"...quizás el grito de un ciudadano puede advertir la presencia de un peligro encubierto o desconocido".

Simón Bolívar, Discurso de Angostura

La agenda parlamentaria arranca con destino hacia lo comunal

En la instalación de la Asamblea Nacional (AN) electa el pasado 6 de diciembre, su nuevo presidente, el diputado Jorge Rodríguez, señaló algunas directrices fundamentales que tendrá el nuevo parlamento, colocando en dicho orden de prioridades la de legislar y actuar en favor de la construcción del poder comunal en Venezuela.

Rodríguez refirió que la nueva gestión parlamentaria «irá hacia el Parlamento Comunal, esta gestión irá hacia la conformación de leyes para amparar las ciudades comunales, las comunas, los consejos comunales», dijo, lo cual supone un relanzamiento o reforma a las leyes del poder popular y la promulgación de otras, entre ellas, la aspirada Ley de Ciudades Comunales, que es considerada por muchos una pieza legal faltante para el avance en la concreción de autogobiernos en el país.

Ya en el marco de la campaña parlamentaria, Rodríguez había referido que la transformación del Estado era posible desde la profundización de los mecanismos de transferencia de poder a las comunidades organizadas.

«Hay que aprobar la ley que empodere a los que saben del barrio, de los consejos comunales, tenemos que darle el poder real a las comunas y eso será a través de la ley de las ciudades comunales. Ley para que las comunas asuman de una vez por todas el poder en el territorio…», indicó.

La agenda de la AN va acompasada a la estrategia del Ejecutivo venezolano en asumir nuevos términos en la gestión social y el ejercicio del poder. En octubre pasado en el Congreso Nacional de Comunas 2.0 realizado por vías digitales, el presidente Nicolás Maduro instruyó que se concretara la organización, instalación y despliegue de 200 ciudades comunales dirigidas en autogobierno, por el propio poder popular, por las propias comunas y consejos comunales.

Asimismo, el mandatario acogió la propuesta de darle curso, AN mediante, a un instrumento que dé cuerpo legal al Parlamento Comunal que, según sus palabras, «obligue al Parlamento nacional a consultar a las Comunas, todos los proyectos y todos los temas que tengan en debate para su decisión».

Esto hace de esa propuesta algo políticamente muy ambicioso. El chavismo propone la creación de un órgano legislador complementario a la misma AN y que tenga cuerpo político real en los ejes territoriales de poder comunal.

De igual manera, el presidente Maduro se ha referido a la necesidad de consolidar un nuevo bloque histórico nacional, donde las nuevas formas de hacer política son un factor inexorable. En ellas repercuten las posibilidades de, en términos gramscianos, dar nueva forma al andamiaje de gestión y participación para modular la infraestructura y la superestructura del país.

El momento se vuelve oportuno para, desde ahora, desahogar todas las reflexiones posibles, por lo cual proseguimos con los siguientes señalamientos.

Las aristas y desafíos políticos

La nueva AN ha asumido su lugar en la política nacional con una presentación clara y concreta. Insisten en «reparar» los daños que ha dejado el ciclo parlamentario que precedió, entendiendo que este permitió que se consolidara en el país un nuevo marco de realidades. A saber: bloqueo y asedio externo, la fractura del espacio interno y del debate político entre venezolanos y el estancamiento y encallo parcial de la política interna.

La nueva AN, a favor de la «reconciliación», la apertura de «mecanismos de diálogo», más la insistencia de crear distenciones políticas, según el discurso del diputado Jorge Rodríguez, apunta al sostenimiento de la paz, la ruptura del bloqueo, el retorno de la institucionalidad y la concordia política nacional como bienes políticos estratégicos.

Pero el chavismo no pretende que las formas de diálogo nacional se perpetúen como un único diálogo de binomio. El chavismo ha sabido reconocer la existencia de varias oposiciones políticas, y más allá de ellas, un país entero mucho más diverso, con un conjunto de necesidades políticas, demandas poblacionales y con viejas deudas en materia de participación social y democracia protagónica.

El reconocimiento del terreno, a plenitud, hace de estas propuestas parlamentarias sumamente estratégicas. Por vez primera en un Parlamento nacional, las leyes que conciernen al poder popular se encumbran en el tope de una agenda legislativa entrante.

Seguidamente, el chavismo reconoce el espacio político nacional más allá de la diatriba entre partidos. Ir a la Comuna es, para el chavismo, ir a la médula, a las entrañas políticas de la nación, donde tiene lugar la diatriba de lo cotidiano, hoy día, entre los pesares y las conquistas que han sido delineadas por la nueva realidad nacional.

La nueva AN es, desde todos sus flancos, una AN para el «desbloqueo» del país. Ello implica que su labor política dentro de sus facultades irá hacia el destrabamiento de todos los nudos críticos posibles, que en su momento pretendieron colocar a Venezuela en una posición hemipléjica.

La política interna es un elemento a «desbloquear», y para ello, más allá de los diálogos con las oposiciones, convocan a la conformación de leyes que, en la amplitud del espectro social, cambien las reglas del juego democrático desde el país profundo.

Estas leyes se redactarán en un cuadro de disputa, pues las adversarán sectores auto-relegados de la política, quienes se abstuvieron en las elecciones y defenderán la permanencia y el detenimiento en las viejas formas de la política. Para ello apelarán a la defensa de instancias que supuestamente serían erradicadas, como las alcaldías, o señalando la eliminación de la AN por un Parlamento Comunal, declarando la inconstitucionalidad de estas leyes del poder popular.

Azuzarán a las presiones externas, al bloqueo y a la continuidad de las formas de paralizar al Estado nacional satanizando estas iniciativas y nuevamente denunciando un supuesto comunismo impuesto en el país.

Adicionalmente, estas leyes se debatirán en un nuevo país, uno distinto, sujeto a nuevas inercias y condiciones que no existían cuando se promulgaron las primeras leyes del poder popular. Las nuevas leyes se redactarán bajo los criterios de un Estado limitado en recursos, bajo bloqueo, en contingencia permanente y en el tránsito de desmantelamiento del rentismo petrolero, que ha sido el contrato fundacional-material de la Venezuela contemporánea, en tiempos pre-chavistas y luego de 1999.

La experiencia acumulada

Quizá los mejores referentes con los cuales pueden contar los parlamentarios en la AN para asumir las nuevas tareas legislativas sobre la Comuna, están en las memorias de los Congresos Comuneros que han tenido lugar en los últimos años. Hay allí principios elementales redactados desde la propia pericia y vivencia de sus protagonistas.

Las fuerzas comuneras y otras expresiones del tejido político del chavismo son la reserva social, moral y política del país, son quienes han tenido el arduo privilegio de experimentar en el terreno político de «lo nuevo». Han labrado con altibajos, errores, incongruencias, debilidades y con mil obstáculos al frente, pero son quienes han dado parto a una nueva forma de hacer política en Venezuela y son, en consecuencia, parte de las expresiones del conocimiento indispensable para repensar el país.

Los consejos comunales, y luego de ellos, las comunas y los sistemas de agregación comunal, todas son expresiones germinales de poder social, son el punto de partida para dar forma a las Ciudades Comunales como espacios geo-humanos. Son también el punto exacto para decantar un sistema de participación parlamentaria comunal, que permita superar la vieja lógica clientelar del viejo parlamentarismo.

Pero redactar una Ley de Ciudades Comunales y una que refiera al Parlamento Comunal, implica la identificación de sujetos políticos idóneos con mayor amplitud, no solo para ser visibilizados en estas leyes, también porque son los factores que pueden darle asidero en lo real a estas iniciativas legislativas en las instancias más intrincadas de la sociedad.

Esta referencia va a la vanguardia, a los CLAPS, UBCH y al tejido político mayoritariamente femenino que hace la política real desde lo cotidiano y en lo más profundo del espacio político nacional; son un referente indispensable, pues están en las formas celulares de la política día a día, conviviendo en el pueblo y desde él con las adversidades, y siendo un muro de contención y atención a las demandas sentidas.

Son sectores que, por excelencia, están claramente adiestrados en las formas de hacer política en medio de las nuevas inercias del país, lejos de los métodos aéreos en la formulación de la política pública. Ello los hace claves, entendiendo que la eventual Ley de Ciudades Comunales y una Ley de Parlamento Comunal, deben ir en la búsqueda de nuevas formas de gestión política y social en medio de los desgarramientos y oportunidades que nos abordan.

Estos sectores sociales y sus espacios naturales son un hervidero de pericia invaluable y pueden ser, como factores de primera línea, promotores del oportuno cambio de reglas que podría surgir desde estas importantes leyes.

Las leyes que vendrán, incluso, podrían reformular a las leyes del Poder Popular vigentes, pues luego de años de su promulgación la realidad ha demostrado que los mecanismos previstos para su implementación están en desfase, no se han cumplido pues los métodos para imponerlas no ha sido efectivo y adicionalmente muchas condiciones han cambiado.

Dicho de otra manera, la propia experiencia acumulada del dicho legislativo al hecho, nos demanda repensar este cuadro normativo. Esto no implica caducidad de las leyes vigentes, sino que estas se formularon en la experimentación de lo nuevo y este mismo proceso de invención queda expuesto a grandes posibilidades de reformularse en favor de los tiempos políticos y además sociales.

La pugna natural entre el poder constituido y el poder constituyente, que ha sido larga y compleja en las entrañas de la gestión pública, tendrá ahora nuevas leyes que con gran énfasis delegarán a nuevos actores políticos nuevos roles de relevancia para el ejercicio del poder. Esto es muy importante, pues estas leyes podrían resolver las disputas que surgen por las viejas prácticas y pretensiones de los funcionarios e instituciones en preservar cuotas. De ahí que esta pugna también es fuente de aprendizaje para los legisladores.

En este ítem tendrá particular importancia la capacidad de redactar unos instrumentos que sean políticamente eficaces, viables, pertinentes y ajustados a las condiciones materiales y existenciales del país.

Como sugerencia adicional, sería oportuno que la redacción de estas leyes sea original, explorando en el ideario original nacional, particularmente el que surgiera del propio Simón Rodríguez, quien denominó «Toparquía» al gobierno del lugar y el autogobierno como forma de organización del ejercicio del poder en el territorio en la República, disolviendo las formas de poder que surgieron en la inercia colonial y sustituyéndolas por autonomías hechas a medida por hombres y mujeres libres en asociación y organización. Hay allí, en todo este acumulado teórico, un caudal inmenso que no podemos seguir desestimando.

En definitiva, el cuadro todo es idóneo y fértil para el atrevimiento político, para desatar las fuerzas de la política en los adentros de la sociedad venezolana, con un nuevo ímpetu y con aspiraciones más ambiciosas.

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