CitizenGo, la mayor fundación de la extrema derecha española y creada por Hazte Oír como auténtico panzer nacional e internacional contra todo lo que considera lesivo para la ideología conservadora, mantiene sus cuentas en secreto. Pese a que la ley obliga a todas las entidades estatales inscritas como fundaciones a someterse a la supervisión contable del Gobierno, los balances de CitizenGo de al menos los últimos seis años no constan depositados en el Registro de Fundaciones.
La inexistencia de mecanismos que impidan la vulneración de la Ley de Fundaciones nada menos que en lo que al dinero se refiere hace imposible conocer a cuánto ascienden los fondos de que dispone cada año CitizenGo. Impide por tanto saber oficialmente de dónde proceden, en qué los gasta y quiénes le aportan donaciones: menores o de envergadura pero en todo caso desgravables.
Todos esos datos deben figurar en la memoria anual y las cuentas que las acompañan. Pero la respuesta del Registro de Fundaciones a la petición formulada por infoLibre para acceder a los documentos de la fundación que también preside Ignacio Arsuaga, fundador de Hazte Oír, resulta inequívoca: “No han sido depositadas las cuentas de los últimos seis ejercicios”.
De igual forma, el Registro corrobora que no hay forma de poner negro sobre blanco quiénes donan dinero para las múltiples campañas que tanto a través de Hazte Oír como de CitizenGo desarrolla el grupo que lidera Ignacio Arsuaga: campañas contra el aborto con enorme despliegue de medios, contra los derechos LGTBI, contra las leyes de educación que la extrema derecha cree conculcadoras de la religión católica o contra el derecho a la eutanasia, por utilizar las banderas más conocidas de cuantas enarbola el grupo. «Cuando consten depositadas las cuentas de los seis últimos ejercicios –señala la respuesta oficial facilitada a este medio–, se podrá conocer el detalle de las subvenciones y donaciones que ha recibido la fundación».
Este periódico preguntó este lunes a los portavoces del tándem Hazte Oír/CitizenGo por qué, pese a que la Ley de Fundaciones obliga a ello, la fundación no ha depositado en el Registro las cuentas de los seis últimos años. Preguntó asimismo dónde pueden consultarse los balances de CitizenGo de los ejercicios 2015 en adelante. No hubo respuesta.
En su web, el grupo ofrece un enlace a «nuestras cuentas». Pero se trata de un documento donde ni separa los ingresos y gastos la asociación de la asociación Hazte Oír -que debe presentar cada año en el Registro de Asociaciones- y los de CitizenGo, entidad con personalidad jurídica propia y calificada como fundación. No son, por tanto, las cuentas oficiales. Es decir, no son aquellas que deberían figurar depositadas en el Registro de Fundaciones. Lo puedes ver pinchando aquí.
¿Pero tiene alguna consecuencia que una fundación se salte el precepto legal que obliga a presentar cuentas ante la institución que ejerce el Protectorado –una especie de tutor oficial, en este caso el Ministerio de Cultura– y una vez revisadas y verificado que son correctas se depositen en el Registro de Fundaciones? «El Protectorado debe informar a la Administración tributaria de las fundaciones que no hayan presentado cuentas o que, habiendo recibido algún tipo de requerimiento sobre las mismas, no lo hayan atendido». El entrecomillado pertenece a la respuesta ofrecida a este medio por Isabel Peñalosa, directora de la asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).
Grandes donantes
En agosto y basándose en datos de WikiLeaks, el diario Público difundió que grandes fortunas y altos ejecutivos financiaron al grupo ultracatólico de Hazte Oír y CitizenGo en vísperas del nacimiento de Vox. Entre los grandes donantes, el digital citaba a Esther Koplowitz (FCC), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Juan Miguel Villar-Mir (OHL).
WikiLeaks es la organización internacional que, creada por Julian Assange, publica informes anónimos y documentos filtrados de interés público. Assange se encuentra ahora al borde de la extradición a EEUU tras la decisión de un tribunal del Reino Unido, donde se refugió en julio de 2019. EEUU persigue a Assange por haber difundido en WikiLeaks decenas de miles de documentos relacionados con la guerra en Afganistán y en Irak.
En marzo de 2017, infoLibre destapó cómo los ingresos de la asociación Hazte Oír aumentaron un 69% desde que el Gobierno del PP la declaró de utilidad pública en mayo de 2013. En concreto, pasó de unos ingresos de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015. Adoptada por el Ministerio del Interior, que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, esa decisión supuso que los socios y donantes de Hazte Oír comenzaran a tener beneficios fiscales.
La ausencia de cuentas que permitan conocer con exactitud la relación de donantes que han aportado fondos a CitizenGo plantea una pregunta: ¿ha alertado el Protectorado a la Agencia Tributaria sobre la inexistencia de balances de una fundación que ya ha contribuido al nacimiento de organizaciones afines en países europeos y americanos y que a tenor de su actividad maneja cada año ingresos elevados?
Este periódico trasladó la pregunta a Hacienda. Tampoco aquí hay ni habrá respuesta: la norma seguida por la AEAT pasa por no facilitar datos sobre ningún trámite que afecte a personas físicas o jurídicas. Fuentes conocedoras del sector de las fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, aseguran que son muchas las que no presentan sus balances.
En teoría y tal como explica Isabel Peñalosa desde la AEF, solo Cataluña y País Vasco tienen potestad sancionadora en el caso de fundaciones de su comunidad que no presenten cuentas. Pero tanto a escala estatal como en las restantes comunidades, las incumplidoras se arriesgan a perder el régimen fiscal que las sitúa en posición de ventaja respecto a empresas normales y corrientes. En la práctica, no es posible saber a día de hoy cuántas se han quedado fuera del régimen fiscal que beneficia a las fundaciones.
