El presidente Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria al Congreso de la República el pasado 20 de abril, con el que pretendía recaudar cerca de 8 mil millones de dólares bajo el argumento de enfrentar la crisis sanitaria. Esta propuesta fue rechazada mayoritariamente por diversos sectores políticos y sociales del país, provocando una ola de masivas protestas (Paro Nacional) en todas las ciudades de Colombia desde el 28 de abril; luego de cinco días de movilizaciones y represión policial (con dieciséis muertes confirmadas y muchas personas lesionadas), el Gobierno se vio obligado, este 2 de mayo, a retirar el proyecto y convocar a un diálogo político.
La respuesta fue rechazada desde el primer momento por la mayoría de las bancadas parlamentarias, incluyendo algunos partidos oficialistas y otros que habían dado respaldo y gobernabilidad al presidente (como el Partido Liberal liderado por el expresidente Cesar Gaviria). Era una propuesta con sello de fracaso desde el comienzo.
Atendiendo a múltiples intereses, estos sectores políticos y una buena parte de la sociedad civil mostraron su desacuerdo con la estructura de la reforma, e incluso con la misma idea de imponer más impuestos, en tanto ya desde la anterior reforma tributaria de Duque, de 2019, el malestar fue creciendo al compás de las enormes exenciones tributarias otorgadas a los grandes capitales, que se han beneficiado con más de 4 mil millones de dólares al año desde entonces.
El contexto social tampoco es favorable. Los altos índices de pobreza subieron considerablemente: los informes oficiales estiman la pobreza monetaria en el 42,5 % (21,1 millones de personas) y la pobreza extrema monetaria llega al 15,2 % (7,6 millones de personas), con el 14,5 % de desempleo, un 51,2 % de informalidad, y con serias dificultades para la vacunación (se han aplicado 5 millones de dosis, sin que Pfizer ni Sinovac aumenten el ritmo de entregas) con rebrotes de contagios que obligan a cierres parciales de comercios.
Todo ello acontece en un año preelectoral, en el que todas las formaciones políticas empiezan a pensar y actuar de cara a sus electores con mayor cálculo político. Aunque restan diez meses para las elecciones parlamentarias y un año para las presidenciales, el Gobierno ya tiene el sol a sus espaldas y no cuenta con suficiente fuerza como para sumar a la totalidad de las facciones de derecha en su agenda de gestión.
Efectos políticos del retiro de la reforma tributaria
- El retiro del proyecto de reforma tributaria es una derrota política y simbólica para el uribismo y para el presidente Duque. A un año de las elecciones, dicho revés ahuyentará a sus aliados en el Congreso, con quienes logró estabilizar su gobernabilidad en 2019 pero que no se definen como oficialistas: el Partido Liberal del expresidente César Gaviria y Cambio Radical del exvicepresidente de Santos, Germán Vargas Lleras. Estos partidos ya están pidiendo a sus cuotas ministeriales retirarse del Gobierno, lo que significaría un escenario de ingobernabilidad al no lograr mayorías en el Congreso. Gaviria y Vargas Lleras, al rechazar la reforma y desligarse de Duque, pretenden canalizar el descontento social y ponerse una medalla de triunfo pensando en el 2022.
- El ministro de Hacienda presentó su renuncia sin que aún haya sido aceptada por el presidente Duque. Se inicia una negociación entre partidos de la derecha promovida por el uribismo para lograr gobernabilidad; en ese marco, la oferta de ministerios puede dar lugar a una crisis ministerial que concluya con varios cambios.
- La coalición del Pacto Histórico, liderada por Gustavo Petro e Iván Cepeda, salen muy fortalecida. Sus parlamentarios lideraron la oposición a la reforma, y acertaron en su conexión con la ciudadanía y el respaldo al paro nacional. Sin embargo, esto puede ser un triunfalismo que conduzca a errores, como hacer equivalente el malestar social a una estructura de cambio.
- La población ganó al salir masivamente a demostrar su inconformidad. Lo hizo por un cúmulo de demandas no tramitadas y por la desconexión del Gobierno con las mayorías. El Gobierno es percibido como una élite, y la reforma tributaria sólo terminó de decidir a grupos moderados, que estaban esperando el diálogo desde el Gobierno. La movilización seguirá mientras el Gobierno y el Congreso no den una respuesta social y pacífica.
- La juventud ganó. Habló claro y está jugando un papel central en la disputa; en los próximos meses serán el centro de acciones estatales para criminalizar esa voluntad, en tanto el Gobierno sabe que existe despolitización y que el miedo disuade. Quizás sea tarde para revertir ese sentido común antiuribista (principalmente) construido en la juventud colombiana. Personas que votaron por Uribe y Duque se declaran hoy antiuribistas, hartas de la corrupción y solidarias con la movilización. Hay una “repolitización “del país.
- La situación le dio fuerza impulso a la izquierda y el progresismo, que tienen la responsabilidad de orientar cómo continúa la disputa. Si se orienta y administra ese descontento se verá reflejado en las elecciones y serán gobierno; si no lo hace bien, la inconformidad podría ser fagocitada por la antipolítica (voto blanco, nulo, todos son lo mismo, etc.).
- El presidente Duque lanzó al Ejército a las calles el sábado 1 de mayo. Esa amenaza de militarización se devolvió rápido, pues 24 horas después se vio obligado a retirar la reforma. La gente no se amilanó y las fuerzas militares deben estar calculando para no cargar con el peso de un Gobierno tan debilitado. El escenario más probable es que estén pensando en una alternativa propia (no golpe, sino acuerdo con la derecha no uribista, en sintonía con los EE. UU. de Biden).
- Quedan debilitados los alcaldes de Bogotá, Claudia López, y de Cali, Iván Ospina. Son grandes perdedores porque apoyaron la reforma tributaria y no lograron evitar los abusos de la fuerza pública. En Cali, la cifra oficial es de siete personas muertas, hay personas desaparecidas y muchas heridas. Sólo tomaron distancia de Duque contra la militarización cuando el presidente decidió retirar la reforma.
- Las movilizaciones sobrepasaron el poder de los medios tradicionales (RCN y el Tiempo, etc.), que desde el comienzo estigmatizaron el llamado a paro. Por otro lado, las redes sociales ganaron, son el centro de interacción, discusión e información (y desinformación).
Escenarios
- Diálogo de la élite. El presidente Duque, al retirar la reforma tributaria llamó al diálogo, pero no está claro si repetirá su libreto del 2019, cuando decidió acordar con Cambio Radical y el Partido Liberal -junto con las cámaras empresariales- y nunca se reunió con representantes del paro, ni sindicales, ni sociales. Es el escenario más probable, pero las fuerzas políticas de la derecha están pensando en las elecciones del 2022 y podrían dejar sin margen al uribismo para gobernar. En ese sentido, las privatizaciones de las pocas empresas estatales que quedan serán la salida para financiar el último año de gobierno.
- El otro escenario es de diálogo nacional con todos los sectores. Lo que implica reconocer una agenda de demandas más amplias que la tributaria, que incluyen la política de paz y reivindicaciones sectoriales. Es un escenario con baja probabilidad, pero podría ser la salida para descomprimir la rabia y terminar el mandato con el diálogo social como legado.