La vida y obra de El Libertador significa una Ética de la Responsabilidad Política, una virtud republicana esencial que resume su idea de nación y prescribe como gestionar, con extrema honestidad, los bienes y el patrimonio de la Gran Colombia, de la Patria.
Francisco Paula de Santander le envía una carta a El Libertador recomendándole un “convenio comercial”, y ufanándose de que se trata de un acuerdo igualitario, entre la Gran Colombia e Inglaterra que Francisco Antonio Zea gestiona con su anuencia; Ante tal descomedimiento, Simón Bolívar le comunica a Santander que,
“Voy a contestar a Vd. sus cartas desde el 6 de abril hasta el 6 de julio, que, a la verdad, será bien difícil poder hacerlo No he visto aún el tratado de comercio y navegación con la Gran Bretaña, que, según Vd. dice, es bueno; pero yo temo mucho que no lo sea tanto, porque los ingleses son terribles para estas cosas. Sobre la administración de Vd. diré…que ha aclimatado las leyes en América; y que ha burlado los axiomas de la política… Yo sabía que no debía ser brillante; pero tengo mi elocuencia aparte, y no quiero sujetarme a políticos, ni a reyes ni a presidentes. Por esta misma culpa, nunca me he atrevido a decir a Vd. lo que pensaba de sus mensajes, que yo conozco muy bien que son perfectos, pero que no me gustan porque se parecen a los del presidente de los regatones americanos.” (Carta de Simón Bolívar a Santander, 21 de octubre de 1825)
Y seis días después El Libertador, ya con conocimiento del contenido del convenio, le escribe a Santander:
“He recibido una carta de Vd. del 21 de julio en la cual me habla Vd. muy pacíficamente de todo, como si no hubiera novedad ninguna… El tratado de amistad y comercio entre Inglaterra y Colombia tiene la igualdad de un peso que tuviera de una parte oro, y del otro plomo. Vendidas estas dos cantidades veríamos si eran iguales. La diferencia que resultara, sería la igualdad necesaria que existe entre un fuerte y un débil… El tratado de Buenas Aires me hizo reír, y, por lo mismo, nada diré en su favor.” (Carta de Bolívar a Santander, 27 de octubre, 1825)
En el “Manifiesto de Cartagena” (1812), Simón Bolívar ya había presentado un alerta temprano acerca de este conflicto en torno de la corrupción y del peligro real de la corrupción para la Patria:
“Los Códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios, que imaginándose repúblicas áreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano… De aquí nació la impunidad de los delitos de Estado…”.
En varias cartas, El Libertador enfatiza su recurrente rechazo y condena absoluta a los “delitos de Estado”, por ejemplo la que escribe al General Bartolomé (15 de enero, 1824) y al General José Antonio Páez (1827); no vacilando en estampar en una de ellas, esta pieza ejemplarizante contra la traición santanderista y de las oligarquías de Bogotá y de Caracas:
“Las malas leyes y una administración deshonesta han quebrado la República; ella estaba arruinada por la guerra, la corrupción ha venido después a envenenar hasta la sangre y a quitarnos hasta la esperanza de la mejora”.
Esta ética de El Libertador y del Comandante Chávez, es la prescripción que resulta inviolable para los chavistas, los demócratas y revolucionarios: para el pueblo venezolano
La erradicación de la corrupción, “Caiga quien caiga”, es crucial para consolidar un modo de vida y una práctica política que sea un espejo del siguiente mensaje de El Libertador al traidorcito de Santander:
“He visto la carta de Usted en que propone sea yo el protector de la compañía que se va establecer para la comunicación de los dos mares por el Istmo. Después de meditar mucho me ha parecido conveniente no sólo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él, Yo estoy cierto que nadie verá con gusto que usted y yo que estamos a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en negocios puramente especulativos”. (Carta de Simón Bolívar a Santander, 22 de febrero de 1825).
El Presidente Nicolás Maduro y la Dirección Nacional del PSUV han hecho suyo el combate, sin pausa, para erradicar el flagelo de la corrupción; degradación moral que tiene por consecuencia inmediata la generación de fisuras políticas y descontento en el seno del chavismo y del pueblo venezolano. La corrupción vulnera la dignidad de la patria, de las mujeres y hombres del pueblo venezolano que se ganan la vida honestamente y echándole un camión de trabajo pa’lante, y demandan la aplicación de “medidas fuertes y extraordinarias» a la altura de su resistencia y rebeldía heroicas.
La lucha contra la corrupción une al chavismo y a la nación; mientras que la corruptela nos expone a circunstancias penosas, y sobre todos nos divide.
Los grandes hombres de la Patria han sido virtuosos y profundamente éticos, significan una vida de combate contra la malversación de los bienes comunes y públicos; la corrupción es absolutamente ajena y extraña al bolivarianismo y el chavismo, e inaceptable si se trata de la construcción del Socialismo del Siglo XXI.
Ya sabemos, muy bien, que la pena de muerte es incompatible con la ética de los derechos humanos, el humanismo y la democracia; los chavistas, los socialistas, somos defensores con nuestra propia existencia de los derechos sociales e individuales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Consciente de mi demostrado e irrecusable apego apasionado, por la vida, la igualdad y los valores democráticos; de mi convicción profunda acerca de un modo de vida y de ser que me es irrenunciable, me permitiré anexar, en tanto un alerta temprano, el Decreto de Simón Bolívar sobre la pena de muerte para corruptos (1824).
Esto es, resulta “in extremis”, con relación de la magnitud de actual caso de corrupción, que vislumbremos la situación dramática y vergonzante de la corrupción, en tanto un hecho político que después del Congreso de Angostura o durante la década de 1820 incide rigurosamente en la derrota de la idea bolivariana de Nuestra América, a tal punto de que El Libertador considerase el recurso de la pena de muerte.
Hoy la Patria está dotada de los recursos constitucionales, jurídicos, administrativos y punitivos para resistir y erradicar la ignominia moral y política de la corrupción.
Estoy absolutamente seguro de que si movilizamos la conciencia del pueblo venezolano, de las mujeres y hombres patriotas y el poder del Estado revolucionario, el chavismo consolidará el combate bolivariano contra la corrupción, sin la salida no deseada y negada de la pena de muerte: pero tomando en cuenta las razones presentadas por Simón Bolívar para “extirpar radicalmente este desorden” con base de los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Anexo: Decreto de pena de muerte para los corruptos (1824)
“Teniendo Presente:
1°–Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos;
2°–Que el único medio de, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y
Decreto:
Artículo 1°–Todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.
Artículo 2°–Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Artículo 3°–Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el Artículo 1°.
Artículo 4°–Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos.
2 de enero de 1824,
Imprímase, publíquese y circúlese.
Caracas, 21-03-23
Un comentario
No se debe seguir estirando la arruga situando la corrupción fuera del cuerpo del sistema político como si se tratara de una infiltración, la corrupción la heredamos y la reproducimos socialmente en medio de una red de corrupción configurada como para-estado y la persistente impunidad de 24 años la legitima como práctica cultural.