Muchas gracias a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), y en especial a Laure Vega, por invitarme a esta mesa sobre una cuestión que nos ocupa desde hace unos años, como es el auge de la ultraderecha, a falta de un nombre mejor, porque es el concepto que mejor agrupa a diferentes corrientes de este espectro político.
Una cuestión que, por desgracia, probablemente nos seguirá ocupando en los próximos años: un estudio de 31 países europeos del especialista en ultraderecha Cas Mudde, los resultados del cual se publicaron en diciembre de 2020, mostraba que la percepción de que la ultraderecha se había debilitado como consecuencia de la pandemia de COVID-19 era errónea. Según este estudio, sólo la mitad de los partidos había perdido apoyos durante la primera oleada del coronavirus, mientras que el resto los ganó y 10 de ellos no experimentó ningún cambio en las encuestas de intención de voto; el impacto general era marginal: una variación de un 1% de media.
El motivo de mi presencia hoy en esta mesa es la publicación hace unos meses de un informe que el eurodiputado Miguel Urbán nos encargó al economista Ivan Gordillo y a mí. El informe, que puede descargarse de la página web de Miguel Urbán, se titula ‘El programa económico antisocial de la nueva derecha europea’. A continuación resumiré muy brevemente el contenido y los objetivos del informe para tratar a continuación otras cuestiones relacionadas con la ultraderecha. Digo “muy brevemente” porque la presentación del informe se ha publicado ya en español y en inglés y volverla a repetir aquí íntegramente significaría cometer un fraude intelectual, que es un delito frecuente en el mundo académico y los círculos culturales, particularmente en este país.
En el informe analizamos 10 partidos políticos representados en el Parlamento Europeo. Estos 10 partidos se repartían en el momento en que redactamos el informe en tres grupos: Identidad y Democracia (ID) –del que forman parte Agrupación Nacional (RN), de Francia; la Liga, de Italia; Alternativa para Alemania (AfD); el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ); e Interés Flamenco (VB), de Bélgica–, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) –al que pertenecen Ley y Justicia (PiS), de Polonia; Hermanos de Italia (FI); Demócratas de Suecia (DI); y Vox, de España– y el húngaro Fidesz, que entonces se integraba en el Partido Popular Europeo (PPE). Después de su salida en marzo del PPE, los 12 eurodiputados de Fidesz han ido automáticamente al grupo de los no inscritos, a la espera de su posible incorporación a otro grupo, probablemente ECR, o la creación de nuevo grupo que fusione a los anteriores y con el cual se especula desde hace tiempo.
¿Por qué decidimos analizar los programas económicos de estos partidos? Lo hicimos conscientemente, para alejarnos de las críticas más habituales, centradas en su xenofobia o su moral reaccionaria. Como no nos hemos cansado de repetir, estos partidos alimentan la división y el enfrentamiento social explotando las líneas de fractura culturales: es su mejor táctica para crecer electoralmente. Lo es porque hay problemas sociales para los cuales no hay una respuesta clara: desde la integración de las comunidades de trabajadores inmigrantes hasta una política de transición ecológica que no cargue los costes sobre las espaldas de los trabajadores, pasando por uno de los temas favoritos de la nueva derecha radical como es el arrinconamiento de las culturales nacionales –sobre todo, evidentemente, la de las “grandes” naciones, no la de las pequeñas– ante la inmensa y devastadora influencia cultural de la cultura de masas y el ocio alienado procedente de Estados Unidos durante todos estos años de llamada “globalización”.
La crisis de los partidos de izquierdas en todo el continente favorece esta táctica. Sólo hace falta echar un vistazo a las encuestas de intención de voto de la mayoría de países: las excepciones a esta crisis –por muchas y diferentes razones que no son motivo de esta mesa– pueden contarse prácticamente con los dedos de una mano. Los cambios en la estructura social de la base de la izquierda –más urbana, más frecuentemente con titulación universitaria y en no pocas ocasiones de clase media o hasta media-alta– dan pie a la caricatura que la ultraderecha utiliza hasta la extenuación en sus intercambios de golpes, que no debates, en las redes sociales.
En este contexto, presentarse como representantes del “ciudadano común” y hasta del “trabajador” –por supuesto, del “trabajador nacional” antes que ningún otro–, empleando una retórica populista, y hasta pseudosocialista, entre otras estrategias de apropiación que no por históricamente conocidas dejan de ser efectivas, les ha permitido ir obteniendo conquistas electorales, como hemos visto repetidamente en los últimos años.
La información que recogimos en el informe deja al descubierto, obviamente, otra realidad. Una de las demandas más repetidas de los partidos ultraderechistas es, por ejemplo, la aprobación de un tipo fijo sobre la renta, más conocido por su expresión inglesa, flat tax, es decir, que el porcentaje del impuesto a aplicar sea constante, con independencia del nivel de ingresos. La Liga y Hermanos de Italia lo fijan en el 15%, Fidesz en el 16% y Vox en el 20%. Esta medida la defienden con la típica falacia neoliberal de que un tipo fijo sobre la renta simplificaría el proceso de declaraciones y recaudación de impuestos y que, gracias a eso, se reduciría la burocracia. Estas llamadas a la contención del gasto pública se limitan, sin embargo, al ámbito de la administración o los servicios públicos, no al de los cuerpos y fuerzas de seguridad que, muy al contrario, piden aumentar.
Como también recordaba Ivan Gordillo en la presentación del informe, una caída pronunciada de los ingresos del tesoro público como consecuencia de la reducción de impuestos tampoco permitiría financiar los programas de medidas “sociales” que la ultraderecha pregona. Gordillo señalaba otra contradicción no menos importante: el proteccionismo propuesto por la ultraderecha, aparentemente patriótico, consiste en defender a unas determinadas empresas nacionales, favoreciendo su producción respecto a las empresas extranjeras importadoras. Ahora bien, la propiedad de muchas de estas empresas, como añadía de inmediato Gordillo, puede ser muy difícil de determinar o puede ser muy difusa si recae en manos de grupos financieros inversores o grandes conglomerados bancarios, como es el caso de las empresas que cotizan en bolsa.
Además de todo eso, en los programas económicos de la ultraderecha no se encuentra por ningún lugar un plan estratégico para la transformación del modelo productivo que esté basado en la demanda interna y las necesidades de la población. Por eso lo veníamos a decir en las conclusiones del informe es que lo verdaderamente esconden estos programas es una batería de medidas en última instancia en detrimento del trabajo y favorables al capital. O, para ser más precisos, a determinados sectores del capital, ya que la ultraderecha no es la opción política de determinados sectores empresariales, sobre todo los más dinámicos, como el de las nuevas tecnologías digitales, como muestra el caso de Estados Unidos. El vacío que dejase el Estado del Bienestar en su retroceso lo ocuparía la iniciativa privada y los servicios de caridad.
Aunque encontramos diferentes similitudes entre los programas, conviene matizar que no hay un programa económico común a todas las fuerzas políticas: mientras Agrupación Nacional se opone a los tratados de libre comercio, por ejemplo, los Demócratas Suecos son partidarios de ellos, sobre todo con el Reino Unido post-Brexit y Estados Unidos. En términos generales, puede afirmarse que los partidos del grupo Identidad y Democracia (ID) acostumbran a ser más “populistas” que los del Grupo de los Reformistas y Conservadores de Europeos (ECR).
Consultando los programas, también nos sorprendió el detalle y el acento social que presentaba el de Agrupación Nacional frente al de otros partidos –de hecho, la mayoría– que tienen programas económicos mucho más esquemáticos. Esta característica la consideramos un síntoma de las escasas propuestas que tienen a hacer los partidos de la ultraderecha en este ámbito que los distinga a la hora de la verdad de otras formaciones de la derecha y, por extensión, de su interés en amplificar la retórica de confrontación y librar ‘guerras culturales’ que ayuden, también, a encubrir estas carencias.
Llegados a este punto, no está de más observar aquí la ironía que afecta a dos de los partidos analizados, Ley y Justicia (PiS) y Fidesz, que gobiernan desde hace años en dos países, Polonia y Hungría, y en consecuencia sirven como modelo para el resto. Hungría y Polonia presentan como es sabido una considerable dependencia de los fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea. En el período 2014-2020 Hungría ha recibido más de 25 mil millones de euros a través de 9 programas de fondos estructurales de inversión comunitarios, una media de 2.532 euros por persona. En el mismo período Polonia recibió más de 86 mil millones de euros, una media de 2.262 euros por persona. En comparación, España recibió más de 39 mil millones de euros que se tradujeron en 856 euros por persona.
Esta paradoja entre el discurso y la práctica “soberanista” en Polonia y Hungría es aún más estridente si se buscan los porcentajes de Inversión Extranjera Directa (IED), que muestran la profundidad con la que ha penetrado el capital alemán en Europa occidental. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hasta un 25,4% de la IED en Hungría procedía de Alemania (datos de 2017), un 20,1% en el caso de Polonia (datos de 2018). En 2018 Alemania fue, a su vez, el país al que más exportaron Hungría (26,8%) y Polonia (27,3%). Si entramos en detalle en qué exportaron estos dos países encontramos que los vehículos a motor y componentes para el automóvil son el producto más exportado –Hungría (26%), Polonia (13%)– seguido por los equipos electrónicos –Hungría (26%), Polonia (10,7%)–.
Lo que demuestran estos datos es que a pesar de toda su retórica “soberanista”, las economías de Hungría y Polonia siguen integradas en la alemana como “semi-periferia” de este país. De manera no muy diferente, antes de la pandemia los húngaros eran la segunda comunidad de inmigrantes en Austria (datos de 2018). La oficina de estadística de este país calculó que un 2,5% de su fuerza de trabajo es de esta nacionalidad. Una estadística, no obstante, que no tiene en cuenta a los trabajadores transfronterizos, es decir, a quienes tienen su residencia en Hungría pero cruzan la frontera a diario para trabajar en Austria, o sólo viven durante la semana laboral. ¿Y qué tipos de trabajos hacen los inmigrantes húngaros en Austria? Pues los más precarios: cerca de 11.500 de estos inmigrantes trabajaban en la hostelería y cerca de 9.000 en la restauración. El resto lo hacían como conductores de camión, auxiliares de limpieza, obreros de la construcción, y en las industrias cárnicas y gasolineras, donde se calculó que uno de cada tres empleados era húngaro. En septiembre de 2018 el ministro de Finanzas húngaro, Mihály Varga, afirmó que los húngaros, gracias a la política de Fidesz, finalmente volvían a su patria después de años de trabajar en el extranjero. La realidad, en cambio, decía una cosa muy diferente.
Hungría y Polonia son, como se sabe, dos de los referentes de Vox, del que me gustaría ocuparme a continuación.
Primero resumiré algunas de sus propuestas económicas más importantes, que coinciden con el patrón que grandes trazos he presentado. Son: reducción de lo que llaman “gasto político”, con la eliminación de cargos y organismos, la fusión de ayuntamientos y la eliminación del modelo autonómico; derogación de cinco normativas por cada una promulgada (una medida copiada del programa electoral de Donald Trump); tipo único (flat tax) sobre la renta del 20% hasta los 60 mil euros y del 30% por encima de esta cantidad; reducción del impuesto de sociedades al 20%; beneficios fiscales para las familias numerosas; eliminación del impuesto de sucesiones (que llaman, siguiendo al Partido Republicano de los Estados Unidos, “impuesto sobre la muerte”); fomentar la reindustrialización con esquemas de cooperación público-privados; priorizar la contratación pública de empresas y trabajadores españoles; liberalización del suelo edificable; y medidas de apoyo a los autónomos y parados de larga duración como la eliminación de las cuotas para los autónomos si no perciben una cantidad de ingresos y beneficios fiscales para las empresas que contraten a parados de larga duración y mayores de 50 años.
De esta breve enumeración puede concluirse la escasa originalidad y el neoconservadurismo del programa económico de Vox. Daniel Rueda ha calificado en un artículo la construcción ideológica de Vox de pastiche. Creo que es una buena definición. Vox ha ido tomando de aquí y de allá componentes discursivos que han funcionado a partidos similares en otros países o que pueden apelar a diferentes sectores de su electorado en función de su generación o clase social, aunque parezcan estar fuera de lugar en la realidad española.
Haría evidentemente falta un estudio detallado de su discurso, pero podemos citar, de pasada, los siguientes: el trumpismo (desde el eslogan ‘Hacer España grande otra vez’ hasta propuestas como la ya citada derogación de cinco normativas por cada una promulgada); la alt-right estadounidense, sobre todo en su uso de las redes sociales, vocabulario y lugares comunes, y en su penetración ideológica en las comunidades digitales, principalmente las formadas por hombres adolescentes; la nueva derecha europea, en particular en sus textos más teóricos; el nacionalismo español, con su revisionismo histórico y la defensa de un Estado unitario que aplaste al resto de naciones que forman parte de él, así como la defensa de las manifestaciones culturales que supuestamente lo caracterizan (como la tauromaquia); el nacionalcatolicismo, con el anticomunismo visceral que conlleva; la “izquierda” falangista representada por Ramiro Ledesma Ramos, a quien Santiago Abascal ha citado en alguna ocasión, sin mencionarlo, y que toma cuerpo en la formación de un pseudosindicato, Solidaridad, que copia su nombre del célebre sindicato católico polaco; y así sucesivamente.
Rueda se apresuraba a añadir que cometeríamos un grave error de subestimar esta mezcla ecléctica, por ridícula y precipitada que nos parezca, porque ha demostrado con creces su efectividad: a día de hoy Vox sigue siendo la tercera fuerza política en las encuestas, con un porcentaje de votos bastante sólido, de entre el 12% y el 15%. Como dije en la presentación en Barcelona del libro de Miguel Urbán sobre Vox, sin conciencia de clase –que se crea a través de un tejido asociativo y de organizaciones en las que los trabajadores participan y se sienten representados–, el voto obrero puede ser movilizado con factores culturales, llamadas a la seguridad ciudadana y promesas de mejoras laborales.
En las elecciones andaluzas de 2018 –las primeras donde entraron en un parlamento, precedidas de muchas bromas por el anuncio electoral en el que salía Abascal a caballo– el mismo Abascal habló de Vox no como “de un partido de extrema derecha, sino de extrema necesidad”. Esta expresión la tomó del fundador del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Diamantino García. En su libro, Urbán también destacaba cómo más de la mitad de quienes siguen a Vox en redes sociales tiene menos de 44 años, más de las tres cuartas partes no han cumplido aún los 55 años y sólo un 12% son jubilados.
¿En qué se ha traducido todo esto? La mejor manera de buscar una respuesta es comenzar por sus resultados por barrios. En las elecciones al Congreso de los Diputados de 2019, Vox obtuvo buenos resultados en Barcelona en los barrios de Pedralbes (12%) o Sant Gervasi-La Bonanova (8,7%), pero también resultados destacables en Torre Baró (12,9%), Baró Viver (12%), Ciutat Meridiana (10%), Besòs i el Maresme (9,7%), Les Roquetes (9,1%), Trinitat Nova (9,7%), Verdun (8,2%), La Teixonera (7,9%) o el Carmel (7,5%).
En las elecciones al Parlament de Catalunya de este año los resultados fueron bastante similares: 17% en Pedralbes, 12% en Sant Gervasi-La Bonanova o un 9,5% en Sarrià, pero también un 17.7% en El Carmel, un 12,5% en Trinitat Nova, un 12% en Ciutat Meridiana, un 11,8% en Canyelles o un 10,7% en el Besòs, y, en general, resultados de entre el 5% y el 7% en el resto de barrios de la periferia. Incluso si la suma de fuerzas de centro-izquierda e izquierda en los barrios trabajadores arroja una mayoría clara, son porcentajes que no pueden dejarse pasar por alto y que conviene abordar.
Acabo citando al mismo autor con el que he comenzado, Cas Mudde, quien, en un artículo reciente, planteaba cómo la pandemia “ha mostrado la importancia de la competencia, la experiencia y las cuestiones socioeconómicas, como los sistemas públicos de salud y el Estado del Bienestar”, y cómo eso mismo crea “una oportunidad para los partidos progresistas, mucho de los cuales han estado marginados en un mundo político dominado por cuestiones socioculturales, como la identidad y la seguridad”.
Para evitar que la nueva situación acabe siendo explotada por el populismo ultraderechista o vuelva a manos de los socialdemócratas de la “tercera vía” que son quienes en buena medida nos trajeron hasta aquí en un primer momento, Mudde planteaba cuatro grandes ejes para una política de transformación social que merece la pena tener en cuenta y que sirven, también, para privar de oxígeno a la ultraderecha.
El primero, “repolitizar la política”, abandonar la política “tecnocrática” y “pragmática”, y ofrecer planes de futuro realistas y convincentes; el segundo, controlar la agenda política, y no que la agenda política los controle a ellos, ni que sean los partidos de la ultraderecha y derecha quienes marquen los temas y el marco del debate, normalmente sobre cuestiones de identidad y seguridad; el tercero, redefinir Europa, en la línea de lo que ha mostrado la pandemia: que la coordinación y cooperación internacional más allá de las fronteras de la Unión Europea es clave para resolver los retos del siglo XXI, una tarea que la opacidad con la que trabaja la Comisión Europea dominada por una ‘gran coalición’ entre socialdemócratas y conservadores no ayuda; y el cuarto, aceptar los cambios que vayan en la dirección correcta, ni que sea tímidamente, para asegurar un futuro de mayor justicia social para Europa, ya que, de lo contrario, los partidos progresistas corren el riesgo de caer en la marginalidad.
