Luego, de no pocos “flechazos”, de lado y lado, fue aprobada por la Asamblea  Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, la “Ley Antibloqueo por el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos”. En mi opinión, merecen una consideración especial entre quienes la objetaron los siempre reflexivos análisis de Luis Brito García, así como en cuanto a materia petrolera, los de Carlos Mendoza Potella. Pudiera discreparse de sus opiniones, como sucede en este caso, pero siempre hay que prestarles atención. Del lado de quienes la defienden fueron valiosas las opiniones de José Gregorio Piña y las de Herman Escarra, independientemente de que algunos lo “satanicen” por sus ataques en el pasado, al Comandante Chávez. Expertos constitucionalistas como Escarra, muy pocos hay, aunque a algunos y a algunas les duela.

Tal como lo expresé en mi anterior artículo (“La ley Antibloqueo y el Liderazgo de Nicolás”), el aspecto generador de los ataques, “dudas” y objeciones, se derivan de la pérdida de “confianza” en Nicolás. Incluso LBG en la entrevista que le hace Ernesto Villegas, pude interpretar que evade la respuesta cuando es inquirido sobre sobre la trajinada “confianza”.

Algunos camaradas al comentar mi artículo, me reclamaban con razón que nada o muy poco se ha dicho sobre los posibles beneficios que tendría la Ley en cuestión para nuestro sufrido y heroico pueblo, quién es, sin dudas, el más afectado por las ilegales y criminales medidas del imperio norteño y quienes le hacen comparsa en el mundo occidental.

Intentaré, dar algunas luces, desde mi limitada óptica. Limitada, porque entre otras cosas,  quienes pueden dar con mayor propiedad una respuesta al respecto, son los voceros del Ejecutivo Nacional que se supone son  quienes deben tener un mayor conocimiento de las distintas variables que conforman la difícil situación económica que vive la patria. Porque, también hay que decirlo, la posición de algunos y algunas camaradas que caen en el criticismo extremo, al emitir opiniones con desconocimiento de causa y obviando esas complejas variables, no sólo es que en nada ayudan, sino que al sembrar la duda, la desconfianza y el pesimismo, crean una carga y sentimientos subjetivos contrarios a los objetivos que se aspira alcanzar. Con posiciones como esas: “QUE TODOS LES HIEDE Y NADA LES HUELE”, estaríamos condenados a la derrota antes de ir a la batalla.

Hay que comenzar aclarando algo que, aunque obvio, es necesario recalcar. Ninguna ley es garantía que su finalidad sea alcanzada en los términos que motivó a quienes la redactaron, discutieron, mejoraron y finalmente aprobaron. Entendemos que tanto el Presidente, quién la presentó para su discusión y aprobación, como quienes integran  la ANC, donde se discutió y aprobó, actuaron en absoluta sintonía con los objetivos que encierra la ley. Objetivos que se desprenden de su nombre: LEY ANTIBLOQUEO POR EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, y que están taxativamente expresados en el artículo 3, referido a su FINALIDAD. Los tres “fines” de los numerales 1, 2 y 3 son, en mi opinión, el aspecto medular de la controvertida ley.

Esos tres objetivos generales, desglosados en objetivos más  específicos en los distintos planes que desarrollará el Ejecutivo Nacional, englobarán en su aplicación todos los beneficios que podría aspirar legítimamente el pueblo venezolano, y que el Bloqueo y las Medidas Coercitivas y Unilaterales (MCU) a las que hemos estado sometidos en estos años, han impedido su materialización.

La sola expresión de “Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano …”, tal como se establece en el numeral “1”,  abarca un amplio espectro que se pierde de vista. Porque “derechos humanos” es: el derecho a la vida, en sus múltiples expresiones. Es derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a un empleo dignamente remunerado, a la recreación y la cultura. En fin, es el derecho a vivir en forma digna, a “VIVIR VIVIENDO”, y no a “VIVIR SUFRIENDO”, como lamentablemente lo hemos estado haciendo en forma  obligada en los últimos años, con mayor crudeza los sectores más humildes.

No se aspira nada extraordinario, aunque hoy no los parezca. Se trata de volver progresivamente a los estándares de vida que ya habíamos alcanzado, a partir del 2004 después de superados los efectos del Golpe de Estado de abril de 2002 y del Paro Petrolero del 2002-2003. Niveles de vida, sólo alcanzados por primera vez, en ese período de la Revolución Bolivariana. HAY QUE RECALCARLO, NUNCA ANTES HABÍA SIDO ASÍ.

Pero no sólo volver a ellos con la mentalidad “rentista” que hasta ahora nos ha acompañado. Se trata que esos estándares puedan ser sostenibles y mejorados en el tiempo con “UN DESARROLLO ARMÓNICO DE LA ECONOMÍA NACIONAL … orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional,  elevar el nivel de vida de la población, …”, tal como se expresa en el  numeral 2, del artículo 3. “Desarrollo armónico” que a mi entender implica que ninguna forma de propiedad, sea pública y privada, se excluye una con otra, sino que en forma armónica se complementan.

Todo el capítulo I, en sus 16 artículos, desarrolla las Disposiciones Generales que definen el marco jurídico general que le dará viabilidad a todas las iniciativas y acuerdos nacionales e internacionales que será necesario desarrollar para lograr la concreción y celeridad de los objetivos propuestos.  Merecen, en mi opinión, un análisis particular lo estipulado, en los artículos 10, 15 y 16.

El “Centro Internacional de la Inversión Productiva” y el “Observatorio Nacional” definidos en los artículos 15 y 16 respectivamente  tienen la finalidad de encarar de manera científica el impacto de las MCU, y la selección de iniciativas y proyectos que mejor respondan a contrarrestar su pernicioso efecto, mediante un riguroso seguimiento y evaluación, tanto de las medidas como de los proyectos que se decida impulsar.

El capítulo II, desglosado en 19 artículos, se refiere tal como lo expresa su título a las “Medidas para el Equilibrio Económico y Productivo”. Como es de suponer estas medidas obedecen a una situación extraordinaria que todos hemos vivido y conocemos, aunque algunos, no podemos dejar de insistir en ello, en términos prácticos pretenden ignorar, por lo que se desprende de las posiciones que han venido asumiendo. El artículo 18, en sus 7 numerales, al definir el “Destino de lo recursos generados”, está absolutamente relacionado con el objeto central de estas líneas.

Vivimos una Guerra No Convencional. Como se sabe, esta guerra también llamada “híbrida” se ha expresado principalmente en el ataque de nuestra economía, combinada con actos de desestabilización que han sido públicos y notorios. No han sido bombardeos y ataques continuados e incesantes en nuestro territorio. La habilidad con que nuestra dirección político militar ha afrontado la estrategia enemiga, ha impedido que esa amenaza, que siempre ha estado “sobre la mesa”, se materialice. Ese es un mérito que nadie le puede negar al camarada Presidente Maduro.

Entonces, si estamos en guerra, no podemos actuar y responder como si estuviéramos en condiciones de “relativa paz”. No es cierto, como algunos y algunas afirman que esa ley no era necesaria y que con las leyes y normativas existentes podríamos “tranquilamente” implementar las medidas necesarias para superar los efectos que ha traído el bloqueo y las MCU. Esa errada posición expresa la subestimación del Presidente Maduro por parte de algunos sectores, dentro de ellos una izquierda que no sabríamos como calificar,  y también refleja la falta de “confianza” a la que ya nos hemos referido.

Haciéndoles una concesión del beneficio de la duda, es posible que en el tiempo, no se sabe cuánto, pudiera superarse la actual situación. Pero resulta, que estaríamos condenando a nuestro pueblo a seguir pasando las privaciones actuales, sin tener la seguridad en qué tiempo podríamos estar “viendo la  luz al final del túnel”. No estamos afirmando que con la Ley, la solución está a la “vuelta de la esquina”. Es una ofensa a la inteligencia de cualquiera el tan sólo pensar que ello es así. Precisamente, por lo difícil y compleja de la situación es que hemos defendido y acompañado al gobierno revolucionario en los términos ya conocidos.

Estimamos que esa situación  económica y  financiera exige de parte del gobierno nacional actuar con la mayor flexibilidad para establecer los tratados y acuerdos con el sector privado nacional e internacional. Esos acuerdos, obviamente,  no se van a suscribir con quienes hasta ahora nos han venido agrediendo con la premeditada intención de adueñarse de nuestras riquezas naturales. Será con los países que hasta ahora se han manifestado como aliados y no son comparsa del imperialismo norteamericano.

En última instancia, con cualquiera que vayamos a negociar se requiere que al inversor se le ofrezcan mínimas garantías para sus inversiones. No se trata de un acto de filantropía, se trata de negocios donde prive la máxima de “ganar, ganar”. No es lo mismo atraer inversiones extranjeras cuando el país tenía ingresos anuales de 56.000 millones de dólares, cuando esos ingresos hoy no llegan a los 500 millones. Es esa la realidad, por muy dura que parezca. Allí está. Aunque necesario sea establecer las responsabilidades a que hubiera lugar, del cómo y porqué hemos llegado a esa situación, ahora se trata de resolver en el marco de una realidad que está allí. Por lo demás, con la gestión del actual Fiscal General, Tareck William Saab, son públicas, notorias y más que comunicacionales, las medidas que se han venido tomando.

Precisamente, el capítulo II dota al Ejecutivo Nacional de las herramientas para actuar en las condiciones señaladas, teniendo presente, como lo establece el artículo 3, en su numeral 3: de “ Asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales…”.

Sugiero la lectura y estudio de la Ley aquí parcialmente referida. Quiero concluir, a riesgo de hacer el artículo un poco más extenso de lo deseado, con un ejemplo emblemático:

1)  EL PROBLEMA DE LA GASOLINA: por razones expresadas, desde variadas ópticas, nuestras refinerías han dejado de producir en su capacidad nominal de diseño, lo que  permitiría satisfacer el mercado interno y exportar su excedente.

Un grupo de trabajadores de PDVSA en el área de Refinación, agrupados en los CPT, tienen varios meses intentando poner en funcionamiento las refinerías de El Cardón y El Palito. Con innumerables limitaciones de todo tipo, pero con un alto sentido de patriotismo y mística de trabajo, han logrado poner en funcionamiento las dos plantas a bajo nivel de producción, con fallas recurrentes en ambas. No es preciso detallar.

Supongamos que con un acuerdo de inversión extranjera y con el concurso de esos mismos trabajadores, lográramos arrancar en forma estable no sólo las dos señaladas, sino también las refinerías de Amuay y Puerto La Cruz. Ni se me ocurre  preguntar o hacer conjeturas sobre los beneficios que eso tendría para nuestro pueblo y la inmediata repercusión en el abaratamiento de algunos rubros básicos para nuestra alimentación como son los precio del pescado y de los productos agrícolas, hoy sensiblemente impactados por la escasez de combustible.

Así como hemos abordado el problema de la gasolina, podríamos señalar otros, y no me cabe la menor duda, que también en ellos se verían beneficios para nuestra economía que redundarían en el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Quedan ideas que desarrollar sobre el tema. Ya tendremos oportunidad de hacerlo. Resta decir que si la Ley comentada se aplica con estricta rigurosidad en sus 44 artículos, 2 disposiciones transitorias y 1 disposición final, el panorama que se vislumbra en el mediano y largo plazo, es realmente alentado.