"...quizás el grito de un ciudadano puede advertir la presencia de un peligro encubierto o desconocido".

Simón Bolívar, Discurso de Angostura

¿Qué ocurrirá con el sistema político-partidista en Venezuela?

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), junto a la mayoría de los partidos políticos del país, continúan realizando mesas de trabajo y discusiones a fin de reformar un conjunto de leyes que regulan las actividades políticas y comiciales en el país.

Tanto los partidos involucrados, como las bancadas participantes en la iniciativa, representan la pluralidad que abarca el chavismo y las oposiciones, a pesar de ser notables las ausencias de algunas agrupaciones que cuentan con tarjetas electorales y que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ya que este bloque decidió no formar parte de la propuesta.

Entre los textos bajo discusión están la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Pero en las deliberaciones ha surgido la necesidad de abordar legislaciones en materias específicas, tal es el caso del financiamiento de los partidos y los grupos de electores. Así lo ha manifestado Jorge Rodríguez, presidente de la AN.

El «diálogo entre partidos» es el nombre que ha recibido este mecanismo de trabajo entre los parlamentarios y las toldas. Sin embargo, sus discusiones se han abierto a una etapa de consultas y aportes desde diversos sectores de la sociedad.

«Los partidos políticos, las organizaciones, los movimientos sociales, los académicos, las universidades, los consejos comunales, es decir que todos y todas puedan dar su aporte y opinión», señaló el presidente del parlamento.

Rodríguez anunció que mediante el trabajo intensivo de los equipos esperan presentar los nuevos instrumentos legales para el próximo 15 de diciembre.

Todo esto surge a partir de necesidades acumuladas durante los últimos años, especialmente por las propias vulnerabilidades del sistema político y del ecosistema de partidos que hacen vida en el país.

Venezuela ha lidiado con operaciones continuadas de cambio de régimen, protagonizadas por sujetos políticos, funcionarios electos en cargos y partidos que han aprovechado las garantías del sistema político para perpetrar actos inconstitucionales. La lista de ejemplos es muy extensa, pero entre los casos más relevantes se pueden mencionar:

En el año 2002 diversos dirigentes de partidos, gobernadores, alcaldes y diputados tuvieron roles abiertos en el golpe de Estado de abril.

Durante las revoluciones de color (guarimbas) de los años 2014 y 2017 diversos dirigentes políticos participaron como organizadores de la violencia política callejera.

Los diputados opositores electos para el periodo 2015-2020 en la AN cometieron desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), promovieron el golpe institucional, formalizaron la solicitud de sanciones extranjeras al país y juramentaron ilegalmente al entonces diputado Juan Guaidó como «presidente interino» con apoyo, coordinación y estímulo externo.

Dirigentes de partidos fraguaron rebeliones fallidas como la «Operación Libertad» de abril de 2019 y acciones con mercenarios y paramilitares, como la «Operación Gedeón» del año 2020.

Pese a esta cadena de eventos, tales partidos políticos y muchos de sus dirigentes siguen activos en la vida política venezolana, algunos incluso han sido escogidos a cargos de elección a causa de los boquetes existentes en las leyes vigentes.

Ejes de discusión

Desagregando los elementos, se pueden analizar de la siguiente manera las necesidades y puntos que forman parte de las jornadas de discusión.

  1. a) Un sistema de partidos ceñido a la realidad política

Rodríguez explicó que la Ley de Partidos Políticos fue redactada en 1965 y, pese a haber sido reformada en el 2010, persisten en ella algunos de los elementos «obsoletos, poco claros, inconclusos y hasta tramposos, por los que cierta gente lee las leyes no para respetarlas sino para ver cómo las elude y cómo hace para colarse».

La regularización de las organizaciones políticas debe pasar por un proceso de adecuación de métodos y autorización de tarjetas. Agregó que hay «un cementerio de partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral» e incluso personas que son «propietarios» de un partido con el que trafican, «como vender una tarjeta».

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