No hay vuelta de hoja, uno más uno suman dos. Si colocamos la acusación de la Fiscalía General de Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno bolivariano por cargos de terrorismo y narcotráfico; y la anunciada operación naval en el Caribe Oriental con el telón de fondo del control de la ruta y la lucha contra el tráfico de droga frente a las costas de Venezuela, la conclusión es una: desestabilización y derrocamiento al precio que sea.

Las razones son diversas pero todas en una misma línea, el gobierno bolivariano y su proceso revolucionario antiimperialista entrañan un desafío a los designios imperiales suponiendo una pérdida de influencia regional, en momentos que el lema América primero es la impronta para recolonizar el patio trasero latinoamericano y caribeño. La definición de relaciones estratégicas con Rusia, China Cuba o Irán y la articulación en la Ruta  de la Seda son jugadas soberanas evaluadas como escandalosamente peligrosas. También lo es que Venezuela promueva un sistema de integración alterno con UNASUR, CELAC y Alba-TCP que cuestiona al interamericano de OEA que tan cómodamente ha controlado los Estados Unidos hace ya 70 años.

Descalificar la autoridad es una forma de deslegitimación para restar fuerza a la audaz jugada de la Diplomacia Bolivariana en la Corte Penal Internacional, acusando a personeros del gobierno estadounidense por cometer crímenes de lesa humanidad, al imponer medidas coercitivas unilaterales que impactan en la población venezolana y le impiden el derecho fundamental a la salud, la educación, la alimentación, a la vida. Esta acción es considerada como un ataque directo que impacta en el prestigio de Estados Unidos como defensor de unos derechos humanos que viola en terceros. La valentía de esa diplomacia de los pueblos abre las puertas, para que otros interpongan denuncias que califiquen en los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma

Por otra parte, es un distractor de la atención internacional por el caso de los campamentos terroristas y la llamada Operación Libertad que evidencia el intervencionismo de Colombia y Estados Unidos en los asuntos internos venezolanos y la promoción de desestabilización.  Paradójico resulta que Estados Unidos sin embargo, trate de posicionar la amenaza del tráfico de drogas suponiendo que es propiciada en tiempos de crisis por el gobierno bolivariano como casus belli para desempolvar el expediente del derrocamiento del general Manuel Antonio Noriega en Panamá (1989) e invocar el vetusto TIAR. Al deslegitimar y desacreditar a los integrantes del alto gobierno bolivariano tildándolos de corruptos, narcotraficantes y  soportes del terrorismo se persigue ganar apoyo internacional, en otros casos consentimiento tácito de algunos gobiernos y la menor resistencia posible de los organismos internacionales, ante la eventual intervención militar.

Pero también sirve puertas adentro, para desviar la atención y ocultar el deficiente manejo gubernamental de la crisis causada por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos.  No es secreto para nadie, el Rey está desnudo.  La negligencia y retrasos de las respuestas y coordinaciones que han debido ser adoptadas desde tiempo atrás, han impedido atender eficazmente la crisis generada por el coronavirus en la población. Estando dolorosamente en el epicentro de la pandemia mundial, algunas proyecciones estiman que dado las condiciones en que funciona el sistema de salud hospitalario estadounidense  y la privatización de la atención médica que lo caracteriza excluyendo a un numeroso sector de la población, en la cual el migrante ilegal alcanza entre 12 y 22 millones de personas, el contagio podría alcanzar en los meses que siguen hasta 170 millones de personas.

Asociación criminal con organizaciones terroristas dice el Fiscal General refiriéndose a las FARC disidentes, actores malignos grita el presidente Trump estimando que por Venezuela han salido entre 200 y 250 toneladas de cocaína  equivalentes a 30 millones de dosis letales. Un evidente montaje con patas cortas al fundarse en presuntas delaciones de militares y ex-funcionarios que se han fugado del país y tienen causas judiciales abiertas por actos de corrupción y otros delitos incluidos el tráfico de drogas. Se pregona el falso positivo del narcoterrorismo de Estado, obviando la existencia  del Plan Nacional Antidrogas  (2019-2025), los logros de erradicación de cultivos, interceptación de vuelos, decomisos de cargamentos, desmantelamiento de laboratorios, captura de redes de traficantes, campañas de educación social y actuaciones de la Fiscalía en la materia, entre otros aspectos de la lucha contra las drogas y la política pública en este sector. Logros por demás reconocidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Asimismo, el talante dialogante que ayudó en los Acuerdos de Paz en Colombia, los mismos que violenta el gobierno colombiano al voltear la mirada complaciente mientras se pone en práctica el exterminio selectivo de líderes, luchadores sociales y excombatientes.

La estrategia de denunciar tráfico de drogas, terrorismo y corrupción seguida por los Estados Unidos separando individualidades en ejercicio de cargos públicos del Estado venezolano, obedece a la circunstancia táctica del reconocimiento de gobierno dado al mal llamado Gobierno de Transición. En este caso, para no afectar las imposición de medidas sancionatorias que tendrían que tomar y limitarían la capacidad de acción sobre los activos de la República y el carácter de pseudo-gobierno se evitó dictar la medida del Estado Terrorista o de Estado narcotraficante que abunda sin embargo en muchas comunicaciones oficiales, lo cual habría afectado las condiciones en que actúa jurídicamente la figura del reconocimiento.

El propósito de esta jugada es finalmente acelerar el derrocamiento del gobierno bolivariano con el móvil nada oculto de tomar control de las reservas estratégicas de hidrocarburos existentes en la Faja del Orinoco Hugo Chávez, sumadas las ingentes reservas del Arco Minero del Orinoco y quebrar la alianza con Rusia en el presente escenario de crisis global, en el cual el petróleo de esquisto confronta serias dificultades para mantener la producción y la posición de Estados Unidos en el mercado mundial que detenta actualmente como primer productor. De la producción de más de15 millones de barriles diarios con los que participa en el mercado de hidrocarburos, más de la mitad es aportado por la producción de esquisto que requiere precios por encima de 60 dólares, siendo que actualmente la guerra de precios coloca el barril en poco más de 24 dólares con tendencia  a la baja.

Creer que ofrecer recompensas pecuniarias al mejor estilo del viejo oeste incita a la traición, conspiración, asesinato y sembrar desconfianza en los círculos próximos al alto gobierno es desconocer el espíritu de un pueblo cuya voluntad es profundizar un proceso de cambio social y político iniciado con Chávez y continuado para que las generaciones futuras vivan en una sociedad justa y amante  de la paz.