En el reporte diario del Instituto Samuel Robinson para el Pensamiento Original de este miércoles 3 de febrero se hace un breve análisis sobre la Licencia General 30A que emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que involucran al gobierno de Venezuela y el uso u operación de puertos y aeropuertos venezolanos.
Dice el instituto que «esta medida especifica que no autoriza transacciones con personas o instituciones sancionadas distintas al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), inhabilitando, de hecho, cualquier trato de alguna entidad pública o privada con otras instituciones del Estado venezolano».
El tanque de pensamiento juzga que esta es «una medida superficial»:
Esta medida administrativa estadounidense aplicada de manera extraterritorial y plenamente al margen del derecho internacional, supone la «aprobación» del uso soberano de los puertos y aeropuertos venezolanos. Pero lo cierto es que el Estado venezolano ha venido haciendo uso ininterrumpido de estas infraestructuras mellando y evadiendo el bloqueo circunstancialmente, en alianza con algunas empresas y algunos países que han cooperado con la nación en un marco de relaciones discretas y excepcionales. Esto implica, en realidad, que las condiciones no varían de manera significativa con estas licencias.
Para Venezuela, las condiciones medulares del bloqueo continúan idénticas, al no emitirse licencias favorables a tratos con el Estado venezolano en áreas vitales como energía, minería, finanzas, alimentos, salud, tecnología y comercio. Y esto hace de los recientes anuncios un hecho meramente superficial.
Tampoco se llama a falsas expectativas en cuanto a las intenciones del nuevo gobierno de Joe Biden de aliviar el bloqueo sobre el país bolivariano:
Los recientes anuncios del Departamento del Tesoro podrían confundirse con la aparente intención de la Administración Biden en distanciarse en sus métodos con el gobierno de Trump. Pero podrían consistir, en realidad, en mecanismos escalonados de creación de falsas distensiones, por aplicarse de manera unilateral y justo en el marco de una estrategia de replanteo en la política de Washington hacia América Latina y el Caribe, pues, vale decirlo, esta agenda tiene a Venezuela como uno de sus nudos críticos por dividir las posiciones en la región y ser el punto de mayor hostilidad en el hemisferio occidental. El nuevo gobierno estadounidense pretende «rescatar» su posición de «liderazgo» en el continente y el mundo, luego de la errática y temperamental gestión que lo precedió.
Es por ello que debemos, como país, entender el juego usual de los demócratas del «policía bueno y policía malo», como afirma el Instituto Robinson:
Si el cambio de mando en Estados Unidos y sus relaciones exteriores fuera entendido en la lógica del «policía bueno y el policía malo», este sería el turno de los demócratas, los policías «buenos» habituales, pero capaces de dar continuidad al esquema de asfixia a Venezuela.
La probabilidad de una estrategia sinuosa por parte del nuevo gobierno estadounidense no puede ser descartada, a menos que en lo sucesivo se consoliden señales evidentes de un retroceso en las presiones contra Venezuela por inaplicación declarada o desmantelamiento de la arquitectura de bloqueo al Estado venezolano. Esa distensión creíble pasaría por el justo reconocimiento del Estado venezolano y sus instituciones legítimas mediante un acuerdo político mínimo, y ese momento parece todavía lejano.