La ONU en confabulación con ONG´S tarifadas, pretenden una intervención moral y jurídica a Venezuela, apuntalada carteles mediáticos parcializados para justificar acciones militares y no militares con el fin último de reingenierizar la Constitución de la República en función de los intereses corporativos transnacionales, dañando su legitimidad, haciéndola ver como fuente de problemas y causa material de la crisis. Con estrategias de guerra híbrida buscan rendirnos y optemos por retrogradar el contrato social. Para la ONU la democracia es pura ficción, representación que evapora al pueblo y su participación real.
Imponen una pseudojuridicidad neutral, no fundada en la mayoria sino en minorías especializadas.
Informe canalla que respalda el comportamiento hostil de la jauría mediática nacional e internacional cuando banaliza al pueblo chavista. Nos aplican otro blackout mediático y jurídico internacional invisibilizando las violaciones a los derechos humanos de millones de venezolanos afectados por el bloqueo criminal y al 75% de las víctimas de los hechos terroristas del 2017 que fueron chavistas.
Así el contubernio ONU y ONG´S tarifadas establecen el mismo expediente del 2002: acusar, criminalizar, satanizar, borrar a las mayorías chavistas y configurar una opinión pública internacional para legitimar la intervención humanitaria, moral, jurídica y hasta militar, imponiéndonos una Constitución cónsona a los intereses de potencias y corporaciones que permita el saqueo programado de nuestra nación.
Informe sesgado que confunde debilidades del Gobierno venezolano con violaciones a los derechos humanos creando falsos supuestos, y en un error de adecuación de la conducta del supuesto Estado violador de derechos humanos estigmatiza y ofende el gentilicio de la mujer venezolana cuando nos llama mendigas y prostitutas, desbalance absoluto cuando admite que entrevistas, encuestas y noticias fueron tomadas en un 89% fuera del país o fueron elaboradas por ONG´S patrocinadas por la NED y la USAID, cuya metodología de investigación carece de validez y rigurosidad, ocultando las causas reales generadoras de las afectaciones económicas que derivan en debilidades de los sistemas de salud, alimentos y servicios que sufre nuestro país producto del bloqueo criminal, se justifican en el argumento falaz de la crisis humanitaria, que según su propia legalidad “sólo ocurre cuando sucede una catástrofe natural”.
Oculta que la conducta personal de un funcionario del Estado que decide a motu propio violentar o cometer excesos en materia de derechos humanos, nunca puede equipararse con el comportamiento generalizado y sistemático de un gobierno, sobre todo cuando éste ordena investigar y castigar a los transgresores. Informe canalla contra un pueblo que resiste a persecuciones de toda índole y a las más férreas medidas coercitivas unilaterales. Levantamos nuestra voz para defender el derecho a ser una Nación soberana y no tutelada.
