El pasado viernes 14 de mayo, el sitio web La Tabla acusó sin prueba alguna al presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), David Hernández, de tener vínculos con grupos paramilitares responsables de desplazar a campesinos del Sur del Lago (occidente) de sus tierras.
En un hilo publicado en la red Twitter, el medio reseña que «vocera campesina de Mérida denunció presunta complicidad de autoridades del INTI con terrófagos que impulsan cultivo de palma aceitera». Seguidamente se lee que se trata de Norka Aragón, de la comunidad El Pinar, municipio Parra y Olmedo; quien asegura que «empresas colombianas desplazan a campesinos en Sur del Lago».
Resulta curioso que el «blog de periodismo e investigación» asegura que el propio presidente del INTI le habría reconocido a la campesina que él es «cómplice» y «por eso la citó a la sede en Caracas el pasado 6 de mayo, en plena semana radical». El hilo dice además que la señora alega que «ni siquiera había empleados. Espero que el Presidente Maduro se entere de la traición a los campesinos».
Lo anterior es cuando menos una grave y peligrosa irresponsabilidad que prefigura como difamación e injuria. Y es que en ningún momento se muestra ese supuesto mensaje en el cual el joven Hernández se asume «cómplice» del hecho irregular. Ciertamente como autoridad en ejercicio de sus funciones constitucionales, Hernández citó a un encuentro a la vocera de Mérida, a solicitud de ella, y oyó oportunamente sus argumentos. No obstante, le aclaró que el INTI solo está en capacidad de resolver todo lo atinente a regularización de la tierra.
Norka reclama un título que le acredite como dueña de 200 hectáreas en total, porque le fue otorgado uno de 109 después de que supuestamente renunció al resto. Sin embargo, Aragón explica que fue víctima de extorsión de parte del antecesor de David Hernández.
Necesario es aclarar que también es verdad que esa reunión se dio en semana de cuarentena radical, con mínimo personal, como establecen los protocolos de bioseguridad para evitar contagios por covid-19. En ningún caso se trata de que el ente esté sumido en la inacción. Todo lo contrario, justamente el presidente del INTI está en el instante en que se redacta este texto en recorridos por toda la geografía nacional, en contacto directo con el campesinado del país.
¿Vínculos paramilitares? ¿Dónde están las pruebas?
El relato de La Tabla reza que la campesina Norka Aragón «dijo que Hernández tendría negocios con terratenientes locales y empresarios palmeros colombianos». «Tuve una conversación con él y la grabó con su celular para informarle a Rogelio Arteaga y Diego Celis. Justo cuando me fui de la reunión vi que llegaron los dos terratenientes», cita el medio como palabras de la denunciante.
Después especifica que el señor «Rogelio Arteaga es señalado por los campesinos de contratar paramilitares y supuestos «colectivos» armados para amedrentarlos. Dicen que está involucrado en el asesinato de José de La Cruz Márquez (conocido como Caballo) en finca Buena Esperanza, el 10ENE2019″.
Explícitamente se comunica que Hernández grabó su diálogo con Norka y luego se lo envió a un supuesto involucrado en un asesinato. Pero, ¿Dónde está la demostración de semejante cosa?.
La verdad es que de esos nexos tampoco se muestra comprobación. Aún más grave es que el medio difunde que Aragón responsabiliza a Hernández de cualquier cosa que llegase a sucederle.
Este caso, que pone en riesgo la integridad física y moral de un joven profesional, honesto, comprometido y trabajador, una vez más nos convoca al uso responsable de la información; sin transgresiones éticas. Un medio de comunicación no tiene, bajo ninguna circunstancia, carta blanca para someter a nadie al linchamiento. Mucho menos si no hay un solo elemento probatorio que sustente la acusación que se hace.
Derecho constitucional a réplica
En cualquier modo, La Tabla, dirigida por Víctor Hugo Majano, está obligada a garantizar espacio para el derecho a réplica, en caso de que Hernández quiera ejercerlo en su legítima defensa. Así lo establece el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución; así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”.
En la misma tónica lo establece el Código de Ética del Periodismo en Venezuela, considerando que este portal obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016 (categoría digital). El instrumento referido, en su artículo 6 (parágrafo uno), especifica que «se entiende por información veraz aquella que se elabora a partir de la comprobación y verificación de la información con fuentes idóneas». Agrega que es aquella que «se concibe y procesa de acuerdo con el apego estricto a la verdad obtenida por el periodista; sin una intención consciente ni maliciosa de tergiversar los hechos».
Adicionalmente, el artículo 11 es muy claro en este sentido. «El periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe acusaciones sin pruebas o ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de personas, instituciones o agrupaciones».
La Tabla también deberá atenerse a las consecuencias legales (si las hubiere) de una denuncia infundada que genera daños a la moral y la dignidad.
