A dos años de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, el más grande periódico colombiano tituló hace unos días: «Indagan plan desde Venezuela para afectar las elecciones en Colombia», y, por supuesto, la matriz comenzó a reproducirse.
Según este artículo, hay caravanas de gente que cruzan desde Venezuela con el único propósito de pedir la ciudadanía colombiana, afirma que le sorprende a las autoridades colombianas que el número de reclamantes de ese derecho haya crecido, que crucen la frontera para hacerlo, pero lo que más les confunde y hasta, supuestamente, enciende sus alarmas, es que, según sus propias palabras, han observado que «la gran mayoría se devolvía de inmediato» luego de hacer el trámite.
De acuerdo a las cifras que reseñan, de 22 mil 147 personas en 2014 a 93 mil 975 en 2017, pasaron a 159 mil 413 en 2018, 142 mil 208 en 2019 y, terminando ya 2020, la cifra es de 42 mil 586 hijos e hijas de personas nacidas en Colombia que reclaman su derecho a la nacionalidad por nacimiento.
Lo que tiene una explicación sencilla y debería ser visto con normalidad, está comenzando a asumirse como un tema de seguridad nacional, según dicen las corporaciones mediáticas colombianas y sus afines. Ya que, en su opinión, la única explicación posible a esto es que el presidente Nicolás Maduro ha activado sus ya conocidos poderes mundiales para desestabilizar países que eran «sumamente estables», y garantizar que una opción que le resulte ideológicamente afín logre ganar las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia.
Los elementos probatorios de esta matriz mediática
Como todo fantasma, la presencia injerencista del «castrochavismo» en los procesos políticos de rebeliones populares en otros países solo puede ser comprobada con el uso de la parapsicología, o su afín en la comunicación social, que son los rumores.
Es así cómo en un ejercicio muy poco serio del periodismo, tristemente habitual, solo se aporta esta prueba: «Hace algo más de un mes llegó a la Casa de Nariño información (de muy buena fuente) sobre un supuesto plan del régimen de Nicolás Maduro para intentar influir en las presidenciales».
Para ello, además indirectamente, acusan al Gobierno Bolivariano de corromper las ya muy corruptas instituciones colombianas. Y aunque niegan la existencia del apoyo popular al gobierno venezolano, sí lo dicen capaz de una operación para infiltrar Colombia con nada menos que casi 600 mil agentes «castrochavistas» que, como hace 200 años, cruzarían la frontera para liberar a Colombia de la eterna alternancia en el poder de las distintas corrientes de la misma derecha subordinada a los Estados Unidos, que la han dirigido desde que Santander marcó tan indigno destino.
Sorprendería el poco sentido del ridículo si no supiéramos que detrás de esta matriz, como siempre, se encuentra la oligarquía más asesina del continente preparándose para la debacle electoral que se le avecina.
Trataremos de aportar aquí unas dosis de realidad porque la ideologización del ejercicio periodístico impuesto por la derecha y sus consorcios empresariales realmente es preocupante, y hasta doloroso, para quienes sabemos que para construir la paz de Colombia hace falta democratizar al país, y para ello es condición sine qua non que se conozca y analice la realidad, la que se vive al caminar por las calles y los campos, no la virtual que construyen y diseñan en Washington.
Y porque esta matriz continúa alimentando los conflictos entre Colombia y Venezuela, lo que es sumamente peligroso para ambos pueblos.
Lo que dicen las cifras
Hace ya dos años publicamos un análisis crítico de las cifras ofrecidas por Migración Colombia sobre la migración venezolana. En él detallamos que en el aparte titulado «Migración de Tránsito» podía leerse lo siguiente: «En este capítulo usted encontrará la cifra de ciudadanos venezolanos que utilizan a Colombia como país de tránsito hacia terceros países». Ahí se señalaba que, ya en 2018, aproximadamente el 26% de las personas que cruzaban la frontera desde Venezuela regresaban de inmediato al país.
Luego de las crisis de xenofobia desatada por la derecha contra la migración venezolana el año pasado y la terrible crisis sanitaria que ubica a Colombia entre los países con más muertes por covid-19 en el continente, se ha dado un retorno masivo de la población migrante venezolana, que hasta las autoridades y las corporaciones mediáticas colombianas han debido reconocer.
La razón es sencilla y la saben: ni Venezuela está tan mal como dicen, ni mucho menos Colombia está tan bien como la promocionan. Por lo que ese retorno a Venezuela es absolutamente comprensible, y aun en términos de su estadística, normal.
También temen un aumento en el número de votantes en Venezuela, ya que para las últimas elecciones presidenciales colombianas se encontraban registradas 304 mil 8 personas para votar en sus consulados en Venezuela, lo que para el momento constituía mucho menos del 10% de la población estimada.
Aun así, la abstención entre la población colombiana que vive en Venezuela y que está inscrita para votar fue del 89%, es decir, que solo un número cercano al 1% de la población colombiana que habita Venezuela acudió a votar (33 mil 175 votantes), porque la mayoría de la población migrante colombiana en Venezuela llega excluida de su propia patria, por lo que es común que no posea la documentación que necesitaría para registrarse en el consulado y porque, además, no suele interesarle mantener ningún tipo de relación con las instituciones colombianas ni mucho menos votar.
Pero según sus cifras, tendrían ahora 184 mil 794 venezolano-colombianos y colombianas más para votar en 2022, y contando con la cultura de la participación electoral que se ha promovido en el país, es probable que más del habitual 10% (18 mil 479 personas) quiera votar en 2022. Temen a la participación popular.
Lo que mucha gente no sabe es que todos los consulados de Colombia en Venezuela están cerrados desde el 23 de febrero de 2019, a pesar de que, por cierto, continúan reportando 125 mil 55 dólares mensuales en gastos al Estado colombiano. Y por tanto, los millones de colombianos y colombianas que acá vivimos estamos en el olvido del Estado colombiano, para mal y para bien. Por ello, para realizar cualquier trámite de documentación es preciso cruzar la frontera y dirigirse a los puntos de atención dispuestos en el Puente Internacional Simón Bolívar, Maicao, Arauca e Inírida.
Esto conculca nuestros derechos fundamentales, aunque no parece interesar al Estado, y ni siquiera a congresistas de la oposición, quienes seguramente lo recordarán cuando lleguen las elecciones presidenciales a las que tanto teme el uribismo.
Como ya hemos señalado en reiteradas ocasiones, al contrario de Colombia, Venezuela es un país acostumbrado a recibir inmigrantes. Luego de al menos cinco décadas de intensa migración colombiana a Venezuela, los cálculos hechos por nuestra propia comunidad indican que hay al menos 5,5 millones de venezolanos y venezolanas que tienen derecho a reclamar su nacionalidad por nacimiento de acuerdo al artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, al que ahora, según la prensa, el registrador nacional Alexander Vega amenaza con suspender, con alguna inaudita maniobra que, en todo caso, sería supralegal.
Por tanto, hay que decir que una muy pequeña parte de esos más de 5 millones han solicitado su nacionalidad en estos años con pleno derecho. Lo otro es que el repunte de las cifras que entrega Migración Colombia, de las que siempre cabe dudar dadas sus demostradas incapacidades aritméticas y tendencioso manejo de la estadística, se dio en el 2018 y que los dos años siguientes ha disminuido progresivamente.
No tiene sentido, entonces, que justo cuando hay un 73% menos de esos registros, se inicie un escándalo, a no ser que no sea más que una maniobra mediática para encubrir otros objetivos.
El uribismo sabe que sufrirá una debacle electoral en 2022
La debacle del uribismo en las próximas elecciones presidenciales es sencilla de predecir. Ya lo señalamos en 2019 tras las elecciones regionales del 27 de octubre, porque el análisis era obvio. La derrota del partido Centro Democrático y sus candidatos afines en ese proceso electoral lo dejó claro.
Esa fue la primera evidencia tangible del daño que la permanencia de Uribe en el poder iba a causar al propio uribismo, pues como también advertimos en 2018, este mandato correspondía al «uribismo, sin Uribe«.
Hoy lo dicen las encuestas. La popularidad de Iván Duque ha caído de manera sostenida, de modo inversamente proporcional a como ha crecido su rechazo, que de todos modos lo ha hecho menos que el rechazo a Uribe Vélez, que solo entre agosto y octubre de este año aumentó 8 puntos según la más grande encuestadora del país. Pero más fielmente lo demuestran las manifestaciones y los paros que han continuado realizándose aún en medio de la pandemia.
La popularidad del presidente Duque ha venido decayendo sostenidamente en los últimos meses (Foto: Archivo)
Esto no significa que esté en riesgo el sistema, dado que más allá del uribismo, la derecha colombiana tiene muchas expresiones partidarias que lo sostienen, aun cuando sean de centro-derecha, y esas continúan siendo las más populares y se alían frente al uribismo, incluso con la llamada «centro-izquierda», para procurar la máxima gatopardiana de «cambiar para que nada cambie«, alianza que en las pasadas elecciones regionales se tradujo en un gran número de coaliciones diversas que obtuvieron la mayoría de los votos.
Para todo esto, nada mejor que desempolvar desde temprano el ya cansado fantasma del «castrochavismo», en el que afortunadamente cada vez menos gente cree pero que por el momento continúa siéndoles útil.
