En los últimos meses se supo sobre un nuevo caso de lawfare en las relaciones de América Latina y EE.UU. Afecta al empresario colombiano Alex Saab, que viajaba a Irán en una misión diplomática del gobierno de Venezuela, como Enviado Especial de este país, siendo apresado en Cabo Verde. El gobierno estadounidense lo acusa de estar vinculado a actos de corrupción y solicita su extradición a EE.UU.
El hecho debería ser de máxima preocupación para la comunidad internacional, porque trasciende a este caso particular y se enmarca en una aplicación sistemática dellawfare, un modo de guerra que utiliza la ley como arma, instrumentalizándola con fines políticos, económicos y geopolíticos, con gran impacto a corto y mediano plazo.
Dos aspectos sobresalen de este caso y se vinculancon la trayectoria del lawfare, que conoce numerosos e importantes antecedentes en América Latina. El primero, es que instrumentaliza la ley y al aparato judicial con fines de persecución política. Se caracteriza por vulnerar el debido procesojudicial, abusando, desvirtuando e incluso desconociendo los marcos legales establecidos a tanto a nivel nacional como internacional. A su vez, el objetivo de esta guerra es quebrar la moral del enemigo, quitarle apoyo, aislarlo, tal como lo definen especialistas de las fuerzas armadas estadounidenses. El target, quien debe ser derribado, es un enemigo político, clasificado como tal porque supuestamenteimplica una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. Se suma el hecho de que nada de esto es puesto en evidencia por las notas y opiniones difundidas por numerosos medios de comunicación y redes sociales, contribuyendo a que la opinión pública conciba estas estrategias como legítimas, en una batalla inminente, y sin fronteras, contra la corrupción.
Lo anterior nos lleva al segundo aspecto, relativo a la jurisdicciónque EE.UU. se arroga a nivel mundial, es decir, la extraterritorialidad de sus normas. La detención de Alex Saab (vulnerando el debido proceso) es posible en virtud del largo brazo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro. La OFAC, establece las sanciones económicas unilaterales, que son categorizadas como herramientas de poder blando, que van desde la penalización a personas y empresas, hasta el bloqueo de empresas estatales y economías enteras, bajo la presunción más no las pruebas de actos de corrupción.En 2019, las penalidades por sanciones y lavado de dinero impuestas por el gobierno estadounidense a diversas personas y entidades alcanzaron los 2.4 mil millones de dólares.
Pero el objetivo de estas sanciones es también geopolítico, especialmente para Donald Trump, que las aplica con mayor sistematicidad y regularidad que cualquiera de sus antecesores. Las utiliza para bloquear economías de Estados considerados una amenaza para la seguridad de EE.UU. (Irán, Venezuela, Cuba). Con estos países son evidentes las diferencias políticas y también la disputa por recursos estratégicos (petróleo, oro, litio, etcétera) en un escenario caracterizado por un paulatino descenso de la hegemonía estadounidense, al tiempo que China adquiere mayor protagonismo y visibilidad en la escena internacional.
Tanto las sanciones económicas como la persecución política por la vía judicial, indican el modo en que el gobierno de Donald Trump instrumentaliza y pone en acción (o desconoce) determinados marcos legales con fines políticos, económicos y geopolíticos, para hacer a “América grande de nuevo”. El impacto en las instituciones, las leyes y las finanzas a nivel internacional es tan amplio como el alcance extraterritorial de la ley estadounidense y el enorme daño ocasionado a los países que son objeto de esta forma de coerción.
Los organismos internacionales, sean de asuntos legales, Derechos Humanos, diplomacia o finanzas, deberían tomar nota no solo de las vulneraciones al debido proceso, los abusos y ausencia de la ley, en determinados casos, como el de Alex Saab al cual podríamos agregar los de Julian Assange, Jorge Glas, Rafael Correa, Evo Morales y tantos otros. Deberían procurar, por todos los medios a su alcance, poner un freno a esta instrumentalización de la ley con fines políticos, económicos y geopolíticos por parte de los gobiernos. En el caso que nos ocupa, de un gobierno como el de Donald Trump, quien precisamente ha sido sometido a un fallidoimpeachment por actos de corrupción en su propio país.
