El pasado jueves 29 de agosto, tres líderes históricos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) anunciaron su regreso a la lucha armada. Luciano Marín, alias «Iván Márquez», acompañado de Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», y Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa», hicieron el anuncio a través de un video desde algún lugar no revelado de la selva colombiana.
De acuerdo al comunicado leído por Márquez, la decisión de retomar las armas representa la «continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana» firmados en 2016, proceso del cual él mismo formó parte como principal negociador por parte de la guerrilla.
Según Márquez, el Estado «no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos y, particularmente, la de evitar asesinatos por razones políticas».
Al respecto, el ex número dos de las FARC afirma que, tras el pacto alcanzado en Cuba y lo que él califica como un «desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada», no «cesa la matazón». «En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado», expresa Márquez en la grabación.
Luego agrega: «La trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo (de La Habana), el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica nos obligaron a regresar al monte… Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso, la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas», señaló.
Reacciones y narrativas
El anuncio de un ala de las FARC-EP irrumpe desatando diversos tipos de declaraciones. Tiene entre ellas una que fija posición en el recrudecimiento del conflicto, de la mano de Iván Duque.
El presidente colombiano ordenó la creación de una «unidad especial» para perseguir a los «criminales» y ofreció casi 900 mil dólares en recompensa por cada una de las personas que aparecen en el video de rebelión.
Duque además crea una particularidad narrativa, al extender las implicaciones políticas apuntando a Venezuela, en plena coherencia con el rol de su gobierno en la conformación de un expediente contra la nación petrolera y en claro rol de ejecución de bifurcaciones e inestabilidad mediante la asfixia integral a Venezuela.
«Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro», declaró el mandatario en la Casa de Nariño, sede de gobierno.
En un claro deslinde con la posición de los armados, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el anterior número uno de las FARC-EP y ahora líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), afirmó que es «una vergüenza» que Iván Márquez, Santrich, Romaña y El Paisa retomaran las armas y, en nombre de su partido, ofreció disculpas al país.
«Más del 90% de ex guerrilleros seguimos comprometidos con el proceso de paz», recalcó Londoño. Además agregó que «las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avizoran. Estamos con la paz».
El ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos señaló que el Estado debe cumplir los acuerdos de paz vigentes con los ex guerrilleros, pero señaló que se debe reprimir a los grupos disidentes que retomen la lucha armada.
En clara coincidencia con Londoño, Santos indicó que «el 90% de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene», dijo en Twitter el ex mandatario colombiano, quien fue uno de los responsables del acuerdo que puso fin al enfrentamiento armado entre este grupo guerrillero y el Estado colombiano.
El bucle del conflicto perenne y su proyección
Para entender la actual bifurcación en la estabilidad de Colombia es indispensable delinear situaciones elementales. La primera de ellas tiene lugar con el ascenso de Iván Duque a la presidencia de Colombia. Es señalado de ser una extensión de Álvaro Uribe en el gobierno, una facción abiertamente guerrerista de la oligarquía colombiana.
Duque dio al traste con las negociaciones que el Estado tenía con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza guerrillera de ese país. Diálogos que se formularon en el gobierno de Santos y que tenían el mismo espíritu que había aplicado a las FARC. Duque se deslindó de la mesa una vez que se produjera, en enero de 2019, un atentado con carro bomba en Bogotá, en un marco de continuación de hostilidades entre el Estado y el ELN.
En simultáneo, desde sus inicios el gobierno de Duque fue señalado de violentar y desconocer los términos y acuerdos alcanzados con las FARC-EP. La adjudicación de 3 millones de hectáreas a campesinos, la adjudicación de curules en el parlamento para las víctimas del conflicto y la seguridad de ex combatientes y dirigentes sociales de izquierda, son las principales deudas del acuerdo que en lugar de ser saldados han sido desconocidos.
La ruptura, entonces, se volvería claramente previsible desde junio de 2019 cuando una comisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), visitara Colombia para hacer seguimiento al proceso de paz y manifestaran su «preocupación», pues el proceso se encontraba en claro «riesgo».
Uno de los ítems esenciales emanados de dicha comisión, iba en dirección de la situación de inseguridad y riesgo de los ex combatientes así como de dirigentes sociales, contabilizando hasta ahora centenas de muertes mediante asesinatos selectivos cometidos por factores paramilitares sin que se presten las garantías prometidas por el gobierno.
Para las FARC-EP, el asesinato de sus ex combatientes hoy reedita los tiempos de asesinato sistemático de unos 3 mil 500 (cifra conservadora) integrantes de la Unión Patriótica (UP), organización fundada en 1985 como parte de un proceso de desmovilización de las guerrillas que resultó fallido.
El exterminio de la Unión Patriótica cobró la vida de miles de miembros de este movimeinto político en todo el país (Foto: verdadabierta.com)
La desconfianza, a expensas de las prácticas ya cometidas por el Estado colombiano, aglutina ahora a las FARC-EP en su regreso a las armas, profundizándose así el bucle del conflicto perenne.
La posibilidad de recrudecimiento de la guerra en Colombia abre paso a un nuevo conjunto de posibilidades y la consolidación de otras que eran previsibles.
Se abre un escenario favorable para los factores que desde la institucionalidad colombiana han aupado la continuidad del conflicto, especialmente el ala que hoy representa Iván Duque. Ello implica la probabilidad de una nueva etapa de estridencia que alinea bajo la sombra del gobierno, las narrativas, la opinión pública, el financiamiento estadounidense y el sostenimiento del aparato militar colombiano.
Los factores aglutinados en el paramilitarismo, que el gobierno de Colombia denomina «Bacrim» (Bandas criminales), despojándolas de su tonalidad política, podrían incrementar su apresto y escalar en sus actuaciones de persecución contra ex combatientes y otros factores políticos, viendo «legitimadas» sus acciones por el regreso de un ala de las FARC a las armas, agudizando así el caldo de conflicto con sus derivaciones ya conocidas: asesinatos, desplazamientos y el avance militar indiferenciado que ha caracterizado al Estado, generando un saldo desastroso.
La presencia del uribismo en el poder en una nueva etapa de la guerra, justo en el preludio de un fracaso total en ciernes del proceso de paz, tiene particularidades y otros ingredientes. Uno de ellos es la proyección del conflicto con un mayor énfasis hacia Venezuela, una denominación que posiciona el interés por exterminar a la guerrilla no en Colombia, sino en Venezuela. Una máxima del guerrerismo uribista que ha sido planteada durante años y repunta justo en el peor momento de las relaciones bilaterales en toda la historia republicana.
Desde la ruptura de los diálogos con el ELN, Duque ha enfatizado en sucesivas oportunidades que Venezuela daba protección y oxígeno militar al ELN. Ahora, a pocas horas de la reaparición armada de las FARC-EP, «fuentes» que no son reseñadas son referidas en medios de comunicación internacionales para indicar que las FARC-EP hicieron el video de su reagrupación armada desde suelo venezolano.
El diario ABC de España refiere que el comisionado de paz de Colombia, Miguel Antonio Ceballos, «confirmó» que el video se grabó en Venezuela. «El hecho de que Iván Márquez anuncie esa alianza con el ELN no hace sino confirmar que muy posiblemente ese video que este jueves presentaron al país haya sido hecho en territorio venezolano y con el apoyo del ELN», agregó el funcionario.
La participación de Colombia en una intencionada arremetida militar estadounidense contra Venezuela viene calando como construcción narrativa por sucesivos señalamientos que han venido especialmente desde Colombia, declarando a la nación vecina como un santuario «terrorista», argumento sumamente disonante con las acciones concretas de mediación de Venezuela en los procesos de paz con las FARC-EP y el ELN.
El bucle del conflicto perenne en Colombia, que desde hace décadas ha tenido una onda expansiva hacia Venezuela, tenía lugar por la alta permeabilidad fronteriza, que se ha agudizado a favor de los elementos paramilitares luego de que las FARC-EP entregaran las armas en 2016.
Desde la llegada de Duque al poder, ha tenido lugar la inhabilitación de las relaciones bilaterales y la ausencia de colaboración intergubernamental, generada hoy por el desconocimiento de Bogotá al gobierno de Caracas.
Sin embargo, la proyección hacia Venezuela del conflicto colombiano parece venir ahora mediante vías expresas y oficiales, constituyéndose esos elementos como un nudo crítico de alto riesgo para la seguridad regional, umbral y argumentario de una guerra abierta de grandes proporciones.