El auge de la actividad económica en Venezuela en el último tiempo, que se expresa en la apertura de establecimientos comerciales de diverso tipo a la par de una mayor circulación de dinero en las principales ciudades del país, refleja que la economía nacional salió del atolladero de recesión e inflación que caracterizó el último lustro.

Recuperación, entre el consenso y la confusión

La recuperación parcial, progresiva, de la economía venezolana, con su dinámica propia de avances y retrocesos en la onda corta de su evolución, es un hecho incontestable, a tal punto que el debate social y político en torno al tema económico ocurre sobre un piso mínimo de consenso sobre lo que falta por hacer para que esa recuperación se consolide en el tiempo y consiga abarcar el asunto más complicado de la coyuntura: los sueldos y salarios, especialmente los de la administración pública.

En resumen, la percepción generalizada es que el país está en mejores condiciones económicas que en años anteriores, una apreciación sustentada en un consumo familiar menos restringido y en una oferta creciente de bienes y servicios en locales comerciales.

La recuperación económica no solo se desarrolla en el plano material sino también en el cognitivo. El marco de comprensión de este fenómeno tiene una importancia equivalente a las cifras reales, y una muestra de ello son los calificativos de «Venezuela se está arreglando» o «la Venezuela Premium», proyectados como encuadres semánticos para evaluar la coyuntura actual y tomar partido, bien sea por el optimismo o el descreimiento.

La nueva realidad económica del país, debido a que precisamente tiene esa característica de novedad, viene aparejada de confusiones, unas motivadas políticamente -desde los sectores que les interesa que exista un déficit de confianza en las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro-, otras producto de una debilidad explicativa cuando se intenta armonizar teoría y realidad, estimaciones y vida cotidiana, beneficios conquistados y el alcance de los mismos.

Buena parte de la confusión en este sentido está originada por el choque entre lo que exponen las cifras (que sin una debida interpretación quedan como números sin sustancia) y lo que la gente, según el lugar que ocupe dentro de la pirámide de renta, riqueza e ingreso, extrae de la vida real a modo de significados y modos de representar la realidad.

La inexistencia de un puente explicativo sólido entre las cifras de crecimiento y recuperación expuestas por firmas privadas, organismos multilaterales y el propio gobierno venezolano y lo que la sociedad experimenta materialmente tiene, a su vez, implicaciones políticas inmediatas.

Una de ellas es la apreciación de que el crecimiento económico se distribuye desigualmente o que, aún teniendo los recursos para llevar a cabo una repartición igualitaria de la riqueza -esta una suposición de correlación directa extraída del movimiento económico en las calles- el gobierno se resiste a un aumento generalizado de sueldos y salarios que dignifique la vida de los trabajadores públicos.

Cuando se abordan otros temas esenciales como la calidad de los servicios públicos, del sistema de salud o educativo, o el mantenimiento de infraestructuras, la deducción más o menos generalizada va dirigida hacia el mismo señalamiento.

Las implicaciones políticas y narrativas van incluso más allá. La expansión de locales comerciales dedicados a la venta de productos de lujo, la movilidad social y de consumo de una clase media-alta empoderada económicamente, provoca que las sanciones ilegales, es decir, el estado aún vigente de una economía bloqueada y acosada, pierda su poder explicativo para situar el origen del desplome económico de los últimos años, y para dar cuenta de cómo estas medidas de presión siguen siendo el factor catalizador del estrecho margen de maniobra para recomponer los salarios y los servicios públicos.

La particularidad histórica

Un buen punto de partida para contribuir a una interpretación realista del cuadro económico actual son las cifras expuestas por el presidente Maduro en la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional el pasado mes de enero.

Desde allí es posible separar lo importante de lo accesorio, otorgándole a cada variable su justo lugar y su justa dimensión con el fin de comprender por qué, por ejemplo, los salarios de la administración pública siguen estancados mientras los demás factores de la economía muestran una recuperación en ascenso y dinamismo, aun cuando el bloqueo ejerce un peso objetivo en el desempeño del país y en sus perspectivas de desarrollo integral en el mediano y largo plazo.

Por la matriz minero-exportadora de la economía venezolana, la secular dependencia de los petrodólares asociada con ella, la convención liberal no ha mostrado la suficiente elasticidad teórica a la hora de explicar el comportamiento de un cuerpo económico como el venezolano, atado al rentismo y a los cambios cíclicos, siempre abruptos, del mercado petrolero internacional.

Una demostración de la fragilidad teórica del liberalismo ha sido la neurosis acusatoria sobre el «estatismo» venezolano y el uso de otros vocablos del mismo repertorio que no aplican en un país donde Estado y mercado no han tenido una trayectoria armónica y lineal, como suele ser promocionada, a modo de mito, en los países del Norte Global.

La aclaración en este sentido viene a cuento para filtrar analíticamente los indicadores sobre la economía venezolana, los cuales deben ser vistos bajo el prisma de la economía política, es decir, con la mirada puesta en los factores de poder sobre los cuales se organiza la producción, la distribución y el ingreso, en medio de una dinámica de choque y contradicción permanente donde se dirime el acceso a la renta, y no en la «mano invisible del mercado».

Lo que explican las cifras

Acorde con las cifras presentadas por el presidente Maduro, la economía venezolana registró un crecimiento el año pasado de 15% aproximadamente. Esto, básicamente, se refiere al crecimiento del PIB, es decir, al conjunto de bienes y servicios que se producen en el país. Se trata de una variable que agrega distintos sectores de actividad económica (petrolero, industrial, comercial, etcétera), la cual refleja el crecimiento de la producción de bienes y servicios, materializado en el auge comercial y productivo de los últimos años.

La cifra del crecimiento económico tiene un carácter general que expresa el movimiento positivo de la economía, con centro en la actividad privada (comercial o industrial), por lo cual no debe ser evaluado como un fondo de dinero físico per se del cual puede disponer el gobierno para su uso directo en términos de gasto público. Es una estimación general que indica el estado actual de la economía.

El crecimiento de la economía, por otro lado, influye en las variables de empleo, ingreso familiar y consumo, en la medida en que una mayor actividad económica y comercial eleva la oferta laboral, asigna nuevos recursos al salario (que en el sector privado ha ido recuperándose lentamente) y crea una dinámica de retroalimentación entre oferta de bienes y servicios y consumo.

Aquí es importante destacar el papel de las remesas en la reactivación del consumo de la población por vías externas al mercado de trabajo nacional.

En definitiva, el indicador de crecimiento económico expresa que la estrategia del gobierno dirigida a fomentar la circulación de capitales y flujos de inversión, como una vía opcional de reactivación económica que afronte el declive del ingreso petrolero originado por el bloqueo, ha resultado efectiva para dinamizar el aparato económico y aliviar el malestar social del país mediante una ruta de recuperación sostenida en el tiempo.

Aunque la variable PIB y los ingresos del sector público están correlacionados, el impacto no es directamente proporcional. Esto quiere decir que, si bien la economía crece, la presión económica de las sanciones ilegales aún vigentes impacta de forma negativa en el horizonte de una recuperación equivalente. Es decir, que la economía crezca no implica que, directamente, el Estado haya sorteado definitivamente la fuerte restricción externa que pesa sobre él en términos de ingresos.

Esto es lo que explica la coexistencia de un amplio universo de establecimientos comerciales con salarios deprimidos dentro de la administración pública y una inflación que sigue generando incertidumbre.

El Estado venezolano tiene en los ingresos por exportación petrolera e impuestos internos sus dos grandes canales de financiamiento, con las cuales sostiene la nómina de la administración pública, los subsidios a los servicios públicos y otros gastos corrientes que corresponden con el sector público. Antes del bloqueo, como es sabido, los ingresos derivados de la renta petrolera en ascenso habían permitido financiar el gasto público, drenar dólares a tasa subsidiada para financiar importaciones que impactaron en el consumo final y la inversión en infraestructura y servicios.

El bloqueo económico impuesto contra el país desde 2014 trancó este canal de ingreso y lo condujo a límites casi distópicos de ingresos a 700 millones de dólares en el año 2020. El corte a la renta petrolera tuvo un impacto destructivo y generalizado sobre todo el funcionamiento de la economía: sin dólares suficientes se hizo insostenible el flujo de importaciones, la estabilización del tipo de cambio y la productividad, que ocasionaron desabastecimiento, inflación, merma de salarios y depresión de la actividad económica.

Frente a ese escenario, el gobierno implementó una estrategia orientada a oxigenar la economía desde el sector privado que creó condiciones de rentabilidad para que inyectaran sus reservas de divisas en el país en forma de importaciones, inversión comercial y de servicios, lo cual a su vez condicionó la evolución de este movimiento hacia un objetivo superior de preservación de la estabilidad política y el reconocimiento político a la presidencia de Maduro.

En 2022 las importaciones crecieron en 106%, financiadas en buena medida por el sector privado, un dato que, de facto, implica que la estrategia gubernamental ha logrado, por un lado, suprimir la dependencia de los petrodólares del Estado en el funcionamiento económico del país y, por otro, abrir espacios para una acumulación económica interna que se financie a sí misma.

Aunque la recuperación paulatina de la producción petrolera y de las exportaciones, revalorizadas debido al conflicto geopolítico en Ucrania, ha supuesto un recomposición de los ingresos (en 2022 PDVSA entregó a la república 4 mil 578 millones de dólares), todavía resulta insuficiente para financiar los compromisos laborales, de servicios públicos e inversión en infraestructura que posee el Estado.

La recaudación interna del Estado a través de impuestos también se ha visto favorecida por crecimiento, la cual llegó en 2022 a una base de 4 mil 744 millones de dólares. Un cálculo conservador sobre el tamaño de la nómina estatal y los ingresos actuales, proveído por el economista opositor José Guerra, indica que para subir los sueldos de la administración pública a 100 dólares se necesitarían alrededor de 7 mil millones de dólares al año para poder financiarlos.

La matemática de los datos expuestos es cruda ya que todos los ingresos del Estado estarían al límite con esa propuesta, y de tal manera se dejarían afuera subsidios, inversión en servicios públicos y otros gastos corrientes del Estado, además de las reservas que debe tener disponible el Banco Central de Venezuela para inyectar divisas a las mesas de cambio como recurso de urgencia en búsquedas de la contención de la inflación, que provienen directamente de los ingresos en materia de exportación petrolera.

La apuesta a fortalecer el crecimiento económico está basada en el cálculo de que, a mediano plazo, una mayor recaudación tributaria permitirá obtener los recursos necesarios, sin presionar demasiado el auge de la actividad comercial para sostener su expansión, con los cuales financiar un aumento de los salarios sostenible en el tiempo (combinándolo con estabilidad del tipo de cambio) y acometer inversiones urgentes en los servicios públicos.

Aunado a esto, los avances en la Mesa de Diálogo y Negociación en México con miras a disponer de recursos frescos (recordar los 3 mil millones de dólares que aún no se liberan, según lo acordado por ambas partes a finales del año pasado) que permitan contar con fondos para consolidar la recuperación económica son fundamentales, sobre todo en el ámbito social y en el sector infraestructural. Asimismo, una mayor flexibilización de las «sanciones», la apuesta fundamental del presidente Maduro, permitiría que los ingresos petroleros también se fortalezcan en virtud de financiar una recomposición del bienestar de los trabajadores.

Sin estos elementos, la comprensión del momento económico, de lo logrado hasta ahora, que debe ser preservado, pero también de los obstáculos que persisten y limitan un giro total de la situación salarial, se distorsiona, y da pie a una equivocada lectura de la realidad económica y de la estrategia de largo aliento implementada por el gobierno venezolano en aras de forzar su regreso a una normalidad satisfactoria para las mayorías.

Febrero 2023.