Cada vez son menos los defensores de las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos mantiene contra la gran mayoría de actores económicos venezolanos, sean estos estatales o privados.
Si en un principio había quienes dentro del segundo sector sostenían que las «sanciones» eran un buen mecanismo de presión para forzar un cambio de régimen en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hoy muchos de ellos hacen balance de los efectos negativos que el bloqueo económico, financiero y comercial ha tenido en sus empresas, confirmando lo que desde una postura nacional siempre se ha dicho en el chavismo, y es que el cerco viola los derechos fundamentales de un país entero, y no solo ataca a una dirigencia política.
Los empresarios venezolanos admiten verse golpeados por las sanciones
Recientemente, el economista Víctor Álvarez compartió una serie de datos que forman parte de su proyecto Pedagogía Económica. En la publicación, expone las consecuencias de las sanciones estadounidense en las empresas privadas venezolanas, reflejadas en el cierre de cuentas o la dificultad para hacer transferencias internacionales, de acceder a financiamiento y de operar con los bancos, agentes financieros y proveedores del extranjero, por poner algunos ejemplos.
La investigación se sustenta en una consulta realizada a voceros de empresas privadas en Venezuela. El dato más destacado es sobre la percepción que tienen ellos del impacto de las sanciones: el 63,6 % declara que sus empresas se han visto afectadas por la medida estadounidense.
Mucho más de la mitad (57,6 %) de los actores económicos consultados en el sector privado dicen que han «tenido dificultades para realizar transferencias internacionales a proveedores y clientes», lo cual no resulta extraño, teniendo en cuenta las múltiples ocasiones en la que el Estado venezolano ha denunciado la misma situación, con el agravante de que en ese último caso, los obstáculos para pagar significan la imposibilidad de que todos los ciudadanos venezolanos accedan a bienes y servicios fundamentales, ya sea en el área de alimentación, salud, transporte, etcétera.
El sector privado también identifica al sobrecumplimiento de las sanciones como uno de los mayores problemas en la interacción con el sistema financiero y comercial internacional. Esto implica todas las acciones que proveedores externos hacen para no negociar con empresas venezolanas, aun cuando no estén directamente relacionadas con el gobierno, por temor a represalias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En ese sentido, hay que recordar las palabras de la relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, que en su informe preliminar sobre la situación en Venezuela ya advertía ese fenómeno:
El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países.
Según la investigación de Álvarez, producto de dicho sobrecumplimiento de las sanciones, el 63,6 % de las empresas privadas venezolanas han tenido que cumplir con exigencias adicionales para demostrar el origen de los fondos ante bancos extranjeros; el 42,4 % ha sufrido demoras o diferimientos de pedidos de productos y servicios; el 39,4 % ha sido objeto de cierre de cuentas internacionales y el 36,4% ha registrado cancelaciones de órdenes de compra de materias primas.
Denuncias que resultan familiares
De nuevo, cada uno de esos señalamientos resulta demasiado familiar. Desde hace años que las instituciones y empresas públicas venezolanas las vienen padeciendo y exponiendo ante el mundo.
Uno de los casos que más resonó fue el de los obstáculos que impuso el banco portugués Novo Banco (en su mayoría propiedad de capital privado estadounidense) para evitar que el Estado venezolano accediera a parte de los 1,7 mil millones de dólares que tiene congelados en el extranjero para comprar vacunas y medicamentos en el marco de la pandemia de covid-19. La transacción financiera fue bloqueada aun cuando la Organización Panamericana de la Salud estaba sirviendo de intermediario de Venezuela.
Ahora el sector privado lo admite, muy probablemente debido a que tiene la certeza de la ineficiencia de las sanciones como estrategia para salir, inconstitucionalmente, del gobierno del presidente Maduro. Además, se le debe hacer insostenible seguir soportando las trabas y los altos costos para hacer negocios a nivel internacional.
La publicación de Álvarez concluye con unas recomendaciones de la mano del expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti, para corregir lo que ellos denominan «efectos colaterales» de las sanciones. Antes, Botti admite que el mundo ya no es unipolar y que los integrantes de la creciente lista de economías nacionales actualmente sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea colaboran entre sí para poder hacer operaciones financieras a través de vías alternativas al sistema controlado por el dólar.
Entre las recomendaciones que el ex presidente Botti hace, destaca la de pedir a los altos mandos del Gobierno de Estados Unidos, específicamente la Casa Blanca, el Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro, que den un mensaje claro «sobre el deseo de flexibilizar las sanciones» y que estos reconozcan que ha habido un «efecto indeseado» de las sanciones hacia el sector privado. «Creo que eso lanzaría un mensaje para todos los actores económicos y eso no lo hemos visto», dice Botti.
Las otras dos recomendaciones tienen que ver con el deseo de evitar que las empresas privadas venezolanas sean objeto del sobrecumplimiento de las sanciones.
Se imponen las exigencias del Gobierno de Maduro: levantar el bloqueo
Los voceros del sector privado están llegando tarde a una mediación que el gobierno de Nicolás Maduro lleva en marcha casi desde el mismo momento en que comenzó la guerra económica contra el país. Este 2022 en particular, Venezuela logró retomar el contacto con Estados Unidos y establecer una agenda de conversaciones bajo sus términos, luego de pasar tres años desarmando al gobierno artificial de Juan Guaidó, plato fuerte del conjunto de estrategias de la Casa Blanca para quitarle legitimidad a las instituciones venezolanas y que sirvió de justificativo para las sanciones.
Las negociaciones con Washington cobraron mayor fuerza cuando este último se vio afectado por el alza de precios de combustibles, producto de la guerra que lleva contra Rusia, y requirió hacer excepciones en el frente caribeño para recibir suministros de petróleo.
Aunque el subsecretario para el hemisferio occidental, Brian A. Nichols, lo desmintió, The Economist dice que la Administración Biden sostendrá un encuentro con el gobierno venezolano en Trinidad y Tobago para seguir las conversaciones sobre el levantamiento de sanciones. La publicación sostiene que a la reunión acudiría la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Félix Plasencia, y que otro tema de discusión sería la reapertura de la embajada de EEUU en Caracas.
Se cumpla o no con la reunión, hay que tener en cuenta que fue el gobierno estadounidense el que envió una delegación en marzo para proponer acuerdos energéticos al presidente Maduro, y es el gobierno estadounidense el que le dijo hace poco a Juan Guaidó que las negociaciones con el jefe de Estado venezolano son «el mejor camino para el retorno a la democracia».
Cambiar el panorama económico de Venezuela ya no es solo un asunto fundamental para el gobierno de Maduro. Las quejas de las empresas privadas venezolanas y el apremio de funcionarios estadounidenses en las negociaciones demuestran que no hay forma de seguir sosteniendo el régimen de sanciones por mucho tiempo.
