El pasado 28 de agosto, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela (Venezuela Affairs Unit, VAU por sus siglas en inglés), que estará ubicada en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, lo que exhibe a ese país sudamericano como la principal plataforma para un golpe de Estado made in USA contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro y el papel servil y cipayo del presidente colombiano Iván Duque.

La Unidad de Asuntos de Venezuela estará dirigida por James Story, ex encargado de negocios en la Embajada estadunidense en Caracas, y quien fue uno de los últimos diplomáticos en retirarse de la misión en la capital venezolana en marzo, después de que el presidente Nicolás Maduro rompiera relaciones con Washington.

El nivel de la VAU no es tradicional en el servicio exterior de Estados Unidos, y según trascendidos de prensa no se equiparará a una “sección de intereses” como la que existió en La Habana, Cuba, durante décadas. De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado, su carácter provisional la coloca fuera del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en cuanto a aprobar su personal, aunque seguirá supervisando el desarrollo de las relaciones bilaterales.

La creación de la oficina diplomática paralela de EU en Bogotá contó con el apoyo bipartidista (demócrata/republicano) del Congreso, y busca dar legitimidad regional al desdibujado presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, en un momento de extrema debilidad política de la oposición interna al gobierno de Maduro.

El presidente Maduro rompió relaciones con EU el 23 de enero pasado, luego de que Donald Trump desconociera su mandato y reconociera a Guaidó, su creación, como “presidente encargado”, en medio de una campaña de intoxicación mediática en el mundo occidental dirigida a presionar, desestabilizar y producir un “cambio de régimen” en Venezuela, con apoyo de varios presidentes de la ultraderecha latinoamericana agrupados en el llamado Grupo de Lima.

Desde entonces, oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) comenzaron a realizar contactos con funcionarios diplomáticos venezolanos con fines de reclutamiento e incitación al abandono de sus cargos, en particular en Colombia, Panamá y Naciones Unidas.

Según reportes periodísticos, a cambio de convertirse en colaboracionistas de la agencia de espionaje estadunidense, oficiales de la CIA ofrecieron sumas de dinero de entre 120 y 150 mil dólares, con el encargo, a quienes defeccionaran, de que deberían ofrecer entrevistas a medios de prensa donde evidenciarían, entre otras exigencias, rechazo al presidente Maduro y al gobierno que habían defendido hasta ese momento.

Desde entonces, también, los agentes de la CIA incrementaron sus actividades en territorio colombiano. En 2018, la agencia estadunidense ya había logrado la defección del agregado de prensa venezolano en Bogotá, Luis Espinoza. Destaca, asimismo, el apoyo brindado a una red terrorista basificada en Perú, denominada operación “Jaque Mate Venezuela 2019”, dedicada a la ejecución de actos violentos en territorio venezolano con fines de desestabilización.

Antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, entre Iván Duque y Gustavo Petro, en junio de 2018, la CIA preparó una denuncia pública donde acusaba, falsamente, a Royland Belisario, miembro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de un supuesto atentado contra el hoy presidente Duque. La versión fue recuperada por el diario bogotano El Tiempo el 3 de marzo de 2019 y atribuida a “organismos de inteligencia colombianos”.

El 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que cuando “yo era director de la CIA, mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. La transcripción oficial del Departamento de Estado censuró esas aseveraciones, pero sí quedaron registradas en video. Y aunque es público y notorio que a lo largo de su historia la CIA ha hecho lo que Pompeo dijo, no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo de esa forma.

El 7 de febrero anterior, tras la detención del ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Oswaldo Valentín García Palomo, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó ante los medios la publicación de mensajes intimidatorios y noticias falsas por parte de actores del antichavismo que delineaban el marco de una serie de acciones golpistas.

De tiempo atrás, García Palomo había contado con el apoyo de la CIA y de los gobiernos de Colombia, Chile y Brasil. En su confesión, el ex militar declaró que la Agencia Central de Inteligencia lo había contactado a través del general retirado Antonio Rivero, activista del Partido Voluntad Popular (el de Guaidó) y agente de la CIA, según Rodríguez. Detalló, también, que en territorio colombiano había contado con el apoyo de alias “Alejandro”, un general de la Policía Nacional de Colombia, quien era el enlace con el gobierno de Juan Manuel Santos.

El plan golpista había sido reactivado en mayo de 2018, previo a las elecciones colombianas, con la asesoría de alias “Indiana” y el “coronel Lee” por parte de la CIA y de “Alejandro”, por parte del gobierno de Colombia. Los oficiales instruyeron a García Palomo el plan de ataque contra Venezuela durante el primer trimestre de 2019, y su confesión, según Jorge Rodríguez, venía a desmontar la campaña de intoxicación desinformativa internacional sobre la “crisis humanitaria”, como coartada para una invasión diseñada por la CIA y el Pentágono con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

En el contexto de una prolongada guerra híbrida imperial de desgaste, el sábado 23 de febrero de 2019, calendarizado como el enésimo “Día D” de la asediada República Bolivariana de Venezuela, resultaría otro estrepitoso fracaso de la terrorista ultraderecha internacional que responde a los dictados de la Casa Blanca.

En esa coyuntura, uno de los miembros de la estación de la CIA en Bogotá acompaño al senador estadunidense de ascendencia cubana Marco Rubio y al representante por el estado de Florida, Mario Díaz-Balart, en su visita a la localidad colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela y uno de los principales focos de tensión entre ambos países. En esa ocasión, Rubio y Díaz-Balart –representantes de la mafia cubano estadunidense de Miami− estuvieron acompañados de Carlos Trujillo, embajador de EU ante la OEA.

Cúcuta, donde según el intelectual colombiano Renán Vega Cantor “reina el poder paramilitar” −hasta el punto que se le conoce como la “República Independiente de los Paracos”−, había sido el escenario, la víspera, del concierto “Venezuela Aid Live”, organizado por la gusanería cultural del clan Estefan (el matrimonio conformado por Gloria y Emilio Estefan ), que contó con la asistencia de unos 30 artistas Made in Miami , incluido Silveste Dangond, denominado “el paramilitar del vallenato”.

Ese concierto de odio y de guerra fue concebido como una acción de distracción en la frontera colombo-venezolana, dirigido a encubrir una operación de bandera falsa en el marco de la pretendida introducción de “ayuda humanitaria” a Venezuela de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), que desde 1961 ha sido utilizada por la CIA como una de sus armas más poderosas para sus operaciones encubiertas.

En el argot militar, las operaciones de bandera falsa son las que realiza una potencia agresora de forma clandestina, en aras de parecer agredida y culpar al enemigo. El 23 de febrero, dos camiones de la USAID con supuesta ayudada humanitaria para Venezuela fueron incendiados con cocteles molotov en el puente internacional Francisco de Paula Santander, del lado colombiano y por grupos violentos de la oposición venezolana, y el vicepresidente de EU, Mike Pence y el secretario de Estado, Pompeo, culparon al “tirano” Maduro.

La operación, que contó con la asistencia in situ del presidente colombiano Iván Duque y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, así como del lacayo del Ministerio de Colonias de EU, el uruguayo Luis Almagro, exhibió los nexos de la mafia cubano-americana de Miami auspiciada por la CIA con los “paracos” de Cúcuta y la ultraderecha continental, pero también la impunidad con la que la agencia estadunidense desarrolla sus actividades injerencistas contra Venezuela desde el territorio de Colombia.

Desde inicios de 2019 y hasta la fecha, la Embajada de EU en Bogotá ha venido incrementando el número de funcionarios en su consulado en Cúcuta con dos objetivos fundamentales: apoyar las visitas de congresistas, políticos y militares estadunidenses así como de jefes y oficiales de la comunidad de inteligencia que viajan a esa región fronteriza, y para el monitoreo de la situación en Venezuela, sobre lo cual remiten partes diarios que son remitidos al Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Pentágono.

El consulado de EU en Cúcuta cuenta con un alto número de funcionarios que estaban adscritos a la misión diplomática norteamericana en Caracas, la cual debieron desalojar tras la ruptura de relaciones decretada por Nicolás Maduro. Según versiones periodísticas, entre ellos habría algunos expertos en operaciones encubiertas y al trabajo de campo con la ultraderecha venezolana, grupos paramilitares y bandas criminales, pero también con hacendados opositores, que como parte de la guerra económica contra el gobierno constitucional de Maduro, realizan operaciones clandestinas para sacar al exterior minerales (oro, bauxita, hierro), petróleo y gasolina.

En ese contexto, la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela anunciada por Pompeo la semana pasada, vendría a reforzar el papel del dúo Álvaro Uribe-Iván Duque como cipayos de Washington y el de Colombia como plataforma para la agresión del Pentágono y la CIA contra Venezuela.