«Si los perros ladran, es señal que cabalgamos» reza, históricamente, la literatura hispana. Ante la coyuntura nacional boliviana que cierra el segundo decenio del siglo XXI, podríamos cabalmente agregar que si, además de ladrar, babean orondos y coléricos es porque tienen mucha sangre derramada que ocultar.
Así lo atestiguan los muertos de Senkata que no pudieron ser velados y sus ataúdes quedaron abandonados en las calles paceñas, cuando sus dolientes fueron gasificados y reprimidos en su marcha de El Alto a La Paz.
El actual gobierno transitorio de Bolivia tenía como únicas tareas: pacificar el país y llamar a nuevas elecciones. En breve, respecto al primer encargo, el actual régimen carga con la dolorosa cifra de 35 fallecidos en su primer mes de mandato, 832 heridos y la detención injustificada de más de 1 mil 500 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo, cuyo relevamiento considera únicamente las ciudades principales.
Este último grupo está compuesto por militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), miembros de movimientos sociales e indígenas, exautoridades de Estado, familiares de exautoridades, exfuncionarios estatales, periodistas, artistas y jóvenes activistas. Ejemplo de ello es el exministro de Gobierno, Carlos Romero, que fue aprehendido en el nosocomio donde lo atendían tras haber sido privado de alimentos y agua por dos días.
La cifra va en aumento debido a que la persecución y el asedio es incesante: a diario somos testigo de las detenciones arbitrarias a quienes resisten democráticamente al gobierno de facto, por presuntos vínculos, por presuntas pruebas, por conversaciones en mensajería móvil, por portar un poder notariado, por publicar la disidencia. Hoy en Bolivia a uno lo encarcelan, amedrentan, difaman, calumnian o investigan por el simple hecho de creer en un proyecto de país que nos incluya a todas y todos, a la vez de generar igualdad de oportunidades.
Es de tal magnitud la represión y la persecución que la Defensora del Pueblo y uno de sus representantes departamentales tuvieron que acogerse a medidas cautelares de la Corte Internacional de Derechos Humanos para poder ejercer sus cargos y asistir a sus fuentes laborales con el objetivo de proteger a la población y dar cuenta de lo que sucede en materia de Derechos Humanos.
No olvidemos que la actual administración del Estado llegó al poder al clamor de haber «recuperado la democracia» tras los conflictos sucedidos en torno al presunto fraude electoral del 20 de octubre de 2019. Enarbolando banderas tricolores como capas de superhéroes y pititas, jóvenes de las ciudades capitales juraron haber hecho patria al sacar del poder al «tirano indio y dictador» que tenían por presidente, al que jamás reconocieron como tal, como tampoco reconocieron sus aciertos, empero fueron duchos en contabilizar y amplificar sus desaciertos.
Pequeña sorpresa se llevaron este y otros sectores al constatar a lo que ingenuamente contribuyeron: su joven nuevo líder de calle y lucha pronto acomodaría activamente sus fichas de ajedrez en el gabinete más sangriento de los últimos 50 años; amén de presentar prematuramente su candidatura a la presidencia para los próximos comicios, aunque lo hubiese negado rotundamente un mes antes. Así, el cívico Luis Fernando Camacho se lanzó a las urnas, aun a costa de dispersar más el voto del electorado de la otrora oposición boliviana.
Con respecto a la segunda tarea, demoraron 45 días en convocar públicamente a elecciones, aunque su mandato se hubiese establecido en 71 días hasta el 22 de enero de 2020. Más allá de si el gobierno interino, efectivamente, dejará el mando en el tiempo legalmente establecido, está claro que ya dejaron legado hasta la ejecución de las próximas elecciones: la participación activa de USAID en todo el futuro proceso de preparación de las justas eleccionarias, habida cuenta de que su equipo técnico ya se encuentra en territorio nacional, según un comunicado de la representación diplomática estadounidense en Bolivia.
No obstante, la diligente colaboración de dicha agencia de cooperación en procesos electorales no debe sorprendernos, ya que el mismísimo Salvador Romero, flamante presidente del Tribunal Supremo Electoral, declaró en 2006 que USAID financió indirectamente a ONG para participar como observadores electorales, tal como relata en un cable el exembajador estadounidense acreditado ante Bolivia, David Greenlee, según dan cuenta los documentos desclasificados por Wikileaks.
Ahora bien, por ningún motivo tiene un gobierno transitorio tuición sobre la política exterior del Estado, dada la naturaleza de su transitoriedad: su duración es corta, urgente y puntual. La política exterior es casi antagónica a esas características. Resulta de amplio estudio y posicionamiento sobre los intereses y características de un Estado, de su geopolítica, de sus recursos naturales, de las alianzas bilaterales y multilaterales, de su historia y economía, entre muchos otros aspectos.
La política exterior no puede ni debe ser tomada como mero protocolo o capricho. Sin embargo, si algo hizo este interinato, además de ser violento, es meter sus manos en la política exterior boliviana.
En menos de dos meses de labor, definió arbitrariamente romper relaciones con Venezuela y Cuba, salir de mecanismos y bloques internacionales como UNASUR, ALBA y prontamente CELAC, acercarse a Israel, «reestablecer» atropelladamente relaciones con Estados Unidos (con ello, el retorno de sus agencias de intervención) y, por recientes declaraciones del secretario presidencial boliviano, permitir que Estados Unidos sea el filtro principal sobre las contribuciones y proyectos de la cooperación internacional en Bolivia.
Puede o no que alguna de estas decisiones sea favorable para el Estado −su análisis no es central para este artículo−, el hecho es que estas acciones deben ser decisiones llevadas a cabo, cuando menos, por un gobierno democráticamente electo y no así como represalia a un gobierno depuesto.
Como resultado de este frenesí sobre el escenario internacional, la presidenta en funciones designó, a inicios de diciembre de 2019, al expresidente Jorge Quiroga Ramírez como delegado para asuntos internacionales. No obstante, la sucesión de exabruptos de su delegado fue tan amplia, que éste renunció sin siquiera haber cumplido un mes en el cargo.
Renuncia el delegado boliviano Jorge Quiroga tras insultos a AMLO https://t.co/zhyiquJBVx vía @El_Universal_Mx
— Citlalli Hernández M (@CitlaHM) January 9, 2020
Quiroga Ramírez montó patéticas escenas y generó impasses diplomáticos con España, Argentina y México, insultando y retando a viva voz a sus primeros mandatarios, olvidándosele que él no era más que un delegado ad honorem. Vergonzosa labor llevó a cabo el experto. La mercadotecnia dice que la mala publicidad no existe, premisa que viene a ser el motor de Ramírez, ya que, tras finalizar sus labores de delegado, lanzó su candidatura a la próximas justas electorales, fraccionando aún más el voto.
Es ahora la canciller Karen Longaric quien deberá resolver los problemas causados en arenas internacionales. Sin embargo, es aún más interesante observar que el ministro de Gobierno en funciones, Arturo Murillo, es quien maneja una buena porción de las negociaciones y gestiones con el Hemisferio Occidental, concretamente con Estados Unidos y sus diferentes agencias de desarrollo.
Curioso es notar la participación de esta autoridad en tales esferas, cuando hasta hace unos meses carecía de total legitimidad y credibilidad como legislador. Era más bien objeto de sorna, puesto que incluso su propio jefe de partido político bondadosamente lo apodó como el «Bolas», reflejando su escasa capacidad intelectual y analítica. Sin duda, el desprecio que recibió no fue gratuito.
Es así que el ministro Murillo destaca por su amplio manejo de la agenda política, tanto interna como internacional. En lo nacional, ya se mencionó el tipo de «condiciones pacíficas» en las que se vive actualmente en el país. A tono, una característica estructural de esta autoridad de Estado es su obsesión desenfrenada por el exministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, conocido por haber sido estrecho colaborador del presidente Morales y del vicepresidente García Linera, por su capacidad estratégica y visión geopolítica, así como por su capacidad de respuesta y propuesta ante situaciones de desastre.
Pero Quintana es principalmente conocido por su dura retórica antiimperial y por su solvencia en materia geopolítica e internacional, por su recelo sobre la soberanía nacional y sobre su conocimiento de la historia de despojo de los recursos naturales bolivianos a manos de intereses extranjeros. Es deducible que todos estos son suficientes motivos para que el actual ministro de Gobierno –dada su estrecha colaboración con la representación estadounidense– ejecute una cacería contra el exministro de la Presidencia, como la prensa nacional e internacional ampliamente refleja.
A Quintana le negaron un salvoconducto para salir de territorio nacional boliviano aunque el Estado mexicano le hubiese concedido asilo previamente, motivo por cual él se encuentra desde hace dos meses refugiado en instalaciones de la legación diplomática mexicana en territorio boliviano, junto a otras exautoridades nacionales. Sobre este hecho se pronunciaron juristas e intelectuales internacionales, debido a que es una violación flagrante a sus derechos humanos fundamentales.
Asimismo, la exautoridad fue violentada, denigrada y deshumanizada por Murillo en su primera alocución pública al asumir el cargo, cuando repitió una y otra vez que lo cazaría por ser un «animal». Además, la población fue testigo de cómo destrozaron su domicilio a mediados de noviembre. Un mes después, aparecieron armas, municiones y documentos sospechosos en su domicilio, aunque este haya estado abandonado al menos seis semanas tras el primer allanamiento.
Evo Morales llamó a parar con la persecución y ataque contra personas afines al MAS. Desde ese llamado han atacado su casa y la de su ministro de la presidencia, Ramón Quintana. La hora loca golpista boliviana toma ribetes cada vez más oscuros. pic.twitter.com/IdJLzlD97c
— Bruno Sgarzini (@brunosgarzini) November 10, 2019
A diario, los noticieros bombardean noticias sobre cómo supuestas secretarias y colaboradores suyos portan armas y transportan importantes sumas de dinero para financiar supuestos ilícitos. Todo un montaje al mejor estilo de las películas policíacas, ya que hasta la fecha ninguna de esas acusaciones tiene asidero y menos pruebas suficientes.
El pasado 10 de enero, el ministro Murillo brindó una entrevista al diario El Deber que, si bien abarca una docena de temas distintos, titula «Si yo fuera uno de los refugiados bolivianos en la embajada de México, empujaría a Quintana a la calle», alegando que tiene información de que las exautoridades refugiadas en la legación «se llevan mal» con el exministro Quintana por ser una persona desagradable, entre otras descripciones antojadizas.
También es curioso notar que la prensa nacional fustiga a la población sobre el vil personaje que es el señor Quintana, sin embargo, jamás dan cabida a la contraparte porque simplemente el gobierno opera en medio del cerco mediático. Más allá de la gruesa estrategia discursiva utilizada por el ministro Murillo para querer fracturar al grupo de asilados, sembrando dudas entre ellos, cabe a los lectores y a la población cuestionar la labor de los medios de comunicación que difunden ampliamente contenidos cuya morbosidad es incontenible, sin elaborar −en paralelo− al menos un reportaje serio sobre los niveles de violencia acaecidos tras la asunción del actual gobierno.
Producto de ello, se tiene una vigilia permanente de ciudadanos bolivianos a las afueras de la delegación diplomática mexicana, que gritan campantes «Quintana, pendejo, queremos tu pellejo». Como alquimistas, aúnan un discurso de odio y estrategia de comunicación y redes sociales, cuyo resultado es inmediato: movilizar gente violenta para instigar la violencia e incluso al asesinato de una persona.
Finalmente, está claro que solo podrán justificar toda la violencia ejercida contra los sectores disidentes y populares de nuestro país con la captura de un personaje para ellos tan amenazante y atemorizante como Quintana. Resulta insólito que un solo hombre tenga aparentemente tanto poder como para requerir mover toda la maquinaria judicial, mediática y política con el apoyo de agencias de seguridad nortemaericanas. ¿Vindicarán las actuales autoridades interinas toda la sangre derramada solo por detener o juzgar a un intelectual y político que luchó por preservar la soberanía nacional y evitar que se saqueen nuestros recursos naturales nuevamente? ¿Justificarán así su triste paso por la historia de Bolivia?
