William Serafino/Diario Red/18-02-26

En lo que representó la visita más importante de un alto funcionario estadounidense en años, el secretario de Energía de la administración Trump, Chris Wright, arribó a Venezuela la semana pasada. Durante su periplo sostuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, visitó campos petroleros operados conjuntamente entre la empresa estadounidense Chevron y la estatal PDVSA, y participó en una reunión con periodistas extranjeros.

La presencia de Wright en el país, a poco más de un mes de la agresión militar estadounidense contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, fue ampliamente interpretada por determinados círculos de opinión como la encarnación fáctica de la tesis del protectorado trumpista sobre el país caribeño.

Pero las declaraciones y hechos institucionales que rodearon la visita ofrecieron pistas contrarias a la hipótesis de moda, por lo general sustentada en puntos de vista que no integran ni matices ni detalles, justo donde habita el diablo.

El análisis sobre la complejidad venezolana requiere seguir con atención las letras pequeñas y los pies de página, pues allí reposan las coordenadas esquivas de todo fenómeno inédito.

Declaraciones sugerentes: los porqués de la visita

Aunque las declaraciones de Wright en Miraflores y desde la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez ocuparon un lugar protagónico en la cobertura, las ofrecidas en la reunión con periodistas extranjeros, escasamente reseñadas, fueron sumamente reveladoras, desentonando con la pretendida lógica del tutelaje.

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Según la recopilación del periodista venezolano, Víctor Amaya, el secretario indicó que el conjunto de modificaciones introducidas en la reforma reciente de la Ley Orgánica de Hidrocarburos “no fue lo suficientemente amplio y claro como para fomentar grandes flujos de capital, pero el diálogo continúa”.

La presión estadounidense sobre el gobierno venezolano tiene límites, y el costo de llevar al país a una zona de precariedad estatal al estilo Libia, en la cual las petroleras ostentarían un acceso irrestricto y barato al recurso, es demasiado alto

Con respecto a la intención deliberada de excluir a China de la ecuación del suministro de crudo venezolano, Wright comentó que es “uno de los temas a dialogar. Si son acuerdos comerciales legítimos con China bajo condiciones comerciales legítimas, está bien. China ya ha comprado parte del crudo vendido por el gobierno estadounidense”.

Ambas declaraciones socavan la línea de flotación de la noción del tutelaje. Por un lado, porque si fuese cierto que en Miraflores solo se toma dictado de lo ordenado en la Casa Blanca, el funcionario de Trump no cuestionaría los cambios a la legislación petrolera, aseverando entre líneas que no son lo suficientemente atractivos para los intereses energéticos estadounidenses. Por otro lado, la matización con respecto a China puede leerse como un reajuste muy posiblemente asociado a presiones informales de Beijing y al reclamo de Venezuela a favor de sostener un manejo autónomo de sus vínculos energéticos internacionales.

En un sentido práctico, con estas declaraciones el responsable de energía norteamericano reconoció la existencia de una negociación bilateral en la que la influencia coercitiva de EE.UU. es notable, pero al mismo tiempo insuficiente para dinamitar por completo, en función de sus propósitos de saqueo, un marco regulatorio venezolano donde, pese a su rediseño en busca de atraer capital privado, el Estado sigue teniendo un rol significativo en la esfera operativa, impositiva y contractual.

La respuesta al porqué Wright se vio obligado a embarcarse al país caribeño está justamente en los meandros de sus declaraciones. Al no ser la reforma de la legislación lo suficientemente aperturista como quería la Casa Blanca, el funcionario ha tenido que exponerse al inclemente sol del oriente venezolano para inyectar confianza y credibilidad al plan petrolero del mandatario republicano, en un intento desesperado por mostrar que sí existen condiciones propicias de inversión y rentabilidad para las empresas de su país.

Fundamentalmente, el responsable de la cartera energética admitió un hecho que venía tomando forma de tendencia en las últimas semanas: la presión estadounidense sobre el gobierno venezolano tiene límites, y el costo de llevar al país a una zona de precariedad estatal al estilo Libia, en la cual las petroleras ostentarían un acceso irrestricto y barato al recurso, es demasiado alto. Como correctamente explica Nathan Thompson para The American Prospect en un artículo reciente, “Trump, si bien ciertamente no es antiintervencionista, también ha mostrado desinterés tanto en las sutiles y sostenidas operaciones de cambio de régimen como en las guerras a gran escala y propensas a represalias nacidas del movimiento neoconservador”.

Al no ser la reforma [de la Ley Orgánica de Hidrocarburos] lo suficientemente aperturista como quería la Casa Blanca, el funcionario ha tenido que apersonarse e Venezuela para inyectar confianza y credibilidad al plan petrolero de Trump, en un intento desesperado por mostrar que sí existen condiciones propicias de inversión y rentabilidad para las empresas de su país

Desde Caracas, de manera inteligente, se tantean dichos límites y fricciones a lo interno de la administración Trump señaladas por Thompson, encontrando un manejo equilibrado que prioriza no exponer al país a un nuevo ataque o a una mayor coacción, mientras en paralelo evita ceder en lo estratégico. Además, en un contexto donde, según datos recientes de Baker Hughes, las plataformas petrolíferas activas en territorio norteamericano continúan su tendencia declinante, la Casa Blanca no puede darse el lujo de sobreestimar su influencia para quebrantar los límites dibujados por Miraflores.

La mención del funcionario de que la cuarentena sobre el crudo venezolano “esencialmente terminó” sirve como señal comprobatoria de una negociación desigual en curso, en la que Miraflores cede, pero también exige bajo una premisa programática de autodeterminación nacional.

Las licencias OFAC: el laberinto del desmontaje de las sanciones

Previo a la visita, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió cuatro licencias cuyo efecto inmediato se corresponde con un desmontaje sustancial de la arquitectura de sanciones contra la industria petrolera venezolana. Tras el recorrido del secretario, dos licencias adicionales fueron habilitadas para autorizar inversiones, firmas de contratos y operaciones de empresas energéticas europeas.

Realizando repaso analítico sobre estas medidas, el economista venezolano Francisco Rodríguez argumentó en un post en su cuenta en la red social X que “las Licencias Generales 46/46A, 47, 48 y 50 autorizan la reventa de petróleo venezolano, la venta de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela, el suministro de ciertos artículos y las operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela”, pero que “debido a que estas licencias autorizan contratos con el gobierno venezolano o con PDVSA, efectivamente requieren que Estados Unidos reconozca al gobierno de Delcy Rodríguez, cuyos designados firmarían estos contratos”.

El apunte prospectivo de Rodríguez resulta importante, dado que, sin el paso del reconocimiento oficial del gobierno venezolano, los alcances de las licencias se verán severamente obstaculizados, impactando negativamente las metas de inversión y producción que el propio Wright asomó, al prometer que Chevron aumentaría producción de barriles venezolanos en el corto plazo.

Ahora mismo, Washington enfrenta el desafío de asumir o no el reconocimiento para vehiculizar su agenda energética antes de las pavorosas midterms, en las que se proyecta una estrepitosa derrota para Trump.

En un contexto donde las plataformas petrolíferas activas en territorio norteamericano continúan su tendencia declinante, la Casa Blanca no puede darse el lujo de sobreestimar su influencia para quebrantar los límites dibujados por Miraflores

Avanzar en esa dirección implicaría una mayor fortaleza para Venezuela, pues por la vía de los hechos habría conseguido lo exigido por años, convirtiendo el acto en una victoria política y simbólica y en una cuantía significativa de autonomía, además de un potencial crecimiento acelerado de la producción petrolera, incluso si dicho reconocimiento se realiza desde un enfoque intermedio que mantenga los límites coercitivos de las licencias.

En el anverso de una acción de este tipo, teóricamente los fondos y propiedades venezolanas serían desbloqueadas, se readmitiría al país en espacios multilaterales y el control financiero actual de EE.UU. sobre las ventas de crudo quedaría comprometido institucionalmente, entre otros efectos complementarios de suma importancia en el plano de la conectividad financiera y bancaria.

No obstante, resistirse al reconocimiento significaría conservar las cotas actuales de influencia coercitiva a riesgo de que la producción petrolera no se recupere lo suficientemente rápido como para que Trump la aproveche con fines electoralistas, dentro de su objetivo central de mantener pisado el precio de la gasolina.

Para Washington, el quehacer en el corto implica decidir entre dos sacrificios estratégicos, y en ambos Caracas se orienta a extraer el máximo beneficio posible navegando por aguas desconocidas.