Por Amelyren Basabe/REDACCIÓN MAZO

El petróleo es el recurso que ha impulsado las transformaciones de Venezuela y continúa teniendo una presencia importante en el desarrollo de la nación, por esto es necesario presentar un recuento histórico que permita revisar los avances y retrocesos que nos han sucedido y su expresión en la vida política del país.

Esta investigación pretende evidenciar cómo la oligarquía venezolana ha estado dispuesta a entregar nuestro petróleo a empresas transnacionales para su beneficio y para fundamentarla, recurrimos al trabajo de expertos en materia petrolera, como el profesor Alí Rodríguez Araque quien publicó un libro llamado “El proceso de privatización petrolera en Venezuela”, en el que explicó que “la práctica de concesiones a favor de extranjeros se remonta al siglo XX en Venezuela, cuando en 1873, el gobierno de Antonio Guzmán Blanco otorgó a Horacio Roberto Hamilton y Jorge A. Phillips, una concesión para explotar el lago de asfalto natural conocido como Guanaco, en el estado Sucre, con un área de 4 km2 y reservas estimadas en 75 millones de barriles; de la cual el Estado venezolano recibía solo el 2% de ganancias por ese contrato”.

Luego, detalló Rodríguez A. que en 1885 “esa concesión fue traspasada a la New York and Bermúdez Company, una empresa transnacional presentada por la oligarquía caraqueña que luego generaría severos conflictos con el gobierno de Cipriano Castro por participar activamente en movimientos conspirativos contra su gobierno; de manera que la intervención de las empresas en los asuntos internos de Venezuela se hizo una práctica cotidiana”.

Años más tarde, en 1905, el entonces presidente de la República, Cipriano Castro decretó la Ley de Minas con el fin de establecer las condiciones en la contratación de la exploración y explotación de crudo por parte de empresas petroleras extranjeras. Esas compañías lograron el otorgamiento de concesiones por 50 años. Por su parte, debían pagar un impuesto anual de sesenta centavos de dólar por hectárea y una regalía de 1,20 dólares por tonelada de petróleo extraído. En las investigaciones del experto petrolero Rodríguez A. dijo que “las primeras concesiones de importancia se otorgaron a venezolanos quienes las traspasaron a empresas extranjeras. Tales concesiones fueron temporalmente suspendidas durante el conflicto de Venezuela con varias potencias de Europa y luego con EEUU”.

Para contextualizar, la profesora de la Universidad de los Andes, Lorena Martínez detalló en su artículo llamado “Concesiones petroleras durante el gobierno de Juan Vicente Gómez”, publicado en la Revista digital Historia de la Educación en 2020 que “detrás del derrocamiento del presidente Cipriano Castro por parte de Juan Vicente Gómez estaba presente la acción de las empresas concesionarias y su respectivo gobierno, interesados en la exploración y explotación petrolera, situación con la que Castro no estaba de acuerdo. Estas intenciones estaban apuntaladas hacia el interés de instaurar en el gobierno a alguien que favoreciera a tales empresas concesionarias de una manera dócil y amplia a favor de las mismas”.

Ante este escenario, ya instaurada la dictadura de Juan Vicente Gómez en 1908,  se facilitaron las negociaciones con los grandes consorcios petroleros internacionales que obtenían ventajas extraordinarias y se gestaron las condiciones para que las compañías petroleras asumieran el control completo de las operaciones.

Más adelante, en el mismo artículo la profesora Martínez explicó que “entre 1917 y 1931 Gómez nombra al Dr. Gumersindo Torres como Ministro de Fomento con lo cual asume el control en materia de hidrocarburos y decretó una reforma de la Ley de Minas, además de proponer la anulación de las concesiones otorgadas a la Caribbean Oil Company y a la Venezuelan Oil Concessión; tales acciones no fueron bien vistas por las empresas petroleras que presionaron y lograron la destitución del ministro”.

Luego, en 1943 y aprovechando las circunstancias de la primera guerra mundial, el presidente Isaías Medina Angarita dictó dos leyes que resultaron decisivas en el incremento de la participación venezolana en los proventos petroleros: la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Adicionalmente, el investigador Peter R. Odell en su libro “Petróleo y poder mundial” publicado en 1977, detalló respecto al decreto de dichas leyes que “con la primera, logra unificar todas las regalías que hasta entonces promediaban un 9%, incrementándola, tal y como lo expresaba claramente su Exposición de Motivos, hasta un mínimo de 16, 2/3 %, lo que es lo mismo que 1/6; de manera que de cada seis barriles extraídos, uno debía ser entregado al fisco nacional en especie o en dinero efectivo, sistema que se mantuvo hasta la firma de las distintas formas de contratos que se materializaron en la llamada apertura petrolera. La reforma de Medina Angarita impuso además, otro tipo de contribuciones y unificó la duración de las distintas concesiones en cuarenta años”.

Estas decisiones produjeron los primeros enfrentamientos entre el Gobierno y las compañías petroleras, que se dirigían a retener al menos una parte de la renta diferencial que representaba la alta productividad de los yacimientos venezolanos en relación con los yacimientos norteamericanos.

También, comentó el investigador Odell que en términos generales “entre los periodos comprendidos desde el derrocamiento de Medina Angarita hasta la nacionalización del petróleo el 1º de enero de 1976, se mantuvo en lo esencial la misma política petrolera con algunas variantes derivadas, tanto del mercado internacional como de las circunstancias políticas internas, el hecho más notorio que podría señalarse fue la decisión del gobierno de transición encabezado por Edgard Sanabria, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, luego poco después del triunfo electoral de Rómulo Betancourt, antes de entregar el mando Edgar Sanabria, quien ejercía como jefe de Estado para la transición, introdujo una Reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta”.

Detalló además Odell en su investigación que de acuerdo con esa reforma “se estableció una tasa máxima del 47,5%, un aumento apreciable si se toma en cuenta que la tasa máxima existente hasta ese momento, era del 28,5%. Con una regalía del 16,2/3%, en el promedio los beneficios para el Estado se elevaron al 60% como mínimo. Se rompía así la fórmula del famoso fifty-fifty, introducida por Rómulo Betancourt desde 1945”.

Pareciera entonces que la cultura de negociar la venta de petróleo a favor de las empresas transnacionales, poniendo por encima sus intereses a los de la Patria, así como la participación de las mismas en el derrocamiento de aquellos presidentes que exijan mejores condiciones para el país en la negociación, ha sido una práctica recurrente desde el inicio de la explotación de este recurso en Venezuela.

Tal como se mostró en el artículo anterior, respecto a la práctica recurrente de la oligarquía venezolana de negociar el petróleo para satisfacer sus intereses, en esta oportunidad detallaremos los hechos ocurridos durante la década de los 90, en la que los países petroleros giraban alrededor de un proceso de globalización; por lo que estaban perdiendo su soberanía para poder lograr una auténtica planificación, desarrollo e instrumentación de una estrategia propia, debilitando así la capacidad de impulsar políticas nacionales de desarrollo que realmente los beneficiaran.

De acuerdo a esto, se acrecentó la dependencia y el grado de vulnerabilidad de nuestro país respecto a los ingresos petroleros. El proceso de globalización conllevó a que los países exportadores de este recurso se transformaran en simples tiendas sucursales de las transnacionales.

Para insertar a Venezuela dentro de este proceso de globalización, se creó el proyecto Cristóbal Colón, que se insertó en el contexto de las llamadas Asociaciones Estratégicas; lo que significó poner en práctica una mayor apertura económica indiscriminada hacia el exterior. Por lo tanto, era necesario tener claro cuáles eran los objetivos de ese proceso y quienes en realidad planificaban, desarrollaban y aplicaban las estrategias a escala mundial y por supuesto, nacional.

Lo que no cuenta la derecha

Es importante tener en cuenta cuando comenzó a gestarse este escenario, así vemos como el 23 de diciembre de 1974, la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera presentó al entonces Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, (CAP) el Proyecto de Ley que Reserva al Estado, la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

El 29 de agosto de 1975, el Presidente de la República le puso el ejecútese a la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización Petrolera, con las modificaciones de fondo realizadas por el Ejecutivo, que dejó abierta la puerta a negociaciones con entes privados y convenios transnacionales.

El experto petrolero y profesor Alí Rodríguez Araque en su libro llamado “El proceso de privatización petrolera en Venezuela”,  en su edición actualizada para el año 2012, explicó que unos años más tarde, “el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Arturo Sosa Pietri, en 1989 presentó un informe en donde se señalaba que era necesaria la apertura al capital privado nacional y extranjero, resaltando que la estrategia para los próximos años se centraba en el aumento del potencial de producción, la industrialización de los hidrocarburos, sobre todo en las áreas de petroquímica y gas, mediante la formación de empresas mixtas con participación mayoritaria de capitales privados nacionales y extranjeros».

Más adelante detalló el profesor Rodríguez Araque que el nuevo presidente de PDVSA, Gustavo Roosen, precisó que «se hace necesario acelerar la apertura de las asociaciones con capital extranjero, ya que los recursos de las petroleras multinacionales son escasos y están siendo atraídos hacia otras regiones. Las soluciones de los años ’70 y 80′ ya no son válidas”.

Ya a principios de la década de los 90, estaba todo orquestado para convencernos de que privatizar la industria era la solución idónea para la cura de todos los males del país; casualmente las opiniones comenzaron a surgir al mismo tiempo y aquí traemos algunos ejemplos:

Roosen justificaba la privatización exponiendo que había que ofrecer a terceros la oportunidad de participar en una actividad petrolera desde la fase de la explotación y señalaba que para desarrollar su potencial petrolero, el país necesita ahora de la participación extranjera.

Desde PDVSA se publicaban estudios geológicos en los que aseguraban la existencia de acumulaciones de crudos livianos y medianos que podrían sumar 18 mil millones de barriles adicionales, otro Lago de Maracaibo para ofrecer al capital extranjero.

También, informes de organismos financieros internacionales como los del Banco Morgan’s, señalaban que «Venezuela volverá a ser un área abierta para negocios petroleros».

A esto se sumaron las declaraciones del expresidente CAP, en relación a que «sólo la asociación garantiza nuestro desarrollo petrolero por lo que hay que modificar el artículo quinto para asociarse con transnacionales» esto lo declaró durante la clausura de una reunión de Fedecámaras, el 19 de julio de 1992. En esa oportunidad, CAP remató diciendo que «PDVSA debe asociarse al capital privado nacional y extranjero».

Añadió el profesor Rodríguez Araque que además, “Hernán Anzola, Ministro de Cordiplan durante el gobierno de Ramón J. Velásquez, propuso vender acciones a petroleras internacionales, es decir, no hay dudas de ninguna naturaleza, apoyándonos en la prensa diaria, en los informes emanados del Ministerio de Energía y Minas y de PDVSA, y que estas opiniones coinciden plenamente con lo que expuesto en el Club Nacional de Prensa en Washington en 1972 por el señor Nelson Rockefeller: «Pienso que la inversión del capital norteamericano en Venezuela mediante el sistema de libre empresa es mucho mejor y más efectivo para cualquier país, especialmente, si se asocia con el capital local». Esto para cualquier venezolano promedio era un signo de vergüenza, declaró el profesor Rodríguez Araque.

Como podemos deducir, las asociaciones estratégicas en los años 90, eran una política de privatización maquillada dirigida a crear una imagen de debilidad de nuestra empresa nacional con la intención de crear las condiciones necesarias para dar apertura plena al capital extranjero sin importar las consecuencias a largo plazo que traería a nuestra soberanía económica. Cabe preguntarse entonces: ¿Quién se beneficiaba?

JULIO, 2’025