Guillermo Lasso arranca su segundo año de mandato con un país al borde del abismo político y social. El lunes 27 de junio se cumplieron 15 días de manifestaciones en 21 de las 24 provincias del país. Cientos de miles de ciudadanos movilizados, más de 300 heridos por la represión estatal y cinco personas fallecidas, hasta ahora, es el saldo de la incapacidad política del Gobierno de Lasso y de su errática insistencia en el avance neoliberal. A esto se debe sumar una Asamblea Nacional maniatada y burlada por el Ejecutivo, un estado de excepción que viola el derecho a protestar y una justicia que persigue a manifestantes y opositores. Lasso, con cerca del 10 % de credibilidad en las encuestas, apela a una democracia militarizada y amputada.

El esperado diálogo no llega y la situación es tan convulsa que se ha generado un gran rompecabezas en los equilibrios políticos. Vale la pena mapear sus piezas para entender esta difícil situación y los posibles escenarios que se podrían derivar.

La lucha en la calle y el origen de las protestas

Las movilizaciones se dan como reacción a la incapacidad y desinterés gubernamental para contener la carestía de la vida, la falta de empleo digno y una creciente ola de crimen e inseguridad. Ello da cuenta del empobrecimiento de la población y de la penetración de crimen organizado (ligado al tráfico de drogas) en varios ámbitos como el sistema financiero, las cárceles e incluso en las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, el Gobierno privilegia el avance de una agenda de políticas pensadas para un estrecho grupo de las élites financieras.

Varias organizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocaron a una movilización nacional que inició el pasado 13 de junio y que ha ido creciendo en intensidad después de la prisión por 24 horas de su presidente, Leónidas Iza, y el incremento de la represión del Estado.

Todo indica que en Ecuador ocurrió un efecto dominó, de menos a más, que el Gobierno fue incapaz de frenar. La movilización popular ha ido más allá del movimiento indígena y hoy las protestas son mucho más amplias y diversas que en su inicio. Se espera más represión por parte del Ejecutivo que así lo ha anunciado en los últimos días.

Al mismo tiempo, se ha formado una movilización paralela de grupos de derecha que hacen un contradictorio ‘llamado a la paz’ con violencia y a quienes el Gobierno reconoce como la protesta legítima. En estos grupos existen figuras de extrema derecha que están apelando a discursos de confrontación, racismo y clasismo para imponer más represión por parte del Gobierno. Han llegado al extremo de convocar marchas en los mismos lugares donde se está desarrollando la protesta popular con claras intenciones de generar un choque entre manifestantes.

Leónidas Iza

En Iza se ha concentrado el odio de toda la derecha en Ecuador. Todo indica que el Gobierno minimizó los resortes de movilización que disponía y lo sigue infravalorando. Luego de las protestas de octubre de 2019 quedó claro que el Estado usa el recurso del diálogo para desmovilizar y engañar, por lo que Iza hoy ya no le cree al Gobierno.

Al mismo tiempo que es la figura aglutinadora, Iza se enfrenta a una tesitura: aceptar las dádivas y condiciones del Gobierno o resistir en las calles, aguantar la brutalidad de la fuerza pública hasta que al Gobierno le toque negociar de igual a igual o se dé una salida que permita reestablecer el orden democrático y que se cumplan las demandas de sus bases.

La movilización indígena en Quito no puede eternizarse, y alguna salida concreta se vuelve urgente. Existen límites físicos y materiales que trascienden la solidaridad de quienes han acogido y ayudan a los movilizados a que su estancia sea algo más llevadera. Al mismo tiempo, no se debe olvidar que la movilización, en la base indígena y más allá de ella, ha tomado dimensiones mucho más importantes que la convocatoria inicial. Esto complejiza la gestión de la movilización.

El Gobierno apela a ahogar las fuerzas de organización de Iza: dilata el diálogo y busca boicotear todas las acciones logísticas de la movilización (abastecimiento, espacios físicos de encuentro, etc.). Lo poco que ha cedido, como el anuncio de bajar tan solo 10 centavos el precio de los combustibles (mientras la CONAIE pide al menos 40 centavos), ha ido acompañado de la tónica de la amenaza de aumentar la represión y los encarcelamientos.

La Asamblea Nacional

El sábado 18 de junio la Asamblea Nacional intentó derogar el estado de excepción impuesto por el Gobierno, pero en una acción de poca ética política el Ejecutivo se adelantó y emitió un nuevo decreto para boicotear las intenciones de la Asamblea. Así, Lasso apela a la política de bajos instintos y pisotea el equilibrio de poderes consagrados en la democracia.

El día viernes 24 de junio, ante los muertos de la represión, el correísmo (con 47 de 137 curules) ha convocado a sesión extraordinaria para aplicar el artículo 130 de la Constitución (muerte cruzada) para destituir al presidente y convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Para lograr la muerte cruzada se necesitan 91 votos (2/3 partes del Parlamento), una suma difícil de alcanzar.

El día martes 28 la Asamblea no llegó a los 92 votos que se necesitaban para destituir al presidente (logró 80 de 137). Esto sume al país en un limbo político, que lleva a predecir que el conflicto se resolverá en la calle.

Jaime Nebot y el PSC

La historia de los derrocamientos en Ecuador ha tenido como figura central al viejo político conservador de la derecha oligárquica guayaquileña, Jaime Nebot, máximo líder del PSC. Nebot ha estado presente en los últimos tres derrocamientos desde el año 1997.

A pesar de haber sido traicionado por Lasso, quien fuese su aliado electoral hace un año,  Nebot sigue apelando a una posición blanda respecto al Gobierno y a la vieja idea de ‘orden y progreso’. Difícilmente Nebot y el PSC darán los votos para una muerte cruzada en la Asamblea. Pero eso no significa que no esté negociando con el Gobierno desde una posición de fuerza e intentando ‘pescar en río revuelto’, una máxima política del PSC en su historia.

El Gobierno: la variable de ajuste

El Gobierno da pocas señales de ceder a los 10 puntos reclamados por los manifestantes. Además, tiene de momento el apoyo de los medios de comunicación, la justicia que le es funcional y el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Lasso es parte del poder económico de facto y tiene resortes subyacentes que lo hacen tener más margen del que aparenta. El día viernes 24 de junio, en cadena Nacional, Lasso cerró las vías del diálogo. La represión se hizo sentir esa noche como una nueva arremetida para que la CONAIE retrocediera. Igualmente, el domingo 26 de junio dando un golpe de puño en la mesa dejó claro que, si no les gusta su gesto de bajar 10 centavos el precio de los combustibles, la represión y los encarcelamientos aumentarán.

La estrategia del Gobierno sigue siendo apelar al desgaste de la movilización para que la CONAIE termine de rodillas en la negociación. Inició un diálogo espurio que duró un solo día sin la presencia del presidente. Todo indica que Lasso no reconoce a la CONAIE como interlocutor ni como actor político legítimamente constituido en el marco de la democracia. Lasso apela a su victoria electoral como patente de corso para hacer y deshacer.

Esta estrategia tiene un riesgo: no tiene al pueblo de su lado. Más represión solo trae más muertos, más censura pública y puede detonar un estallido social que podría empujar el escenario de muerte cruzada en la Asamblea Nacional, o provocar que él mismo se vea obligado a activarlo para disolver la Asamblea y gobernar unos meses por decreto.

El Gobierno puede detonar una lucha civil entre manifestantes de extrema derecha contra trabajadores, estudiantes e indígenas movilizados.

En conclusión, la salida democrática en Ecuador está cada vez más lejana. Preocupa pensar que, en el marco de la violencia estatal, sean muertos y lesionados la única válvula de escape a un conflicto que responde a una herida que viene de años atrás, que no fue atendida en las manifestaciones de octubre de 2019 y que, ciertamente, no fue cerrada con las elecciones de 2021.

FUENTE CELAG/29 junio, 2022