Las comunidades más vulnerables de Brasil perdieron de un golpe más de 7 mil médicos a finales de 2018, a unas semanas de iniciarse el mandato presidencial de Jair Bolsonaro. Todos eran cubanos, contratados bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (la OPS, con sede en Washington, Estados Unidos). Trabajaban en un país todavía gobernado por Michel Temer, el vicepresidente transformado en mandatario con el apoyo de la oposición en 2016, tras el golpe de estado parlamentario contra la izquierdista Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores.

Los colaboradores cubanos de la salud en Brasil continuaron sus labores, ajenos a los vaivenes políticos, como en otros lugares del mundo donde han ocurrido cambios recientes en la presidencia (Argelia, por ejemplo). Hizo falta un anticomunista estrafalario como Bolsonaro para terminar el convenio de cooperación médica vigente desde 2013, en condiciones de contratación confirmadas por el Supremo Tribunal Federal local en 2017.

Venezuela es un ejemplo de la forma en que Brasil hubiese podido apoyarse en el personal cubano, que constituyen 21.752 de los más cien mil trabajadores de la salud desplegados por el gobierno de Nicolás Maduro a lo largo del país; un apoyo similar al que han solicitado gobiernos de Europa, África o del Medio Oriente, aunque en dimensiones más modestas. Por eso no es extraño que en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, Dilma Rousseff lamentó la ausencia de esos miles de galenos, en un mensaje enviado al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

La respuesta global al COVID-19 puso otra vez el foco sobre la capacidad de Cuba para colocar inmediatamente en el terreno, donde haga falta, a decenas o cientos de especialistas de la salud, cuando un gobierno lo solicita. Algunas de las peticiones más recientes vinieron de países europeos como Andorra o de autoridades regionales italianas.

Al mismo tiempo, el gobierno francés abrió la posibilidad de contratar a estos profesionales, autorizándolo por decreto para la Guyana Francesa y sus departamentos de ultramar en el Caribe, las islas Martinica, Guadalupe, y San Pedro y Miquelón.

La habilidad de la medicina de un pequeño país para movilizar en poco tiempo a sus médicos, enfermeros y especialistas, hacia cualquier parte del mundo, fue reconocida incluso por el ex presidente estadounidense Barack Obama, cuando en diciembre de 2014 señaló: «Cuba ha enviado cientos de trabajadores de la salud a combatir el Ébola, y creo que los trabajadores de la salud estadounidenses y cubanos deberían trabajar lado a lado para detener la propagación de esta enfermedad mortal.»

En tiempos de COVID-19, sobre estos médicos, y los gobiernos que piden sus servicios, recae una amenaza ajena a la biología: la campaña de tergiversación del gobierno de Estados Unidos, acompañado por medios de comunicación, políticos de la derecha latinoamericana y hasta de un organismo internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA), que los califica como agentes políticos o infiltrados militares.

La colaboración cubana tiene una vez más la atención del Departamento de Estado norteamericano, cuyos funcionarios y voceros renovaron los pronunciamientos en su contra, como parte de una vieja campaña dirigida a dañar la exportación de servicios médicos. El fin de la cooperación cubana en algunos países de América Latina, como Ecuador y Bolivia, obedeció a presiones de la política exterior estadounidense en alianza con estos gobiernos de derecha.

Esos médicos y enfermeros no son muy diferentes a los que ahora tratan pacientes con COVID- 19 en las ciudades italianas de Milán y Turín. Los ataques contra su trabajo humanitario no han cesado en medio de la pandemia, como muestra la cuenta oficial en Twitter del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak.

Por coincidencias políticas y una larga historia de cooperación, Venezuela es un país “vacunado” ante esas inquinas politizadas, que han levantado obstáculos donde otros gobiernos han encontrado soluciones. En Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, minimizó la polémica creada por la oposición local, apelando a cuestiones puramente pragmáticas: “Yo la verdad que no tengo mucho tiempo para discutir cuestiones ideológicas. El tema acá es dar una respuesta.” Kicillof explicó en una entrevista que su provincia encaraba un déficit de personal médico: “Ya apareció el tema de Cuba, que tiene una capacidad disponible y ofreciéndonosla. Seguimos haciendo los estudios, pero en caso de necesitar, no vamos a mirar la bandera y la nacionalidad.”

En una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana denunció las amenazas de Estados Unidos contra la cooperación, expresando también la reacción del país ante esas presiones. “Hemos respondido a solicitudes de cooperación sin detenernos a evaluar coincidencias políticas o ventajas económicas.  Hasta el momento, se han destinado 21 brigadas de profesionales de la salud para sumarse al esfuerzo nacional y local de 20 países,  que se añaden o refuerzan a las brigadas de colaboración médica en 60 naciones, que se han incorporado al esfuerzo de combatir esta enfermedad en donde ya prestaban servicios.”

La Cancillería cubana puso sobre la mesa dos ideas claras para contener la pandemia, aplicada a su política exterior: primero, que “la dimensión de la actual crisis nos obliga a cooperar y a practicar la solidaridad, incluso reconociendo diferencias políticas.” Segundo, que “el virus no respeta fronteras ni ideologías. La expansión viral se detendrá eventualmente, más rápido y con menos costo, si actuamos de conjunto.”