividades criminales. En tal medida, hoy por hoy que la CPI procese a expresidentes, exministros o empresarios por la violación de Derechos Humanos o por crímenes de lesa humanidad es una quimera. El deseo del presidente Petro resbala en los siempre fangosos terrenos de lo jurídico.

Coincide lo dicho por el jefe del Estado con el anuncio de la JEP de que se abrirá una oficina de la CPI en Colombia, asunto que puede dar cuenta de la comunión de esfuerzos entre este alto tribunal y el Gobierno del presidente Petro para desenmascarar y procesar a quienes desde costosas, elegantes y frías oficinas aportaron millonarios recursos para que agentes estatales, civiles y paramilitares, violaran a discreción los derechos humanos. Huelga recordar que Mancuso declaró que recibieron apoyo económico de Ecopetrol, la importante estatal petrolera. Es decir, el Estado mismo patrocinando estructuras armadas ilegales, y de la mano de miembros del Ejército, para asesinar a su propio pueblo.

Como se viene la pronta salida de Francisco Barbosa de la Fiscalía, Petro se estaría adelantando a un ya ambientado conflicto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados respaldan la administración del cuestionado Fiscal. Recuérdese el llamado de atención que el Presidente de la CSJ le hizo a Petro cuando este último dijo que Barbosa era su subalterno. Es probable que cuando el Presidente de la República les presente la terna de la que saldrá el nuevo Fiscal General, dichos magistrados se la devuelvan una y otra vez, generando así una interinidad en la cabeza del ente investigador, que favorecería a los corruptos y a los criminales de lesa humanidad que tuvieron relaciones con los paramilitares.

Petro está jugando como un arriesgado y calculador ajedrecista. Y va con todo a darles jaque mate a esos específicos agentes económicos y políticos de la sociedad civil que siguen tranquilos en sus mansiones, a pesar de los graves señalamientos de quien hasta hace varios años fuera el amigo y confidente, el hoy confeso criminal, Salvatore Mancuso. Lo cierto es que Petro es el único mandatario que se ha atrevido a reconocer lo que millones de colombianos saben de tiempo atrás: que a Colombia la han gobernado criminales de cuello blanco, lo que convierte al Estado en un orden criminal, en un aparato criminal de poder.

Fuente: elunicornio

1 junio, 2023