El pasado jueves 2 de junio, desde el puesto de mando del ministerio de la Defensa, el presidente Nicolás Maduro realizó un balance de la Operación Escudo Bolivariano 2022 en el que afirmó que los llamados terroristas asesinos y narcotraficantes colombianos (TANCOL) son paramilitares entrenados por asesores de Washington en territorio colombiano utilizados para la protección del tráfico de drogas e intentos de desestabilización contra el gobierno venezolano.
Se trata de distintos grupos armados organizados (llamados GAO por el gobierno colombiano) que mantienen una «guerra de todos contra todos» por el control de los «enclaves criminales» y sus rentas ilegales a ambos lados de la frontera:
- Frente 10 «Martín Villa» de las llamadas disidencias de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por Iván Mordisco y el recientemente asesinado Gentil Duarte, en la zona de Arauca por «Arturo». Son acusadas de sostener relaciones con mercenarios estadounidenses y de obtener rentas a partir del tráfico de cocaína enviada a carteles mexicanos desde las pistas clandestinas ubicadas en Venezuela.
- Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo narcoparamilitar cuyas acciones son encabezadas por el detenido y extraditado «Otoniel», mantiene actividad en casi toda la frontera colombo-venezolana, nexos con algunos políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública colombiana y trabaja tanto para el Cartel de Sinaloa como para su competencia, el cartel Jalisco Nueva Generación. Es una organización de tercera generación, es decir, funciona en red, con nodos territoriales y los mandos son reemplazables fácilmente.
- Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla vigente que se disputa con las disidencias el control de los ingentes recursos derivados del petroleo en la llamada “Arauca Saudita”, además del tráfico de ganado y oro. Su poder territorial es histórico en la zona de Arauca.
El presidente Nicolás Maduro ha afirmado que desde Washington se financian estos grupos para desestabilizar a Venezuela y derrocar la Revolución Bolivariana.
Avances de la Operación Escudo Bolivariano 2022
En consecuencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha empleado a más de 3 mil 500 hombres y mujeres para lograr, en los últimos días, la destrucción de 46 pistas clandestinas instaladas por dichas agrupaciones en los estados Zulia y Falcón. También han inutilizado, en lo que va de año, 17 aeronaves usadas para el tráfico de estupefacientes.
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), General en Jefe Domingo Hernández Lárez, informó que en ese tiempo se han neutralizado y destruido, solo en el estado Apure, 257 estructuras irregulares de estos grupos, de los cuales 23 son laboratorios para el procesamiento de drogas. Además de haber desactivado más de 1 mil 900 trampas explosivas instaladas, se desmanteló un campamento donde decomisó 50 kilogramos de material explosivo y 10 mil litros de acetona.
En otras instalaciones lograron incautarse más de 6 toneladas y media de cocaína , 10 mil 500 detonadores no eléctricos, 4 mil 500 detonadores de fósforo blanco, 1 mil 250 kilos de pólvora negra, 500 metros de mecha lenta, abundante metralla, armas cortas y largas, cartuchos de diferentes calibres, morteros y más. La mayoría de las armas y elementos bélicos decomisados son de fabricación estadounidense y de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
«Desde el vecino país trajeron todos los métodos sucios e hirieron y asesinaron a campesinos y soldados. Son grupos operativos que se financian con el narcotráfico», declaró el presidente Maduro al referirse a una estrategia que, al revisar la historia reciente (y no tanto) en el Cuerno de África, se aprecia que no es nueva.
El terrorismo como excusa-franquicia para la intervención militar
Los llamados Tancol hacen recordar a los warlords (señores de la guerra) que han atizado la guerra sostenida durante más de tres décadas en Somalia, un Estado ubicado en el Cuerno de África en el que la administración Biden acaba de redesplegar tropas, lo que por experiencia implica más inestabilidad, miseria, hambruna y desplazamiento de los ya experimentados por la población.
Según un nuevo informe de la Clasificación de fase de seguridad alimentaria integrada, publicado por agencias de la ONU, seis millones de somalíes o el 40% de la población se enfrentan ahora a niveles extremos de inseguridad alimentaria, casi un aumento del doble desde principios de año, dijeron en declaración conjunta el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la agencia humanitaria OCHA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , agregando que era probable que hubiera «focos de condiciones de hambruna» en seis áreas de Somalia.
Un elemento de análisis importante es que Venezuela es un espacio geoestratégico tanto por su interés energético como por lo clave que es como ruta para la narcoeconomía colombiana, que sostiene buena parte de la estadounidense. Asimismo, el Cuerno de África y sus nexos con Asia Occidental influyen sobre tres mares son de importancia estratégica para las grandes potencias: el Mediterráneo, el mar Rojo (conectado por el canal de Suez de Egipto) y el golfo de Adén, que es compartido por Somalia en África y Yemen en el Oriente Medio. A través de estos mares y rutas viajan los contenedores marítimos del mundo, transportando petróleo, gas y productos de consumo. Son esenciales para el despliegue estratégico de tropas y destructores navales.
Las excusas para bombardear a Somalia o armar a sus dictadores han mutado con cada gobierno estadounidense, desde la política de la Guerra Fría, pasando por la «intervención humanitaria», la lucha contra la piratería y, más recientemente, el contraterrorismo.
Bajo el mandato de Bush padre, en defensa de intereses corporativos y estrenando la nueva doctrina de la «intervención humanitaria», Estados Unidos invadió Somalia en 1993 con 30 mil soldados de infantería de marina en una operación militar llamada «Restaurar la esperanza». Esta concluyó en el vergonzoso evento en Mogadiscio, la capital de Somalia, que le costó la vida a 18 soldados norteamericanos e hirió a 73 e incluyó el derribo de cinco poderosos helicópteros de combate «Black Hawk».
La invasión militar de 1993 fue presentada en los medios corporativos como una misión humanitaria que iba a salvar unos 2 millones de somalíes mediante la apertura de líneas de suministro y la pacificación de una nación asolada por el hambre.
La guerra y el caos permanente como escenario propicio
Pero el estado permanente de guerra lo atizaban los intereses corporativos detrás de un gobierno de transición (al estilo Guaidó) y estos líderes económicos y militares (incluidos los que Estados Unidos combatió anteriormente en la década de 1990) que se habían sumado al intento de derribo de la Unión de las Cortes Islámicas (UCI), un movimiento religioso que había logrado, con amplio apoyo popular, llevar la ley y orden a todo el país luego del golpe de estado al dictador Said Barré en 1991. Este dictador recibió más de 600 millones de dólares en ayuda militar desde Washington y vendió dos tercios de los campos petroleros de Somalia a las transnacionales estadounidenses Conoco, Amoco, Chevron y Phillips.
Aun cuando la injerencia del norte global, encabezada por Washington, es de larga data, el apoyo marítimo, aéreo y logístico de Estados Unidos a la invasión etíope a Somalia en 2006 es una demostración de cómo pudiera repetirse una situación similar en Venezuela desde Colombia con la excusa de combatir al terrorismo que ellos mismos auspician.
A los warlords, los sucesivos gobiernos estadounidenses les han financiado y entrenaron a sus fundadores, al mejor estilo del Talibán afgano. La invasión de 2006 desencadenó una catástrofe para la población civil, muchos de los cuales dieron la bienvenida a los musulmanes de línea dura porque impusieron cierto grado de ley y orden.
La no demostrada presencia de la organización terrorista Al Qaeda en Somalia, y supuestamente cobijada por la Unión de las Cortes Islámicas (UCI), fue la excusa para intervenir en 2006, pero la verdadera razón fue el fracaso de la estrategia warlords.
La Administración Bush Jr. admitió que «ningún sospechoso de Al Qaeda había resultado muerto durante los ataques» y un líder de la oposición al presidente etíope, Meles Zenawi declaró que «no había ninguna fuerza de Al Qaeda en Somalia» y que «el ataque es una táctica de la Administración Bush para apoyar militarmente al presidente etíope Meles».
Terrorismo extremista, agítese antes de usar
La corporatocracia estadounidense ha aprendido que, al agitar el extremismo y desplegar propaganda de manera viral, se puede visualizar el resultado sin que el público atienda al proceso y justificar la ocupación de cualquier país.
En aquel «campo de batalla de encontrados intereses regionales», como le llamó la prensa corporativa a Somalia en ese entonces, la confrontación había sido promocionada por las multinacionales occidentales para robarles mejor sus recursos, aun en la actualidad lo siguen haciendo: Recientemente ha habido movimiento en el Reino Unido e Israel para el reconocimiento del estado de Somalilandia que impulsen su secesión y disminuyan la influencia turca y china en Somalia al seguir desintegrándola.
La estrategia de las agencias de inteligencia de eje anglosajón fue intensificar las tensiones entre islamistas y no islamistas al respaldar a los warlords seculares como representantes contra la UCI a mediados de la década de 2000.
Desde 2006, y con la posterior derrota de las UCI, varios movimientos ortodoxos como Al-Shabaab se radicalizaron, y en 2011 se vincularon a Al-Qaeda siendo conformados por una cuarta parte de personal procedente de Gran Bretaña. Se sabe que el secretario de la UCI, y más tarde líder de Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, se unió al único grupo terrorista importante en Somalia en la década de 1990, Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI, «Unión Islámica»). Los combatientes de AIAI se entrenaron con Al-Qaeda en Afganistán en la década de 1980, cuando Estados Unidos y Reino Unido les financiaban.
Los militantes de Al-Shabbab fueron formados por Abu Qatada, quien se autodenominó la «mano derecha en Europa» de Bin Laden y un activo protegido del MI5 británico. Para ser un país supuestamente preocupado por el terrorismo internacional, Estados Unidos no ha hecho nada para frenar a uno de sus aliados más cercanos, el Reino Unido, cuyos sucesivos gobiernos han albergado a varios extremistas islámicos que reclutaron para Somalia.
Lo mismo pasa con América Latina: Para ser un país supuestamente preocupado por el narcotráfico, Estados Unidos ha hecho poco o nada para frenar la dotación de armas y rutas tanto a los grupos Tancol como a los carteles mexicanos. La estructura operativa del narcotráfico entre Colombia y México, que usa a Venezuela como ruta, es cercana al uribismo y lo fue a los gobiernos mexicanos que eran sus aliados incondicionales (PRI y PAN).
El formato de guerra que se genera desde Washington ha visto en Venezuela algunos de sus recursos, en este caso han buscado crear una crisis humanitarias por la vía de sanciones y de la promoción de la guerra mediante grupos paramilitares como las bandas armadas a las que el Gobierno sigue combatiendo.
No es raro que Estados Unidos movilice mercenarios y activistas a los que llame terroristas para lograr sus objetivos geopolíticos, así ha ocurrido con el los muyahidines, con el Estado Islámico y, más recientemente, con grupos neonazis a los que apoya en Ucrania. Un ejemplo en caliente son Craig Lang y Alex Zwiefelhofere, exmilitares del ejercito de Estados Unidos quienes vinieron desde Ucrania en 2019 a Cúcuta, Colombia, con el fin de «matar comunistas» luego de una eventual invasión a Venezuela y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, reveló The Grayzone.
Antes de venir a Venezuela ambos viajaron a África, al parecer para luchar contra Al Shabaab, pero fueron deportados por las autoridades kenianas. Mientras Zwiefelhofer permanece arrestado en su país, Lang, que logró escapar de la justicia, volvió a Ucrania donde participa en el conflicto actual y está siendo armado con fondos del mismo Estados Unidos y la Unión Europea.
La propaganda globalizada, en particular la colombiana, insiste en vincular a Venezuela a los grupos armados como si el gobierno venezolano les apoyara, pero obvia los lazos de la clase política y fuerzas militares colombianas con el narcotráfico y el paramilitarismo. Eventos como el reciente paro armado en Colombia evidencian la radicalización de esos grupos, así como las recientes amenazas del ELN a poblaciones venezolanas, deben leerse como problemas más allá del orden público, como la evolución de una guerra híbrida en proceso en la que se desconoce quién moviliza a los actores involucrados.
